Un informe elaborado por un equipo técnico de la Secretaría General de la Cámara de Diputados brasileña, y otro por la Consultoría Legislativa del Senado, afirman que el decreto firmado esta semana por el presidente Jair Bolsonaro en el que se amplía el derecho al porte de armas para 20 categorías de ciudadanos es ilegal.

Según el estudio, los cambios realizados por el grupo de asesores legales de Bolsonaro están en contra de disposiciones previstas por la ley, de manera que no podrían ser modificados simplemente mediante un decreto, según informó el portal del diario O Globo. La Secretaría General de la Cámara de Diputados informó además que en la Cámara ya ingresaron 15 proyectos de decretos legislativos que tienen por finalidad frenar la iniciativa de Bolsonaro.

De acuerdo al informe de la Secretaría General que fue firmado por Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, quien es analista legislativo de la Cámara de Diputados, la ley violada por el decreto presidencial es el Estatuto de Desarmanento, que es la disposición legal que establece las reglas del porte de armas. Para cambiar una parte de este Estatuto, es necesario realizar una nueva ley al respecto. De acuerdo al informe, cuando se determinó que 20 categorías de ciudadanos automáticamente tengan “efectiva necesidad” de estar armados –entre otros, políticos electos mediante voto popular residentes de áreas rurales, funcionarios de empresas de transporte de valores, periodistas que trabajen cubriendo noticias policiales–, el decreto pasó por encima de la ley. “La ley no permite que una norma que está por debajo de ella establezca la presunción absoluta o relativa del cumplimiento de ese requisito. La ley es clara en el sentido de que debe existir la demostración efectiva de la necesidad del porte de armas, debiendo ser analizado cada caso en concreto por el órgano competente”, dice parte del informe firmado por Andrade Barbosa.

El mismo argumento se expresó en una nota técnica elaborada por la Consultoría Legislativa del Senado publicada hoy, que entiende también que el gobierno de Bolsonaro “se extralimitó en su poder de reglamentar” al editar el decreto que amplía el porte y uso de armas. Según los consultores de la cámara alta del Legislativo brasileño, las nuevas reglas ignoran las exigencias del Estatuto de Desarmamento. “El Estatuto es claro, cuando exige un examen individualizado realizado por la Policía Federal para aquel que pretenda estar autorizado a utilizar un arma de fuego. Si no fuese de esa manera, el decreto podría contemplar a cualquier persona, entidad o categoría, presumiendo, de forma absoluta, que esta necesita el porte de un arma de fuego para el ejercicio de su actividad profesional o para la defensa de su integridad física”, establece el texto de la Consultoría.

El decreto de Bolsonaro, desde su publicación en el comienzo de esta semana, generó muchas reacciones dentro del ámbito político brasileño e incluso podría ser derogado por el Parlamento.

La senadora Eliziane Gama, representante del izquierdista Partido Popular Socialista por el estado de Maranhão, dijo que, al igual que lo que sucedió en la Cámara de Diputados, interpondrá un recurso al decreto del mandatario, argumentando que “la violencia llama a más violencia”, y a la vez defendió mayores inversiones en capacitación a personal policial y a políticas destinadas a la lucha contra las drogas, de manera de reducir los índices de homicidios en el país. Por su parte, en declaraciones recogidas por Agência Senado, uno de los hijos de presidente, el senador Flávio Bolsonaro, defendió la legalidad del contenido del decreto de su padre, ya que a su entender Brasil ya vive en un clima de barbarie, pero sólo los “marginales” tienen acceso a las armas.

Al respecto, el legislador afirmó que “las atrocidades pasan porque las personas de bien están desarmadas y los marginales van sin problema al mercado negro y compran lo que quieren. El decreto no busca transmitir seguridad pública a los ciudadanos, sino poder darle a estos el derecho a tener un instrumento para poder defenderse en igualdad de condiciones”.