Casi al límite del plazo legal, el presidente chileno, Sebastián Piñera, firmó ayer el decreto que habilita la realización de un plebiscito en el que la ciudadanía deberá decidir si quiere remplazar a la actual constitución, que está vigente desde 1980, cuando gobernaba la dictadura encabezaba por Augusto Pinochet.

En un acto celebrado en el Palacio de la Moneda, el presidente dio una conferencia de prensa acompañado de muchos integrantes de su gobierno, pero también de figuras de otros sectores políticos, como el líder de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, el ex presidente Ricardo Lagos, y parlamentarios de distintos sectores.

Piñera confirmó que el plebiscito, que no tendrá carácter obligatorio, se realizará el domingo 26 de abril de 2020.

En la votación, los ciudadanos deberán decir si están “de acuerdo” o “en desacuerdo” con que se ponga en marcha el proceso para elaborar una nueva constitución.

En caso de que gane la opción “de acuerdo”, los votantes deberán elegir cómo procesar la redacción de la nueva carta magna: si mediante una Convención Constituyente (con 100% de asambleístas electos por la ciudadanía) o a través de una Convención Constituyente Mixta, que estaría conformada en partes iguales por miembros del Congreso y asambleístas electos por la ciudadanía.

La eventual elección de los constituyentes se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones municipales y de gobernadores, y la nueva constitución –que debe redactarse en un máximo de un año– se ratificará en otro plebiscito, que sí será obligatorio para todos los ciudadanos chilenos.

Durante el anuncio de ayer en La Moneda, Piñera pronunció un discurso en el que se centró en incentivar la participación de los ciudadanos en el plebiscito de abril. En la misma línea, el mandatario que lidera la coalición derechista Chile Vamos insistió en que es importante que los chilenos participen para incentivar el diálogo y el intercambio de ideas. Asimismo, según informó la radio Bio Bio, Piñera realizó un llamado a partidos políticos y organizaciones sociales a cuidar el Estado de derecho en el país.

“La Constitución no es una vara mágica que resuelve en forma instantánea todos los problemas. Debemos evitar caer en un extenso catálogo de aspiraciones, y también evitar un exceso de reglamentaciones detalladas de todas las instituciones”, puntualizó el presidente, quien además argumentó a favor de una serie de diez derechos fundamentales que a su entender deberían estar plasmados en una nueva constitución. Entre estos puntos, Piñera nombró el derecho a la vida y se refirió a la familia como el pilar fundamental de la sociedad.

Estos dichos del presidente, trazando en cierta medida lo que él pretende de la nueva carta magna, fueron criticados por integrantes de la oposición, entre otros por el presidente de la Cámara de Diputados, el demócrata cristiano Iván Flores. “Nadie puede arrogarse hoy día ni decir cómo va a ser la nueva constitución, ni tampoco poner condiciones, pero limitar a un catálogo determinado y no a otro creo que no solamente estuvo de más, sino que más bien violenta un acto que debió ser 100% republicano”, afirmó Flores, que agregó que Piñera “omitió algo importante de la historia, y es que ante la falta de voluntad del gobierno luego del estallido social de entender que la Constitución era una pieza fundamental en la construcción del nuevo Chile fue el Congreso Nacional el que inició este proceso, exactamente el día 29 de octubre, o sea, diez días después del estallido”.

Por su parte, el líder del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, dijo que espera que el gobierno “cumpla con su rol de informar a la ciudadanía”, y agregó: “El plebiscito de abril es un hito fundamental para avanzar hacia una mejor democracia. Por eso, tendremos un rol muy activo en las campañas que se van a desarrollar”.

Ecos del estallido

Mientras la elaboración de la nueva constitución ocupa un papel central en el plano político, las graves violaciones a los derechos humanos registradas por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado durante el estallido social que comenzó en octubre –hechos corroborados tanto por entidades locales como internacionales, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas– siguen sobre la mesa.

Ayer el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada en contra del general director de Carabineros, Mario Rozas, por el delito de “permisividad frente a la tortura”.

Según informó la radio Cooperativa, la acción judicial presentada por el abogado y activista Luis Mariano Rendón no apunta a un caso en particular, sino a las posibles violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis social. “La querella está interpuesta por el delito de permisividad frente a la tortura, que está contemplado en el artículo 150 A del Código Penal, que sanciona no sólo al que comete la tortura directamente, sino también a aquella autoridad que, teniendo los medios, no impide que estas continúen”, amplió Rendón, y agregó que esta última es justamente “la situación en que se encuentra el general director de Carabineros”.

Además ayer seis carabineros que se desempeñaban en la Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, una comuna ubicada en la zona sur de Santiago, fueron formalizados por los delitos de tortura y abuso sexual en contra de un estudiante de Medicina de la Universidad Católica, en el marco del estallido social. De acuerdo con el medio digital El Desconcierto, la víctima, Josué Maureira, declaró que los policías los obligaron a “gritarles, entremedio de golpes, que era maricón”. Maureira denunció: “Entre dos carabineros me toman, me agachan, me bajan los pantalones y mi ropa interior”. La Fiscalía Metropolitana Sur investigó la querella por los delitos de tortura con abuso sexual agravado que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tras la denuncia realizada por el estudiante. El documento judicial plantea que a Maureira “lo mantuvieron esposado y así fue golpeado sin mediar provocación alguna e insultado por ser homosexual, asunto que dedujeron sus victimarios porque andaba con las uñas pintadas de rojo. Luego lo desnudaron completamente y además abusaron sexualmente de la víctima dentro del contexto de tortura que sufría en ese momento”.