En 2020, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un proyecto de ley que refiere a la localización de las plantaciones forestales y el incremento de su control ambiental. La iniciativa fue presentada en mayo y fue considerada con invitados y los ministerios correspondientes, durante todo el año.

El presidente Luis Lacalle Pou amenazó con vetar la ley si alcanza sanción parlamentaria. A partir de ahí, se redobló el rechazo al proyecto, liderado por los ministros colorados del Poder Ejecutivo y las cámaras empresariales del ramo, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y multinacionales de la celulosa.

Se instaló el falso relato de que se quiere cambiar las reglas de juego.

En 2021, el proyecto de ley ingresó a la comisión del Senado el 4 de marzo, y allí se trató en seis sesiones –con invitados– entre el 1º de julio y el 18 de noviembre. Dos sesiones se destinaron a recibir al Poder Ejecutivo y a los ministerios de Ambiente y de Ganadería. Las otras cuatro, a recibir la opinión de diversos sectores de la sociedad (empresarios, academia, ONG, instituciones).

Una atenta lectura de las actas de la comisión nos permite ubicar dos grandes grupos de opiniones sobre el proyecto en disputa.

El grupo ubicado en “sintonía” con el veto presidencial se opuso al proyecto en forma tajante. Lo conformaron los dos ministros del sector Ciudadanos del Partido Colorado más los empresarios del sector forestal y la ARU, principalmente. Para el presidente Lacalle Pou, el grupo de los “malla oro”.

El otro grupo, integrado por académicos, ONG ambientalistas, agrupaciones sociales diversas, planteó en forma mayoritaria la necesidad de un ordenamiento claro de la actividad, para lo cual resulta necesaria una revisión y una evaluación de los más de 30 años de la política forestal. Varios participantes expresaron con claridad su apoyo al proyecto y otros se manifestaron en un tono más crítico, señalando deficiencias y asumiendo que el proyecto no da respuestas a un conjunto de asuntos relevantes (ambientales, de modelo forestal, económicos, entre otros). Por consecuente descarte, este se trata del grupo del “pelotón y el camión de los rezagados”.

Una tensa semana

El 2 de diciembre se reunió la comisión del Senado con el previo acuerdo de que se adoptaría una definición sobre el proyecto a estudio, ya que se había culminado con la agenda para recibir a todas las delegaciones que así lo hubieren solicitado.

La amenaza de veto comenzó a ser visibilizada en toda su dimensión en el contexto de esa reunión.

Ante la inminente votación favorable al proyecto en la Comisión de Ganadería, a menos de 24 horas del inicio de la citada reunión, el ministro de Ganadería pidió ser recibido por la comisión para presentar nuevos argumentos. Como se demostró, en los hechos se buscaba dar largas a la decisión que se iba a concretar ese día.

Se inició el proceso de “chicaneo”, con lo que se impidió que se aprobara el proyecto que la mayoría de la comisión estaba dispuesta a votar ese día (ver el acta de la comisión).

Una natural cortesía parlamentaria impuso postergar el tratamiento del proyecto para la próxima reunión. Previamente, el lunes 6 se recibiría al ministro en una reunión extraordinaria a fin de escuchar toda su argumentación y poder considerarla en la definitiva reunión del 9 de diciembre.

De manera sorprendente, el ministro Fernando Mattos decidió no concurrir a la reunión que –de modo extraordinario– se convocó para recibirlo el lunes 6 a expresa solicitud de su parte.

Esta nueva fase del “chicaneo” dio resultados: la coalición en su totalidad –que, obviamente, tiene mayoría en la comisión– decidió suspender la reunión ordinaria del jueves 9, la segunda oportunidad fijada para decidir sobre el proyecto en disputa.

Una nueva reunión extraordinaria se convocó para el lunes 13 para un nuevo intento de escuchar los argumentos de los ministros “competentes”, de Ganadería y de Ambiente, que eventualmente concurrirán a presentar su propuesta para nuevas regulaciones que el sector forestal requiere, según lo admiten en la prensa.

¿Cuál es la disputa dentro de la coalición?

Las lecturas de las actas parlamentarias y las expresiones públicas no dejan dudas acerca de que, en la comisión del Senado, hay dos grandes bloques de opinión. Por un lado, el mayoritario hasta hace poco, que ya expresó voluntad de aprobar el proyecto tal cual está. Por el otro, la mayoría de la coalición, que no lo aprueba.

Claro, “el diablo metió la cola” y nuevamente la amenaza de veto. Esta vez y de modo explícito, el lobby de la Sociedad de Productores Forestales, UPM y Montes del Plata (grupo de los “malla oro”) presiona al gobierno y coloca en una difícil y comprometida situación a un miembro de la coalición, que originariamente presentó la versión inicial del proyecto en Diputados. Cabildo Abierto, sector que mucho les habló a los integrantes tanto del “pelotón” como a “los rezagados”, ahora está en la encrucijada: cumplir y desconocer la amenaza de veto o integrarse al coro de los “malla oro”. Este es el dilema.

Las versiones de prensa coinciden en señalar que el gobierno de coalición pretende establecer “nueva regulaciones” al sector forestal que refieren a los dos aspectos que trata el proyecto en disputa: la localización de las plantaciones y los controles ambientales. Pretende hacerlo por vía decreto del Poder Ejecutivo, no por ley.

Ahora, si esa es la situación, cabe preguntarse: ¿por qué no lo ha concretado en estos casi dos años en que se ha discutido el tema? ¿Qué razones lo impidieron?

La respuesta es clara. Los “malla oro” no quieren regulación alguna, salvo que esta contemple 100% de sus aspiraciones. Entre otras, pretenden ocupar –por razones de proximidad a las plantas de pulpa– las tierras de producción lechera, ganadera y agrícola de pequeña y media escala que se desarrolla sobre grandes extensiones de los departamentos de Colonia, San José y Soriano. Allí se localizan los suelos del Grupo Coneat 5.02b, cuya incorporación a prioridad forestal es reclamada por los empresarios forestales, plantadores y procesadores.

Por tanto, el “dilema” del gobierno y la coalición es cómo resolver y dar satisfacción a las demandas del empresariado forestal. De otro modo, cómo dar la espalda sin que se note a los reclamos de los sectores de la producción nacional que apuestan a un nuevo tipo de desarrollo productivo, que, considerando la producción forestal existente y la nueva que se pueda desarrollar, se oriente al uso del recurso suelo en clave de sostenibilidad ambiental en todas sus dimensiones: sociales, económicas y ecosistémicas. Igualdad de oportunidades para todos los sectores, trabajadores y empresarios, del campo y la ciudad.

¿Qué hará el Parlamento?

La disputa entre los “malla oro”, apoyados por el gobierno de coalición, con los sectores del “pelotón y los rezagados”, a los que considera el proyecto de ley, les plantea una difícil decisión a los nueve senadores de la comisión.

Hasta ahora, por lo que se conoce públicamente, hay cuatro votos a favor de aprobar el proyecto de ley, partiendo de que no se modifican las reglas de juego, se localizan las plantaciones de acuerdo a las definiciones de 1987 y se adopta una precaución ambiental transitoria. Se abre un abanico de posibilidades para repensar el desarrollo productivo del país en clave de diversificación de la matriz productiva y sostenibilidad ambiental.

Hay cuatro votos que ya han expresado su rechazo total o parcial al proyecto, aceptando la amenaza del veto y las presiones del lobby empresarial, cerrando las posibilidades de un proceso de repensar el desarrollo productivo nacional. Por tanto, se avanza y agudiza el conjunto de disfunciones sociales, económicas y ecosistémicas de un modelo forestal que no se quiere evaluar luego de 30 años de desarrollo.

El noveno voto, que pertenece a la coalición (Cabildo Abierto), decidirá entre apoyar a los “malla oro” aceptando la amenaza de veto o promover mejores posibilidades para los integrantes del “pelotón y los rezagados” aprobando –sin más dilación– el proyecto de ley que ellos impulsaron.

Héctor Arbiza, Alejandro Borche, Manuel Chabalgoity, Eduardo Cotto, Eduardo Dilandro, Dardo Esponda y Gustavo Guarino integran el Colectivo de Agrónomos Heterocigotas.