La derecha radical española logró emitir una voz clara, poner en programa de gobierno algunos temas propios de su ideario, y colocar en agenda otros que aún no logra imponer. Además, trazó un camino de crecimiento en España y en Europa en un año pleno de elecciones y, por lo tanto, de oportunidades. Si todo va como la generalizada endeblez liberal y socialdemócrata europea sugiere, esta derecha apunta a conquistar escaños en el Parlamento Europeo y más por toda España, e incluso a soñar con el gobierno nacional.

La novel formación de ultraderecha Vox logró 12 de las 109 bancas de la Junta de Andalucía en los comicios anticipados del 2 de diciembre de 2018, que fue un año de realineaciones políticas en todo el espectro ideológico. Esos votos de Vox fueron decisivos para formar gobierno con mayoría propia junto al Partido Popular (PP) y a Ciudadanos (Cs). El trámite se realizó en la Junta el miércoles pasado y su resultado fue el primer gobierno andaluz que no es del PSOE en 36 años. La presidencia fue para el PP con la mayor cantidad de bancas: 26, pero siete menos que las elecciones anteriores y casi la mitad de las que logró en 2012; el partido sigue arrasado por la difusión de sus múltiples y graves episodios de corrupción.

Ciudadanos, en cambio, hizo una buena votación en estas elecciones, creciendo en 12 bancas y aportando 21 a la coalición. El partido de Albert Rivera pasó a ocupar un lugar que le es natural en la derecha del espectro político. Sumadas, Cs, el PP y Vox superan holgadamente la mayoría propia de 55 bancas. La participación de Cs, que se lleva la vicepresidencia, es un paradigma de hipocresía política: no se contaminó con las negociaciones con Vox, que dejó por entero a cargo del PP, porque el presidente francés François Macron se lo prohibió, so pena de excluir al partido del frente liberal del Parlamento Europeo. Por lo tanto, Cs dice no tener responsabilidad en el apoyo a mano alzada de Vox, como si de la nada surgiera. Vox aprovechó para replicar: “Cs tiene que hablar de quién manda en el partido, si Albert Rivera o el presidente de Francia”.

Está dicho que de realineaciones políticas se conforma la coyuntura. En Andalucía, Cs venía de cogobernar con el PSOE desde 2015, sobre la base de “un pacto de investidura de regeneración democrática” que el 7 de setiembre dio por agotado. El PSOE había atravesado una crisis interna fuerte en marzo de 2018, por la que la presidenta saliente de la Junta, Susana Díaz –que había perdido la interna por el gobierno nacional ante su actual presidente, Pedro Sánchez–, en marzo se apartó del PSOE y auspició la coalición Adelante Andalucía (AA), encabezada por la dirigente de Podemos Teresa Rodríguez. Tanto Díaz como Rodríguez son hoy voceras de la oposición en la Junta, a la que hay que sumarle tres grupos menores con un total de 17 bancas. Izquierda Unida y los ecologistas Verdes y Equo.

La aparición de Vox hace referencia a cambios de fondo. No integra el gobierno que aporta a formar, por no poner a la ultraderecha en primera fila ni tener Cs que reconocer su apoyo, aunque le resulte imposible negarlo. Disimular la presencia de Vox es un reconocimiento del carácter vergonzante que todavía tiene predicar valores conservadores, arraigados en el catolicismo ultramontano y la monarquía, y sus variedades: el integrismo, el catolicismo corporativo, el carlismo (que propugna el establecimiento de una rama alternativa de la dinastía de los Borbones en el trono español, y de allí que el apoyo de Vox a la actual casa reinante esté condicionado “a que no deje lagunas”, lo que no se sabe bien qué significa, excepto que es una condición), el fascismo, el franquismo y demás variantes de la derecha extrema.

Para la iglesia católica española, este resultado tiene que haber sido muy positivo, pues la voz de la ultraderecha la retrotrae al crecimiento económico, social y cultural que tuvo a mediados del siglo XIX, cuando reafirmó su integración al Estado, se hizo cargo de la educación y sus arcas florecieron. De aquella situación es, en definitiva, de la que surgió la rebelión primero, luego la guerra civil y finalmente la dictadura de Francisco Franco.

El líder de Vox, Santiago Abascal (un ciudadano vasco de 42 años), que hasta 2013 militó en el PP, seguirá el proceso desde su banca, con el revólver en la cintura (“para proteger a mis hijos”, dice). La publicidad de su partido lo muestra a la cabeza de un grupo de jinetes, en la recreación de la reconquista de España para el catolicismo, y lo cierto es que encabeza el primer éxito electoral de la derecha dura desde la muerte de Francisco Franco en 1975.

Esto, si se exceptúa la única banca que logró en 1979 el ultraderechista Blas Piñar Lopez con la Coalición Nueva Fuerza. En su momento, Nueva Fuerza trató de obstaculizar mediante la movilización la reforma política que llevaría, con una amplísima mayoría, al PSOE al gobierno en 1982, pero el fracaso del golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero el 23-F (de 1981) había ahogado el resurgimiento de la derecha española y habilitó los muchos cambios producidos en España en cuatro décadas, que ahora Vox se propone revertir.

Los 19 puntos con que Vox condicionó su apoyo al gobierno del PP y Cs muestra a sus integrantes tal cual son: continuadores de quienes expulsaron a los judíos y a los moros de España en 1492. Uno de los puntos (rechazado en las negociaciones con sus aliados) era pasar la fecha nacional de España al 2 de enero: en esa fecha de 1492, los reyes católicos lograron la rendición del sultán moro de Granada Boabdil y con ello el cumplimiento de lo que ellos estimaban “la asignatura pendiente de la cristiandad”.

A esto, Vox agregó 21 medidas de urgencia y un acuerdo programático de 90 puntos, pero una reseña de los 19 puntos (con varios ítems cada uno) que presentó al inicio de las negociaciones parece suficientemente ilustrativa: derogar las 17 autonomías regionales, pasar al gobierno nacional los temas de educación, sanidad, justicia y orden público; la condena al discurso “de odio y exclusión contra Vox” (clara reacción a la presión de la opinión pública); la reducción del gasto público, con recorte del 75% de las subvenciones a partidos y organizaciones sindicales y patronales, como paso hacia su eliminación completa; supresión de subvenciones a asociaciones y ONG ideológicas “que no acrediten fuera de toda duda” su utilidad pública y reclamo de devolución de fondos “que no hayan tenido una evidente utilidad pública” (quién controlará al controlador); la eliminación de ayudas exteriores, competencia exclusiva del Estado, y rechazo de toda sentencia judicial proveniente del extranjero (lo que supone cortar puentes con la comunidad internacional y denunciar una larga ristra de tratados internacionales hechos ley en el país); supresión de embajadas comerciales y auditoría a todas las subvenciones.

El punto 4 promueve rebajas fiscales: una bonificación al 99% del impuesto a sucesiones y donaciones (riquezas que quedan así en familias con tradición y propiedad), eliminación de impuestos sobre la propiedad, y un IRPF muy disminuido. En el punto 6 ataca de lleno a la inmigración ilegal: quiere el acceso policial a los archivos civiles (asistencia sanitaria, social, etc.) para localizar 52.000 inmigrantes musulmanes a ser expulsados. Esto no se aprobó, pero sí el control del fundamentalismo islámico, de su educación y la supresión de subvenciones que hoy reciben.

En materia de prensa, plantea suprimir tres de las cuatro estaciones de TV andaluzas (lo que no se aprobó), pero liberalizar la concesión de frecuencias. En materia familiar, se instaura una Consejería de Familia y Natalidad, “con especial atención a mujeres con embarazos no deseados para evitar el drama del aborto”, e impulsar la adopción. Y en materia de educación, los padres elegirán el modelo educativo para sus hijos y la formación moral que se les imparta debe basarse en las convicciones de los padres. Además, impone “la garantía de no difusión de ideologías que nieguen hechos indudables, con especial atención a la biología”.

Vox debió renunciar a otras de sus propuestas, como la derogación de las leyes andaluzas contra la violencia de género, para la promoción de la igualdad de género, para la no discriminación del colectivo LGTBI. Otro de los puntos de Vox no aprobados es la derogación de la ley de “Memoria histórica y democrática de Andalucía” por “su visión sesgada de los acontecimientos entre 1931 y 1982”. La ley fue aprobada en 2007 bajo el gobierno del PSOE de José Luis Zapatero, y en 2017 el mismo partido planteó ampliarla a las víctimas del franquismo, tanto en la guerra civil como durante la dictadura de Francisco Franco, a casi medio siglo de que Franco muriera, en 1975. Hoy se estima en 115.000 las personas asesinadas enterradas en cunetas y fosas comunes. Lo cierto es que, si hubiese funcionado por décadas una Comisión de la Verdad y se hubiese actuado en tiempo y forma en materia de derechos humanos, la derecha radical española no hubiese podido resurgir como hoy lo hace, porque la situación política general imperante sería muy otra. Ahora, en cambio, se sigue discutiendo si se trasladan los restos de Franco y adónde.

Polvos y lodos

“Es un error leer los resultados (electorales) en términos andaluces”, sostiene una columna de opinión de Ignacio Jurado en El País de Madrid, y equipara a la España que resulta de estos comicios con la Europa en común. Los buenos resultados electorales de Vox fueron una sorpresa a medias. El gobierno de Pedro Sánchez es débil, surgido de una moción de censura y el apoyo parlamentario del independentismo catalán, y no de una coalición política funcional en todo el país, y hoy con serias dificultades para lograr que se apruebe su presupuesto tras medio año de desgaste en el Ejecutivo; su gestión está en el marco del deterioro institucional e imposibilitado de soltarle amarras al independentismo catalán.

En todo caso, los resultados electorales del 2 de diciembre se proyectan sobre las elecciones en 8.093 municipios de España y en las del Parlamento Europeo, ambas a hacerse el próximo domingo 26 de mayo, 13 de las 17 autonómicas también en 2019 y, al estar de la política contingente, las elecciones nacionales ya este año o el próximo.

Vox venía en ascenso, y es posible que, si las elecciones de Andalucía hubiesen sido en una fecha posterior, hubiera obtenido más de los 400.000 votos que registró. En un acto para las elecciones europeas que el partido hizo el 7 de octubre, dos meses antes de las elecciones andaluzas, en el estadio Vistalegre de Madrid, llenó las gradas con 10.000 personas, dejó a 3.000 afuera y tuvo un seguimiento por las redes sociales –Vox dixit—de 100.000 personas. En la opción de una España cerrada al resto del mundo y una España abierta a las derechas europeas, la amistad forjada entre Abascal y la francesa Marine Le Pen y su Frente Nacional (el vasco Abascal también puede votar en Francia), con quien se suele reunir en Perpignan, abrió el crecimiento de Vox al de la derecha europea.

No son pocos los avances de la derecha radical europea, que exhibe el común denominador del racismo y de ser contrarios a la inmigración, principalmente musulmana: si bien sólo tiene los gobiernos de Italia (Lega Nord y el Movimento 5 Stelle suman el 70% del parlamento italiano) y Hungría (con Viktor Orban en la presidencia desde 2010), la ultra derecha marca presencia en varios parlamentos como si un presagio fuera. En Bélgica, la Nueva Alianza Flamenca tiene la quinta parte de los escaños; en Eslovaquia, el Partido Nacional Eslovaco tiene 4 diputados; en Holanda, el Partido por la Libertad tiene 9 en 75 senadores y 20 en 150 representantes; en Suecia, cuna de la socialdemocracia, el Partido Demócrata (de extrema derecha, racista y anti inmigratorio, pese al nombre) tiene 20 escaños en un parlamento de 349 bancas; en Francia, el Frente Nacional tiene 8 en 577 escaños; en Austria, el FPÖ (Partido de la Libertad de Austria) tiene 51 en 183; en Alemania, la Alternativa para Alemania AfD entró al parlamento en 2017 como la tercera fuerza política; en Grecia, Amanecer Dorado tiene 17 en 300 escaños.

En España, la debilidad endémica del sistema político que perdura, con un PSOE agotado en Andalucía tras 36 años ininterrumpidos de gobierno, y tanto éste como el PP castigados duramente en su credibilidad por probados hechos de corrupción propició que movimientos alternativos a los partidos políticos tuvieran su oportunidad, y tras grandes movilizaciones previas, el feminismo hizo el pasado 8 de marzo tal vez la mayor manifestación de su historia. La crisis constitucional de 2018, a consecuencia del independentismo catalán, aumentó la percepción de vulnerabilidad. Hay mayor inseguridad económica y mayor desempleo (un 16%), que en la lectura simplificada de la realidad se vincula habitualmente con la inmigración como lastre. Hoy España tiene un 10% de extranjeros registrados, lo que en verdad plantea tensiones sobre la identidad nacional.

Esto, dicho sea de paso, no le da la razón a Abascal y a Pablo Casado, del PP, que agitan el fantasma de la invasión de migrantes. Ellos gustan referirse a la amenaza de “millones de africanos” ante las costas españolas. Casado cita estudios, que no especificó, sobre “un millón de africanos esperando en Libia para cruzar”, y “estudios de ONG que aseguran que hay 50 millones de africanos juntando dinero para hacer lo mismo”.

Nada que ver con los hechos. Según el Ministerio del Interior español, en 2017 llegaron 25.251 migrantes clandestinos, y entre 2008 y 2017, España recibió a 558.467 inmigrantes. En verdad, el número de migrantes hacia Europa viene en franca caída, tras un pico excepcional de 221.454 en octubre de 2015, volvió a sus cifras habituales históricas de 10.000 por mes.

Que la realidad no estorbe los discursos de la derecha. Por supuesto, el órdago es la manera de Abascal de ser moderado: la crisis en España “es total”, la crisis económica “es tremenda”, la institucional “es gravísima”, y también lo son “la crisis moral y la de valores”. Pero éste es el discurso que ganó en Andalucía, que tiene un crecimiento promisorio en el resto de España –que en estos términos se integra a la Europa de verdadero tradicionalismo contrarrevolucionario, pues plantea hacer retroceder medio siglo de evolución social y cultural– y que es llevado adelante por una fuerza política nueva que logró una representación parlamentaria y además importante. Y entrar en el parlamento es la etapa más difícil para una formación nueva.

Mucho indica que Vox ha llegado para quedarse y crecer. Es una fuerza que no tiene ni la sospecha de una mancha de corrupción –estigma de los tiempos–, sus votantes no sólo son anti sistémicos, sino que votan con la percepción de que es un voto útil, legítimo y socialmente aceptado, y tal lo demuestra el acto de octubre en Madrid, dos meses antes de los comicios en Andalucía, tiende a crecer en el resto de España, al igual que en Europa.