Cuatro elecciones en España que marcan un punto de inflexión

A mediados de mayo de 2011, miles de españoles salieron a la calle clamando contra la corrupción y contra un sistema bipartidista dominado por conservadores y socialdemócratas que parecía monolítico. Fue el movimiento 15M, que prendió también en otras partes del mundo. En aquel momento, el duopolio político en España comenzó a resquebrajarse, y probablemente ninguno de aquellos manifestantes podría haber anticipado la ruptura que se venía. Ocho años después, el panorama no podía haber cambiado más: hasta cinco partidos se disputan el poder político a escala nacional –ninguno de ellos con una primacía clara–, la inestabilidad se ha vuelto la norma y el debate público se ha empobrecido por la polarización creada y la lógica de vivir en una campaña electoral constante.

La España de la marmota

De unos años a esta parte, la agenda política española se ha convertido en una selección bastante limitada y predecible de asuntos. La corrupción –con sus múltiples formas y protagonistas–, la crisis independentista en Cataluña y el auge de nuevas organizaciones políticas han conformado buena parte de los discursos y las tertulias. Una y otra vez. Y las elecciones que encara España en estos meses no son una excepción a este fenómeno, sino un punto y seguido a la deriva que llevamos observando desde principios de la década.

El problema territorial en Cataluña sigue siendo el principal tema de la agenda política. La cuestión, absolutamente enquistada, no tiene perspectivas de resolución, por las posiciones que mantienen buena parte de los partidos políticos implicados y que hacen imposible cualquier tipo de negociación o acercamiento. Por un lado, los partidos independentistas –Esquerra Republicana en la izquierda y el Partido Demócrata Europeo Catalán en la derecha– mantienen su apuesta por la independencia a pesar de que sea, en multitud de aspectos, un camino inviable. O, en su defecto, abogan por un referéndum de independencia que para ser convocado legalmente requiere de una reforma de la Constitución, para lo cual no existe la mayoría parlamentaria necesaria. Por el otro lado, los partidos de derecha –Ciudadanos, de corte liberal; el Partido Popular, de perfil conservador; y los recién llegados de Vox, con tintes ultraderechistas– han exigido y aplicado la mano dura contra el independentismo catalán y su gobierno autonómico, desde la detención de líderes políticos hasta la conculcación de la autonomía catalana. En el medio han quedado los partidos de la izquierda española –Partido Socialista Obrero Español y Podemos–, sin un plan definido para desatascar la situación ni demasiado margen de maniobra.

Para rematar la situación, las legislativas de abril se darán con el llamado juicio del procés todavía abierto. Se trata del juicio a distintos políticos catalanes que participaron en el proceso independentista por cargos que abarcan desde el delito de rebelión –previsiblemente con poco recorrido– hasta malversación de fondos públicos para financiar el referéndum de independencia –sin validez legal– del 1º de octubre, una acusación en la que los procesados lo pueden tener más complicado. Con todo, este juicio también se ha convertido en un símbolo: el independentismo argumenta que la sentencia está dictada de antemano por un sistema judicial al servicio del poder político. Para los partidos no independentistas –con la salvedad de Podemos, favorable a un referéndum– puede servir para demostrar la independencia judicial española, y a su vez para poner en fuera de juego a personalidades relevantes del independentismo.

La peor cara de esta crisis territorial es que ha sido activamente alimentada por partidos en uno y otro lado. Las lógicas de la polarización se han convertido en rentables herramientas para la movilización electoral y en ingentes graneros de votos. A mayor tensión, mayor rédito por parte de las formaciones independentistas y de derecha españolas, al fomentar una contraposición al otro que quiere destruir su ideal nacional, sea una Cataluña independiente o una España unida.

Precisamente en este escenario –o como consecuencia de él, más bien– ha surgido la segunda clave de esta tanda electoral, como es el auge de Vox. La formación, ultraconservadora en lo social y ultraliberal en lo económico, irrumpió en las regionales de Andalucía de diciembre como quinta fuerza y llave para un gobierno del Partido Popular, desbancando así a los socialistas, que llevaban cuatro décadas ininterrumpidas en el poder.

Su fórmula no es novedosa, y sigue los patrones que ya han marcado otras formaciones nacionalpopulistas durante estos años por Europa, desde el Frente Nacional en Francia al Fidesz de Viktor Orbán en Hungría. Sus propuestas y discursos han estado orientados a temas susceptibles de crear polémica y con potencial para atrapar votantes desafectos con una derecha a la que acusan de tibia: desde una supuesta invasión de inmigrantes que no es tal hasta la conculcación de derechos fundamentales de personas LGTB, pasando por una cruzada constante contra el feminismo y una posición abiertamente radical en cuanto al conflicto catalán. Sin embargo, aunque muchas de estas propuestas apenas tienen recorrido, han servido para acaparar buena parte de la tensión mediática y para marcarles totalmente la agenda a los otros partidos de derecha, lo cual es un logro importante para una formación nueva y minoritaria. Está por verse qué resultados obtendrá Vox; las encuestas le otorgan cerca de 10% de los votos, aunque también podría verse beneficiado de un cuantioso voto oculto.

Pero este trasvase constante de votos no es reciente. La política española lleva en campaña electoral desde junio de 2018, cuando una moción de censura impulsada por los socialistas desalojó al conservador Mariano Rajoy de la presidencia. De ahí surgió un gobierno en minoría y políticamente débil, que necesita del apoyo de Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes para mantenerse. Fueron estos últimos quienes decidieron bajarse del barco, lo que llevó a los socialistas a convocar elecciones. Sin embargo, se sabía que esto ocurriría antes o después, ya que la aritmética parlamentaria en España es relativamente fácil de leer. Por ello, desde las primeras semanas de gobierno, el Partido Socialista ha ido desarrollando distintas medidas de corte social –como la suba del salario mínimo o la ampliación del permiso de paternidad– orientadas, sobre todo, a generar un impacto mediático positivo y así ganar capital político para unas elecciones que iban a llegar antes o después.

Dos bloques y un destino

No es sencillo anticipar qué pueden arrojar las urnas a lo largo de los meses de abril y mayo. Además del previsible voto oculto, también existe más de 40% de votantes indecisos, cuyo comportamiento ha tendido por años a resolverse en los últimos días de campaña e incluso durante el mismo domingo electoral. Todo ello arroja sondeos y encuestas con amplias horquillas que ofrecen pocas certezas.

Sí sabemos que habrá dos escenarios clave: una mayoría de izquierda encarnada por el Partido Socialista y Podemos, apoyada por algún partido nacionalista periférico, como el Partido Nacionalista Vasco, o una mayoría de derecha en un agregado de los diputados de Ciudadanos, Partido Popular y Vox. No obstante, ninguna de las combinaciones está exenta de costos: en el caso de la izquierda, si es apoyada por nacionalistas –sobre todo catalanes– reforzará el argumento de los partidos de la derecha de haberse aliado con “independentistas y separatistas” –una falsa dicotomía que ha sido frecuente en estos meses–, a pesar de que, paradójicamente, el Partido Nacionalista Vasco ha sido de las agrupaciones que más sentido de Estado han demostrado en los últimos tiempos. En la derecha la situación no es mejor. Su hipotético gobierno dependería del apoyo de Vox, que probablemente condicionaría su ayuda a la derogación o reforma de determinadas leyes claves en su agenda. El antecedente andaluz lleva a pensar que ni el Partido Popular ni Ciudadanos se opondrían a tal apoyo con tal de sacar a la izquierda del gobierno nacional, una actitud que ha sido ampliamente criticada desde fuera de España por figuras como el antiguo primer ministro de Francia Manuel Valls –que ahora se presenta a la alcaldía de Barcelona– o la revista The Economist, que reprochó a los liberales de Ciudadanos que vetaran a los socialdemócratas y no a los nacionalpopulistas para posibilitar un gobierno.

Pero, de nuevo, las matemáticas mandan. Las encuestas no dan como probable una mayoría de ninguno de los dos bloques, y ambos necesitarían del apoyo –o el permiso– de terceras formaciones, nacionalistas o regionalistas, para lograr un gobierno mediante mayoría absoluta en primera votación o con mayoría simple –más síes que noes– en segunda ronda. Si ninguno de los dos lados logra suficiente apoyo, nos iríamos a una repetición electoral, como ya ocurrió entre 2015 y 2016.

Sin embargo, cabe esperar que la hipotética formación de un gobierno en España se alargue hasta junio. El motivo es que los comicios regionales y locales de mayo –que se unen a las elecciones europeas– servirán para corregir o refrendar los resultados de abril, con el añadido de que este segundo domingo electoral puede ser utilizado para intercambiar apoyos locales y regionales por soporte en el Parlamento.

De lo que no cabe duda es de que España vive un clima político nunca visto en el país y que en muchos aspectos se ha vuelto nocivo para la salud democrática. Los debates se han empobrecido y han transitado hacia una política de trincheras con buenos y malos, una negativa constante al diálogo o a otros proyectos en común más allá de aquellas cuestiones en las que se diverge, y todo ello en un clima de creciente desinformación. El resultado sólo puede ser la polarización y un hartazgo cada vez mayor de la política. El momento actual es llamativo echando una mirada al pasado: hace cuatro años el clima era distinto, con dos nuevos partidos al alza, nuevas perspectivas en política –que han acabado en casi nada– y una ciudadanía relativamente interesada y activa. A veces se hace complicado no caer en la trampa de que cualquier tiempo pasado fue mejor.

Fernando Arancón es director de El Orden Mundial.