El lunes, Mauricio Macri dio el trascendente paso de autorizar por decreto la participación de las fuerzas armadas en la seguridad interna de Argentina, facultándolas a controlar la seguridad interna, reprimir y hacer inteligencia sobre los habitantes. Lo justificó en necesidades de combate al terrorismo y el narcotráfico y lo acompañó con el mayor aumento salarial otorgado este año, de 31%, y con el blanqueo de las partidas no remunerativas, que hoy conforman casi la mitad de los ingresos de los uniformados.
El decreto rompe el consenso político sostenido durante 34 años de democracia –tras la más sangrienta dictadura de su historia– de prohibir a los militares la intervención en asuntos internos, y va en contra de tres leyes aprobadas durante tres presidencias: la de Defensa Nacional, de 1988, cuando Raúl Alfonsín era el presidente; la de Seguridad Interior, de 1992, durante la gestión de Carlos Menem, y la de Inteligencia Nacional, de 2001, aprobada en la administración de Fernando De la Rúa.
El gobierno de Macri efectivizó su aspiración modificando el decreto 727, de 2006, año en el que gobernaba Néstor Kirchner, que había reglamentado las tres leyes de Defensa Nacional y limitado el accionar militar a la “agresión estatal externa”, en congruencia con la resolución 3.314 de Naciones Unidas, que la define como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”.
La vía del decreto evita que el tema, pese a su trascendencia, sea debatido en un parlamento en el que el gobierno no tiene mayorías. Entre otros aspectos, el decreto de Macri eliminó el carácter “estatal” de la agresión a combatir y la amplió al campo de lo civil y sus asociaciones. Justifica esto en la necesidad de “custodia y protección de objetivos estratégicos”, a los que no define, y menciona como objetivos la amenaza del terrorismo, que no tiene atisbo de existencia en la Argentina de hoy, y el narcotráfico, que no plantea una amenaza que pueda combatirse de esa manera.
En el presupuesto nacional estas nuevas actividades tuvieron rubro antes de ser definidas; para la expansión del espionaje político, por ejemplo, que se menciona como “interceptación y captación de las comunicaciones”, se destinan 2.823 millones de pesos más, y otros 2.416 millones para “operaciones complementarias de seguridad interior”.
La noticia produjo real alarma en la sociedad argentina: la oposición política y los organismos de derechos humanos reaccionaron de inmediato y el debate que se plantea recrimina la confusión que promueve entre seguridad y defensa nacional, la creación de un “enemigo interno” para justificar la medida, las pésimas experiencias de las que vienen Colombia y México con la participación militar en la represión y la imposición de la violencia en la sociedad con un terrible saldo de violaciones a los derechos humanos. El nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está actualmente tratando de salir del círculo vicioso de violencia que eso instaló, con un promedio de 85 muertes diarias.
De acuerdo con el Libro Blanco de la Defensa 2015, el Ejército argentino tiene una composición que torna ilusorio su empleo en tareas de seguridad interna: un oficial cada 2,8 soldados; demasiados caciques. Mas poner a las fuerzas armadas en la represión interna es una vieja pretensión del Comando Sur de Estados Unidos que Macri declaró hacer suya tras asumir en diciembre de 2015. En abril de este año, en su exposición anual ante el Congreso de Estados Unidos, el almirante Kurt W Tidd, jefe del Comando Sur, explicó que, “dicho con palabras simples, con toda probabilidad los desafíos de seguridad en la región se convertirán en desafíos a la seguridad nacional de los Estados Unidos”. También diciéndoles “nuevos desafíos”, incluyó la pobreza extrema, la superpoblación, las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso, las luchas étnicas y raciales y el populismo radical, que revalorizarían “el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles”.
Esa orientación del Pentágono, que sustituye la bipolaridad de la Guerra Fría con la del enemigo interno, llegó a tener su expresión en Montevideo en 1994, con la expulsión de etarras de esta tierra de asilo, seguida de represión policial a la previsible protesta que causó un muerto ante el hospital Filtro y la consiguiente justificación del entonces ministro del Interior, Ángel María Gianola, para auspiciar la transformación del Ejército en Guardia Nacional. La iniciativa capotó, pero el Pentágono se ocupa de que siga sobrevolando y subyaciendo en el continente.
También lo había intentado en la Argentina Horacio Jaunarena, ministro de Defensa de tres gobiernos –Alfonsín, De la Rúa y Eduardo Duhalde–, y por eso debieron pasar 18 años antes de que el gobierno de Néstor Kirchner reglamentara la Ley de Defensa en 2006. Así lo confesó el propio Jaunarena en conferencia en 2002, tras un diciembre de masivas protestas sociales y de gatillo fácil que causó 39 muertes; el caos social y económico que terminaría con De la Rúa abandonando la presidencia en helicóptero desde la Casa Rosada y sus dos sucesivos sucesores durando sólo días en el puesto: 12 Adolfo Rodríguez Saá y dos Federico Ramón Puerta.
Pasado ese trance, Jaunarena y el entonces jefe del Ejército, Roberto Brinzoni, plantearon la intervención castrense en el conflicto social con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Brinzoni expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas y vaticinó que volverían a producirse saqueos y desórdenes. Identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que vivían diez millones de pobres. Dos años antes había hecho lo propio otro ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, ante amenazas como la pobreza extrema, la superpoblación, las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales.
El traspaso de personal tampoco es original: lo propuso en 2004 el entonces jefe del Comando Sur, general James T Hill, en debate televisivo con Horacio Verbitsky: “Si usted tiene unas fuerzas armadas de 100.000 hombres y sólo 15.000 policías pero la mayor amenaza es el crimen urbano, ¿necesita 100.000 militares o 75.000 policías? Como no puede mantener a ambos, yo sugiero tomar algunos de esos militares y reentrenarlos para ser policías. Si la clave es la pobreza, como yo creo, los gobiernos no pueden continuar teniendo las fuerzas armadas y la Policía actuales. Necesitan más policías”.
Protesta enfrenta represión
Ya en diciembre, durante la represión a dos jornadas de manifestación ante el Congreso Nacional durante el tratamiento de legislación que privó a los pasivos de 70.000 millones de pesos, el gobierno estrenó algunos de los juguetes bélicos a los que ahora dedica una porción significativa de esa ampliación de presupuesto. “La doctrina al uso es impedir que se documenten los atropellos y negar información sobre el operativo y las personas detenidas para difundir el miedo y crear incertidumbre”, señaló a este periodista el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky.
La represión de la protesta social marcó claramente la diferencia del actual gobierno con el anterior, que no la reprimía. En estos dos años hubo casos notorios, como el del anarquista Santiago Maldonado, muerto en agosto de 2017, y el del mapuche Rafael Nahuel, asesinado de un disparo en la espalda en noviembre de 2017; también la prisión política que sufre en Jujuy la dirigente social Milagro Sala desde enero de 2016, todo en un clima creciente de represión y de justificación gubernamental de la represión.
En diciembre, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional informó en Página 12 a través de su dirigente Carmen Verdú que “hubo 725 muertos en 721 días de gobierno de Cambiemos”. Esta, agregó, es una cifra conservadora, ya que en el informe de 2016 se dio cuenta de 200 muertes menos por la represión que las luego constatadas. “Estamos atravesando el pico represivo más violento desde 1983. Hubo otros momentos especialmente duros, 1989, y 2000-2001, 2008... Pero esta escalada represiva es inédita. Por primera vez superamos la marca del muerto diario por gatillo fácil o torturas”.
“El blanco no es un enemigo externo ni la delincuencia común o sofisticada, sino el malestar social y los reclamos que lo expresan y que no pueden desligarse de las decisiones políticas de endeudar en forma vertiginosa al país”, señaló Verbitsky a la diaria. El argumento oficial es que para contener la inflación debe reducirse el déficit fiscal y que los prestamistas externos permiten hacerlo en forma gradual, sin una conmoción colectiva. El problema es que lejos de reducir el déficit, el gobierno lo incrementa, y la forma en que lo hace provoca esa conmoción que quisiera evitar.
Al asumir Macri, la pobreza por ingresos ascendía a 19,4% y la indigencia a 4,4%, según la consultora ligada a la Central de Trabajadores de la Argentina, Cifra. De ahí al 25,7% actual, la pobreza por ingresos creció 5,5% en el bienio de Macri. Ese aumento es compatible con la caída en igual lapso de 11% de la Asignación Universal por Hijo, de 7% de jubilaciones y pensiones, y de entre 4,2% y 7,3% de los salarios formales, según las estimaciones de Cifra y de la Universidad Nacional de Avellaneda.
A esto se suma el aumento de 2,5% de la informalidad, lo que supone que estos trabajadores reciben un salario que se ubica 50% por debajo del promedio formal. Cifra proyecta estos datos para una población de 43,8 millones de personas y “la incorporación en el bienio neoliberal de 2,4 millones de personas debajo de la línea de pobreza, de los cuales 24% son menores de 14 años”. Y Verbitsky acota que “así como en 2016 bajó la inflación al doble, el mismo método le permitió a Macri anunciar la reducción de la pobreza y el comienzo del crecimiento”.
Ese mes de diciembre trajo también un cambio cualitativo en el tenor de la protesta social, un punto de inflexión: en la apreciación de Diego Sztulwark en el portal El cohete a la luna, “el protagonismo popular limita el triunfalismo de las elites. Diciembre de 2017 es otra cosa: es más la fisura que el corte. Menos el estallido y más la decisión de incidencia en la calle”.
Y en la calle, aun sin liderazgo político establecido todavía, se desafió a la represión con fuerza y se sucedieron concentraciones y manifestaciones de cada vez mayor envergadura: a las dos de diciembre siguió una el 21 de febrero convocada por una conjunción de fuerzas sindicales, la del 8 de marzo de las mujeres, otra el 25 de mayo, luego la vigilia por la legalización del aborto el 14 de junio, el 25 de junio un paro con movilización, y el 9 de julio una convocatoria por la fecha patria que llenó nada menos que la avenida 9 de Julio. Entre ellas, incontables manifestaciones de menor envergadura por las muchas reivindicaciones habilitadas por la gestión Macri.
En el país en el que pudo producirse un 17 de octubre un Cordobazo, una lucha por los derechos humanos como la librada y que continúa ahora buscando castigar la complicidad empresarial en secuestros y muertes, se estaba avanzando hacia un equilibrio de fuerzas entre la represión y la protesta. El decreto que da intervención interna a las fuerzas armadas busca desbalancear esta situación a favor del gobierno y de las fuerzas represivas.
La gestión del decreto es peculiar y al parecer apresurada: el ministro de Defensa, Oscar Aguad, les había anunciado a los militares un aumento de 8%, lo que provocó tal malestar en los uniformados que el presidente no tuvo su desfile patrio en Palermo. Ya está obligado Macri a no aparecer en público porque es rechazado. No pudo, por ejemplo, ir a la ceremonia del Día de la Bandera en Rosario, luego de que su presencia entre los espectadores en la cancha de River provocara abucheos e impusiera la consigna que es el hit del año: “Macri, basura, vos sos la dictadura”. Según el diario La Nación, sólo 60% del estadio lo abucheó.
Otras cosas sucedieron. Tras la primera etapa de la corrida bancaria se anunció el acuerdo con el FMI, y tras esto se reanudó la corrida bancaria, con lo que Macri debió dejar de coquetear con “el peronismo racional”, según lo llama el gobierno (y “opoficialismo”, según la calle), no pudo prometer transferencias a los gobernadores y debió abandonar la tesitura de anunciar inversión en obra pública, dejar de afirmar que no habrá más despidos en la administración pública y más.
Ahora Macri anunció que bajará el déficit fiscal, que mantendrá la reducción de las retenciones a las exportaciones y que sólo responderá a su compromiso con el FMI. “Son propósitos contradictorios y ya no puede hacer las dos cosas, porque está dando 40% de tasa de interés (a 46,5% llegó) e igual se produce otra corrida, y está volcando reservas más allá de lo acordado con el FMI para sostener el dólar y continúa la corrida. Si no se atiene a lo acordado con el FMI y aplica más dureza –explicaba Verbitsky antes de conocido el decreto–, el gobierno se vuela, se lo lleva el huracán”.
El resultado es que Macri se quedó sin aliados, que no quieren pagar costos políticos por problemas que no son de ellos, y este gobierno aislado, atado sólo a sus socios del gran capital, es el que saca adelante este decreto, que obliga a los militares a aliarse con el gobierno. Y todavía falta ver qué harán las fuerzas armadas: si bien el dulce del aumento salarial les tiene que agradar, equivale de hecho a la inflación proyectada, y los militares tienen que aceptar que vuelven a la escena tras casi 35 años en esencia por la misma razón que la tuvieron que dejar: reprimir.