Sucedió todo en menos de una hora: el Parlamento catalán declaró la independencia con respecto a España, el Senado español aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que el Estado intervenga Cataluña, y el presidente del Consejo Europeo manifestó que España sigue siendo “su único interlocutor”.

La instancia en el Senado ya estaba prevista: el presidente español, Mariano Rajoy, asistiría para presentar las medidas que pretendía aplicar para la intervención de la comunidad autónoma de Cataluña. Después de que las presentara, las medidas fueron aprobadas con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención. Entre otras cosas, incluyen la disolución del Parlamento catalán y la destitución del Ejecutivo autonómico, incluido su presidente, Carles Puigdemont. También se establece el cierre de las “embajadas” de la Generalitat en varios países europeos y la destitución inmediata de sus delegados en las oficinas de Cataluña desperdigadas en España y otros países europeos. Al cierre de esta edición, el único que había aceptado su destitución había sido el director de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler.

Después del encuentro del Consejo de Ministros en el que se firmaron estas medidas, Rajoy aseguró que no se trata de “suspender la autonomía, sino de devolver la legalidad y el autogobierno a Cataluña cuanto antes”, para lo que incluyó también la convocatoria a elecciones el 21 de diciembre. De esta forma, Madrid garantiza que, en un principio, la suspensión de la autonomía tiene un punto final en menos de dos meses. Se había planteado la posibilidad de que el gobierno central designara a un cuerpo especial para que se hiciera cargo de la intervención y gobernara Cataluña en el ínterin. Sin embargo, el Ejecutivo optó por conminar a cada ministerio a que siga sus directivas o, de lo contrario, seguirá destituyendo a quien esté al frente adoptando la responsabilidad de gestión.

“Respondemos a unas decisiones que pretenden imponer un secuestro inadmisible a los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles”, aseguró Rajoy al anunciar las medidas implementadas.

Poco antes de que esto sucediera en Madrid, en Barcelona el Parlamento había declarado la independencia de Cataluña, un paso que venía evitando desde el 1º de octubre, día en el que hubo 90% de los votos a favor de la independencia en un referéndum en el que participó 43% de los catalanes. La aprobación de la declaración fue con 70 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones. La votación se hizo después de que se retiraran de la sala los diputados del Partido Popular, además del Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, dos partidos opositores a nivel nacional pero que en lo local han respaldado las decisiones de Rajoy sobre este tema.

El Parlamento catalán siguió los pasos previstos ante una victoria de la independencia en el referéndum, después de haberlo evitado durante semanas: declaración y convocatoria a un proceso constituyente que finalizará con la “redacción y aprobación” de una Constitución para “la República”. La votación generó fuertes aplausos en la multitud que se reunía alrededor del Parlament, así como algunas lágrimas en las caras de los más veteranos, que vieron en la declaración de ayer un logro después de años de lucha independentista.

Además de haber ocurrido a media sala, la votación tuvo otra particularidad: se hizo con voto secreto para que los diputados que respaldaron la independencia no enfrenten consecuencias legales. No es esa la situación de Puigdemont y otros integrantes del Ejecutivo: la Fiscalía General de España anunció que presentará denuncias en su contra por rebelión, un delito que tiene una pena máxima de 25 años. No será la única consecuencia legal de lo sucedido ayer: en el Consejo de Ministros también se aprobó un pedido ante el Tribunal Constitucional para que se anule la declaración de independencia aprobada ayer.

El futuro de la situación dependerá de si las autoridades catalanas reconocen la autoridad del gobierno español para intervenir la Generalitat, algo de lo que ayer no había indicios. Sí había señales en el plano internacional: todos los países que se pronunciaron respecto de la situación catalana lo hicieron para respaldar al gobierno de Rajoy.

El escenario internacional era uno de los terrenos en los que el gobierno de Puigdemont pretendía inclinar la balanza a su favor, argumentando que la declaración de independencia sigue a un proceso en el cual se consultó a la ciudadanía. Sin embargo, la respuesta en el exterior ha sido negativa, en particular la de la Unión Europea (UE): “Para la UE nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor. Espero que el gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no los argumentos de la fuerza”, manifestó a través de Twitter el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.