El indulto presidencial a Alberto El Chino Fujimori (78 años) vuelve a estar sobre la mesa de lo posible en Perú. Según publicó The New York Times, ahora tiene mejores posibilidades que antes; las mejores de la última década.

El indulto ya fue un tema de agenda al final de la presidencia de Alan García, en 2011: el mandatario saliente se lo planteó a su sucesor Ollanta Humala, quien en su momento de capitán supo levantarse en armas contra Fujimori; no se pusieron de acuerdo. Luego, en 2012, Humala sugirió a la prensa la posibilidad de que la familia pidiera el indulto del Chino Fujimori, según publicó en aquella oportunidad el diario El Comercio. Los cuatro hijos formularon el pedido el 10 de octubre de ese año, y la respuesta demoró hasta el 7 de junio siguiente: fue un breve no.

Humala y Fujimori comparten hoy la prisión de Barbadillo; Humala por el caso Odebrecht. La sentencia a Fujimori, a partir de su extradición de Chile en setiembre de 2007, es de 25 años por siete condenas, tres de extremada gravedad: la matanza de 15 personas, incluyendo un niño de ocho años, en Barros Altos en 1991, el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta (Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle) en 1992, y el secuestro de dos personas ese mismo año: el empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Se demostró que tanto Fujimori como su asesor Vladimiro Montesinos estaban al tanto de la planificación y ejecución de estos crímenes, según la sentencia de la Corte Suprema peruana.

El 10 de mayo de este año se archivó el último de los sucesivos proyectos de ley para darle a Fujimori prisión domiciliaria por tener más de 75 años, firmado por el congresista Roberto Viera. Eso puede haber abierto el paso para que hoy los rumores sobre el indulto sean más fuertes que nunca, de acuerdo a The New York Times. Según ese análisis, el ambiente que favorece a la opinión por su indulto o su prisión domiciliaria es que se trata del hombre que dio carta libre para reformar de raíz la economía nacional, de la que son herederos los empresarios y tecnócratas que gobiernan en un país ya sin partidos políticos que funcionen como tales, y en el que la legitimidad electoral no tiene el peso que debería en una república. Esta presión de la opinión pública se da pese a que Keiko Fujimori perdió dos elecciones contra candidatos tan impopulares como distintos: Ollanta Humala, un militar, y el banquero con dificultades para pronunciar el español Pedro Pablo Kuczynski

Allí entra la política contingente. Los partidarios del indulto especulan que con eso se desactivaría el extenso bloque opositor del fujimorismo en el parlamento, 71 en 130 curules. El de Kuczynski es un gobierno debilitado, que en 11 meses perdió cuatro ministros; tres de ellos por errores propios y el cuarto por ensañamiento de la bancada fujimorista.

La propia Keiko podría haber aprobado una reforma penal que ya estaba propuesta en el Parlamento y con ella liberar a su padre, pero eso, se especula, hubiese dividido a esa fuerza política. Preso, condenado a 25 años y con 78 de edad, el ex presidente Fujimori se siente en condiciones de determinar que su heredero será el hermano de Keiko, Kenji Fujimori (37 años). Por lo tanto, Keiko está en la extraña situación de que si libera a su padre se queda sin la fuerza política que hoy comanda.

En este contexto, con tres ex presidentes procesados (dos, Alan García y Ollanta Humala, por corrupción), alegar “la reconciliación nacional” para fundamentar el indulto no parece un argumento de peso. Si Kuczynski lo efectiviza, será inevitablemente por razones muy discutibles y como resultado de un tumulto, de una aglomeración de contingencias, más que de la política. Pero una vez pronunciado y más allá de la lógica, no habrá marcha atrás.

Andrés Alsina