Cuando se está por cumplir exactamente un mes del operativo militar estadounidense en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, los rápidos cambios en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos están dejando totalmente en claro el enorme grado de injerencia al que llegó Washington en muy poco tiempo.

Este sábado arribó a Caracas Laura Dogu, quien será la encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela, en lo que fue el primer movimiento formal para la reapertura de la embajada estadounidense en la capital venezolana después de siete años de ruptura de las relaciones. “Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, expresó la funcionaria de la administración que lidera el presidente Donald Trump en un mensaje en su cuenta de X. Dogu, de 62 años, es una diplomática de carrera con amplia experiencia en América Latina.

Ella fue la embajadora estadounidense en Nicaragua entre 2015 y 2018, período en el que la represión del gobierno de Daniel Ortega se acentuó de manera drástica, y posteriormente fue designada en Honduras, su último destino, donde estuvo desde 2022 hasta el año pasado.

El arribo de Dogu a Venezuela también fue comentado por el canciller del gobierno de Delcy Rodríguez, Yvan Gil. “Hemos recibido en Caracas a la diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada de Estados Unidos, en el marco de la agenda de trabajo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de Estados Unidos, orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del derecho internacional”, expresó Gil en un mensaje en sus redes sociales.

Si bien la retórica de las autoridades venezolanas y la de los medios oficialistas poco ha variado desde la salida de Maduro del poder, y en algunos casos mantienen un tono desafiante ante el imperialismo estadounidense, en los hechos, los cambios reales, los que efectivamente le importan a la administración trumpista, son inocultables.

La tutela de Washington sobre Caracas, declarada por el propio Trump pocos días después de la remoción de Maduro de la presidencia y la asunción en el cargo de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, logró que en pocas semanas se produjeran cambios significativos en políticas internas venezolanas que llevaban años.

Las aspiraciones estadounidenses de controlar las enormes reservas venezolanas de petróleo –las más grandes del mundo, aunque subexplotadas en buena medida por las infraestructuras obsoletas– condujeron a que la semana pasada la Asamblea Nacional votara una modificación parcial a la ley de hidrocarburos, totalmente funcional a las empresas petroleras estadounidenses que operan o pretenden operar en el país.

Paralelamente, desde que la Casa Blanca impuso las condiciones de la nueva era del relacionamiento entre Washington y Caracas, el petróleo de Venezuela dejó de llegar a Cuba, lo que está agudizando de manera muy rápida la enorme crisis a todo nivel que vive la isla, principalmente como consecuencia del persistente acoso económico que sufre de parte de Estados Unidos.

Fue en este contexto también que en la noche del viernes Delcy Rodríguez anunció una amnistía general que alcanzará a todos los presos políticos, y al mismo tiempo comunicó el cierre del Helicoide, el emblemático edificio caraqueño originalmente planeado para ser un centro comercial, pero que sirvió durante años como centro de detención y tortura de los opositores.

Estos hechos, absolutamente impensados con Maduro en el gobierno, están reflejando la nueva realidad de Venezuela, aunque, como dijo el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio –el principal arquitecto de las acciones de Washington en el país sudamericano–, la situación es “compleja” y no le será fácil a Estados Unidos implementar todos los cambios que busca de manera rápida, o al menos no a la velocidad que pretende.

Si bien tanto el Ejército como el resto de las fuerzas de seguridad venezolanas no tuvieron capacidad de respuesta ante el ataque de Washington sobre Caracas del 3 de enero, que provocó la muerte de más de 100 personas entre uniformados venezolanos, militares cubanos y civiles, luego del hecho todos los comandantes juraron lealtad a Delcy Rodríguez, por lo que un levantamiento desde adentro –una posibilidad que Estados Unidos evaluó como viable en algún momento– quedó completamente descartado.

De hecho, el alineamiento de las fuerzas armadas con el gobierno y la existencia de milicias populares, así como también debido al rechazo que tiene de buena parte de la población venezolana, llevaron a que Rubio descartara rápidamente la opción de facilitar la llegada al poder de la líder opositora María Corina Machado, lo cual habría sumido al país por completo en una situación caótica.

Es por eso que el camino elegido por la administración Trump y promovido por Rubio es a largo plazo, en un plan de tres etapas que prevé, en primer lugar, la estabilización del país, luego la recuperación económica y finalmente la realización de elecciones.

Sobre este último punto, el diario neoyorquino The Wall Street Journal informó que el secretario de Energía, Chris Wright, habría notificado a empresarios que las elecciones en Venezuela se realizarán en no antes de dos años. El medio estadounidense remarcó que, tal como informara la administración de Trump a políticos y empresarios, la cooperación con el gobierno de Delcy Rodríguez será temporal, y ratificaron la intención de que haya un proceso democrático para elegir nuevas autoridades.