La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala cuestiona el pacto migratorio firmado con Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo realidad la política de mano dura contra la inmigración que prometió durante su campaña electoral en 2016. El empeño por construir un muro en la frontera con México, la intención de terminar con el programa que protege a los inmigrantes que llegaron indocumentados a territorio estadounidense cuando eran niños, las redadas masivas o el endurecimiento de normas para los solicitantes de asilo son sólo una muestra de los esfuerzos del gobernante por reducir los flujos migratorios. Sin embargo, en las últimas semanas Trump también ha presionado a los gobiernos vecinos para que bloqueen el paso por sus fronteras.

Primero fue México el que firmó en junio un acuerdo migratorio con Washington que implicó el despliegue de más fuerzas de seguridad en la frontera entre ambos países para controlar el paso de migrantes centroamericanos; según cifras oficiales, ese flujo se ha reducido en más de 35%. El gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador aceptó el acuerdo contra la inmigración irregular bajo la amenaza de Trump de imponer aranceles a productos mexicanos.

El 27 de julio le tocó el turno a Guatemala. También este país cedió a las presiones de Trump, que amenazó con gravar sus exportaciones y las remesas familiares si no cumplía con este acuerdo, y firmó un acuerdo con Washington que difícilmente podrá cumplir, pues implica dar asilo a los migrantes hondureños y salvadoreños que transitan por su territorio camino a Estados Unidos.

Con este acuerdo Guatemala se convierte en un “tercer país seguro”, tal como se denomina, pero el país centroamericano, azotado por la violencia y la pobreza, está muy lejos de ser seguro y de poder ofrecer ayuda a los migrantes cuando su propia población huye del crimen y de la falta de oportunidades.

La firma del pacto tuvo lugar, además, bajo el gobierno liderado por el presidente guatemalteco Jimmy Morales, a quien apenas le quedan unos días en el cargo, ya que el país elegirá un nuevo gobernante en segunda vuelta electoral el domingo 11. Esto hizo aumentar aun más la polémica y la indignación en varios sectores de la población.

Desde la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala denuncian que este pacto se llevó a cabo bajo secreto y con negociaciones poco transparentes. “Para el pueblo guatemalteco significa una ofensa a la dignidad nacional, pues no hubo transparencia y se manejó bajo la mesa. Se trata de un acuerdo que no beneficia a los guatemaltecos, sino que trata de satisfacer un capricho personal del presidente Trump”, dijo a la diaria el titular de esa procuraduría, Jordán Rodas. El procurador interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de que el tratado se declare nulo. El recurso se suma a otros presentados en los últimos días para tratar de frenar este pacto, que elevaría notablemente las solicitudes de asilo en el país.

“No sólo viola la Constitución, sino también la Convención de Viena, que contempla que el acuerdo no surta efectos jurídicos si se firma bajo amenazas, como ha sucedido en este caso”, explicó Rodas. El abogado señaló que Guatemala no ofrece las condiciones de protección de asilo que necesitan los migrantes. “Si es incapaz de dotar de servicios públicos que permitan una vida digna a su población, es irresponsable pensar que tiene las condiciones para proteger a los migrantes que quieren vivir en Estados Unidos bajo el estatus de asilo”, añadió.

Tratándose de un compromiso de tal envergadura y ante el inminente cambio de gobierno en Guatemala, Rodas cree que lo más sensato hubiera sido que el próximo Ejecutivo “asumiera la responsabilidad a través de una negociación abierta y transparente, no oscura como la realizada por Jimmy Morales, que está condenada al fracaso”, sostiene.

Balotaje

Los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta de las elecciones el domingo 11, la socialdemócrata y ex primera dama Sandra Torres y el médico derechista Alejandro Giammattei, también criticaron al actual presidente por firmar el acuerdo migratorio con Washington y lo calificaron de irresponsable. Ambos rechazaron también la forma en la que se llevó a cabo y lamentaron que no se haya convocado a todos los sectores de la sociedad.

Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, obtuvo en la primera vuelta 25% de los votos, mientras que Giammattei, de Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), logró 14%. Según una encuesta de la fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup publicada el 17 de julio, Giammattei lidera la intención de voto con 40% de las adhesiones y Torres ronda el 33%.

Sin embargo, el analista político Daniel Haering dijo a la diaria que en el país no se respira un ambiente electoral. “Nadie está hablando de las elecciones. Prácticamente en esta segunda vuelta se ha hablado de los escándalos del actual Ejecutivo, entre ellos el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos”, dijo el académico español radicado en Guatemala, y afirmó que habrá “un récord de absentismo”.

Independientemente de quién sea el ganador de estas elecciones, en las que están llamadas a las urnas unos ocho millones de personas, los desafíos que deberá asumir el nuevo gobierno serán enormes, pues deberá combatir el desempleo, el crimen organizado, la desnutrición infantil y la corrupción, entre otros muchos problemas.

“Quien gane la presidencia también tendrá el reto de lidiar con esta presión de Estados Unidos, que está doblegando a las instituciones guatemaltecas a cambio de migajas, así como revitalizar la confianza en el sistema y gestionar un Estado corrupto e ineficiente”, añade Haering.

A esto se suma también que el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), que fue instaurada en 2007 con el apoyo de la ONU y que consiguió destapar grandes escándalos de corrupción, vence el 3 de setiembre. Si finalmente la comisión abandona el país –y todo apunta a ello, pues ninguno de los dos candidatos presidenciales ha apoyado abiertamente su continuidad–, Guatemala podría sufrir un grave retroceso en la lucha contra la impunidad.

Militares, empresarios y políticos que parecían intocables en el país centroamericano terminaron en prisión tras ser acusados por este organismo, que ha trabajado a lo largo de 12 años junto con el Ministerio Público. De hecho, la Cicig no sólo se atrevió a acusar de corrupción a figuras importantes, incluyendo a familiares de Morales, sino que también investigó al propio presidente por presunto financiamiento ilegal durante su campaña. Esa fue precisamente la gota que colmó el vaso para el gobernante, que en 2017 comenzó su particular cruzada para expulsar del país a esta misión anticorrupción y al comisionado que la ha liderado en los últimos años, el ex magistrado colombiano Iván Velásquez, a quien acusó de violar leyes locales e internacionales.

Por su parte, esta semana la Cicig advirtió en un informe que el sistema judicial de Guatemala continúa “cooptado” y aseguró que el país necesita reformas legales para frenar la corrupción.