Donald Trump quiere su muro con México, pero no lo logra. Como reflejo de los 14 meses de frustración al respecto que lleva en la Casa Blanca, el martes despertó con una iniciativa que propaló de inmediato: “Hasta que tengamos el muro, cuidaremos nuestra frontera con los militares”, tuiteó. Luego la repitió, ese mismo día y junto con su secretario de Defensa James Mattis, en una reunión con representantes de los países bálticos: “Es un gran paso”, añadió.
Los militares en cuestión deberán ser los de la Guardia Nacional, un cuerpo de la reserva con 349.000 efectivos que tiene un mando dual: estadual y federal. Los militares en actividad tienen vedado intervenir en asuntos policíacos en el país. Pero no está dicho cómo, cuántos ni cuándo intervendrán.
En verdad, Trump ya había mencionado esta posibilidad, pero sus funcionarios declararon en sentido contrario. La más notoria de las veces fue en México en una conferencia de prensa del entonces secretario de Estado Rex Tillerson y el entonces secretario de Homeland Security (Seguridad Interior) John Kelly en febrero. Habían viajado, dijo Trump, con las instrucciones de explicar al gobierno mexicano “una operación militar necesaria que quebrara la inmigración”. Pero en Ciudad de México los jerarcas hicieron lo contrario. El general Kelly aseguró en conferencia de prensa que los militares no serían utilizados en la frontera para labores policiales: “Lo repito. No habrá participación militar en esto. Espero que al menos la mitad de ustedes lo entienda bien esta vez, porque continúan reportando lo contrario”.
Este lunes, la Casa Blanca había dado una conferencia de prensa para aclarar y dar coherencia a una serie confusa de tuits que se arrastraba desde el fin de semana anterior y para anunciar que se prepara una nueva legislación para bloquear el ingreso de inmigrantes y solicitantes de asilo, incluyendo niños no acompañados. En esta oportunidad no se mencionó a la Guardia Nacional ni la militarización de la frontera sur; fue, dijo el Times, más un mensaje político que dar cuenta de una acción práctica.
Aparentemente, lo que hizo que Trump retomara la descalificada idea de militarizar la frontera fue la cobertura editorializada de la cadena Fox de la marcha que está haciendo un contingente de poco más de 1.000 hondureños a través de México para asilarse en Estados Unidos. El martes, cuando estaba reunido con representantes de los tres países bálticos, el presidente estadounidense avisó: “Me acaban de informar que la columna de hondureños se desmanteló. Francamente, tuve que tomar el asunto en mis manos y decirles ‘tienen que hacerlo’. Y lo hicieron”. Pero la Casa Blanca informó que Trump no había hablado con su par mexicano Enrique Peña Nieto; trascendió que la gestión la hizo el fiscal general.
La Casa Blanca logró remendar la situación para la tarde, cuando la secretaria de Prensa Sarah Huckabee Sanders dio cuenta de una reunión que se llevó a cabo ese mismo martes y en la que participaron el secretario de Defensa y miembros del equipo de Seguridad Nacional junto con el fiscal general Jeff Sessions, la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, el jefe de la Junta de Comandantes en Jefe, general Joseph F Dunford Jr., y John F Kelly, el jefe de gabinete. Allí se discutió la estrategia para encarar “la creciente influencia de la inmigración ilegal, de las drogas y de bandas violentas de Centroamérica. El presidente, dijo la secretaria de prensa, fue informado de esta situación la semana anterior.
Las cifras no se condicen con ese alarmismo y la necesidad de una respuesta urgente. En 2017, el número de inmigrantes ilegales capturados por la patrulla fronteriza fue el más bajo desde 1971, de 310.531 personas. En 1996 la cifra fue de 1.549.876 personas y en 2000, la más alta, de 1.676.438. La estadística comienza en 1925, con 199 capturas, y alcanza las tres cifras al duplicarse luego de la Segunda Guerra Mundial, a 193.657.
La iniciativa de construir un muro de 3.185 kilómetros que bordee cuatro estados, del Golfo de México y hasta el Pacífico, era propuesta de campaña de Trump y, a tres semanas de asumir, el 25 de enero, firmó el decreto. En abril tuvo que renunciar a iniciar el proyecto en ese año fiscal. Sin embargo, lo presupuestó en 3.600 millones de dólares, más de un millón por kilómetro, y se llamó a interesados, que presentaron distintos modelos. Este segundo año fiscal tuvo que renunciar nuevamente, apretado por un Congreso que amenazaba con dejarlo sin presupuesto nacional, y por propietarios de tierras sin voluntad de acceder a las expropiaciones que serían necesarias.
Esto le acarreó a Trump críticas de su ala conservadora en un año de elecciones de mitad de mandato, por lo que su recurso, por ahora sólo retórico, de militarizar la frontera sur es en verdad una huida hacia adelante.
Hay tres tramos de muro construidos en California desde 1994, durante el mandato de Bill Clinton, que luego reforzó George W Bush para llevarlos a 1.123 kilómetros. Tienen barreras de contención, iluminación permanente, detectores de movimiento, sensores eléctricos y equipos de visión nocturna, y son patrullados por camionetas todo terreno y helicópteros artillados. Esos muros desviaron la inmigración clandestina hacia el desierto de Arizona, lo que ocasionó la muerte estimada de 10.000 migrantes. La cifra habitual de muertos anuales en el intento de llegar a Estados Unidos es estimada en 250.
Si no se avanzó más con la idea de los muros hasta hoy fue, en definitiva, porque la contradicción entre lo deseable y lo posible primó en las decisiones: el costo político de los muertos era una sangría electoral en una población con importante presencia latina. Hoy, en la dinámica de las decisiones presidenciales, no se puede prever si efectivamente Trump desplegará los efectivos y conseguirá o no hacer votar el presupuesto para el muro. En la esencia de esta situación, está el ser humano. Impedir la inmigración a Estados Unidos es como prohibir la ley de gravedad: los que tienen menos soportan y a veces emigran, pese al dolor de hacerlo, hacia donde hay más.