“Se puede pasar de la quejadera a la acción”, dice la convocatoria colombiana. En ocho días, y habiendo estrenado presidente el martes, los colombianos volverán a las urnas para pronunciarse sobre siete iniciativas para combatir la corrupción. La consulta popular tuvo una larga y masiva gestación. El 17 de enero se presentaron 4.236.681 firmas recolectadas (sólo eran necesarias 1,5 millones) por 45.000 voluntarios en los 460 municipios del país y también en 27 países donde residen colombianos. Luego mandaron 5,8 millones de cartas a los senadores alentando a votar en favor de la iniciativa y lograron su unanimidad: 84 en 84.

Ahora precisan seis millones de votos de un electorado de 36,48 millones, que es tradicionalmente renuente a ese deber cívico: en las elecciones presidenciales, se abstuvo de votar el 53%. Con gran entusiasmo, el comité promotor de la iniciativa, llamado Alianza Verde, aspira a que sean 15 los millones de votantes que pongan una cruz aprobando cada una de las siete iniciativas de la hoja de votación. “Los invito a todos a estar pendientes y cumplir esta cita con la historia, la lucha contra la corrupción y la domesticación de la clase política”, convocó Claudia López, senadora y una de las organizadoras.

Para domesticar a la clase política, la iniciativa incluye una plataforma de siete puntos. Entre otras cosas, propone reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado, fijando como tope máximo 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y eliminar la reclusión especial para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública. También obliga a todas las entidades públicas a utilizar pliegos en todo tipo de contratos y a realizar audiencias públicas para que la ciudadanía decida en materia de prioridades presupuestales.

Los congresistas, por otra parte, deberán rendir cuentas anuales y todos los funcionarios “que sean elegidos por voto popular” estarán obligados a hacer públicas “sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés como requisito para asumir y ejercer el cargo”. Por último, establece un límite máximo de tres períodos para ser elegido y ejercer en un mismo cuerpo, como el Senado, la Cámara de Representantes, las Asambleas, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales.

Si cada una de estas propuestas alcanza las seis millones de cruces aprobatorias en la hoja de votación, deberán ser convertidas en leyes por un Senado –donde aparentemente no hay corruptos, pues todos votaron por ellas– en el plazo máximo de un año o, en su defecto, adoptadas por un decreto presidencial con fuerza de ley en los dos meses siguientes.

Dificultades

La experiencia recogida entre otros por Transparencia Internacional (TI) indica, sin embargo, que la ley no es de por sí el mejor antídoto para la corrupción, sino que esta pasa por instrumentos a disposición de la sociedad civil, como la libertad de prensa y la presencia activa de las ONG.

“En los últimos años –afirma TI–, América Latina y el Caribe han dado grandes pasos para luchar contra la corrupción. Existen leyes y mecanismos para combatirla mientras avanzan las investigaciones legales y los movimientos ciudadanos contra la corrupción están creciendo en muchos países. Sin embargo, según el Índice de Percepción de la Corrupción que TI elabora anualmente, en 2017 la región se seguía desempeñando pobremente en la materia”.

TI explica esta contradicción porque pese al sólido incremento de leyes y al fortalecimiento de instituciones que promueven la transparencia y la responsabilidad en el sector público, no hay instaladas políticas globales que ataquen las causas históricas y estructurales de la corrupción. Una causa histórica sería la administración heredada de España, en la que la apropiación de bienes destinados a la corona española tenía montadas estructuras de desviación hacia particulares.

Aunque no sea suficiente, Chile aprobó en 2016 una ley que prevé conflictos de intereses en el sector público; Bahamas aprobó una ley de acceso a la información pública; Guyana instaló mecanismos transparentes para la adquisición por parte del Estado y Jamaica creó una agencia anticorrupción que consolida funciones del Estado y está en condiciones de llevar adelante investigaciones.

En un análisis en el cual el caso de Colombia podría pasar a ser un ejemplo, TI afirma que “países que dan prioridad a la lucha contra la corrupción y crean políticas nacionales mediante el consenso y la participación pública y política están mejor posicionados para tener un avance cualitativo en la materia. Por el contrario, aquellos países que no dan prioridad a los temas de corrupción pierden terreno año tras año”.

En la región se ha progresado con la investigación de casos de alto perfil. El de Odebrecht es un ejemplo notorio, con investigaciones que demuestran sobornos pagos en diez países de América Latina; en millones de dólares, México 10,5; Guatemala 18; República Dominicana 92; Venezuela 98; Panamá 59; Colombia 11; Ecuador 33,5; Perú 29; Argentina 35; Brasil 349; y dos países africanos: Angola 50 y Mozambique 0,9.

Las investigaciones por este caso están resultando en sanciones a empresarios y figuras políticas. A esto se agregan casos como los de Guatemala, en el cual la oficina fiscal y la Comisión Nacional Contra la Impunidad de Guatemala está investigando a empresarios y políticos, incluyendo al presidente Jimmy Morales por otros casos de corrupción, mientras en Panamá se investiga al ex presidente Ricardo Martinelli.

El Índice de Percepción de la Corrupción de TI para 2017 pone a Uruguay como el país menos corrupto de América Latina, en el puesto 23. En orden descendente, le sigue Chile en el 26, Colombia en el 27, Dominica en el 42 (igual que España), Cuba en el 62, Argentina en el 85 (el mismo que la subsahariana Benín), Brasil y Perú en el 96, Bolivia y El Salvador en el 112, Ecuador en el 117, República Dominicana, Honduras, México y Paraguay en el 135, Guatemala en el 128 y, finalmente, Venezuela en el 169, junto a Iraq y peor que la República Democrática del Congo.

En una encuesta en la que se consultó a 22.000 personas en 20 países del continente, TI pudo determinar que una de cada tres personas (29%) pagó al menos un soborno por un servicio público el año pasado. Eso equivale a 90 millones de personas en los 20 países encuestados, y ellas pagaron por servicios públicos importantes: escuela, hospital, obtener documento de identidad, atención policial y judicial.

A esto se agrega que 28% de las personas que denunciaron corrupción sufrieron represalias, lo que explica que, aunque 70% de los ciudadanos creen que pueden hacer la diferencia, sólo 9% dé cuenta del pago de sobornos. Y la población no confía en la Policía, concluye TI: junto con los políticos, 47% de los consultados cree que la mayoría, si no todos los oficiales, son corruptos.