Esta semana hubo dos fallos judiciales relevantes en procesos relacionados con el ambiente. El lunes, el juez Alejandro Recarey suspendió la adjudicación del Proyecto Neptuno al consorcio Aguas de Montevideo, a la espera del resultado de un juicio sobre el fondo del asunto, que tiene que ver entre otras cosas con los riesgos ambientales de esa iniciativa. El miércoles, el juez Pablo Gandini dispuso que el Poder Ejecutivo entregara toda la información ambiental de su contrato con la empresa HIF Global para que esta desarrolle un proyecto de producción de hidrógeno verde en Paysandú, incluyendo un anexo que las autoridades habían declarado confidencial.
En términos generales, no es deseable que las decisiones sobre políticas públicas se judicialicen. Sin embargo, esto suele suceder en algunas áreas, y muchas veces se debe a que el sistema partidario y las instituciones a cargo de diseñar, implementar y controlar esas políticas están en omisión.
La Constitución, las leyes nacionales y acuerdos internacionales ratificados por Uruguay establecen objetivos programáticos en muy diversas áreas, que incluyen las de salud, vivienda, educación, relaciones laborales, jubilaciones, cuidados, cuestiones de género, ambiente y muchas más. Incluso cuando un gobierno tiene la sana voluntad de cumplir con todas esas normas (cosa que no siempre ocurre), sus acciones están condicionadas por la disponibilidad general de recursos y el nivel de prioridad que le asigne a cada tema, sus posiciones ideológicas, los compromisos que asumió ante la ciudadanía y su capacidad negociadora para lograr mayorías parlamentarias.
Hay un margen de flexibilidad totalmente legítimo para ir avanzando, en el terreno político, hacia las metas doctrinarias, y las reglas de juego en ese terreno no necesariamente coinciden con las interpretaciones jurídicas acerca del “deber ser” gubernamental. El problema es que a veces la política no avanza. No se hace cargo de problemas que afectan derechos básicos, y la apelación al sistema de justicia, sin ser lo ideal, se vuelve uno de los últimos recursos con que cuenta la ciudadanía para defender esos derechos dentro del marco institucional.
El avance político de la conciencia ambiental es reciente, pero en Uruguay el sistema partidario está muy rezagado. Persisten concepciones cortoplacistas e insostenibles del progreso, que ignoran o menosprecian la posibilidad de daños irreversibles para las condiciones de vida en nuestro planeta. Además, la experiencia internacional muestra que a veces desde los gobiernos se permiten esos daños con móviles peores que la atracción irresponsable de inversiones.
Para que la política pueda hacerse cargo en forma satisfactoria de las cuestiones ambientales, debe impulsar con mucha mayor potencia el desarrollo científico, indispensable para evaluar costos y beneficios, mejorar la legislación, fortalecer al Ministerio de Ambiente y capacitar en la materia al conjunto de la ciudadanía y al propio sistema judicial, pero ante todo debe asumir compromisos éticos de largo plazo.