Venezuela: los límites de la intervención

Para los países latinoamericanos, el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados estuvo ligado desde el inicio al pasado colonial y a la amenaza siempre latente de la injerencia de Estados Unidos. Este principio se consagró en la región en 1933, en la VII Conferencia Panamericana en Montevideo. En 1970, se lo incorporó en forma universal en la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas –Resolución 2625 (XXV)–. “Por su alcance y valor intrínseco, se trata de un principio proclamado por los estados pequeños contra la intromisión y la vocación hegemónica de los estados más poderosos”, señala Wilson Fernández, docente de la Universidad de la República experto en relaciones internacionales.¹ La consagración formal de este principio no evitó las posteriores intervenciones de Estados Unidos en la región en apoyo a las dictaduras del Cono Sur.

Isabel Clemente, historiadora especialista en relaciones internacionales, recuerda que las primeras elaboraciones en torno al principio de no intervención por parte de los países latinoamericanos pueden registrarse en los congresos hispanoamericanos del siglo XIX. Allí comenzaron a redactarse las primeras normas que plasman esta idea.

Uruguay mantuvo históricamente una postura contraria al intervencionismo. En 1928, en el marco de la revolución sandinista, Estados Unidos planteó en el Congreso de Repúblicas Americanas la intervención en Nicaragua, alegando el llamado “derecho de interposición”, por entender que los estadounidenses residentes en Nicaragua estaban en peligro. En ese caso, la postura del delegado uruguayo, Pedro Manini Ríos, fue contraria a la intervención. En 1965, la delegación del gobierno uruguayo, en ese entonces encabezado por el Partido Nacional, se manifestó contraria a la intervención en República Dominicana. “No hay antecedentes de casos en que Uruguay, en democracia, haya violado este principio. Uruguay siempre tuvo posturas contrarias a la intervención”, sostiene Clemente.

Un límite contestado

El presidente estadounidense Donald Trump no descartó una intervención militar en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tampoco. En cambio, en Uruguay esa opción genera un rechazo amplio. Didier Opertti, canciller uruguayo entre 1998 y 2005 –durante los gobiernos de Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle–, consideró que “hay que seguir insistiendo por la vía diplomática” para que se solucione la situación en Venezuela. “De ninguna manera sostengo ni legitimo una intervención militar ni ninguna forma de intervención por la fuerza, porque una intervención militar supone muertes, un desastre humanitario, que un Estado ingrese en el territorio de otro Estado. La fuerza es un elemento que contradice a la democracia, el derecho a la vida y los derechos fundamentales de las personas”, sostuvo Opertti.

Sin embargo, el principio de no intervención trasciende la esfera militar. La mencionada declaración de Naciones Unidas dispone que ningún Estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, sea cual sea el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. “Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional”, indica Wilson Fernández.² Esto incluye, por ejemplo, la utilización de medidas económicas o políticas con el fin de coaccionar a un Estado para que “subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden”, así como “organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar” a movimientos armados de naturaleza subversiva o terrorista que intenten cambiar el régimen en otro Estado o la intervención en una guerra civil de otro Estado.

Clemente señala que incluso un comentario del gobernante de un país sobre los asuntos internos de otro puede considerarse violatorio del principio de no intervención, y recuerda que hay casos de quejas diplomáticas por este motivo.

En el caso del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, otorgado por los países del Grupo de Lima, por Estados Unidos y por países europeos, se trata de una persona que no es el presidente electo de Venezuela sino que fue designado para un cargo legislativo. Sin embargo, la Asamblea Nacional de Venezuela entendió que, en aplicación del artículo 233 de la Constitución de Venezuela, estaba habilitada a designar a Guaidó como presidente interino. Este artículo establece que la muerte del presidente, su renuncia, destitución, su “incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional”, el abandono del cargo, así como la revocatoria popular de su mandato, serán considerados “faltas absolutas”. En esos casos, se procederá a “una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”, y mientras se elige el nuevo presidente, debe asumir como interino el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional –en este caso, Guaidó–. Amparándose en este artículo constitucional, hay países que ya han llevado a cabo actos internacionales ligados al reconocimiento de Guaidó. Por ejemplo, Estados Unidos ya anunció que trabajará para intentar que el dinero que paga a Venezuela por la venta de petróleo ingrese al país por medio de Guaidó.

Para Clemente, el reconocimiento de Guaidó y este tipo de acciones son una clara violación del principio de no intervención. La historiadora diferenció la posición de Estados Unidos, que tiene una larga trayectoria intervencionista en América Latina, y de Brasil, que también la ha tenido, aunque en menor medida, en el resto de los países latinomericanos. La posturas actuales de los gobiernos de Argentina, Colombia, Perú y Chile, en cambio, son “insólitas” y sin precedentes en las democracias de la región, consideró Clemente. Para la académica, estas posturas se enmarcan en el contexto más amplio de “un ciclo de formas más autoritarias del Estado”, poco respetuosas del derecho. “Son señores que aparentemente son políticos civiles que tienen que resolver una situación fuera de los cánones usuales, y para eso deben cometer algunos ‘excesos’”, graficó Clemente.

Opertti, en cambio, entiende que no se está violando el principio de no intervención en estos casos. Apuntó que este principio “no ha permanecido ajeno a la evolución de las relaciones internacionales” y que actualmente “hay una fuertísima corriente de opinión, de doctrina, de derecho positivo en materia de defensa de los derechos humanos”. En ese sentido, en el caso de Venezuela se han violentado derechos políticos, como el que tiene la ciudadanía de participar libremente en la elección de sus gobernantes, así como derechos humanos básicos como el derecho a la vida y a la libertad, consideró el ex canciller. “Y en medio de todo eso hay un gobernante que asume una posición militarista, de fuerza, que evidencia que eso es la base que lo sustenta”, sostuvo Opertti.

Clemente discrepó con esta postura. Evaluó que desde el punto de vista jurídico, el argumento de Guaidó para autoproclamarse presidente es “bastante débil”, ya que su elección fue para un cargo legislativo y no ejecutivo, y la legitimidad “tiene que ver con el objetivo con el que se hizo la elección”. Además, recordó que Guaidó fue electo en comicios supervisados por el mismo organismo electoral que proclamó a Maduro como presidente.

La protección de los derechos humanos

Hay doctrina jurídica que entiende que la intervención en los asuntos de otro Estado sería legítima cuando tiende a amparar derechos humanos fundamentales. “No obstante, esta concepción encontraría plena coherencia si existiera un gobierno mundial. En su ausencia, la intervención queda en manos de otros estados, normalmente los que tienen el poder de arrogarse las funciones de policía internacional para preservar o reestablecer determinados valores”, advierte Wilson Fernández.³ El académico cita al diplomático Héctor Gros Espiell, quien argumentaba que el derecho a la asistencia humanitaria genera los deberes correlativos de no impedir dicha asistencia. Gros entendía de todos modos que una intervención humanitaria legítima debe ser solicitada o consentida por los estados intervenidos, y que la acción de intervención no podrá ser resultado de la voluntad de un Estado o de un grupo de estados que actúen por fuera de las competencias de los organismos internacionales.

El jueves, el relator especial de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, Idriss Jazairy, advirtió que la coerción, sea militar o económica, no debe usarse nunca para buscar un cambio de gobierno en un Estado soberano, y enfatizó que debe apostarse al diálogo en Venezuela. “El uso de sanciones por parte de poderes externos para derrocar a un gobierno electo está en violación de todas las normas del derecho internacional”, aseguró. Llamó a todas las partes y a todos los países a “trabajar por una solución pacífica que no lleve a más violencia” y citó al respecto la mencionada Declaración de las Naciones Unidas, que insta a los estados a resolver sus diferencias mediante el diálogo y a evitar el uso de medidas económicas o políticas para coaccionar a otro Estado.

Para la senadora frenteamplista y politóloga Constanza Moreira, el reconocimiento a Guaidó es una violación del principio de no intervención porque no se ha configurado ninguna de las causales previstas en el artículo 233 de la Constitución de Venezuela. “La interpretación constitucional es un mamarracho, y por consiguiente ‘trasladar’ el mandato al presidente de la Asamblea General es un disparate”, afirmó la legisladora.

Opertti admitió que el mencionado artículo constitucional “genera interpretaciones que pueden ser divergentes”, pero opinó que “estamos en una situación de hecho, política, confrontativa”, en la que si bien no hay una “ausencia física” de Nicolás Maduro ni un “vacío formal, material, de su condición de presidente”, sí hay “una fuerte disputa entre la legitimidad y la ilegitimidad de su mandato”.

Para Moreira, otro elemento que viola el principio de no intervención es el intento, por parte de algunos países, de fijarle un calendario electoral a Venezuela. “Como mínimo, nos tratan como a colonias, a las que se les pueden nombrar ‘encargados’”, comentó Moreira. Y, finalmente, consideró “un horror” que algunos países pretendan quedarse con el dinero venezolano. “Las reservas venezolanas en oro depositadas en Inglaterra son de Venezuela, pero se las están quedando los bancos del primer mundo. El Grupo de Lima anunció poco menos que confiscará los activos venezolanos en todos esos países y Estados Unidos dice que se quedará con el producido de las ventas de PDVSA. Eso es robo y confiscación, y va mucho más allá de violar o no el principio de intervención”, remarcó Moreira.

La posición de la cancillería uruguaya

Uruguay y México anunciaron que convocarán a una conferencia internacional el 7 de febrero en Montevideo para “establecer un nuevo mecanismo de diálogo” que “coadyuve a devolver la estabilidad y la paz” a Venezuela. La cancillería uruguaya aún no ha confirmado qué países participarán en esta convocatoria, que ya fue rechazada por Estados Unidos y por Almagro. Además, Uruguay también integrará un “grupo de contacto” propuesto por la Unión Europea (UE), que tendrá su primera reunión la semana entrante en América Latina, según anunció la responsable de política exterior de la UE, Federica Mogherini. La representante aclaró que el objetivo de este grupo no es abrir un proceso formal de mediación ni abrir un diálogo formal, sino “apoyar una dinámica política que el grupo pueda entonces acompañar y consolidar”. La intención es, en un plazo máximo de 90 días, “construir confianza y crear las condiciones para que emerja un proceso creíble, alineado con los principios de la Constitución de Venezuela y que permita a los venezolanos determinar su futuro mediante nuevas elecciones con todas las garantías de un proceso electoral libre y limpio”, sostuvo Mogherini.

Opertti discrepó con la propuesta de diálogo planteada por la cancillería uruguaya y por México. “Entiendo que no es buena política exterior una mediación, porque una mediación supone que las partes aceptan ciertos principios básicos comunes. Antes de la mediación, Maduro debe declarar que está dispuesto a reconocer que la elección, tan pronto como sea posible, será el medio por el cual los venezolanos decidirán qué destino le quieren dar al país, y eso no lo ha dicho. Lejos de eso, desacredita a la Asamblea Nacional, al presidente designado por la asamblea, y desacredita los intentos de los países democráticos, calificándolos de simples asociados de Estados Unidos. En consecuencia, no se dan las condiciones básicas para ese diálogo”, consideró Opertti. Además, afirmó que “ser neutrales entre la democracia y la dictadura no es una neutralidad válida”. “Hay neutralidades que son válidas, justificadas, y hay otras neutralidades que tienen que ver con el interés político circunstancial; en este caso, me parece que esa es la situación”, evaluó.

Para Clemente, Uruguay y México están “muy bien” parados en este tema. Moreira coincidió en que Uruguay actuó “correctamente” pidiendo el diálogo, aunque opinó que ni Guaidó ni el Grupo de Lima ni Estados Unidos van a estar dispuestos a participar en ese ámbito. “No les interesa el diálogo ni una salida negociada, porque la idea es ‘voltear’ a Maduro”, afirmó. Opinó que aunque a la reunión del 7 de febrero asistan sólo países afines al gobierno venezolano, igualmente el encuentro sirve, porque “Uruguay no puede sumarse a esa jauría desatada, mezcla de colonialistas y de malos americanos”.