Principal oponente de Jair Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial y una de las promesas de renovación del Partido de los Trabajadores (PT), el ex alcalde de San Pablo y ex ministro de Educación de Lula da Silva y Dilma Rousseff, Fernando Haddad, fue una de las figuras de destaque en la primera gran protesta contra el gobierno el 15 de mayo, que llevó a millones de brasileños a las calles en más de 200 ciudades contra el bloqueo en el presupuesto de la educación.

Considerado el mejor ministro de los años del PT, según encuestas de Datafolha, y responsable de algunos de los programas más exitosos de ese período, como las cuotas para afrodescendientes y personas de bajos recursos en las universidades públicas, Haddad fue el político más celebrado en la marcha de San Pablo, que reunió a 200.000 personas.

En una entrevista a corresponsales con la presencia de la diaria, el filósofo y catedrático de la Universidad de San Pablo advirtió que Bolsonaro se equivocó al elegir la educación como trinchera y al bloquear 30% de los recursos para el sector, cortando becas de posgraduación. Bolsonaro también promovió un ataque contra los estudios de letras y filosofía, área en la que el petista es una referencia, por considerarlos un despilfarro, y ha propuesto como alternativa invertir en escuelas militares.

Con la popularidad en baja, el mandatario prefirió responder a los manifestantes llamándolos “idiotas útiles”, encendiendo aun más las protestas, que ya tienen nueva convocatoria general para el 30 de mayo. Por primera vez, desde que asumió en abril, la desaprobación a Bolsonaro superó su aprobación, con 36,2% que consideran su gobierno “malo” o “pésimo” contra 28,6% que lo apoya y 31,3% que lo perciben como “regular”, según un estudio de la consultora Atlas Político difundido esta semana.

Las protestas también están pavimentando el camino para la construcción de un frente entre políticos de partidos progresistas –donde Haddad es uno de los principales negociadores–, que tratan de organizarse a partir de una agenda mínima que aborde los temas más golpeados por Bolsonaro, como educación, relaciones exteriores, seguridad pública y derechos humanos.

¿Cómo ve que el actual gobierno presione justamente el área de la educación en la que usted se destacó?

Las manifestaciones fueron mucho más allá del anuncio de los cortes en la educación. Tienen que ver con el maltrato que el gobierno dio al sector, primero durante la elección y después al asumir, el 1º de enero. Bolsonaro eligió la educación como un campo de batalla con ideas que no corresponden a la realidad de la educación. Y Brasil tiene un problema histórico en esa área, que recibió muy poca inversión a lo largo del siglo XX, al contrario de lo que hicieron los países desarrollados. Somos un país retardatario en las inversiones de educación. Al elegir esa trinchera, de la manera ofensiva en que lo ha hecho, ha creado un escenario muy desfavorable para su gobierno, que no se revierte con un retroceso, sino con un cambio de rumbo.

Usted fue aclamado en la marcha de los estudiantes de San Pablo.

Lógico. En el gobierno de Lula más que se duplicó la inversión en la educación básica, en las universidades y en la educación pública. Les abrimos las puertas de las universidades a las personas pobres, a los negros y a los trabajadores como nunca se había hecho antes. Acaba de salir una encuesta que indica que hoy 70% de los universitarios proceden de familias que tienen ingresos de apenas un sueldo mínimo y medio. Eso es espectacular. Brasil tuvo siempre una universidad elitista, desde el punto de vista económico y no intelectual. Ahora, quien está en la universidad es por mérito intelectual. Desde luego, estamos lejos de lo ideal. Pero para quien perdió 100 años estamos mejor.

El actual gobierno rechaza esos avances y dice que heredó una educación quebrada.

Al contrario. Nunca se invirtió tanto en educación. Brasil fue el tercer país que más creció en las pruebas PISA entre 2000 y 2012. Aumentamos las inversiones de 20.000 millones de reales en 2004 a 100.000 millones de reales en 2011. Fue un crecimiento vertiginoso en el que las metas fueron rigurosamente cumplidas. Fui ministro de Educación durante ocho años en un período en que la producción científica brasileña avanzó del 19º al 13º puesto mundial, considerando el impacto de los estudios.

¿A qué atribuye las dificultades de Bolsonaro, que sigue cayendo en las encuestas en sólo cinco meses de gobierno?

Para la clase política no hubo ninguna sorpresa sobre el desempeño del presidente Bolsonaro. Por décadas fue un parlamentario oscuro, que no dialogaba con sus pares y no fue capaz de aprobar ningún proyecto de ley relevante para el país. No existe un único discurso memorable ni memorizable de ninguna intervención que sea digno de nota. Es una persona con debilidades cognitivas muy claras. Apoyar un ser humano incapaz dice mucho de nuestra clase dirigente.

Pero esa clase dirigente apoyó un proyecto económico, el del ministro de Economía Paulo Guedes, fiador de Bolsonaro ante los empresarios. ¿Eso tampoco funcionó?

Desde el punto de vista económico el equipo es un fiasco. No es sólo limitado desde el punto de vista intelectual, sino que también le falta creatividad para ofrecer una alternativa a la situación económica actual, particularmente al desempleo, a los bajos salarios y a la falta de perspectivas. No veo salir de ellos ninguna solución para el país. Veo un gobierno estructurado en tres bloques. El área económica con su ultraliberalismo. Un segundo grupo formado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación, Medio Ambiente y Derechos Humanos, regresivo desde el punto de vista intelectual, que apuesta a valores arcaicos, premodernos y salidos de la Edad Media. Y el tercero es el grupo de tutela e intimidación, de los militares y del ministro de Justicia. Ninguno de esos actores opera satisfactoriamente. No los veo sacando al país de la crisis.

¿Pero la elección de Bolsonaro no es culpa de la desilusión con su partido?

El PT viene sufriendo desgaste desde 2013, por lo menos, cuando comienza a perder parte de la opinión pública. En 2014 la derecha no aceptó el resultado electoral a partir del día siguiente. No digo que el PT no haya cometido errores. El PT debería haber enfrentado el debate para promover una reforma política que discutiese el fin de la financiación empresarial en las campañas, que fue al final una victoria de la Corte Suprema. Además creo que la presidenta Dilma tomó, al final de 2012, una serie de medidas que ella llamaba anticíclicas que sobrecargaron el presupuesto del Estado. Confió en que la crisis internacional sería más pasajera de lo que finalmente resultó. El tercer problema fue el mensaje transmitido durante su campaña en 2014, después de dos gobiernos con excelentes resultados. Tendríamos que haber asumido y dicho, en ese momento, que íbamos a pasar un período de un año tal vez más difícil en función de los desequilibrios internacionales y domésticos. Eso nos habría llevado a la derrota electoral, pero no a la derrota política. Lo sorprendente no fue que el PT no ganase una quinta elección, lo notable fue que la haya perdido frente a Bolsonaro. Fue la derecha tradicional la que no logró construir una alternativa que no fuese otra que la de Bolsonaro.

¿Eso explica la última elección?

Eso explica más la victoria de Bolsonaro que la derrota del PT. La operación Lava Jato aniquiló el sistema político partidario de la forma en que lo conocíamos desde la Constitución de 1988. Entonces, en función de eso, no se produjo esta vez una alternancia en el poder, sino de régimen. La población fue conducida y hasta de cierta forma engañada a identificar a Bolsonaro como un outsider que no había participado en el sistema. Era un falso outsider.

¿Y dónde quedan las protestas anticorrupción que mancharon la imagen del PT?

Tanto fue el engaño que hoy toda la familia Bolsonaro está bajo investigación por conductas sospechosas. Había un problema sistémico, descontrolado, sin unidad ni jerarquía en el Ministerio Público ni en la Policía Federal. Brasil históricamente nunca resolvió el problema del financiamiento de campaña. Y en un país de rasgo patrimonialista, donde la separación entre lo público y lo privado nunca fue muy nítida, cuando eso se transfiere al sistema político y electoral, se crea margen para cualquier tipo de comportamiento. Una zona gris. El riesgo de mala conducta individual es muy grande. Hubo problemas en el PT con la financiación electoral, como hubo en todos los partidos políticos. Se debería haber conducido el proceso de una manera en que se pudiera separar la paja del trigo, y no demonizar a un único partido con expectativas de victoria política. Lo que las fuerzas políticas deberían haber hecho, principalmente las que tenían la expectativa de suceder al PT en las elecciones, es garantizar la imparcialidad de las investigaciones, impidiendo la politización en el Poder Judicial. Debería haberse llevado adelante un proceso de depuración con todas las cautelas para salvaguardar las garantías individuales. Identificar quién se equivocó, efectivamente, investigar la gravedad del error cometido, y garantizar una medición de la pena compatible con esa gravedad, independiente del partido que fuese. Queda claro en determinado momento el tema político. Creo que [el juez Sergio] Moro siempre fue político.

Ahora como superministro de Justicia de Bolsonaro, ¿Moro se volvió un político de verdad?

Dije un político, no un buen político [risas].

Moro fue uno de los ídolos de las protestas contra la corrupción. ¿Dónde cree que se equivocó?

Creo que los empresarios fueron castigados de una forma muy blanda, con reducciones de hasta 90% de la pena. Instituidas por el PT, las normas de indulgencia corporativa y delación premiada podrían haber sido mejor utilizadas, acompañadas de elementos más robustos.

¿Es una crítica a las campañas contra la corrupción?

Nadie con plena consciencia puede estar contra la lucha contra la corrupción en Brasil. Es un país que necesita combatirla. Pero creo que esto debería hacerse de una manera apartidaria, imparcial, salvaguardando las garantías individuales y el derecho de defensa. Hubo un proceso contra mí durante la campaña, que fue archivado meses después de la elección. Un juez aislado consigue afectar el proceso electoral. Tuve que defenderme en la televisión por una acusación absurda. El PT no es un partido que comenzó hoy. Había problemas, por ejemplo, en legislaturas estatales. La mejoría de la legislación de combate a la corrupción es un legado del PT. Nunca se reclamó falta de autonomía en los gobierno del PT, al contrario de lo que vemos con Bolsonaro, que quiere intervenir en el nombramiento del fiscal general. Una organización criminal, como el PT fue llamado, no actúa fortaleciendo a los órganos de control, dándoles autonomía.

¿Cómo ve las alianzas políticas y sociales y el frente que se viene construyendo contra el actual gobierno especialmente con el Partido de la Social Democracia Brasileña [PSDB], tradicional rival del PT?

Personalmente, siempre actué en el sentido de aproximar los partidos del campo progresista, porque sé el alcance de la derecha en el país. El PSDB, específicamente, tiene dirigentes que mantienen vínculos con las tradiciones socialdemócratas originales. Pero esos sectores en verdad hoy no están en la dirección del partido. Quien está al frente es el gobernador de San Pablo, João Doria, que es una extensión del bolsonarismo.

¿Y dónde está Fernando Henrique Cardoso en esa construcción?

Fernando Henrique Cardoso no tiene influencia sobre el partido, con un pequeño barniz socialdemócrata que se perdió. Creo que él está en cierto modo en búsqueda de una alternativa por fuera del partido, que le interesa viabilizar la candidatura de una figura nueva.

¿El PT comparte su visión?

Nosotros apostamos a una sociedad reconciliada, a diferencia de Bolsonaro, que apuesta a la división, en la medida en que pretende mantener su base radicalizada. El PT tiene un camino importante por delante, pero no puede pretender ser la única voz de oposición en el país. Precisa interactuar, en forma conjunta, con otros sectores de la vida política. Y eso es lo que he tratado de hacer. Me he preocupado por estar junto a los sectores más aireados de la sociedad, para mostrar que hay una alternativa progresista al gobierno de Bolsonaro. He conversado incluso con varios líderes mundiales: Bernie Sanders, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Antonio da Costa, José Mujica. Si bien hay una especificidad de la situación brasileña, en función de nuestro pasado autoritario, el mundo liberal se ve amenazado con relación a las libertades básicas. El hecho de que Bolsonaro esté buscando aproximación con Italia, Hungría y Polonia quiere decir mucho. El neoliberalismo en Brasil no se sustenta porque es uno de los países más desiguales del mundo. Es muy difícil mantener una agenda liberal. Lo que distingue a Bolsonaro de [Michel] Temer convierte a nuestro liberalismo en algo completamente diferente al de los países desarrollados. Tenemos una derecha liberal progresista, que es llamada globalista. Y otra xenófoba, regresiva en las costumbres. Hemos conseguido crear la peor derecha.

Hay cuestionamientos sobre esa postura autoritaria y conservadora del actual gobierno. ¿Ve una crisis de la democracia?

Tenemos que pensar la democracia de una forma muy contemporánea. Lo que se llama hoy de “colapso de la democracia liberal”. Aún no hay un peligro para la democracia, pero la democracia liberal está en jaque.

¿Cómo define la democracia liberal?

Se define por el respeto a las minorías, sociales y políticas. Feministas, lesbianas y gais no se sienten seguros en el Brasil de hoy. La oposición tampoco se siente segura, y ni hablar de quienes pretenden expresar un pensamiento crítico. Están amenazadas la ciencia y la autonomía universitaria. También la libertad de expresión. Cuando se drenan recursos para determinados grupos, la dimensión liberal está en juego. No veo riesgos para la democracia formal. Los extremos someten a la sociedad a un estrés permanente. Tenemos un gobierno que está en permanente campaña. No creo que eso sea soportable a largo plazo. Vivimos una paz despótica.

El PT sufrió y cuestionó el impeachment de Dilma Rousseff, un tema que ha vuelto a la pauta con el desgaste de Bolsonaro. ¿Cuál sería la posición del PT si surge un pedido de impeachment contra el presidente?

Puedo decir cuál es mi posición. Esto, que yo sepa, nunca fue discutido en el PT. Lo que vale para nosotros es la Constitución, que establece el alejamiento del presidente sólo si hubiera crimen de responsabilidad. Si esto no existe, y en realidad yo no veo que ahora exista, no hay entonces posibilidad. El gobierno puede ser desastroso, pero en cuanto no se presente tal delito, las chances de un apartamiento del cargo son nulas. En el caso del jefe de Estado, los delitos cometidos antes de la asunción no pueden ser investigados hasta que deje el cargo.

¿Y cómo ve esa política de armar a la población como salida para la seguridad pública?

Las armas son deseos populares de una parte de la población. Uno de nuestros problemas es la división de la seguridad en estados. Un sistema único de seguridad pública debería tener más protagonismo, pero mantuvimos el pacto de 1988, incluso donde estaba equivocado, relegándolo a apenas un artículo de la Constitución y no a un capítulo, como ocurre con los temas importantes. La seguridad pública es un derecho social y en Brasil las policías siempre fueron vistas como instituciones que salvaguardan la propiedad y el poder. Bolsonaro habla de seguridad para defender la propiedad, no como un derecho social.

¿Cómo ve la situación de Lula?

Hablo como su abogado y repito que el proceso que lo condenó no tiene sentido. La historia sabrá hacer su lectura. La prisa del proceso para condenarlo antes de la elección fue evidente. El proceso no se mantiene en pie, no hay pruebas robustas. Si apareciese contra Lula lo que ya apareció contra Bolsonaro... Me imagino que Bolsonaro debe tener miedo de la libertad de Lula.

Verónica Goyzueta, San Pablo