Nuevas militancias en América Latina: dirigentes jóvenes de distintos países presentaron sus luchas sociales y políticas

Representantes del movimiento estudiantil chileno, de la lucha por el derecho al aborto en Argentina y de las organizaciones de mujeres negras en Brasil participaron el martes en un encuentro virtual que fue seguido por más de un millar de personas. La actividad se llamó “Jóvenes radicales: persistencia y emergencia de los movimientos juveniles en América Latina” y fue convocada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y Transnational Institute (TNI). Dirigentes jóvenes de Guatemala, México y Colombia completaron el panel, que se refirió a las luchas sociales y políticas propias de cada territorio y también a los objetivos comunes: la educación, el trabajo, el fin de la violencia, la igualdad de género, el derecho a participar en la política.

“La juventud gana su espacio peleando, y muchas veces no estamos acostumbradas ni acostumbrados a tenernos de referencia”, dijo Ofelia Fernández, dirigente argentina cuya voz se hizo escuchar en 2018, durante las movilizaciones por el derecho al aborto, y que en 2019 se convirtió en la legisladora más joven de la región al asumir su banca en la Legislatura porteña, elegida por el Frente de Todos a los 19 años. La dirigente celebró que el encuentro permitiera establecer contactos entre militantes jóvenes de distintos países que no suelen tener ámbitos comunes.

Chile y victorias pendientes

También fue celebrado en los discursos el resultado del referéndum del domingo en Chile, en el que arrasó el voto a favor de una nueva constitución y de que esta sea redactada por una convención constitucional elegida para esta tarea, sin espacios reservados para los actuales legisladores. Así lo habían reclamado miles de jóvenes chilenos que participaron en las movilizaciones que comenzaron hace un año y que fueron determinantes para que se convocara esta consulta.

Víctor Chanfrau, ex vocero y actual encargado de relaciones públicas de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile, destacó la “abrumadora” respuesta de los votantes, pero también llamó a “no caer en trampas” y advirtió que hay otras demandas, además de la constitución.

Recordó que el movimiento social reclama la salida del presidente Sebastián Piñera, denuncia las “violaciones a los derechos humanos con las que se ha mantenido su régimen” y pide la “libertad de los presos políticos”. Aunque no lo especificó, este último punto alude a la liberación de personas que fueron detenidas en el contexto de las protestas y de algunos otros militantes sociales y políticos acusados de diversos delitos.

Chanfrau dijo que está pendiente de respuesta también el reclamo de que se juzgue a los funcionarios que “hirieron, mutilaron o asesinaron” a manifestantes y a quien les “ordenó disparar”, y que haya una reparación de parte del Estado a esas víctimas o sus familiares, en el caso de las que murieron. A estos reclamos se suman otros, que abarcan desde cambios en el salario mínimo hasta la legalización del aborto.

Guatemala y el regreso de la política

Como Chile en 2019, también Guatemala tuvo su estallido social, en este caso en agosto de 2015, cuando una multitud indignada salió a la calle para pedir la salida del presidente de entonces, Otto Pérez Molina, que estaba acusado de liderar una red de corrupción. Finalmente, el gobernante se vio obligado a renunciar.

La guatemalteca Briseida Milián Lemus, otra de las participantes en el encuentro de Clacso y TNI, fue parte del colectivo JusticiaYa y es cofundadora del Instituto 25A, dos organizaciones que surgieron de aquellas protestas. Dijo que hasta ese momento en Guatemala “había pocos espacios de participación” y una “despolitización sistemática intencional”. A partir de entonces, comenzaron a abrirse nuevos espacios y ella empezó a militar en política, a hacer “un esfuerzo de politización de lo cotidiano”.

Explicó que los partidos políticos no ofrecían grandes posibilidades de militancia, porque se creaban para las elecciones y duraban cuatro años. Además “la participación política es constantemente atacada por personas del gobierno, por diputados, por empresarios”, y existe “una alianza de las élites empresarial y militar muy conservadora” en el país.

“Eso se vio muy claro porque después de esta regeneración de 2015 las organizaciones más potentes fueron las estudiantiles, las feministas y las de diversidad sexual, y eso llevó a que hubiera incluso iniciativas en el Congreso para intentar criminalizar las preferencias sexuales o el aborto, incluyendo el aborto espontáneo”, dijo. “Hubo un montón de ataques que vienen desde la institucionalidad con tal de detener los espacios que se están generando, que están movilizando y que están intentado politizar la cotidianidad”, explicó.

“En Guatemala casi que ‘política’ es una mala palabra. Para nosotros reconocernos activistas fue algo muy raro”, explicó la dirigente. “Lo que estamos tratando de trabajar es eso, que hablar de política con la familia sea posible, que tener espacios donde se pueda activar campañas sea posible, que puedas armar articulaciones sin miedo”.

Tiempos de Bolsonaro y de Marielle

“Junto a otras mujeres, queríamos ampliar la experiencia de mujeres negras jóvenes en espacios de poder, y creamos Mulheres Negras Decidem”, cuenta Ana Carolina Lourenço, que en su militancia trabajó junto a Marielle Franco, la edila de Río de Janeiro asesinada en 2018. “Cuando Marielle fue asesinada, eso cambió todas las miradas, sobre todo en el movimiento feminista de Brasil”, afirmó.

También hubo “un antes y un después” de la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia. Pero cuando Bolsonaro todavía era diputado, “ya existía un movimiento de extrema derecha que se estaba empezando a organizar” y al que había que hacerle frente, recordó la dirigente.

Lourenço comenzó a militar a los 14 años en el movimiento estudiantil desde una postura de izquierda crítica con el Partido de los Trabajadores, al que apoyaba su familia. “Yo quería que las promesas de cambios democráticos implicaran que no hubiera riesgo de las mujeres afro, para los hombres negros de Río de Janeiro”, dijo, y recordó que en 2015 participó en una marcha con esas consignas.

En su opinión, las “afirmaciones de que Brasil sufre una crisis de liderazgo, una crisis de imaginario”, son verdad sólo en parte, porque también hay “una reserva de imaginación radical, transformadora, y esta reserva está en la última ola de activismo”.

“Hoy tenemos articuladoras políticas en 17 estados. Para quien conozca Brasil eso es mucho. Hay articuladoras políticas en el norte, en Rondônia, en Tocantins, hay articuladoras en Rio Grande do Sul. Es manejar un movimiento súper fuerte”, dijo. “También hacemos un trabajo de formación, que busca hacer notar que el activismo que las mujeres afro hacen en Brasil desde hace mucho tiempo es político, mostrar que lo que hacen nuestras abuelas, madres, primas es otro proyecto de Estado”, dijo.

Aunque su movimiento no está identificado con ningún partido, tiene entre sus articuladoras a integrantes “de grandes partidos progresistas en Brasil”, y tratan de incidir también en la interna de esos partidos.

Señaló que en Brasil existe la financiación pública de campañas políticas, pero que se aplicaba con “una gran inequidad racial”, y “gran parte de esos recursos, más de 80%, iban para hombres blancos de clase media y de partidos conservadores de derecha”. Pero hace ya un tiempo, el Supremo Tribunal Federal dispuso que esos fondos de aplicaran de manera proporcional. “Puede parecer muy técnico, muy burocrático, pero garantiza que el Estado asume un compromiso político”, concluyó.

López Obrador y las expectativas en México

Fernanda Justo Hernández integra el Colectivo de Jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores de México. Después de militar en el movimiento estudiantil participó en el movimiento Yo Soy 132, que cuestionó en las calles los resultados electorales oficiales que le dieron la victoria a Enrique Peña Nieto en 2012.

Desde hace dos años, el rival de Peña Nieto en esa elección, Andrés Manuel López Obrador, está en el gobierno de México. “Parecía que llegábamos tarde a esta ola progresista de América Latina. Porque hay una visión del actual presidente como parte de ese impulso democratizador y un poco más hacia la izquierda”, dijo la dirigente. Sin embargo, “un conjunto de luchas ayudó a que el gobierno llegara, pero no son esas luchas las que llegan al gobierno, y eso es algo que quedó muy evidenciado, puesto que las distintas problemáticas de fondo no se han solucionado”. Mencionó “la falta de empleo, la falta de acceso a la educación, el deplorable estado en que están servicios como la salud”, la informalidad laboral y la violencia. “Los homicidios y particularmente también los femicidios vienen en aumento” en México, dijo.

“Eso explica también por qué algunos de los movimientos que son en este momento los principales sujetos movilizados son las mujeres, los movimientos feministas, los movimientos de los pueblos originarios en defensa de su territorio, y las madres y los familiares en general de desaparecidos y desaparecidas”, afirmó la dirigente.

“Hay una serie de problemáticas que al mismo tiempo se convierten en agendas, y las organizaciones tenemos que ver cómo las planteamos. No es lo mismo enfrentarse a un gobierno que narrativamente se presenta como de izquierda, como ligado a los movimientos sociales, aun cuando no vemos que en los hechos transforme muchas cosas, que enfrentar a alguien abiertamente neoliberal, representante del mercado y de los poderes oligárquicos. En este momento es más complicado para las organizaciones”, explicó. “Sin embargo, también buscamos la forma en que apoyándonos en estas esperanzas puestas en el gobierno podamos hacer que vaya más allá”, dijo la dirigente. “Nosotros decimos que si el gobierno quiere hablar de transformaciones no puede existir ninguna transformación que no pase por potenciar la participación de los movimientos sociales en general”.

La Nueva Central de Trabajadores, a la que representó la dirigente en el encuentro, se propone “impulsar la organización de sindicatos independientes” y promover “la construcción de un polo social que pueda refrendar esta nueva etapa”, en el que participen los movimientos indígenas, de mujeres y estudiantiles.

La dirigente coincidió con otros de los panelistas del encuentro del martes en que “estamos viviendo una ofensiva de un pensamiento retrógado, de discursos de odio” en el mundo, y en que es necesario observar lo que pasa en distintos países de la región para aprender de esas experiencias, en lugar de “esperar a estar en las mismas situaciones para tener que actuar, y quizás cometer los mismos errores”.

Colombia y la paz

“Yo vengo de una región, el suroccidente de Colombia, que tradicionalmente ha sido una región de lucha. El departamento de Nariño ha sido afectado por los paramilitares”, explicó Alejandro Salazar, coordinador regional de la organización política Juventud Rebelde Suroccidente. “Para abordar el tema de las dificultades y los retos que tenemos actualmente en el país hay que caracterizar un poco al gobierno. Duque es el continuador de toda la política uribista, representantes de los grandes terratenientes, de los despojadores de tierras de nuestro país”, dijo. “Es una clase gobernante que está altamente ligada con la violencia que financia la guerra y se financia de la guerra”, agregó.

“En los dos años que lleva en el poder, se ha venido incrementando y recrudeciendo la guerra con la aparición de distintos grupos armados, ahora con la fuerte incidencia que tienen los carteles mexicanos, especialmente en mi departamento, el Cauca, donde tenemos al cártel de Sinaloa en alianza con el Ejército, con la Policía, asesinando y desplazando a compañeras y compañeros campesinos, indígenas y afro de las zonas rurales para desarrollar el narcotráfico”, afirmó Salazar.

Dijo que el movimiento que integra levanta “tres grandes banderas”: la participación política de los jóvenes, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que al igual que otras fuerzas policiales, como los Carabineros de Chile, ha utilizado “el ataque directamente a los ojos” de manifestantes, que “busca no sólo herir sino también derrotar de manera menos física a esas personas”.

Su organización también busca fortalecer el “movimiento sindical, que aún es muy retardatario, con sindicalistas de vieja data que lo que hacen es aliarse con sectores gubernamentales” y el movimiento feminista. “Colombia es un país en el que se vive una violencia de género muy fuerte, muy grande. Todos los días tenemos noticias de mujeres asesinadas, de compañeras y compañeros trans que son asesinados”, dijo Salazar. Se propone también fortalecer el movimiento agrario. De allí “venimos muchos de los que estamos hoy en este camino revolucionario, pero poco se ha fortalecido el movimiento juvenil dentro del movimiento agrario”, explicó.

Ambientalismo, internet y sistema de cuidados en Argentina

“Yo creo que empecé a militar y movilizarme como parte del legado que dejaron en mi generación los gobiernos de Néstor y Cristina”, dijo Ofelia Fernández. Afirmó que los dos ex presidentes, Kirchner y Fernández, dejaron una democracia con ampliación de derechos y con herramientas para la participación de los jóvenes. Por eso, la agenda del movimiento juvenil que ella representa en Argentina “es similar a la región, pero la estrategia es diferente”.

Después de “dos años de gobierno de Macri, de vuelta del neoliberalismo a Argentina”, el país recuperó “un gobierno que yo banco, por el que milité y que acompaño, pero no creo que para las nuevas generaciones eso implique tener un rol obsecuente, domesticado, sino, por el contrario, ser quienes hagan las preguntas incómodas que obliguen a redoblar la apuesta”, dijo.

Para Fernández, hay cuatro objetivos fundamentales, por los que ella lucha desde sus comienzos en la militancia estudiantil. Uno es el educativo, y dentro de ese objetivo la dirigente destacó que “uno de los principales desafíos es pelear por la conectividad”. Dijo que “parece demasiado específico, pero hoy el acceso irrestricto a internet y a los dispositivos tiene que constituirse como derecho”. En particular “en un contexto de pandemia, la brecha educativa se convierte en la brecha digital, y el Estado debe garantizar el acceso a la educación y también a esa tecnología por lo que implica en sí misma”.

“El segundo punto es el ambientalismo, que, si bien tiene bastante historia, es un emergente por la masividad con la que aparece, pero sobre todo por la perspectiva desde la que se lo construye, que lejos de plantearse de una mirada liberal, individualista, de pequeñas acciones, está empezando a tomar forma de ambientalismo popular, que entienda que la crisis climática no hace otra cosa que profundizar desigualdades sociales preexistentes”, afirmó. A su entender, “justicia social es también pensar en una forma de producción que respete los límites ecológicos y un modelo productivo que no piense en cómo aumentar la ganancia de unos pocos, sino en cómo satisfacer las necesidades de muchas y muchos”.

Un tercer punto es la lucha feminista, “que aborda muchísimos elementos”. En relación con el contexto de pandemia, y a modo de ejemplo, mencionó la necesidad del “reconocimiento económico de las tareas esenciales para la supervivencia de nuestras sociedades”, como la de las enfermeras, las cajeras de supermercado, las cuidadoras comunitarias, “las compañeras que arman los comedores, que arman los merenderos y están en los barrios populares sosteniendo a las comunidades a las que el Estado no llega”. Destacó la necesidad de “un sistema integral de cuidados que comprenda que sostener la casa, la crianza, es una jornada laboral”, y que “reconozca a esas compañeras, que les dé derechos”.

Un cuarto objetivo es social, dijo Fernández, y se trata de atender “las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda, para independizarse, los números particulares de desempleo que sufren las juventudes en relación con la población adulta, las condiciones de precarización laboral que el sistema presenta como casi única opción posible, que son estas economías de plataforma en las que no hay derechos laborales ni jornada laboral determinada, y en las que los sueldos son ínfimos”.

La dirigente dijo que los jóvenes deben “sentirse parte de la agenda propia y promoverla con el cuerpo y la cabeza, militando organizándose colectivamente y comprendiendo que la juventud debe hacerlo”, porque de lo contrario su “futuro no va a tener mayor expectativa que la de reducción del daño de las decisiones que nunca nos invitaron a tomar, así que hay que tomarlas por asalto”.