El gran cartel publicitario fue arrancado y puesto a cortar la ruta. Lo importante no es lo que publicitaba, sino la leyenda que cruza la chapa desnuda: “De que se van, se van”. Es sólo una de las 70 rutas de Nicaragua que el viernes amanecieron cortadas. Managua está aislada, cercada por los “tranques”, como los llaman. Árboles, piedras acarreadas desde canteras, adoquines, vallas publicitarias, barreras de concreto, clavos miguelito y llantas aprontadas para ser quemadas forman las barricadas.

Este fin de semana, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua está sumando su maquinaria agrícola a los tranques, tras haber desfilado su protesta. Se pierden 1,8 millones de litros de leche por día, el desabastecimiento alimenticio se va marcando cada vez más y el comercio exterior tiene enormes dificultades.

La ciudad de Masaya, 26 kilómetros al sur de la capital, está tomada por los rebeldes, y la ruta hasta allí está cortada por barricadas en 14 puntos, según The Guardian. Daniel Ortega solía hacer peregrinajes a la ciudad que fue decisiva en el derrocamiento del somocismo por los sandinistas en 1979. Ahora, mejor que no se aparezca por allí. Las pintadas lo tratan de déspota, asesino, le exigen que renuncie y le vaticinan la muerte.

No hay alternativa para el gobierno más que reprimir. El miércoles de la semana pasada, Día de la Madre en Nicaragua, el gobierno quemó sus últimos cartuchos al disparar a la procesión encabezada por las madres de las 99 víctimas hasta ese momento. Estaban acompañados por cientos de miles de personas, dice The Economist. El gobierno de Daniel Ortega mató a otras 16 personas en esa marcha, pero también asesinó la posibilidad de una salida pacífica al conflicto que se desarrolla desde el 18 de abril, cuando quiso recortar las jubilaciones. A las protestas callejeras de la gente el gobierno respondió con tres días de intensa represión en vez de diálogo. La Conferencia Episcopal de Nicaragua quiso intermediar y la oposición se nucleó rápidamente en una Alianza Cívica. Ortega eligió desoír a los obispos que condicionaban el diálogo al cese de la represión, y a los empresarios, que advertían al gobierno que la resistencia podía ser mayor.

El ataque armado a la marcha de las madres el 30 de mayo rompió la posibilidad de diálogo, y hoy la salida política posible es la abdicación del gobierno y el saneamiento democrático de la situación. Desde ese día 30, Nicaragua está cada vez más trancada, cada vez más en ebullición, el gobierno es cada día menos gobierno y sólo logra aumentar la cifra de víctimas: 127 muertos y un millar de heridos es una estimación conservadora.

Es interesante la lectura de The Economist de la situación: la represión, afirma, rompió la alianza del gobierno con los empresarios, por la cual Ortega tenía la mano libre en política y ellos libertad en materia económica. “Eso condujo a un crecimiento económico que superó el 4% anual entre 2007 y 2017”, mientras Ortega “se hacía del control de las instituciones independientes, la subversión de los partidos opositores y la tergiversación de los resultados electorales”.

Ese acuerdo no benefició, sin embargo, a la población que gobierna el izquierdista Ortega: según el informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2016, la pobreza extrema es de 29,6% y la pobreza afecta a 2,3 millones de personas, 38% de la población. La mortalidad infantil es del orden de 22,1 cada 1.000 y el analfabetismo es de 18%.

Este acuerdo demostró a los empresarios no sólo la bancarrota moral del gobierno de Ortega, sino la inestabilidad política que promueve. La publicación cita al presidente del nucleamiento empresarial Cosep, José Adán Aguerri, estimando las pérdidas desde abril en 600 millones de dólares, 4% del Producto Interno Bruto. Afirma también que cientos de millones de dólares han abandonado el país, y cita a la única persona de Nicaragua que tiene más de 1.000 millones de dólares, Carlos Pellas: “El modelo que nos trajo hasta aquí está agotado”.

En la noche del jueves, Ortega se reunió con los obispos buscando establecer un diálogo; aunque se negó a “una salida constitucional” a la crisis, pidió 48 horas para reflexionar. Desde la calle, los activistas citados por el enviado de El País de Madrid piden su renuncia: “La gente está planteando la salida inmediata de Daniel Ortega, el cambio inmediato a través de los procesos posibles previstos en la Constitución. No hay otras posibilidades, porque Ortega está inhibido política y moralmente para seguir siendo presidente de Nicaragua, después de haber ejecutado la orden de matar”, explicó la líder de la sociedad civil en la Alianza Cívica Azahalea Solís.