La última ocupación pacífica duró ocho días y finalizó este martes de noche, tras el encuentro entre el titular de la cartera, Lino Barañao, y los representantes de los científicos. No se trata de un ministro más. Es el único de la gestión kirchnerista que mantuvo el gobierno de Mauricio Macri, cuando asumió en diciembre de 2015. Ese año, pero meses antes, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ingresaron 937 científicos a la Carrera de Investigador del Conicet (CIC), intentando cumplir con los postulados del Plan Argentina Innovadora 2020, lanzado en 2013 por Fernández y el propio Barañao. Se ponía como meta llegar a 15.000 investigadores dentro del Conicet en 2020, 5.000 más que en 2015, lo que suponía un crecimiento de 10% anual. Sin embargo, en octubre del año pasado, el mismo ministro, pero esta vez ya en la gestión macrista, encabezó un recorte de 60% en los ingresos al Conicet, con los concursos ya encaminados. De los más de 900 pautados, decidieron incorporar a menos de la mitad. Quedaron afuera 498 científicos de diferentes áreas que habían aprobado todas las instancias de exámenes.

De salidas

En diciembre de 2007, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió subir de rango a la ciencia y otorgarle un ministerio, para el que fue nombrado Lino Barañao. Se la definió como “política de Estado”, y uno de los pilares fue el programa Raíces, que en menos de diez años repatrió a más de 1.300 científicos, la mayoría exiliados en la crisis de los 90 y 2001. Por primera vez desde aquel entonces se registran recortes en el sector de ciencia e investigación, y la posibilidad de irse a continuar sus trabajos en el extranjero volvió a ser contemplada por algunos de los 498 científicos que tenían aprobado su ingreso al Conicet. El periódico Tiempo Argentino realizó días atrás una nota con seis de ellos, que ya recibieron propuestas firmes del extranjero. Nicholas Rauschenberg (37) nació en Brasil e intercaló sus estudios entre ambos países. Volvió a Argentina definitivamente en 2007 para hacer un doctorado en Sociología. Es hijo de exiliados. Sus padres también son científicos. Se fueron durante la última dictadura cívico-militar en 1976. “Ahora heredé la problemática”, se lamenta. La Universidad de Weimar, en Alemania, le ofreció un cargo de profesor investigador durante dos años. En pleno conflicto, a Mariana Sacchi (37), doctora en Arqueología, la invitaron desde la Universidad del País Vasco para ser jurado en una tesis de doctorado. Al conocer la problemática argentina, el director le dijo: “Cuando quieras, puedes venirte”. Ya decidió que sí, aunque esto implicará abandonar su investigación local, que se centra en las habilidades para la talla en conjuntos líticos de Patagonia. Vanesa Sanchez (34) es doctora en Biotecnología y Biología Molecular. Su futuro está en Francia. Su presente, en la Universidad de San Martín, al noroeste del conurbano que rodea a la Capital Federal. Trabaja en el desarrollo de vacunas contra la toxoplasmosis, “una infección causada por un parásito que en Argentina afecta a alrededor de la mitad de la población”. Existe la infección aguda, que se desarrolla en las primeras dos semanas, y la crónica. Sobre esta última ella iba a empezar la investigación dentro del Conicet. En unos años quizá ocurra la paradoja de que Argentina le compre a Francia la vacuna que ideó una científica nacional, despedida de su país a fines de 2016.

“Es un mamarracho jurídico que abran un concurso con ciertas reglas y te las cambien cuando el concurso ya está aprobado, diciéndote ‘no, ahora de esa lista sólo va a entrar 40%’, y muchos ni siquiera siguen el orden de mérito. Es un absurdo en cualquier país. En Alemania sería un escándalo y el ministro ya habría renunciado. Acá el sistema de protección mediático-político que tiene el gobierno hace valer cualquier barbaridad”, expresa Nicholas Rauschenberg (37 años), doctor en Sociología, y uno de los 500 afectados.

Esa situación motivó la toma del ministerio por parte de cientos de científicos, en diciembre de 2016. Duró una semana. El gobierno les negó el ingreso a la CIC, les extendió por un año la beca doctoral o posdoctoral (dependiendo el caso) que ya arrastraban desde hacía siete años y por la cual no reciben aportes patronales, y a cambio propuso un Acta Acuerdo en la que se estableció que todos los que quedaron afuera iban a continuar sus investigaciones en otros organismos públicos de ciencia. Ya no en el Conicet. Sin embargo, esto tampoco se cumplió. Recién hace un par de meses, el ministerio volvió a hacerles otra propuesta: que pasen a ser jefes de trabajo práctico (JTP) con dedicación exclusiva en universidades, durante dos años, de manera interina. Así, transitarán de investigadores a docentes, y al ser con “dedicación exclusiva” deben renunciar a los cargos docentes que cientos de ellos ya tienen, que podían complementar con el puesto de investigadores del Conicet que nunca recibieron.

“Ya no podríamos investigar de la manera en que lo venimos haciendo, porque precisamos tiempo para hacer trabajos de campo prolongados; ahora tendremos que elegir eso o estar frente a un aula. Y se ve afectado nuestro salario, porque vamos a perder hasta 10.000 pesos comparado a lo que íbamos a ganar en el Conicet”, advierte Soledad Cutuli (33), doctora en Antropología Social. “Y nos insertan en universidades que también están siendo vapuleadas por el recorte”, agrega.

Sociales en la mira

Mariana Sacchi (37), doctora en Arqueología, apunta: “No te deja pensar a largo plazo, y en términos del equipo de investigación genera que mis compañeros y directores tampoco sepan cómo continuar. Una deja de formar parte de ese equipo con el que estuvo tantos años, en investigaciones que no fueron culminadas. Hay una sensación de incertidumbre y tristeza muy grande. Y no es un problema presupuestario, porque la plata está; de hecho, nos quieren incorporar como docentes. Es una decisión política de querer o no que la ciencia argentina crezca”.

La segunda toma ocurrió el martes 12 de setiembre, cuando debía desarrollarse un nuevo encuentro de la Comisión Mixta de Seguimiento del Acta Acuerdo. Los representantes de la Red Federal de Afectadxs llevaron tres propuestas: una equiparación salarial con lo que deberían estar ganando en el Conicet, estabilidad laboral y garantía para que las investigaciones continúen. Los representantes del ministerio se negaron y más de 300 investigadores ingresaron a la sede, ubicada en el barrio porteño de Palermo, donde permanecieron ocho días.

Durante esa semana, los científicos organizaron charlas, asambleas, festivales, “ruidazos” para concientizar a los vecinos acerca de la problemática, performances que hablaban del “vaciamiento” de la ciencia y “tuitazos” exigiendo la renuncia del ministro. En un primer momento Barañao optó por hacer declaraciones confrontativas: “No pertenecen al Conicet, sino que son becarios. Esta gente quedó afuera. No entraron y es algo que les cuesta ver”; “no hay ninguna evidencia concreta de ajuste en el sector. La toma se relaciona al período electoral”; “más de la mitad ya arregló para ser docente”, fueron algunas de ellas. La Red de Afectadxs salió a responderle con un relevamiento que lo contradijo: 331 de los 498 aún no cuentan con contrato ni oferta concreta. Ante esa situación, el ministro finalmente concedió una reunión, el martes, en la que la cartera se comprometió a contemplar las demandas de los científicos para el ingreso a las universidades, y quedaron en un nuevo encuentro, el próximo martes. La Red Federal de Afectadxs lo consideró una “conquista parcial pero relevante”, y levantaron la toma en vistas a movilizarse pasado mañana en la sede del Polo Científico, “para preservar los puestos de trabajo legítimamente adquiridos y para frenar el ajuste que busca desmantelar y privatizar el sistema científico del país”.

El ajuste en el Conicet, en consonancia con el que está llevando a cabo Brasil en su área científica y universitaria, no se circunscribió sólo a los ingresos. El presupuesto de este año recortó la financiación de 103 patentes (250 en 2016 frente a 147 en 2017) y la formación de 870 becarios, y los proyectos de investigación con apoyo económico bajaron de 2.230 a 2.100. El otro gran problema serán los nuevos ingresos a la CIC, porque la mayoría de los 498 a los que no se les permitió entrar el año pasado lo intentarán en poco más de un mes, cuando se abra la convocatoria para 2018. Y no estarán solos. Se sumarán los casi 2.000 becarios que están en condiciones de presentarse. Una bola de nieve que chocará ante el número de ingresos nuevamente bajo, de 450, justificado por el gobierno en lo “cualitativo” por sobre lo “cuantitativo”. Que haya menos ingresantes, pero para hacer ciencia “útil”. Hasta este año, 75% de las admisiones al Conicet eran para áreas “libres”, y el 25% restante para las consideradas “estratégicas” por la gestión de turno. Ahora decidieron que el número sea 50 y 50.

Las más perjudicadas son las ciencias sociales. Durante la primera toma sufrieron una persecución de los grandes medios, que criticaron que se hicieran investigaciones sobre Disney, la revista infantil Billiken o Ricardo Arjona. “Las ciencias sociales y humanas son fundamentales a la hora de decidir la aplicación de recursos, la importancia del trabajo sobre violencias simbólicas y la profundización de prácticas democratizadoras para la sociedad”, cuenta Cecilia Melella, doctora en Ciencias Sociales con maestría en Comunicación, becaria desde 2009, y una de las 500 que tenían aprobado el ingreso a la CIC, luego denegado. Su campo de estudio son las migraciones de países sudamericanos en Argentina, y se focaliza especialmente en los discursos mediáticos sobre estas comunidades. “El recorte de mi entrada como investigadora –apunta–, conlleva no sólo mi expulsión del sistema científico nacional en términos de recursos que el mismo Estado pierde a través de mi formación en la educación pública, sino que implica que las comunidades con las que trabajo se vean nuevamente discriminadas, porque las problemáticas ya no son de importancia para ‘la sociedad argentina’”.

Gustavo Sarmiento, desde Buenos Aires

Financiamiento colectivo | Mientras disminuye el aporte económico del Estado argentino a la ciencia, el gobierno liderado por Mauricio Macri impulsa un nuevo modo de financiamiento: que el dinero sea entregado por los ciudadanos. A principios de mes, el Ministerio de Ciencia que conduce Lino Barañao informó el lanzamiento en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la plataforma Mercado de Innovación Argentina (MIA), “una página web que permitirá impulsar mediante el crowdfunding o financiamiento colectivo a proyectos científicos y tecnológicos que presenten cierto nivel de novedad”, resaltaron. Se trata de la misma plataforma que suelen usar directores de cine o escritores para poder costear sus proyectos. En este caso se trata de la ciencia argentina pública. Al inscribir un proyecto en MIA, el usuario científico fija una meta de financiamiento y un plazo de tiempo, para invitar a los interesados a sumarse y contribuir con dinero u otras formas de apoyo a cambio de recompensas. Así, forma parte de un canal de participación de capital privado para financiar “nuevos conocimientos y productos novedosos”.