Una ex presidenta destituida en un juicio político, un presidente investigado por obstrucción de la justicia y cinco ministros acusados de estar involucrados en el esquema de corrupción de Petrobras.

Los líderes de los principales partidos opositores también investigados por el mismo caso, así como los actuales presidentes de las dos cámaras del Congreso y sus antecesores. No en vano la cuenta de Twitter de la serie House of Cards reconocía el jueves que la situación política brasileña hace difícil la construcción de cualquier ficción sobre entramados políticos y corrupción.

Pero todo indica que el temblor que se sintió el miércoles y que amenazó con convertirse en un terremoto tendrá pocas consecuencias políticas directas, excepto por algún atraso en la aprobación en el Congreso de las reformas impulsadas por el gobierno.

El miércoles la cadena O Globo informó que contaba con la grabación de una reunión entre el presidente, Michel Temer, y Joseley Batista, uno de los dos dueños del grupo JBS. Anoche la Justicia hizo pública esa grabación, realizada en marzo. En ella, Batista le cuenta a Temer una serie de medidas, todas ellas ilegales, que adoptó para frenar las investigaciones judiciales en su contra por su involucramiento en el esquema de corrupción de Petrobras. Le dijo que había comprado a un fiscal y a dos jueces, y que le estaba pagando a Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados, preso por el caso, para que se mantuviera callado. Temer no objeta ninguna de estas medidas; de hecho, manifiesta estar de acuerdo con varias de ellas con expresiones como ótimo (óptimo, en español).

A lo conocido en las grabaciones se sumaron, ayer, los contenidos de las declaraciones de Batista, que no hacen más que agravar la situación del presidente. El empresario dijo que soborna a Temer desde 2010 para que use sus influencias para favorecer a sus empresas. Por ejemplo, entre 2010 y 2011 le pagó una “mesada” de casi 30.000 dólares a cambio de gestiones en el Ministerio de Agricultura. El soborno se mantuvo siendo Temer presidente: a fines del año pasado Batista dice que se comprometió a pagarle el 5% de la facturación de una de las empresas eléctricas del grupo que dirige a cambio de una licencia —que fue entregada— para que esta pudiera operar. Batista también dijo que sobornó a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y a Dilma Rousseff por un total de 80 millones de dólares y que los pagos eran mediados por el ex ministro de Hacienda Guido Mantega, mientras que los pagos a Temer habrían sumado unos cinco millones de dólares.

Además, Batista complementó el contenido de la grabación de la conversación con Temer diciendo que recibió “señales claras” de que “era importante” que le siguiera pagando a Cunha para que mantuviera su silencio; el soborno venía siendo de más de 100.000 dólares mensuales. También contó que Temer le dijo que Cunha quería que lo “ayudara”, convenciendo a ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) de que era inocente; le respondió que él podía ayudarlo “con uno o dos”, pero no con los 11. Por último, Batista aclaró que no había sobornado a dos jueces, sino que eso se lo había dicho a Temer para ver hasta dónde estaba dispuesto a avalar el presidente.

A lo relacionado con Batista se sumó la publicación del pedido que el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, presentó ante el STF para que se abriera una investigación en contra de Temer por obstrucción de la Justicia. En su escrito, Janot dice que le genera “perplejidad adicional” que esta “trama criminal” se dé “a pesar y durante las investigaciones de delitos graves practicados por auténticas organizaciones criminales enraizadas en el poder público”. A continuación, lamenta que estas investigaciones no tengan un efecto “depurador y disuasivo”, sino que las prácticas corruptas “continúen en marcha en los mismos términos”. En otro tramo, Janot dice que el senador Aécio Neves (suspendido en su cargo por el STF) y Temer “en articulación [...] han buscado impedir que las investigaciones avancen”. En un comunicado emitido ayer, el primero desde su suspensión, Neves asegura que ninguna de sus acciones estuvo dirigida a bloquear la actuación del Poder Judicial.

Pero mientras el sistema judicial queda perplejo por la corrupción y la población sigue convocando movilizaciones y manifestando su indignación en las redes sociales, todo parece indicar que el gobierno de Temer se mantendrá en pie. El Ejecutivo tiene el respaldo de 80% del Congreso y solamente partidos pequeños le han retirado su apoyo. Como consecuencia de este episodio, renunció el ministro socialista de Cultura, Roberto Freire, y está dispuesto que también lo haga el de Defensa, Raul Jungmann, aunque en su caso la decisión se demorará para asegurar la estabilidad de las Fuerzas Armadas, según indicó el propio Jungmann.