Milicias avanzan en una reserva ambiental de Río de Janeiro

“¿Usted cree que yo no tengo miedo? Tengo. Ellos saben quién soy. Pero no soy la única que tiene miedo”, dijo la profesora Marlucia Santos de Souza, inclinándose sobre la mesa para estar más cerca del grabador, como si tuviese temor de ser oída. No había nadie más en el lugar. “Todo el mundo sabe, ya es público y notorio que São Bento está controlado por las milicias, así que los habitantes tenemos que lidiar con esa falta de alternativa, pero también tenemos que defender los derechos. Denunciarlo es un camino para crear una posibilidad de abrir paso a la solución”, agrega. Marlucia es una mujer de baja estatura y aire valiente: sus lentes azules contrastan con sus cabellos negros, lacios y hasta el hombro y con las ropas largas, neutras.

El 7 de marzo, funcionarios de la Policía Federal (PF) de Brasil le pidieron que los acompañara en una diligencia policial dentro de un área de protección ambiental. Además de ser profesora de enseñanza media en una escuela pública de la Baixada Fluminense, en Río de Janeiro, Marlucia es coordinadora del Centro de Referencia Patrimonial e Histórico de Duque de Caxias, municipio de la región metropolitana de Río de Janeiro, y actúa también como secretaria ejecutiva del Consejo Municipal de Defensa del Medio Ambiente.

Los policías querían investigar un esquema de ocupación ilegal de tierras denunciado por los habitantes de Guedes, una comunidad también conocida como Novo São Bento, en Duque de Caxias. Desde agosto de 2015, los habitantes denuncian a los órganos públicos que las milicias avanzan en esa comunidad en la que viven más de 100 familias, según líderes locales.

Las milicias brasileñas, localizadas principalmente en la región metropolitana de Río de Janeiro, son grupos formados por funcionarios de seguridad pública activos y retirados que controlan militarmente áreas geográficas bajo el pretexto de combatir bandas de narcotraficantes, y extraen ganancias con la cobranza de comisiones y la venta de servicios y bienes urbanos como terrenos, agua, vertederos. En Guedes, el objetivo de la ocupación por parte de los milicianos sigue la misma línea: lucrar con la venta ilegal de terrenos.

Cercada por los ríos Iguazú y Sarapuí, Guedes parece brotar de un oasis verde, ya que el área está rodeada de manglares y espadañas, una planta que crece en regiones pantanosas. La venta de lotes y las nuevas construcciones no son permitidas en el área de São Bento, que es pública. De acuerdo con el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), del gobierno federal, el terreno fue adquirido por el Estado en 1931.

Por otra parte, la comunidad queda dentro del área de preservación ambiental (APA) São Bento, con más de 1.000 hectáreas, que abriga uno de los últimos remanentes de mata atlántica próxima al centro urbano de Duque de Caxias. La APA fue establecida como espacio ecológico en 1997 por un decreto municipal –cuando allí ya existía la comunidad de Guedes–, según el cual “no son permitidas actividades que causen degradación o impactos ambientales”. Aunque ilegales, las subdivisiones y la venta de terrenos en el lugar persisten hace casi tres décadas.

En cuatro meses de investigación, Agência Pública reunió documentos, oyó testimonios y conversó con los órganos públicos al frente de las investigaciones. El reportaje descubrió que los habitantes conviven con el miedo y el vaivén constante de camiones de volteo que son usados por la milicia para rellenar y subdividir más terrenos ilegales. Para empeorar la situación, la alcaldía construyó un puente que facilita la entrada de los camiones de escombros.

A esto se suma que una investigación policial que seguía el avance de la ocupación ilegal de tierras en Guedes fue archivada por el Ministerio Público Federal (MPF). Un comunicado emitido por el MPF afirmaba que la PF no consiguió a lo largo de los últimos cuatro años “localizar el lugar de la subdivisión ilegal de terrenos y a las personas involucradas en el ilícito”. Sin embargo, Agência Pública obtuvo un informe de la diligencia de la PF que contradice esa afirmación.

“Se trata de un área en proceso de relleno, en la cual ya existen edificaciones de albañilería y señales de avances del relleno [del terreno]”, dice el informe de la PF. El documento relata incluso que “fue posible obtener informaciones de que el área está controlada por milicianos y que estos tienen influencia en la Alcaldía y en escribanías de la región para legalizar las áreas invadidas y que hay otras áreas de la reserva que se están rellenando también”.

Las constataciones fueron tan alarmantes que el procurador Júlio José Araujo Junior, del MPF del municipio vecino, pidió en abril la reapertura de las investigaciones. “Esa práctica [de subdivisión ilegal de tierras] se renovó, y ahora nosotros tenemos otra investigación a partir de los datos de la diligencia que fue hecha”, explicó el procurador.

En un área de riesgo

La propia comunidad de Guedes fue fundada por milicianos. Al final de la década de 1990 y a comienzos de los años 2000, las milicias subdividieron y vendieron los terrenos a cerca de 80 familias, que permanecen hace casi tres décadas en el lugar.

Las familias que viven allí dicen haber sido engañadas por los milicianos cuando adquirieron sus casas. “Nosotros fuimos a la escribanía, a la primera oficina, que reconoció la firma. Para nosotros todo era legal”, dice un habitante de Guedes que no quiso revelar su identidad. Muchas de las que viven allí son familias pobres que vinieron del nordeste en busca de trabajo en Río de Janeiro y llegaron con el sueño de construir una casa propia. Hoy, conviven con el miedo en una zona controlada y con planes de expansión.

Además de que la venta de las tierras es ilegal, el terreno donde hay relleno sobre la vegetación nativa y construcción de nuevas casas fue evaluado como área de riesgo, ya que Guedes queda encima de un pólder –área de inundación natural por el desbordamiento de los ríos Sarapuí e Iguazú–. Cuando llueve, el agua de los ríos se desborda hacia Guedes, inundando las casas de los habitantes. Además de que se exponen a ese riesgo, las personas que construyen en esas tierras aumentan el peligro de inundaciones en el resto de las áreas ya ocupadas del barrio São Bento y en zonas vecinas.

En 2012, el órgano de fiscalización ambiental del Estado, en colaboración con el Ministerio de las Ciudades, prometió integrar a los habitantes de Guedes al programa de viviendas Proyecto Iguazú, para reubicarlos en un lugar más seguro. El programa preveía el reasentamiento de 2.500 familias que viven en áreas de riesgo de inundación en los márgenes de los ríos y la realización de obras para contener los desbordamientos. Sin embargo, en junio de 2017, los habitantes recibieron la noticia de que el proyecto había sido cancelado.

El fiscal Júlio Araujo afirma que la alcaldía no parece interesada en reubicar a los habitantes. “Intenté revertir eso llamando a la alcaldía y fue un diálogo muy difícil, porque la alcaldía no quiso cooperar. Tenía otros planes para el área. Y ahí, a partir del momento en que usted no consigue dar una solución en la promoción, en la concreción de ese derecho, entramos en un plano de buscar la responsabilidad por lo que sucedió, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy en el plano civil”, dice el fiscal.

Mientras los planes para la expansión ilegal de Guedes continúan, la alcaldía parece estar más interesada en adelantar otra obra: un puente cuya construcción está siendo investigada por el MPF. Se trata de la ampliación de un puente dentro de la APA São Bento, construido por los habitantes para facilitar el paso a la comunidad de Guedes. Después de que fueron hechas mejoras por la prefectura, el puente permitió el paso de vehículos mucho más grandes. La obra, según el informe que hizo la PF en marzo de 2019, “posibilitó el acceso de camiones que llevan escombros para rellenar la referida área”.

“El Municipio de Duque de Caxias se está presentando como un notorio violador de las normas ambientales y de destinación socioambiental para inmuebles”, destacó el MPF en una recomendación emitida el año pasado. El documento apunta incluso que Duque de Caxias es investigado en no menos de seis causas por la violación de normas ambientales que involucran inmuebles.

Señal a las milicias

La suspensión del proceso de reubicación por la alcaldía dio una señal clara a las milicias, según Marlucia. “Ahí es que yo creo que fue la fiesta de los lobos”.

Para ella, la reubicación de los habitantes habría ayudado a imponer el control del poder público en la zona, dejando el mensaje de que las nuevas construcciones no serían permitidas de ahora en adelante. Pero, como el traslado de los habitantes no se concretó, dice, se abrieron las puertas para un nuevo avance.

“Las milicias vienen y no tienen más frenos para sus proyectos de expansión, y eso se consolida. Cuando la PF vino, una de las cosas que los policías preguntaron fue cómo es que esos tipos consiguieron postes de luz para acá, si es tierra del Incra y es área de preservación ambiental. Aquí las milicias son los alcaldes del lugar. Ponen carteles de señalización, abren calles. Cuando todavía no tienen un domicilio, crean una asociación para recibir correspondencia, para recibir las mensualidades. Ellos son el Ejecutivo aquí”, dice.

El nuevo proceso de ocupación y de relleno de predios se desarrolla desde hace dos años y continúa a todo vapor, según dijeron a Agência Pública habitantes de la zona. Comienza con la quema de la vegetación para abrir espacio para lotear los terrenos. “Primero [los milicianos] prenden fuego, porque hay bosque, hay vegetación, hay manglares, hay espadaña”, explica Marlucia, que es una de las autoras de la denuncia. La práctica ya constituye por sí sola un crimen ambiental, porque ocurre en plena área ecológica protegida por ley.

Luego vienen los escombros, compuestos de residuos de construcción civil, a gran escala, y la venta de lotes por 11.000 reales [unos 2.700 dólares]. “Usan esos escombros para rellenar y después venden los lotes a crédito a los trabajadores pobres”, continúa Marlucia, y destaca que los escombros también contaminan el suelo.

Todos los días, los habitantes despiertan con el ruido de camiones vertiendo escombros alrededor de sus casas. Según los residentes, la acción ocurre de madrugada para que pase desapercibida, y el objetivo de los escombros sería construir la base de nuevas casas en el área.

Los camioneros, que llegan a diario, no se identifican al entrar en Guedes, y, debido a las condiciones de seguridad, habitantes y policías no saben decir cuál es la fuente de los escombros, pero el informe de la pesquisa de la Policía Federal confirma la versión de los habitantes de que el flujo de los vehículos, así como el lugar, es controlado por la milicia.

Durante el día, la población de Guedes está obligada a convivir con basura, polvo y caos. “Hoy el lugar para mí es un escenario de guerra. Parece que cayó una bomba ahí. Es muy feo. Se convirtió en un basurero”, dice un habitante. “Nosotros tenemos vergüenza de invitar a las personas a donde vivimos, porque cuando uno llega ya ve los escombros, basura, un inodoro”, completa otro residente.

La cristalización de las milicias

La trama es un ejemplo de cómo se va construyendo un territorio dominado por las milicias, según el sociólogo José Cláudio Souza Alves, que estudia la expansión de estos grupos en Río de Janeiro desde hace 26 años.

A pesar de ser más conocidas por prácticas como ejecuciones, tráfico y cobranza de “comisiones de seguridad” a los habitantes de las comunidades que controlan, Souza Alves afirma que la principal práctica de las milicias en Río de Janeiro es la venta de terrenos e inmuebles. “La venta de terrenos e inmuebles es la gran práctica de las milicias y existe desde hace ya mucho tiempo. No es de hoy, sólo que ahora se volvió una cosa incontrolable, monstruosa”, dice, y afirma que las milicias cariocas son poderosas porque mantienen lazos estrechos con el mundo político, sin los cuales no tendrían la actuación y la fuerza actuales.

En el caso de Guedes, la actuación de las milicias estaría todavía en su fase inicial, pero para Souza Alves la tendencia es la expansión. “Para vender casas usted tiene que tener un terreno para construir, entonces la lógica es agraria, es la lógica de mayor extracción para que puedas obtener una ganancia mayor”, dice.

En Guedes, la milicia está comenzando a actuar en la venta de servicios clandestinos como la distribución de agua, luz, gas y hasta señal de televisión por cable robada. Según los habitantes, aunque la gama de ofertas de servicios está creciendo, ellos todavía no se sienten obligados a utilizarlos. “Por ahora sólo ofrecen servicios; después pasan a cobrar comisiones y a obligar a usar el servicio”, dice un habitante. “El futuro allí va a incluir que tengas que pagar por entrar a la casa. Ese futuro está bien cercano, está muy cerquita”, complementa otro.

Un habitante del lugar dice sentirse completamente abandonado por el poder público. “Nos sentimos como un bicho, como si fuéramos un bicho al que nadie escuchara gemir. Porque la realidad es esa: estamos pidiendo ayuda”.

“Soñamos con un proyecto para São Bento de arborización, de recuperación de los ríos Iguazú y Sarapuí. Tiene potencial turístico, de investigación, de calidad de vida para los habitantes. Nosotros soñamos con tener a los habitantes con agua y con luz, sin intervención de la milicia, sólo que vemos que no lo alcanzamos. ¿Cómo usted va a mover multitudes para detener eso si existe el miedo?”.

A pesar de eso, Marlucia ve esperanza en la insistencia de los habitantes en denunciar los ilícitos que persisten desde hace décadas en Guedes. “Aquí hay varios que hicieron denuncias al Ministerio Público. Son muchos. Eso es algo bueno”, dice.

Este artículo fue publicado por Agência Pública. Traducción de Diajanida Hernández.