La violencia volvió a colarse en el escenario político colombiano. El senador Miguel Uribe Turbay, una de las figuras más visibles del uribismo y precandidato a la presidencia por el partido derechista Centro Democrático, fue herido de bala el sábado por la tarde mientras participaba en un mitin político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en el oeste de Bogotá.

El ataque ocurrió en plena vía pública, frente a simpatizantes y miembros de su equipo político. El atacante, un adolescente de 14 años, fue detenido minutos después de efectuar los disparos. Se encuentra detenido y las autoridades están investigando quiénes son los actores intelectuales del atentado.

Aunque aún no han determinado con claridad las circunstancias del hecho, el congresista fue rápidamente trasladado a la clínica Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá, donde permanece internado con diagnóstico reservado y en estado crítico luego de ser operado.

La noticia del atentado se conoció en cuestión de minutos a través de redes sociales, con imágenes del momento posterior al disparo que circularon ampliamente. La conmoción fue inmediata. Desde su hospitalización, decenas de personas se reunieron en la entrada de la clínica Santa Fe para acompañar a Uribe Turbay.

“Esto es desolador; él representa la perseverancia, la tenacidad, el sufrimiento propio de su mamá y lo constante que fue siempre”, comentó a la diaria Beatriz Lora, quien fue profesora de Historia de Uribe Turbay durante su paso por el liceo. “Esto es una sacudida muy grande para toda Colombia. Debemos salir de nuestra zona de confort para entender que los colombianos tenemos un compromiso con nuestro país”, agregó.

“Sentí tristeza, rabia e indignación cuando me enteré de lo que sucedió”, dijo a la diaria Heberto Vanegas, un vecino de la zona norte de Bogotá. “Siento que estamos volviendo a los tiempos de los años 90, cuando vivíamos en una zozobra por la violencia”, comentó Venegas desde la puerta de la clínica.

Tanto desde el oficialismo como desde la oposición se multiplicaron los mensajes de repudio al ataque y de exigencia de garantías democráticas. El presidente Gustavo Petro, quien en las últimas horas del sábado brindó un mensaje que fue emitido en todos los medios del país, declaró que “la violencia política no tiene cabida en una democracia” y prometió que el hecho “no quedará impune”.

El profesor Manuel Camilo González, experto en relaciones internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá, subrayó, en diálogo con la diaria, que este atentado marca un punto de quiebre. “Es un hecho que ciertamente rompe con la tendencia. […] No habíamos tenido en muchos años la posibilidad de que existiera un intento de magnicidio o asesinato político como el que vimos el día de ayer. Lo más parecido fue en la campaña electoral de 2022 cuando atacaron la caravana del hoy presidente Gustavo Petro”, expresó González.

Miguel Uribe Turbay y una vida dedicada a la política

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, es nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982) y pertenece a una familia de larga trayectoria en la vida política colombiana. Inició su carrera como concejal y fue secretario de Gobierno en Bogotá durante la alcaldía de Enrique Peñalosa.

En 2019 se postuló a la Alcaldía Mayor con apoyo del uribismo, y aunque no resultó electo, logró consolidar una imagen nacional. En 2022 fue elegido senador por el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y rápidamente se posicionó como uno de los más fervientes críticos del gobierno de Gustavo Petro. Su discurso se centra en la seguridad, la defensa del sector privado y el rechazo al modelo del presidente Petro.

Desde comienzos de este año, Uribe Turbay intensificó su actividad en redes sociales y en territorio, con recorridos por distintas regiones del país en clave preelectoral. El atentado lo encontró en pleno ascenso como uno de los precandidatos visibles de la derecha de cara a las elecciones que se celebrarán el año que viene.

Una historia manchada por la violencia

En Colombia, los atentados contra figuras políticas evocan una memoria colectiva aún marcada por episodios trágicos. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 desató una ola de violencia que fracturó la vida política del país por décadas.

Desde entonces, la lista de líderes asesinados ha sido larga y dolorosa, desde Luis Carlos Galán hasta candidatos de menor visibilidad en territorios rurales.

En los años recientes, la violencia política no ha cesado, aunque cambió de forma y de foco. Los principales blancos han sido líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acogidos al Acuerdo de Paz de 2016.

Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sólo en 2023 fueron asesinados 189 líderes sociales, un promedio de casi cuatro por semana. Bogotá, aunque con menores niveles de violencia que otras regiones del país, tampoco ha sido ajena a esta tendencia.

“Colombia desde hace mucho tiempo no está acostumbrada a ver episodios en los cuales un candidato presidencial es asesinado o se le intenta hacer un atentado contra su vida, lo que recuerda las lecciones más dolorosas en términos de estabilidad política”, indicó Manuel Camilo González.

La reacción de la clase política colombiana y latinoamericana

La clase política colombiana reaccionó con rapidez. Desde el uribismo, la exministra y precandidata a presidenta María Fernanda Cabal responsabilizó al gobierno nacional por lo ocurrido y señaló a través de X que el hecho es consecuencia del “ambiente de odio y estigmatización promovido por el gobierno Petro”.

Al mismo tiempo, el expresidente Álvaro Uribe expresó su solidaridad con el senador y exigió que se refuercen las medidas de seguridad para los dirigentes políticos en campaña.

El gobierno, por su parte, llamó a la prudencia. “El deber del Estado es cuidar a los miembros de la oposición de Colombia, porque si ellos no tienen libertad y vida, pues tampoco Colombia tendrá libertad ni vida”, expresó Petro durante una cadena nacional el sábado en la noche.

El atentado contra Uribe Turbay también provocó una ola de reacciones a nivel internacional. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay se emitió un comunicado en el que se condena enérgicamente el ataque, al que calificaron como “una afrenta injustificable a la democracia y a la libertad de expresión y de pensamiento”.

Líderes de distintos países de la región también expresaron su repudio. El presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó su solidaridad con el pueblo colombiano y con la familia del senador. A través de la red social X, condenó el atentado y afirmó que “la violencia no tiene cabida ni justificación”.

Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa se sumó al rechazo internacional y publicó un mensaje en el que expresó: “Acompañamos a la familia del senador Uribe Turbay y condenamos toda forma de violencia e intolerancia”.

Lo mismo hizo el mandatario de Paraguay, Santiago Peña. “Repudiamos enérgicamente el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en Colombia. Este hecho representa una grave amenaza a la democracia y al orden institucional”, escribió Peña desde Asunción.

¿Qué sucederá con las próximas elecciones?

Aunque el calendario electoral marca las presidenciales recién para mayo de 2026, el atentado contra Miguel Uribe Turbay podría marcar un punto de inflexión en la campaña. En un país acostumbrado a las tensiones políticas y la violencia, este suceso reconfigura el tablero con una carga simbólica y material.

“Esto trasciende a una dinámica mucho más política, porque aquí el objetivo fue un actor político y no un ciudadano común”, explicó el profesor González. En su visión, el hecho tendrá consecuencias importantes en la percepción de seguridad y en la evaluación de la democracia.

“Esto puede generar una evaluación totalmente distinta, de que Colombia pareciera no haber aprendido la lección de décadas pasadas, cuando la violencia sí se introducía en las urnas con una fuerza mucho mayor”, subrayó el catedrático de la Universidad Javeriana.

La polarización política y la desconfianza institucional alimentan un clima enrarecido. Si bien aún no se conocen las motivaciones del atentado, el hecho de que la víctima sea un dirigente opositor de alto perfil da lugar a lecturas cruzadas que ya están siendo capitalizadas desde distintos sectores.