El del martes 19 fue el segundo terremoto que cimbró a la República Mexicana en lo que va de setiembre. Dos semanas antes, el jueves 7, un temblor de 8,2 grados había sido desastroso para los estados del sur del país, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y dejó zonas aisladas, sin comida ni agua potable. El sábado 23 llegó un tercero, que volvió a pegar en el sur y a tirar abajo las construcciones que ya estaban dañadas pero en pie, sobre todo en Juchitán, una de las principales ciudades del Istmo de Tehuantepec.

En los tres casos, la respuesta de la gente desbordó a la oficial. Para el primer terremoto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, específicamente la sección 22 de Oaxaca, fue clave en el reparto oportuno de los víveres que comenzaron a llegar como donaciones. Su extensa organización territorial colaboró en la distribución en lugares alejados, con los acopios y contactos que hizo la propia gente. La respuesta del gobierno fue mimética: llamó a la donación solidaria de víveres y otros implementos, y luego organizó un censo para medir los daños en las casas, que encargó a la Secretaría de Asuntos Agrarios. Esta semana comunicó que son 110.000 los inmuebles dañados en el Istmo, y que el apoyo económico del gobierno federal se hará mediante una tarjeta, con recursos provenientes de un Fondo Nacional de Desastres Naturales. Pero todo a futuro, ya que el fondo tiene un plazo de al menos un mes antes de liberarse.

A la Ciudad de México la afectó con virulencia el temblor del 19. La gente no esperó la ayuda oficial, que fue encargada a la Marina Armada, y se volcó a retirar los escombros de los edificios derrumbados de manera inmediata, intentando rescatar con vida a la gente atrapada. Para el amanecer del día siguiente, la fuerza militar había desalojado a toda la ayuda civil de los lugares siniestrados y, con ellos, salió también la prensa y toda posibilidad de acceder directamente a la información de lo que sucedía con los rescates.

Entre las personas que quedaron afuera de las vallas que levantó la seguridad pública de la ciudad creció la sensación de que los trabajos de rescate se habían enlentecido. Las críticas hacia el manejo oficial arreciaron desde el vamos, que se ha reducido a comunicar cifras de fallecidos, sin mayor detalle. A una semana del sismo, 330 personas habían muerto en todo el país.

El martes 26, Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció la creación por decreto de una Comisión de Reconstrucción, que proyecta (siempre a futuro) ofrecer apoyos para alquileres, mientras que se realizan los dictámenes de los daños en las viviendas. A la gente de los 500 inmuebles que ya se sabe que quedaron inhabitables le ofrecen optar por una hipoteca. Sobre los 38 inmuebles que colapsaron en la ciudad, dijo, se hará una “investigación exhaustiva para fincar responsabilidades” en caso de que haya habido un mal manejo en su construcción. Sin embargo, varios de esos predios ya han sido limpiados del material del derrumbe, y serían baldíos en los que nada pasó, si no fuera por las coronas de flores que señalan la muerte reciente, como en el caso de un edificio de oficinas en Torreón y Viaducto, en los límites entre la colonia Narvarte y la Roma.

El sismo también ha destapado eso: distintos medios de prensa independientes han dado cuenta de edificios con menos de un año de entregados, meses incluso, como uno de la Colonia Del Valle, que están dentro del grupo de los colapsados. De fondo empezó a asomar la discusión sobre la especulación inmobiliaria y el crecimiento desmedido de torres en las zonas de los derrumbes.

A las familias que todavía tienen alguna persona desaparecida, la palabra “reconstrucción” les provoca escalofríos, porque desconfían que tras ese apuro se deje de buscar a los que faltan. En uno de los edificios de 40 apartamentos colapsado al sur de la ciudad, una de las familias consiguió un amparo judicial que impide “la suspensión de las labores de rescate a los damnificados y personas atrapadas en los escombros” e inhibe la entrada a “maquinaria pesada en las zonas afectadas para el inicio de las labores de reconstrucción sin antes hacer una búsqueda exhaustiva” de las personas desaparecidas, según el documento judicial al que esta cronista tuvo acceso.

En otro edificio de apartamentos colapsado sobre la avenida Álvaro Obregón, también en la Roma, las familias de las víctimas y de personas desaparecidas se manifestaron el domingo 24 exigiendo que la búsqueda no cese. Denunciaron que no han recibido información de manera adecuada sobre los trabajos de rescate, que las autoridades han actuado con negligencia y que han hecho un mal manejo de los cuerpos hallados en los derrumbes. Las familias de Álvaro Obregón exigen que se les presente una lista oficial de las personas identificadas y de las desaparecidas y la cifra de las rescatadas no identificadas. Denuncian que la autoridad las ha dejado de lado y que no ha colaborado en nada para aliviar la desesperación de tener un familiar desaparecido.

Eliana Gilet, texto | Ernesto Álvarez, fotos