A poco de asumir su segunda presidencia, Tabaré Vázquez logró reunir a la mayoría de los miembros de la Comisión Especial sobre Adicciones de la Cámara de Diputados. A la residencia de Suárez llegaron autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), del Ministerio de Salud (MS), el por entonces secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) Milton Romani, el diputado evangelista Álvaro Dastugue, de Misión Vida para las Naciones, la representante colorada de Tacuarembó, Susana Montaner, y el diputado del Partido Independiente Daniel Radío. Vázquez había pedido a los diputados frenteamplistas que enviaran un representante, y la bancada eligió al diputado y médico Luis Gallo, también integrante de la comisión de adicciones.

“Se profundizarán los programas de salud mental, así como los referidos a la prevención y control del consumo de tabaco, drogas y alcohol. Y con referencia a este último tema, el alcohol o el alcoholismo, vamos a desarrollar acciones similares, muy fuertes, como las que desarrollamos en la lucha contra el tabaquismo” , había prometido Vázquez al asumir, el 1º marzo de 2015.

Las reuniones se sucedieron durante dos años en la Torre Ejecutiva y sumaron a representantes de las “organizaciones sociales”. Entre ellos, el presidente de CAMBADU, Mario Menéndez, y un representante de la Liga Nacional contra el Alcoholismo, un centenario consistorio higienista de corte prohibicionista. Richard Read, de la Federación de Obreros de la Bebida, participó a título personal. No hubo convocatoria a la sociedad civil que trabaja con juventudes en territorio o con lo que se da en llamar “adicciones”. El Sindicato Médico del Uruguay no fue invitado, pero sí la Academia Nacional de Medicina. Tampoco participó la Unidad Nacional de Seguridad Vial.

En los cónclaves se quiso buscar acuerdos que se anunciaron interpartidarios y con respaldo de la “sociedad civil”. La idea era regular el expendio, “atacar” y “combatir” —los verbos preferidos— al “flagelo” —calificativo repetido— del abuso del alcohol. La política se enmarcaba en tres ejes: el sanitario, el de la convivencia y el de la nueva práctica política llamada regulación de mercados.

En las conferencias de prensa, las figuras de la oposición hacían de contraluz al logo con el sol asomando de Presidencia. Tanto ellas como los oficialistas hablaban de evitar el acceso a los menores de 18 años, de restringir el horario de venta (entre las 22.00 y las 8.00), del tema en la currícula educativa y de generar conciencia de los riesgos. Aquellas fueron las principales preocupaciones enunciadas hace dos años.

También se decía que no se preparaba una “ley seca”, que no querían prohibir nada, que la cosa era retrasar la edad de inicio. La comisión multisectorial, como se le llamó, tenía un memo de la JND que, en resumen, decía que 261.000 ciudadanos están “afectados por el uso problemático de alcohol”, “el factor de riesgo que más negativamente influye en la sobrevida y la calidad de los uruguayos”. Que siete de cada diez jóvenes se habían “intoxicado” con alcohol durante el último mes, que la “débil fiscalización”, el “nulo control” y la publicidad no ayudaban. En 2015 se instauró el 15 de octubre como el Día por la Lucha Contra el Alcohol. En los 19 departamentos hubo actividades. Los niños se comprometieron, ante los capitanes de la selección uruguaya de fútbol, Diego Lugano y Diego Godín, y la actriz Natalia Oreiro, a no tomar alcohol, a esperar y a que, llegado el caso, lo harían con mesura.

Paso a paso

Según confirmaron a la diaria algunos diputados que integran el cónclave regulador del alcohol, Vázquez tenía la intención de tejer una nueva relación entre la sociedad y el alcohol decreto a decreto, paso a paso. El movimiento comenzó en diciembre de 2015 con el retoque de la ley 19.360, que impidió conducir vehículos y tomar alcohol. Tolerancia cero. Hubo acuerdo interpartidario para ello. Luego llegó el decreto de la prohibición del uso de alcohol y otras drogas en el trabajo, junto a la promulgación de un procedimiento orwelliano para sancionar la simple presencia de cannabis y etanol en el espacio laboral.

Los tres ejes que Vázquez seleccionó en su discurso inaugural para referirse a las sustancias piscotrópicas —salud mental, drogas de tráfico ilícito y alcohol— caminan lento. El proyecto de ley de salud mental está en entredicho, y la polémica entre dos visiones está servida. El “flagelo” del tabaco sigue su camino regulacionista y las portadas de las cajas de cigarrillos serán modificadas otra vez. En cuanto a las “drogas” de tráfico ilícito (pero cuyo uso habilitan nuestras leyes) nada parece moverse ni discutirse. Tolerancia con la clase media y alta, control contra los jóvenes, particularmente entre las poblaciones menos favorecidas, en las que el chivo expiatorio sigue siendo la excusa perfecta para el control policial.

El alcohol, sin embargo, acaparó la mayor parte de la acción legislativa y, rara avis, produjo anuncios de acuerdos interpartidarios.

Tras idas y vueltas, en marzo los legisladores llegaron a un principio de acuerdo que pasó por las manos de Vázquez, del MS (que siempre maneja los temas vinculados a sustancias psicotrópicas con celo absoluto y silencio total) y también por el escritorio del secretario de presidencia, Juan Andrés Roballo, que coordinó el esfuerzo común.

El mínimo en común

Pero a pesar de la insistencia, del tiempo transcurrido y de que los parlamentarios dejaron por el camino varias aspiraciones sectoriales para llegar a un acuerdo, es probable que el proyecto de ley (ver recuadro) que hace dos semanas estudian los legisladores sufra modificaciones.

Representantes del Partido Nacional (PN) remarcaron que esperan leer el proyecto de ley definitivo y que lo van a estudiar en profundidad. La exposición pública de la senadora Alonso refrendando la discusión promovida por el presidente cayó mal en algunos legisladores nacionalistas, que manifestaron su discrepancia públicamente por lo que leyeron como perfilismo. En estas semanas algunos legisladores del PN, y también el diputado frenteamplista Luis Gallo, se mostraron partidarios de permitir 0,3 gramos de alcohol en sangre para conducir vehículos. La primera grieta en el acuerdo interpartidario primigenio.

En la oposición, algunos se tomaron el acuerdo en serio y ahora se sienten defraudados. Es el caso del diputado del Partido Independiente (PI) Daniel Radío, que se vio sorprendido por los anuncios del 19 de junio del presidente Vázquez de hacer una ley “holística” sobre el alcohol. Radío parece más sorprendido con el desmarque de los legisladores ante el alcohol y la conducción. “Era algo antipático para varios sectores. No voy a traslucir las diferencias en ese tema. Pero todos dijimos: ‘vamo’ arriba’. Pusimos la cara y fuimos para adelante con una medida que la población también veía con antipatía. Yo fui la cara visible en este tema y eché para delante. Luego desde el PN empezaron las disidencias, y también en el FA. Me las banqué todas, no mostré fisuras, hice como que todo bien y después se desmarcaron para mostrar sus diferencias. Hay un tema de lealtad en los acuerdos. Me siento un poco defraudado”, lamentó Radío.

El diputado independiente se mostró parcialmente disconforme con el borrador del proyecto de ley que circula. “Queda mucha cosa librada a la reglamentación del Ejecutivo. Me parece que habría que afinar el lápiz. No estoy seguro de que lo hablado sobre publicidad sea lo que conversamos. Se precisa discutir más. Sobre la fiscalización tengo algún matiz; por lo menos me parece que no termina de cuajar cómo se coordina”, dijo.

“Me parece que le falta al proyecto. A lo mejor el presidente tenía que dar un anuncio y largó esto, que le parecía poco problemático y que podía salir como por un tubo, pero falta trabajarlo. La otra posibilidad es que esté pensando en mandarlo así para que se inicie el debate parlamentario. Es una posibilidad que me parece bien”, agregó el diputado del PI.

En el oficialismo tampoco son todas rosas. El diputado Sebastián Sabini, del MPP, se mostró opuesto a la restricción en el horario de venta que propone el borrador. También se cuestiona que sea la JND que fiscalice en coordinación con otros organismos estatales. La estructura fiscalizadora “ha sido uno de los pedidos de la oposición y va a ser un punto débil del proyecto. Claramente. Nadie quiere encargarse de este tema, es complicado. Sé que existe voluntad de crear una instancia coordinadora entre los organismos, la ley establece eso. Vamos a acompañar el proyecto, pero creo que lo mejor es crear una nueva institucionalidad”, opinó Sabini, y agregó: “Espero que esta fórmula que propuso Presidencia logre el objetivo de coordinar los cuerpos inspectivos y fiscalizadores del estado en pos de la regulación, pero está claro que es uno de los puntos más críticos del proyecto”.

El mayor acuerdo entre los actores parecen ser los contenidos educativos y preventivos, aunque parece muy probable que en el Parlamento haya unas cuantas horas más de discusión. Y es posible que otra política de Estado, pretendidamente interpartidaria, quede renga, aunque haya acuerdos importantísimos en materia de educación o prevención que no están claramente explicitados al momento.

Problemas a primera vista

El borrador que desde hace dos semanas circula entre los legisladores que participan en el cónclave regulador establece que la JND deberá coordinar la fiscalización con la DGI, Prefectura, los ministerios del Interior, Trabajo y Seguridad Social, BPS, INAU y el Congreso de Intendentes. Se crearía la Mesa Coordinadora de Fiscalización del Mercado de Bebidas Alcohólicas, que debería realizar un plan estratégico, integrar las dispersas bases de datos y coordinar los cuerpos inspectivos, señala el borrador al que accedió la diaria. La JND debería “imponer sanciones”, algo para lo que no está facultada ni tiene personal dedicado a ello. Deberá tramitar observaciones, multas pecuniarias, apercibimientos y hasta suspensiones, según el borrador que fue enviado a los parlamentarios hace unas dos semanas. La JND debería crear un “registro obligatorio de vendedores de bebidas alcohólicas” para otorgar la habilitación, para la que no exigen mayores condicionantes. Será el MS el que deba dar explicaciones al Parlamento, ya que la JND es un organismo asimilado a Presidencia. Desde la Torre Ejecutiva se susurró a la diaria que el aparato fiscalizador todavía está en discusión. La ley también busca “prevenir el consumo problemático”, pero lo define muy vagamente y, más allá de las acciones educativas o las restricciones (prohibición del happy hour, canilla libre, publicidad en determinados lugares, etcétera), no plantea otras alternativas, o por lo menos las deja libradas a la reglamentación. A pesar de que varios integrantes de la comisión interpartidaria querían incluir medidas que contemplaran a los menores de 18 años que llegan intoxicados de etanol a las emergencias médicas, el proyecto no contempla acciones específicas. Se habla de informar a la población y crear programas comunitarios “tendientes a construir autocontroles”. Hubo ideas de prohibir el uso de alcohol en la vía pública, pero tampoco están incluidas en el borrador a consideración. También se prohíbe la publicidad por “correo, telefonía o tecnologías de internet”, salvo que esas comunicaciones estén dirigidas exclusiva y probadamente a mayores de 18 años. Pero las publicidades en televisión, radio o periódicos siguen intocables, exceptuando que deberán advertir sobre los riesgos con los mensajes que redacte el Poder Ejecutivo. Cuando se votó la ley de regulación de la marihuana, uno de los problemas más grandes fue la mentada inconstitucionalidad de una ley que tensara la autonomía de la ANEP. La ley de regulación del cannabis debe promover ciertos contenidos curriculares advirtiendo, educando, sobre el riesgo del uso del cannabis. Parece que la inconstitucionalidad no corre para este acuerdo del alcohol: ningún representante lo sacó a colación. La ANEP y la JND deberán disponer de “las medidas necesarias para que en los centros educativos de todo el país se impartan contenidos relacionados a la prevención del consumo riesgoso” del alcohol. Es lícito hablar de algunas drogas, pero otras siguen en la clandestinidad legal a pesar de las leyes que las amparan.