El presidente de Brasil, Michel Temer, no reeditará el indulto navideño hasta que no haya un pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal.

El indulto fue suspendido parcialmente por una medida cautelar emitida por la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, a pedido de la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge.

La medida permitiría durante un año que solicitaran el indulto quienes hubieran cometido delitos no violentos, cumplido sólo un quinto de su pena y que no fueran reincidentes. Esto representaba una flexibilización con respecto al indulto de 2016, al que podían presentarse quienes hubieran cometido el mismo tipo de delito, no fueran reincidentes y hubieran cumplido un cuarto de la pena, que debía ser como máximo de 12 años, un límite que desapareció en su última versión.

La norma recibió duras críticas de integrantes del Ministerio Público, en particular de los fiscales involucrados con la investigación del esquema de sobornos en torno a Petrobras, que acusaron al presidente de estar indultando a los corruptos y de alentar este tipo de comportamiento.

La medida cautelar fue solicitada por Dodge argumentando que el indulto incluye beneficios inconstitucionales. “En un escenario de declarada crisis y repulsa a la corrupción sistemática, el decreto transmite un mensaje diverso e incongruente con la Constitución, que establece el deber de celar por la moral administrativa, el patrimonio público y el interés de la sociedad”, argumentó la fiscal general. También advirtió que Temer “no tiene poder ilimitado para conceder indultos”, porque si así fuera “aniquilaría las condenas criminales” y “subordinaría al Poder Judicial”.

En su dictamen, Cármen Lúcia se hizo eco de los argumentos de Dodge y agregó que “el indulto no es y no puede ser un instrumento de impunidad” ni “un premio al criminal o tolerancia con el crimen”. La jueza indicó que con el indulto las penas para algunos crímenes, “en especial los de cuello blanco”, serían tan mínimas que dejarían desprotegidas a la sociedad y a la administración pública.

La decisión fue de la presidenta del STF porque el máximo órgano judicial de Brasil está en su receso de verano. Cuando culmine, en febrero, se tratará el recurso de Dodge contra el indulto de Temer y se adoptará una decisión definitiva.

Si bien en un principio el ministro de Justicia, Torquato Jardim, dijo que el gobierno presentaría un nuevo decreto de indulto, después se desdijo en un comunicado emitido en la tarde. “El gobierno esperará que el STF decida a la mayor brevedad posible sobre el tema”, antes de redactar una nueva versión para adaptarla a la decisión que adopte el órgano judicial, según se informó.

Marcha atrás

Ayer fueron dos las ocasiones en las que el gobierno de Temer cedió ante el STF: optó por dar marcha atrás en las modificaciones que pretendió hacer sobre la definición y el control del trabajo esclavo y, en su lugar, aprobó un decreto en el que amplía los conceptos de jornada exhaustiva y condición degradante, a través de los cuales se puede declarar el trabajo esclavo.

El decreto original, emitido en octubre, establecía entre otras cosas que para que existiera esclavitud debía haber privación de la libertad de movimiento del trabajador y disponía que la publicación de la “lista sucia”, que incluye a las empresas en las que se descubrió trabajo esclavo, debía ser aprobada por el Ministerio de Trabajo. Ese primer texto fue criticado desde varios sectores, incluso por el Ministerio Público y la Organización Internacional del Trabajo, y fue suspendido por el STF, que lo consideró de “clara inconstitucionalidad”.

La nueva versión del decreto, difundida ayer, mantiene las normas anteriores a este y amplía las definiciones de jornada exhaustiva y de condición degradante, que antes habían sido limitadas. La jornada exhaustiva se redefine como “toda forma de trabajo de naturaleza física o mental que, por su extensión o intensidad, acarree una violación de los derechos fundamentales del trabajador en lo relativo a su seguridad, salud, descanso y convivencia familiar y social”. Por su parte, se considera condición degradante “cualquier forma de negación de la dignidad humana por la violación de derechos fundamentales del trabajador, especialmente los dispuestos en las normas de protección del trabajo y de seguridad, higiene y salud en el trabajo”.

El nuevo texto fue aplaudido por el Ministerio Público, que había criticado duramente su anterior redacción, y consideró que en esta reedición “se restaura la legalidad al resguardar el concepto legal de trabajo esclavo”.

Efectos negativos

La publicación del nuevo decreto sobre trabajo esclavo fue el último acto administrativo del saliente ministro de Trabajo Ronaldo Nogueira. Él, el gobierno y el Partido Laborista Brasileño, al que pertenece, aseguran que desde octubre tenía previsto dejar el cargo para dedicarse a la campaña para las elecciones de octubre. A comienzos de mes, el Ministerio Público había presentado una denuncia en su contra por improbidad administrativa, al entender que dificultó la fiscalización y represión del trabajo esclavo desde que asumió el cargo, en mayo de 2016. Además, O Globo informó el fin de semana que el ahora ex ministro presionó a la Abogacía General de la Unión para que anulara y evitara la publicación de un informe de la Contraloría General que demostraba que hubo sobrefacturación y falta de ejecución en contratos con una empresa.

Por otra parte, Nogueira renunció después de que se publicaran los datos oficiales sobre el empleo en Brasil en noviembre, cuyo saldo es negativo. Los datos del Ministerio de Trabajo permiten ver los primeros efectos de la reforma laboral, que entró en vigor el 11 de noviembre, legalizó el trabajo intermitente y redujo las indemnizaciones por despido. Brasil venía teniendo hacía siete meses un saldo positivo de creación de puestos de trabajo (se contrataba más de lo que se despedía), pero esa racha terminó en noviembre, cuando fueron despedidas 1.123.090 personas, lo que implicó una pérdida de 12.929 puestos. “El resultado negativo no significa una interrupción en el proceso de retomada del crecimiento económico del país”, aseguró Nogueira en su última declaración oficial.

Los datos son una señal de alarma que el gobierno no había previsto, ya que tanto el Ejecutivo como el sector privado esperaban que en el primer mes de vigencia de la reforma laboral se crearan más de 20.000 puestos de trabajo.