Hace pocos días se conmemoró el día de la Justicia Internacional, que recuerda la aprobación del Estatuto de Roma, el 17 de julio de 1998. También fue una forma de homenajear a la primera presidenta del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de las Víctimas, fallecida el 30 de junio, la abogada Simone Veil.

Veil fue una sobreviviente del Holocausto, en particular de los campos de concentración de Auschwitz y de Bergen-Belsen. Pudo recuperarse de la tragedia que la siguió toda su vida, y se convirtió en una brillante y exitosa jurista. Consagró su vida a la lucha incansable por la igualdad de la mujer y de los inmigrantes. Más que una ciudadana francesa, supo ser una ciudadana del mundo, y su legado permanente es el de nunca olvidar los crímenes y siempre abordar el futuro con optimismo.

El Estatuto de Roma, que creó el sistema de la Corte Penal Internacional para juzgar a los sospechados de gravísimos crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión, en tanto los estados partes no puedan o no quieran juzgar hechos cometidos en su territorio o por sus ciudadanos, es también un acto de fe para erradicar la cultura de la impunidad.

Este convenio internacional se suma al conjunto de los instrumentos de protección de los derechos humanos que apuntan a que los estados respeten, garanticen, promuevan y cooperen en pos de la dignidad humana. En este caso, se consagra un sistema penal internacional que responsabiliza individualmente a las personas involucradas en crímenes tan graves, estableciéndose una corte permanente, imparcial, independiente y eficaz para su persecución penal. Su propósito, además de punitivo, es preventivo y reparatorio.

En este sentido, el sistema prevé un Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas que actúa en dos situaciones: en sus mandatos de reparación y de asistencia. El primero se da en el caso de que haya una sentencia de la Corte. El segundo es para amparar a las víctimas sobre una situación que revista tal gravedad en relación a crímenes de jurisdicción de la Corte, más allá de los avatares procesales.

En mayo se concretó una reunión del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario, el cual integro en representación de los países de América Latina y el Caribe, y allí se resolvió iniciar un nuevo programa de asistencia en Costa de Marfil. Este consiste en brindar apoyo físico y material, así como rehabilitación psicológica para víctimas de crímenes que se encuentran dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, destinándose la suma de 800.000 euros para dicho propósito.

Asimismo, en el segundo día de sesiones, el Consejo de Dirección decidió otorgar 1.000.000 de dólares para pagar reparaciones ordenadas por la Sala de Primera Instancia II en el caso del fiscal v. Germain Katanga. Esto significa que los costos de la indemnización ordenada por la Sala de Primera Instancia el 24 de marzo de 2017 serán inicialmente provistos por el Fondo Fiduciario. Debe resaltarse que el gobierno de los Países Bajos, estado parte de la Corte Penal Internacional que desde hace mucho tiempo ha apoyado al Fondo Fiduciario, anunció que hará una contribución voluntaria orientada de acuerdo a la normativa vigente, de 200.000 euros.

Estas decisiones integran el esfuerzo del Fondo Fiduciario desde 2009, en aplicación del mandato de asistencia, en los casos del norte de Uganda y en la República Democrática del Congo. Además, reflejan el propósito del sistema del Estatuto de Roma: la voluntad de la comunidad internacional en luchar contra la impunidad en relación a los crímenes más aberrantes, centrándose en la punición de los responsables pero también en la reparación integral de las víctimas. Todo ello en el marco de la interpretación y aplicación de las normas de protección de los derechos humanos. Hasta ahora más de 350.000 víctimas, muchas de ellas objeto de los más graves vejámenes y tormentos, se han beneficiado del trabajo del Fondo Fiduciario.

Nuestros pueblos de América Latina y del Caribe son testigos vivientes del flagelo que significa vivir bajo una cultura de impunidad, como consecuencia del terrorismo de Estado, de la guerra civil o del colonialismo. La región aborda estas situaciones desde la experiencia vital y no sólo desde la academia o la literatura.

La línea divisoria entre civilización y barbarie se construye mancomunadamente, asumiendo que ciertas prácticas como el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad son inaceptables. En caso de que ocurran, deben ser investigados cabalmente los hechos, sometidos a la justicia los sospechados y sancionados los responsables con todas las garantías del debido proceso. En ese sentido, 29 países de América Latina y el Caribe han ratificado el Estatuto de Roma, comprometiéndose libre y voluntariamente a la lucha contra la impunidad. Esta voluntad en relación a la Corte Penal Internacional se integra a la exigencia del Nunca Más crímenes aberrantes.

Nuestra región presenta una alta complejidad social, económica y política. Todo ello agravado por tener una estructura social en la que se constata el índice de mayor desigualdad en la distribución del ingreso y la existencia de situaciones endémicas de violación de los derechos humanos debida a, entre otras razones, género, raza o condición social. La construcción de una sociedad que dignifique a todas las personas es un enorme desafío. En este sentido, los elementos sustantivos del tratado de la Corte Penal Internacional constituyen un alto compromiso para nuestros estados, que lo han asumido libre y voluntariamente. Son también un factor de aliento y esperanza para el movimiento de los derechos humanos.

En Uruguay, el Estatuto de Roma ha sido un factor central en la construcción relevante de una política de Estado en materia internacional contra la impunidad. Nuestro país ha aportado elementos de singular importancia en el avance de la interpretación y aplicación del Estatuto de Roma mediante la Ley 18.026, que ha devenido ejemplo en la comunidad internacional.

Asimismo, el Estatuto de Roma ha contribuido de múltiples formas a fortalecer y consolidar la vigencia de los derechos humanos sobre la base de la verdad y la justicia. En especial sobre las acciones ilegales del Estado en el período 1968-1973, así como en su condición de Estado terrorista entre 1973 y 1985. Una materia lacerante y pendiente en cuanto a dar respuesta a los familiares de aproximadamente 200 víctimas de desaparición forzada dentro y fuera de fronteras, en el marco del plan criminal Cóndor.

Todos los 20 de mayo nuestro pueblo ratifica, marchando en forma pacífica y masiva, su firme e indeclinable voluntad de lucha contra la impunidad, en pos de la verdad, la memoria y la justicia. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que el presidente Tabaré Vázquez creó y en el que me ha honrado al designarme, es una de las herramientas para el logro de tales propósitos. En un camino de avances y retrocesos, el sistema de la Corte Penal Internacional ha sido siempre un factor de apoyo e impulso a esa lucha.

Aún falta mucho por hacer. Fortalecer la prevención para que estos gravísimos actos que atentan a la dignidad de las víctimas (y también a la conciencia universal) no ocurran. Efectivizar la actuación del Estado en forma oportuna para investigar y sancionar tales crímenes y, eventualmente, aplicar las sanciones penales. Por último, brindarles a las víctimas una reparación que las redignifique como personas.

Seguir trabajando en los tres factores del Estatuto de Roma (prevención, punición y reparación) es un imperativo ético, jurídico y político de toda la comunidad internacional que integra el ideal común de respeto a derechos y libertades, expresado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tanto a nivel internacional, regional y nacional, somos tercamente optimistas, siguiendo el ejemplo de Veil, en la lucha por el Nunca Más.

Felipe Miechelini es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es miembro honorario del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.