El gobierno de Mauricio Macri anunció sorpresivamente esta semana que pedirá un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), argumentando que es la mejor fuente de financiamiento internacional que tiene en este momento e intentando alejar los fantasmas del préstamo que pidió en el año 2000 en una situación que derivó en la crisis del 2001.
Son tres frentes los que representan los principales problemas para el Ejecutivo, y se vinculan entre sí: la falta de financiamiento, el aumento del dólar y la presión de la oposición contra el aumento de las tarifas de los servicios públicos.
El FMI
Esta semana Macri no sólo recurrió al FMI, sino también al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo a la página de noticias Infobae que “todos se comprometieron a participar del financiamiento que está negociando el gobierno”, y adelantó que seguramente se llegue a acuerdos con todos los organismos, sin aportar cifras concretas.
En el caso del FMI, el préstamo solicitado por el gobierno argentino se llama stand by y es el mismo al que se recurrió en las últimas tres décadas. Implica que el gobierno se comprometa a avanzar con reformas estructurales y un control periódico y profundo de las finanzas argentinas por parte del organismo. Las negociaciones sobre las exigencias, el monto del préstamo y los compromisos de pago llevarán unas seis semanas, según el gobierno, pero algunas pistas sobre lo que puede pedir el FMI surgieron del informe “Panorama económico para las Américas” del FMI, que fue publicado ayer aunque su redacción terminó en marzo. Allí se incluye un cuarteto de recomendaciones que ya escucharon, tanto Argentina como otros países de la región, en épocas anteriores: reducción del déficit fiscal a través de ajustes, apertura comercial, liberalización financiera y reformas estructurales, entre las cuales se menciona la laboral.
Varios jerarcas recurrieron a los medios para tranquilizar a la población. Ayer fue el turno del diputado oficialista Pablo Tonelli, quien aseguró que el gobierno “va a aceptar condiciones acordes con el plan económico que está en marcha, pero no cosas que signifiquen un esfuerzo mayor para la población”. En declaraciones a la radio La Patriada, Tonelli pidió “que todo el mundo esté tranquilo” porque “si los condicionamientos fueran excesivos o exagerados, el gobierno no los va a aceptar”.
El dólar
Pese a los mensajes tranquilizadores del gobierno, la demanda de dólares sigue creciendo en Argentina, haciendo aumentar el precio de la divisa y reduciendo el valor del peso argentino en comparación, pese a las operaciones que ha llevado adelante el Banco Central (BCRA) con el objetivo de reducir el impacto. El dólar trepó ayer hasta los 24,60 pesos argentinos, la cifra más alta desde la creación de la moneda argentina, lo que llevó al BCRA a intervenir, logrando que cerrara a 23,72 en el mercado minorista.
Las maniobras del BCRA para moderar el aumento del dólar tienen un efecto colateral: la reducción de las reservas del organismo, que el miércoles le pidió 2.000 millones de dólares al Banco de Pagos Internacionales (conocido como el banco central de los bancos centrales del mundo) para mantener el equilibrio. Las reservas llegaban en enero a alrededor de 64.000 millones de dólares, y quedaron en 57.000 el jueves; el BCRA se desprendió ayer de 1.100 millones. Estas dificultades podrían aumentar el martes, día en el que vencen unos 27.000 millones de dólares en bonos de deuda a corto plazo, conocidos como Lebacs. De acuerdo con la entidad financiera JP Morgan, esto podría generar un nuevo “desorden” que afectaría la cotización del dólar y generaría “una salida de capital” de Argentina.
Las tarifas
El tercer frente del gobierno de Macri es doméstico y es el que afecta más concretamente a los argentinos hoy en día: el aumento de las tarifas de los servicios públicos. De acuerdo con datos manejados por diputados opositores en una sesión la semana pasada, desde que comenzó el gobierno de Macri a fines de 2015 el gas aumentó hasta 1.600%, el agua 700% y la electricidad 900%. Los aumentos también se traducen en una mayor recaudación de IVA, que grava las tarifas de los servicios públicos y de los impuestos que cobran las distintas provincias sobre la factura. De acuerdo con algunos estudios académicos recientes, los argentinos llegan a destinar un tercio de su salario al pago de facturas de servicios básicos en un país en el que la inflación llegó a 25% el año pasado.
A esto se suma que para este año varias áreas del sector público no comenzaron las negociaciones colectivas, en las que el gobierno buscará topear los aumentos en 15%, la cifra que proyecta para la inflación de este año, inferior al 19,2% que prevé el FMI o el 25% que mencionan algunos operadores privados.
En este escenario, aumentó la presión social y política ante el último aumento de las tarifas, que fue en abril, lo que se tradujo en la unión de la oposición para buscar revertir los incrementos. Después de que varias iniciativas fueran rechazadas, el miércoles fue aprobado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece que el aumento de las tarifas no puede superar el crecimiento de los salarios para los usuarios residenciales o el del índice de precios mayoristas para las pequeñas y medianas empresas.
El proyecto entró ayer al Senado, donde será tratado en comisiones durante las dos próximas semanas. La intención de la oposición es que se vote en las últimas semanas de este mes. Se espera que las votaciones sean acompañadas por movilizaciones de organizaciones sociales, tal como sucedió el miércoles pasado, cuando se trató en Diputados.
Aún así, el gobierno ya advirtió a través de varios jerarcas que vetará cualquier intento de reducir los aumentos, argumentando que es necesario reducir el déficit fiscal y defendiendo su política como “gradualista”.