Ante el pedido de destitución de la actual directora del Programa Nacional de Discapacidad y de la Secretaría de Cuidados, Gabriela Bazzano, por parte de varias organizaciones sociales, el gobierno resolvió respaldarla y pedir una nueva investigación judicial. En el medio, una nueva denuncia penal contra Seamos fue presentada por la Defensoría del Vecino. La jerarca defendió en varios medios su trabajo y adelantó que pretende hacer de su programa una política pública.

Sábado y domingo

El sábado 5 la diaria informó que Seamos, la asociación civil que dirigió Bazzano, fue investigada por Crimen Organizado por la implementación del programa “Familias articuladas”, en el que se entregaban hijos de personas con discapacidad intelectual que vivían en el hogar a otras familias, sin control estatal.

Tras la publicación, varias organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo y pidieron su remoción. La primera en pronunciarse fue la Red Pro Cuidados, que anunció el sábado que además no participará más en el Comité Consultivo de Cuidados, que preside Bazzano, hasta que no se designe una nueva autoridad, “cuya actuación esté alineada con la normativa nacional e internacional en la materia”. Ese mismo día, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay expresó su “enfático rechazo” en torno a las prácticas de Bazzano y su esposo Joaquín Rodríguez Nebot, ambos psicólogos, “reñidas con la ética y que lesionen los derechos humanos de los usuarios”.

Luego, el Frente Amplio pidió la destitución inmediata de Bazzano y adelantó que presentará una denuncia ante la Fiscalía para que se vuelva a investigar el caso, que fue archivado en abril de 2017.

Lunes

La Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que integran más de 20 colectivos, manifestó en un comunicado público su “profundo malestar” y, si bien señaló que la fue causa archivada, agregó que los testimonios en la causa y los hechos relatados “dan cuenta de un tratamiento tutelar inadecuado, con rasgos de abuso de poder, lo que vulnera derechos y principios fundamentales consagrados en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por ley en nuestro país en 2008”.

Además, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) también pidió la remoción de la jerarca, dado que a su entender no brinda “garantías a la ciudadanía de la protección y promoción de los derechos consagrados que el Estado tiene la obligación de defender”.

También se pronunció el Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar). En una resolución aprobada por unanimidad el lunes, manifiesta que “han tomado estado público prácticas de psicólogos [Bazzano y Joaquín Rodríguez Nebot] reñidas con el respeto y la protección de los derechos humanos, en especial de las poblaciones más vulneradas y postergadas”. “No queremos ser cómplices ni condescendientes de estas situaciones”, se expresó.

Martes

El martes la diaria informó que la Defensoría del Vecino había presentado 15 días atrás una denuncia al fiscal de Corte, Jorge Díaz, que fue derivada a la fiscal de Flagrancia, Brenda Puppo, tras recabar el testimonio de una madre del hogar con esquizofrenia que denunció que le habían quitado a su hija.

A raíz de un litigio entre la Intendencia de Montevideo con Seamos por el cese del comodato que la comuna le otorgó en 2004, la asociación civil recurrió a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que derivó el caso a la Defensoría del Vecino de Montevideo. La Defensoría tomó conocimiento de un informe del Municipio C de febrero de 2019, cuando concurrió al hogar, que recogía el testimonio de una mujer con esquizofrenia que denunciaba que se habían apropiado de su hija. En dicho informe también se advirtió que la vivienda “les era subalquilada” a las personas que estaban en el hogar, y se constataron “situaciones claras de vulneración de derechos y abuso de poder, como el maltrato y el engaño como medio para captar a las personas”, entre otras observaciones. El 17 de julio de este año la Defensoría del Vecino concurrió al hogar y constató lo relatado por el informe y otras irregularidades, por lo que terminó presentando todo el material al fiscal de Corte.

También la diaria informó que el presidente, Luis Lacalle Pou, en su investidura de senador, reivindicó el trabajo de Seamos en el marco de la causa que investigaba a Bazzano. El 15 de setiembre de 2016, luego de una inspección al hogar ordenada por el juzgado de Crimen Organizado, el entonces senador nacionalista presentó un escrito ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Ministerio del Interior (MI) para denunciar “irregularidades” en ese procedimiento y, en ese marco, destacó que la asociación civil brindaba “apoyo a padres con discapacidad, que por su condición especial, muchas veces no pueden brindarles el cuidado necesario a sus hijos”. “Por este motivo, el Hogar ha estado trabajando con familias dispuestas a colaborar con la situación de esos niños, que se hacen cargo de la tenencia pero sin que los padres biológicos pierdan la patria potestad o dejen de tener contacto con sus hijos”.

A todo esto, el Mides expresó su respaldó a Bazzano mediante un comunicado y cuestionó el accionar de las autoridades del anterior gobierno porque, según expresó la cartera, el trabajo de la asociación civil era público y conocido. Aunque el Mides apuntó que la Justicia no encontró ningún ilícito, se consideró que era “necesaria la reapertura de la causa judicial archivada” y promover “las investigaciones que se estimen pertinentes para esclarecer cualquier duda y así obrar con la máxima transparencia”.

Miércoles

Bazzano hizo una ronda de entrevistas en varios medios, en los que reivindicó el rol de su programa “Familias articuladas”, manifestó que anteriores autoridades estaban al tanto y adelantó que buscará que la iniciativa se convierta en política pública.

Bazzano dijo a El País que su programa se convirtió en una alternativa para madres con discapacidad que no querían dar a sus hijos en adopción a través del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y dijo sentirse “una pionera en lo que es defender los derechos de las personas con discapacidad”.

En varios medios contó que la articulación se hacía cuando el niño tenía dos o tres años y, a partir de lo que observaban en el jardín y en Seamos, se encontraba “triste” y necesitaba mayores estímulos. “Hicimos consultas con magísteres especializados en familia y nos confirmaron que había carencias en el paternaje y maternaje”. Bazzano dijo en Fácil desviarse que los padres “son como niños, entonces niños con niños...”.

También señaló que el INAU informó que como eran niños que no estaban “bajo su jurisdicción, no tenía nada que objetar”. En Desayunos informales, dijo que se comunicó con el entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, quien manifestó su intención de “iniciar conversaciones” para realizar un convenio. Consultado por la diaria, el ahora senador frenteamplista dijo que mantuvo una reunión en 2014 con Bazzano, a pedido de su esposo Rodríguez Nebot, a quien conocía, pero no se firmó ningún convenio “porque ellos no tenían vínculo con el INAU y la única manera de que el Mides acordara cosas en primera infancia con una ONG es que tuviera un vínculo orgánico con el INAU”.

Jueves

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, se reunió con el presidente para hablar del tema y, tras el encuentro, manifestó que “no hay ningún elemento para separarla del cargo”. El jerarca planteó que están abiertos a lo que pueda surgir de cualquier investigación que se quiera hacer para dar mayor “transparencia” a la ciudadanía.

También sostuvo que Lacalle Pou “tiene una relación de años con ella” y mencionó la defensa por escrito que hizo ante la SCJ y el MI cuando era senador. Por otra parte, Bartol señaló que es necesario “avanzar hacia nuevos modelos”, para que las “mamás sigan teniendo la patria potestad y sigan teniendo contacto con sus hijos, que los puedan amamantar, que sean ellas las primeras responsables de la educación y del cariño de sus hijos”.

Viernes

La oficina uruguaya de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), una organización con más de 70 filiales en todo el mundo, que trabaja por el cuidado de la primera infancia y tiene estatus consultivo en el sistema de las Naciones Unidas, emitió este viernes una declaración pública en la que rechaza el accionar de Bazzano.

En la declaración, OMEP Uruguay recuerda que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Parlamento uruguayo, consagra “el derecho del niño/a a vivir con su familia y a ser cuidado por esta, y el deber del Estado de garantizar los apoyos necesarios para que las familias puedan cumplir cabalmente su rol”.

Se señala que Uruguay ratificó tanto la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y debe cumplir con sus mandatos. En ese sentido, está obligado “a no separar a los niños y niñas de sus familias por razones de discapacidad”; al contrario, tiene que apoyar a las familias “para generar mejores condiciones y fortalecer las capacidades parentales”. En ese sentido, OMEP Uruguay señala omisiones por parte del Estado uruguayo.

También manifestó “preocupación ante la actuación de particulares que sustituyen el rol del Estado en temas sumamente sensibles en los cuales corresponde actuar en el marco de normas y leyes internacionales y nacionales como las anteriormente citadas”. Además, se exige que se tomen las medidas correspondientes para que “este tipo de situaciones no vuelvan a suceder”.

Se pide, además, que se cumpla con las normas internacionales y se garantice “a los niños/as involucrados el derecho a su identidad y el vínculo con su familia de origen interviniendo desde los organismos competentes en las situaciones detectadas a efectos de cumplir con las obligaciones hasta ahora incumplidas”.

También la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD) se pronunció sobre el accionar de Bazzano. La comisión, que es presidida por el Pronadis, manifiestó su “enorme preocupación” por “los hechos vinculados al programa ‘familias articuladas’” promovido por Seamos, así como su “gran interés” en que se retome la causa judicial.

Además, se pide que “mientras se desarrolle la investigación judicial”, se tomen “las medidas pertinentes para que la implicada se encuentre al margen y así otorgar mayores garantías al proceso judicial”.

La comisión también manifiesta su “profundo repudio y rechazo a la designación de toda persona que vulnere los derechos de las personas con discapacidad en la dirección de las políticas de discapacidad de nuestro país”. En esa línea, solicita a las autoridades nacionales “la pronta toma de definiciones políticas para preservar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad”. El documento está dirigido al ministro de Desarrollo Social.

La CNHD funciona en la órbita del Mides, que la preside, y es integrada por representantes de varias carteras, de distintas facultades de la Udelar y de organizaciones sociales abocadas al trabajo con personas con discapacidad.

La Red Temática de Discapacidad (Retedis) de la Udelar manifestó que en el artículo publicado por la diaria “se presentan distintos niveles de denuncia de situaciones de abuso, maltrato y sometimiento a personas en situación de discapacidad, coartando el derecho a ejercer maternidades y paternidades sin discriminación y en igualdad de condiciones”. Estos hechos “atentan contra el concepto de dignidad, pilar constitutivo de los derechos humanos”.

La Retedis manifestó su “compromiso como Udelar en la producción de conocimiento e investigación para aportar a la construcción de políticas públicas basadas en evidencia para el abordaje de estos temas”, así como en formar “profesionales con sensibilidad y ética para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos”.