El juez español Pablo Llarena procesó por rebelión a 13 políticos involucrados con la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlamento catalán en octubre. Además, ordenó la detención preventiva de varios de ellos, incluido Jordi Turull, portavoz del anterior gobierno y quien era el candidato de las fuerzas independentistas para asumir la presidencia catalana.
De esta forma, vuelven a reducirse las posibilidades para elegir a un nuevo presidente catalán y terminar con la intervención ordenada por el presidente Mariano Rajoy, en vigor desde octubre. Las elecciones de diciembre dieron la mayoría a los independentistas, pero estos carecen de figuras de primer nivel político o social que puedan asumir el cargo, ya que han sido inhabilitados tanto los líderes de los partidos –Carles Puigdemont y Oriol Junqueras– como los presidentes de las organizaciones sociales independentistas –Jordi Sànchez y Jordi Cuixart–.