El gobierno de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y legisladores de Estados Unidos manifestaron su preocupación por lo que ocurre en el Irwin County Detention Center, una cárcel para mujeres migrantes indocumentadas que funciona en el estado de Georgia. Todos ellos pidieron que se investiguen las denuncias de que varias de ellas fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos ginecológicos invasivos y que se explique por qué.

Unos 170 diputados pidieron la semana pasada al Departamento de Seguridad Nacional que lleve adelante esa investigación y esclarezca si hubo esterilizaciones forzadas, como denunciaron organizaciones civiles, entre ellas Project South y Government Accountability Project. La diputada demócrata Pramila Jayapal, una de las que impulsaron ese pedido, dijo que 17 o 18 mujeres pasaron por procedimientos médicos innecesarios, entre ellos la extirpación del útero, “a menudo sin el consentimiento o el conocimiento apropiado, y con la clara intención de esterilización”.

Una docena de congresistas visitó la prisión el fin de semana pasado para conocer de primera mano la situación de esas mujeres. Al salir, dijeron en una conferencia de prensa que quedaron impresionados. “Lo que escuché ahí es horrendo. Mujeres llorando, con dibujos hechos a lápiz, pidiendo ser liberadas, contándonos sus historias. Fueron sometidas a procedimientos y no les dieron información sobre qué les hicieron”, dijo la diputada Nanette Díaz Barragán, según informaron la agencia de noticias Efe y Deutsche Welle. También Jayapal dijo que ocho mujeres con las que conversó le contaron que fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos, en la mayoría de los casos sin su consentimiento.

La situación en ese centro llamó la atención a partir del testimonio que dio a The Intercept una enfermera, Dawn Wooten, que trabajó allí como funcionaria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés). Si bien esta cárcel del condado de Irwin depende del ICE, está gestionada por una empresa, LaSalle Corrections, que está a cargo de 18 cárceles en Estados Unidos, informó ese artículo del 14 de setiembre.

A partir de esa publicación comenzaron a surgir las denuncias, y también se comenzó a mencionar el nombre del ginecólogo Mahendra Amin. El ICE respondió que desde 2018 sólo dos mujeres detenidas en el Irwin County Detention Center habían sido sometidas a una histerectomía, y que Amin ya no atiende a las migrantes que se encuentran allí. A su vez, los abogados del médico dijeron que todos los procedimientos que aplicó eran necesarios. Pero los testimonios insisten en que existieron cirugías ginecológicas no consentidas y tampoco justificadas.

Investigación paralela

Algunas de las mujeres que se encuentran en el Irwin County Detention Center o que pasaron por allí son mexicanas. Por eso, el canciller de México, Marcelo Ebrard, envió el lunes una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para conocer la situación y pedir datos sobre “medidas de atención médica” en esa cárcel. Dijo que México lleva adelante su propia investigación sobre lo ocurrido. “Sabemos de seis casos de migrantes mexicanas, pero puede haber más. Esto tiene que esclarecerse”, afirmó.

La cancillería comunicó que funcionarios del consulado mexicano entrevistaron a 18 mujeres que pasaron por ese centro y que ninguna dijo haber sufrido una histerectomía. Sin embargo, agregó que a una de ellas se le aplicó un procedimiento quirúrgico ginecológico sin que hubiera registro de su consentimiento.

También la CIDH manifestó su “grave preocupación” por lo que ocurre en el centro de detención de Irwin. En un comunicado citado por Efe, recordó que “el Estado tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción y de obtener el consentimiento previo, libre y plenamente informado, antes de realizar cualquier intervención médica, inclusive la esterilización quirúrgica”. Llamó a Estados Unidos a “poner fin inmediato a las esterilizaciones forzadas, investigar de forma diligente los hechos, sancionar a las personas responsables y tomar medidas de no repetición, garantizando el acceso efectivo a la Justicia de las personas afectadas”.

Violencia histórica

En la resolución en la que pidieron que se investigue este centro de detención, los congresistas recordaron que “hay una historia vergonzosa en Estados Unidos” de esterilizaciones forzadas. Durante el siglo XX, en 32 estados se “aprobaron leyes de eugenesia y esterilización que resultaron en la esterilización de 60.000 a 70.000 personas”.

En un artículo publicado en agosto en The Conversation, Alexandra Minna Stern, profesora de Cultura Americana, Historia y Estudios de Mujeres de la Universidad de Michigan, informó sobre los resultados de una investigación reciente sobre estas prácticas y señaló que a lo largo del tiempo cambiaron las tendencias en la aplicación de esas leyes. Un equipo de investigadores del Laboratorio de Esterilización y Justicia Social concluyó que al principio, en la década de 1920, se enfocaban en personas a las que se calificaba como “con debilidad mental”, tanto hombres como mujeres. Pero décadas después, esas prácticas se enfocaron en las mujeres y en todos aquellos que no eran blancos: indígenas, negros y latinos. De este modo, “la eugenesia amplificó el sexismo y el racismo”, afirmó Stern.

Las leyes que amparaban esas prácticas –y que, recordó, sirvieron de modelo a la Alemania nazi–, se inauguraron con la de Indiana, en 1907, y continuaron vigentes hasta la década de 1960. Otra académica, la historiadora Miroslava Chávez-García, docente de la Universidad de California, recordó en una entrevista con Deutsche Welle que incluso después de esa década se registraron esterilizaciones forzadas en cárceles de mujeres de California, uno de los estados que más utilizaron esa práctica. “Entre 1997 y 2010 un centenar de mujeres fueron esterilizadas en esas prisiones”, dijo. La mayoría de ellas eran pobres, no eran blancas y ya tenían hijos. “Las víctimas han sido no sólo migrantes, también prisioneros, gente considerada inepta [...] y personas que padecen alguna deformidad física, incluso aquellos que por sus hábitos no han sido considerados normales”, agregó Chávez-García.

Sin consentimiento

En el caso de la cárcel del condado de Irwin todavía no está claro que haya ocurrido lo mismo. En cualquier caso, los testimonios coinciden en que fueron recurrentes los procedimientos quirúrgicos ginecológicos no consentidos o ni siquiera comprendidos por las mujeres a las que se los practicaron.

Un artículo de The New York Times publicado el martes, para el que fueron entrevistadas 16 mujeres que pasaron por ese centro, cuenta el caso de Wendy Dowe, de 48 años, que estuvo detenida allí en 2019. Ella se enteró de que la iban a intervenir cuando la sacaron los guardias para llevarla a practicarle la cirugía. Recién entonces el médico le dijo que había que extirpar tumores que le causaban dolores, y ella se sintió obligada a aceptar el procedimiento. Pero después, ya deportada a Jamaica, otros informes médicos pusieron en duda que haya tenido ese tipo de tumores.

Otra mujer, Yuridia, de 36 años, pidió ayuda cuando llegó al centro de Irwin porque le dolía una costilla. Su ex pareja la había golpeado poco antes de que la detuvieran, informó el periódico. La enviaron al consultorio de Amin, pero en lugar de revisarle la costilla, el médico le realizó un examen vaginal, dijo. Allí mismo Amin le diagnosticó quistes riesgosos y agendó una cirugía, a la que Yuridia fue sometida semanas después. Al igual que en el caso de Dowe, informes médicos posteriores no encontraron motivos para esa intervención.

El periódico consultó con ginecólogos sobre los datos médicos de las 16 mujeres, y los médicos concluyeron que, al parecer, Amin recurría “sistemáticamente a la intervención quirúrgica, incluso cuando no parecía médicamente necesaria”, y lo hacía pese a que existían otros tratamientos menos invasivos. De acuerdo con The New York Times, los médicos contratados para tratar a las personas detenidas en centros del ICE cobran miles de dólares por cada procedimiento de este tipo.

Dentro del Irwin County Detention Center, una de las mujeres presas le preguntó el fin de semana a una de las congresistas por qué tardaron tanto en ir a ayudarlas. Afuera, un grupo de manifestantes de la organización Georgia Detention Watch pedía la liberación de esas mujeres y el cierre definitivo de la cárcel.