Los cortes de rutas, a los que los nicaragüenses llaman “trancazos”, están dificultando la llegada de alimentos a Managua, la capital, con un costo que el gobierno estimó en 260 y luego en 300 millones de dólares y la pérdida de 58.000 puestos de trabajo, pero eso no arredra el claro apoyo empresarial a las protestas, que comenzaron hace un mes y medio, en reclamo de reformas democráticas. Ahora serían inevitables nuevas elecciones y una reforma constitucional que anule la posibilidad de la reelección, que tiene en el gobierno a Ortega y señora por tercer período consecutivo y formalmente hasta 2021. Del otro lado del gobierno, todas las fuerzas vivas se nuclean hoy en un frente único llamado Alianza Cívica.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua dio por terminado el intento de diálogo que propiciaba desde el 15 de abril, luego de que el miércoles último, Día de la Madre en el país centroamericano, fuerzas gubernamentales y parapoliciales atacaran a balazos la manifestación desarmada y encabezada por 80 madres de jóvenes asesinados en las protestas hasta ese momento, que marchaba con sus listones de duelo por la carretera a Masaya con la intención de culminar en un acto cultural. Con esto, el número de muertos en las protestas creció a 99, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La oposición, unida en un frente único llamado Alianza Cívica, inició ya trabajos para un paro nacional de protesta, en un enfrentamiento sin resquicios al gobierno que plantea un cambio cualitativo en la oposición. Mientras, continúan las manifestaciones opositoras, fundamentalmente a través de cortes de rutas, a los que llaman “trancazos”. Eso está dificultando la llegada de alimentos a la capital Managua con un costo que el gobierno estimó en 260 y luego en 300 millones de dólares y la pérdida de 58.000 puestos de trabajo.

Eso no arredra el claro apoyo empresario a la protesta, que reclama reformas democráticas. Su planteo antes del ataque del miércoles a civiles desarmados era de nuevas elecciones y una reforma constitucional que anulara la posibilidad de la reelección, que tiene en el gobierno a Ortega y señora por tercer período consecutivo y formalmente hasta 2021. La posición opositora se ha endurecido, aunque no está claro en qué términos.

Los empresarios venían advirtiendo al gobierno que se estaba en condiciones de profundizar las protestas, pero el gobierno de Ortega optó por rechazar la semana pasada las condiciones de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para un diálogo pacificador, incluyendo cesar en la represión. Ortega las calificó de “ruta hacia un golpe de Estado”. Los obispos están hoy denunciando amenazas de muerte e intimidaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional recogen denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas y represión con disparos dirigidos a las zonas más letales del cuerpo: cabeza, cuello y tórax, e insisten en pedir el cese de la represión. Testimonios de la prensa coinciden en que seguidores del Frente Sandinista, grupos parapoliciales y oficiales antidisturbios dispararon abiertamente contra los manifestantes.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua condenó lo que llamó “hechos violentos perpetrados por grupos armados afines al Gobierno” y aseguró que no se puede reanudar el Diálogo Nacional –del que la Iglesia es mediadora– “mientras al pueblo se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado”.

Con la represión del miércoles, Ortega reaccionó a las críticas hechas por la cúpula empresarial el martes a la noche, exigiendo un cambio de Gobierno y el cese de la represión. “Nicaragua no es propiedad privada de nadie”, dijo Ortega. “Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos”, afirmó el mandatario, en clara referencia a la exigencia de que deje el poder. Por temor a la represión, los heridos no son llevados a hospitales públicos sino atendidos en dispensarios improvisados; tal es el grado de inseguridad imperante.

El lunes 28 ya se había producido un cambio en la correlación de fuerzas. Los estudiantes tomaron la Facultad de Ingeniería, hasta ese momento en manos de fuerzas oficialistas. Grupos parapoliciales dieron “una respuesta brutal”, según El País de España, pero debieron retroceder ante numerosos ciudadanos que acudieron en respaldo de los estudiantes, en un conato insurreccional. La posibilidad de una insurrección opositora está inevitablemente comprendida en las alternativas de un paro nacional. Es dudoso que el paro sea tal, esto es, que dure estrictamente un tiempo predeterminado; es más probable que la medida sea una huelga general con arrestos insurreccionales.

La insurrección fue parte central de los recursos con los que el Frente Sandinista logró el 19 de julio de 1979 desplazar del poder a cuatro décadas de dictadura somocista. Lo hizo mediante una coalición de fuerzas como la que hoy conforma la Alianza Cívica a partir del asesinato en 1978 del periodista opositor y dueño del diario La Prensa Pedro Joaquín Chamorro. El símbolo del grado de comandante de la revolución sandinista era una reproducción del adoquín de hormigón armado con el que hoy se vuelven a hacer barricadas. La consigna que hoy corean los manifestantes es: “Ortega y Somoza, la misma cosa”.

El gobierno no parece darse alternativa alguna a la represión, que inició de manera virulenta el 19 de abril e intensa durante tres días, tras aprobar sin consenso una reforma de la seguridad social. Falto de opciones políticas a su gusto, debió retomar de inmediato la represión en procura de la muerte del que protesta. El informe de Amnistía Internacional sobre los hechos se titula: “Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua”.

“Los muchachos que han salido a las calles a dar la cara por Nicaragua nacieron a partir de los años 90, o en este mismo siglo. Son los nietos de una revolución lejana o ausente en su memoria, pero la llevan de todas maneras en los genes, porque aquella se hizo también por razones morales, ante el hastío frente a una dictadura familiar que se creía dueña del país, y cuando se vio amenazada no vaciló en recurrir a la represión más cruel. Y al exterminio”. Sergio Ramírez, vicepresidente de Nicaragua en el primer mandato de Daniel Ortega (1985-1990), alejándose luego del sandinismo, en http://sergioramirez.com/.