La Fundación Nacional del Indígena (Funai), el órgano gubernamental que “coordina y ejecuta la política indigenista” en Brasil, se está apartando de sus atribuciones legales para asumir un nuevo papel: el de mediadora en los desarrollos de minería en tierras indígenas. Así lo indica la información que obtuvo Agência Pública de uno de los integrantes del grupo técnico interministerial que discute el nuevo proyecto de ley de minería, que pidió no ser identificado, y que fue confirmada con otras dos fuentes.

La legalización de las minas y de las empresas mineras es parte de una ofensiva gubernamental y legislativa, patrocinada por la bancada ruralista en el Congreso, con la finalidad de abrir las tierras indígenas a desarrollos privados a través de un cambio constitucional que se tramita a ritmo acelerado. Parte de una propuesta original del gobierno anterior, de Michel Temer, que preveía sólo la participación de las empresas mineras. Al desencajonar el proyecto, el presidente Jair Bolsonaro puso la regulación de las minas clandestinas como prioridad.

Actualmente la Funai es el retrato de la fragilidad en la protección a los indígenas: sin recursos y con sus cargos de dirección ocupados por la extrema derecha ligada al ruralismo. Su nuevo papel en la apertura de las tierras indígenas para minería se está definiendo en las discusiones del grupo de trabajo interministerial, que tiene 30 técnicos y está integrado por las carteras Minas y Energía, Justicia, Medio Ambiente, Agricultura, Planificación y la Secretaría General de la Presidencia de la República. El esbozo del proyecto será enviado al Congreso por Casa Civil.

Uno de los integrantes del grupo, que pidió no divulgar su nombre, repasó los principales puntos que deben ser parte del proyecto. Para eludir la legislación –basada en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo– que obliga a consultar a las comunidades indígenas sobre asuntos que las involucren o afecten, la iniciativa incluiría una brecha para que, en los casos de recusación, el gobierno pueda autorizar unilateralmente los proyectos mineros bajo la justificación de que responden a intereses estratégicos nacionales. Los proyectos, uno por uno, tendrían que pasar por el tamiz del Congreso.

Las cuestiones centrales que están en discusión se vinculan con la exploración económica y de captación de las regalías como compensación financiera a las comunidades indígenas. Es allí que se inserta el papel de la Funai, que mantendría su atribución de tutora en esas negociaciones, ya prevista en la ley, pero llevaría adelante una mediación más intensa entre las etnias y los proyectos mineros, siempre según la misma fuente.

El grupo interministerial debe sugerir la creación de un consejo para gestionar los recursos indígenas mediante un fondo y acompañar la ejecución del proyecto minero, y retener, ya en el momento de la extracción de oro o diamante –por ejemplo–, un porcentaje estimado de 3% a 4% del volumen bruto extraído. Las comunidades crearían asociaciones que harían el enlace con el consejo, que estaría formado mayoritariamente por indígenas, dijo la fuente.

Uno de los grandes desafíos apuntados en los debates es el control de las minas clandestinas, que con frecuencia están relacionadas con delitos ambientales y conflictos con los habitantes de los territorios que invaden, como sucede a gran escala en la tierra yanomami en este momento. Se estudia extender la exigencia de permisos para todos los tipos de minería y la aplicación de una norma, que puede ser una especie de depósito de garantía que se utilizaría en casos de abandono del proyecto para corregir eventuales pasivos ambientales.

Según el integrante del grupo, hay acuerdo en que en el caso de las concesiones para grandes proyectos les correspondería a las empresas mineras expulsar a los mineros irregulares de la zona y evitar nuevas invasiones, ya que el gobierno no tendría estructura de fiscalización para eso. Un ejemplo de esta situación sería el caso, citado en las discusiones, del probable emprendimiento minero de la firma canadiense Belo Sun, en Volta Grande do Xingu (en el estado de Pará), una tierra indígena que es habitada por las etnias arara y juruna. Se trata de un área ya tomada por mineros irregulares. La empresa Belo Sun quiere hacer en Xingu, cerca de la central hidroeléctrica de Belo Monte, inversiones por el orden de 1.220 millones de reales (unos 300.000 millones de dólares) para extraer, en 12 años, 60 toneladas de oro.

Un relevamiento del Instituto Socioambiental señala que existen 4.181 pedidos de permisos de exploración minera en tierras indígenas aguardando la decisión de la Agencia Nacional de Minería. En la mitad de los casos se pide autorización para extraer oro. Juntas, esas áreas totalizan 28 millones de hectáreas, el equivalente a 25% de la superficie y áreas consolidadas como tierras indígenas.

Funai sin aire

Entidades indigenistas alertan que las posiciones públicas asumidas por Bolsonaro están funcionando como autorización a invasores y fomentando conflictos que han terminado con muertes en las regiones más desprotegidas de la Amazonia. El presidente brasileño ha dicho que no va a demarcar más tierras indígenas e incluso que va a revisar la extensión de las que ya están consolidadas, y además ha criticado a los órganos de fiscalización ambiental y a la propia Funai.

Javari, la segunda mayor tierra indígena de Brasil, con 8,5 millones de hectáreas y el área de mayor concentración de pueblos desconocidos del mundo, fue blanco de cuatro ataques a tiros este año contra las bases de Ituí y Curuçá, a las que llegan más invasores.

“El gobierno de Bolsonaro siembra la idea de que el indígena es un estorbo para el desarrollo y extiende la idea de que la Funai está repartida y comprada por organizaciones civiles. Es una tentativa de matar a la Funai de inanición, cortando recursos y desmontando estructuras, sobre todo las que protegen a los pueblos aislados, en clara opción por el abandono”, afirma Wino Beto, indígena de la etnia marubo, coordinador de la Unión Nacional de los Indigenistas del Valle de los Javari, que emitió un comunicado sobre este asunto.

Incluso sin participar en las discusiones que involucran el destino de sus tierras y sus pueblos, los indígenas siguen de cerca los movimientos del gobierno. “Los interesados [en el proyecto de minería] son grandes empresas mineras que financiaron campañas electorales. Es el papel de la Policía Federal investigar, así como hizo en la operación Lava Jato, lo que está detrás de todo eso”, dijo la diputada Joênia Wapichana, de Rede Sustentabilidade, presidenta del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas. “La intención es abrir grandes minas. No se trata de un pobre con una batea”, alerta.

“El discurso del presidente da fuerzas a los hacendados y sufrimiento a los indígenas”, dice Wiliam Rodrigues, líder de la etnia mura. “Es como un decreto de exterminio. No queremos minería. La tierra es nuestra madre: nadie la da, vende o entrega”. “¡Ayúdennos! Si no hay autoridad para hacer cumplir la ley, vamos a reaccionar. Basta de invasiones y amenazas”, dijo Rodrigues, y señaló: “Si nuestra situación está así, imagine los aislados, que no saben qué es la ley”.

De acuerdo con Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indígena Misionario, hay una nueva “fiebre del oro” con respecto de las tierras indígenas, estimulada por el gobierno, que ha provocado “un aumento de cerca de 40% en el número de invasiones en comparación con el mismo período del año pasado”.

El mayor foco de invasión está en el área de los yanomami, en Roraima, donde el número de mineros que trabajan por su cuenta, llamados garimpeiros, subió de 4.000 a 15.000 desde que el presidente declaró que regularizaría la actividad. “Bolsonaro está creando fuerzas antagónicas dentro de la Funai con el objetivo de vaciar la estructura de protección para atender el negocio agrario y las empresas mineras”, sostiene Buzatto.

En la evaluación del Consejo Indígena Misionario, en caso de que los otros poderes no adopten medidas urgentes, los conflictos entre indígenas y garimpeiros pueden llegar a niveles extremos. Con ese panorama, a fines de agosto, en medio de la repercusión de los incendios en la Amazonia, un grupo de nueve ex ministros de Medio Ambiente llamó al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, a que bloquee los proyectos legislativos que abren las tierras indígenas a la minería.

Traducción: Diajanida Hernández. La versión original de este artículo fue publicada en apublica.org/2019/09/funai-pode-ser-mediadora-de-mineracao-em-terra-indigena/