Con la llegada del coronavirus retrocedieron derechos en América Latina durante 2020

Además de su impacto económico, la pandemia de covid-19 causó un deterioro en la calidad de la democracia y en la vigencia de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, concluye un informe de Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Internacional. Esta organización intergubernamental con sede en Estocolmo articula la participación de varios parlamentos y otras instituciones de países de distintos continentes y cuenta entre sus socios con organismos de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y otros ámbitos internacionales. Su informe para la región del índice Global State of Democracy in Focus señala que, según datos actualizados a finales de octubre, la pandemia “había afectado a América Latina y el Caribe más gravemente que a cualquier otra región del mundo, con más de 390.000 muertes registradas”.

En ese contexto, y “al igual que en otras regiones del mundo, los gobiernos declararon estados de emergencia para promulgar medidas excepcionales con el fin de contener la propagación de la covid-19, otorgando mayor autoridad a los poderes ejecutivos para la toma de decisiones y la suspensión de algunos derechos y libertades”, afirma IDEA Internacional.

Señala que, entre esas medidas, se dispusieron restricciones “ilegales, desproporcionadas, indefinidas o innecesarias”, se recurrió a un uso excesivo de la fuerza policial y se desplegaron militares para forzar el cumplimiento de las restricciones sanitarias. “Se ha utilizado a la policía, y en algunos casos a las fuerzas armadas, para hacer cumplir las medidas respecto de horarios de cierre y apertura en ciertos establecimientos o negocios, toques de queda y las cuarentenas obligatorias, despertando viejos temores de abuso policial y militar”, agrega.

¿Qué tienen en común los estados de emergencia en la región?

Con distinto alcance, “todos los países, excepto tres (Cuba, Nicaragua y Trinidad y Tobago), han declarado estados de emergencia para frenar la pandemia”, aunque se designen con diferentes nombres: en Argentina, “emergencia sanitaria”; en Chile, “estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública”; en Colombia, “emergencia económica, social y ecológica”, y en Jamaica, “estado de desastre”.

Según releva IDEA Internacional, también cambian de un país a otro las medidas que comprenden esas declaraciones y las autoridades que están a cargo de disponerlas, aplicarlas y controlarlas. Pero pueden identificarse líneas comunes. “En primer lugar, una creciente judicialización, que ha abierto la puerta a que los tribunales, en particular los constitucionales, revisen las declaraciones de estado de emergencia”. La Justicia ha tenido que pronunciarse especialmente acerca de los confinamientos obligatorios y los toques de queda que se aplicaron. En segundo lugar, se registra en los tribunales una “creciente influencia y aplicación” del derecho internacional que regula los estados de emergencia.

En cuanto a las medidas adoptadas por los gobiernos en el marco de las declaraciones de emergencia, la mayoría apunta a restricciones a las libertades de circulación y reunión. “Diez países de la región también impusieron medidas de confinamiento a nivel nacional o local en algún momento durante la pandemia”, afirma.

Por otra parte, “más de dos tercios de los países” que declararon un estado de emergencia “especificaron una fecha de finalización” para esas disposiciones, pero la mayoría las han prorrogado al menos una vez. “Entre los diez países del mundo con los estados de emergencia más extensos relacionados con la pandemia de covid-19, casi la mitad (cuatro) son latinoamericanos: Argentina (vence en marzo de 2021) y Brasil, Chile y Honduras (vencen en diciembre de 2020)”, agrega el informe. En promedio, la duración de estas medidas en la región es de 212 días, mientras que el promedio mundial es de 154.

Uso excesivo de la fuerza policial

“De acuerdo con el Monitor Global [de IDEA Internacional], y de manera similar a la tendencia global registrada, casi dos tercios (65%) de los países en la región han implementado medidas para contener la covid-19 que podrían considerarse preocupantes para la democracia y los derechos humanos”, afirma IDEA Internacional. Agrega que son consideradas “preocupantes” aquellas que “violan los derechos humanos o los parámetros democráticos, porque son desproporcionadas, innecesarias, ilegales o indefinidas”. Entre los países que no aplicaron medidas de este tipo el informe incluye a Uruguay, Costa Rica, Jamaica, y Trinidad y Tobago.

El documento dedica un capítulo a los riesgos de un uso “excesivo” de la fuerza policial en el intento de “hacer cumplir las medidas de cuarentena, confinamiento y toques de queda durante la pandemia”, y señala que “si bien existen razones válidas para hacer cumplir estas medidas, particularmente después de una declaración legal de estado de emergencia, las circunstancias excepcionales que estas declaraciones crean con respecto a la suspensión de ciertos derechos y libertades podrían facilitar el uso excesivo de la fuerza policial”.

“En 13 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela) se han realizado detenciones de personas que incumplieron las medidas de confinamiento o toque de queda, o ha habido reportes de casos presuntos o confirmados de uso excesivo de la fuerza policial para hacer cumplir las cuarentenas”, agrega. Esta situación condujo a que en Brasil, por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal prohibiera que la Policía hiciera redadas en las favelas sin autorización de la Fiscalía, aunque no logró evitarlas por completo.

También se ha registrado un uso excesivo de la fuerza contra protestas pacíficas. Sucedió en Ecuador, Colombia y Perú, donde la represión de manifestantes contra la asunción de Manuel Merino como presidente, después de la cuestionada destitución de Martín Vizcarra, dejó dos muertos y un centenar de heridos. Se reportaron detenciones arbitrarias y la desaparición temporal de personas, recuerda el informe.

Fuerzas Armadas y pandemia

Otro asunto que el documento califica de un desafío para la democracia es recurrir a los militares para tareas que no son de su competencia, como se hizo en ocho países de la región en el marco de la pandemia. Se les adjudicaron tareas de transporte, logísticas, de salud y de rastreo de contactos, y en algunos casos, de “mantenimiento del orden público”.

En Chile y en Colombia, donde ya habían sido desplegados militares en respuesta a las protestas sociales, se les encargaron nuevas tareas después de declarar la emergencia sanitaria: asegurar las medidas restrictivas de derechos de reunión y de circulación durante toques de queda y estados de sitio. En Ecuador un decreto incorporó una serie de reglas para el “uso progresivo de la fuerza” por parte de las Fuerzas Armadas “contra reuniones, manifestaciones y ‘otras situaciones de violencia’”, y en México, una nueva Guardia Nacional reforzó a la Policía en sus tareas, recordó IDEA Internacional.

“En El Salvador y Nicaragua los poderes ejecutivos están recurriendo a las Fuerzas Armadas para intimidar a sus rivales políticos bajo el pretexto de la pandemia. En México, en las fronteras con Guatemala y Estados Unidos, las organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación de los migrantes detenidos, citando el hacinamiento en los centros de detención y las deplorables condiciones para adultos y niños”, agrega la organización.

Advierte, citando a su vez a Human Rights Watch, que “deben considerarse las posibles repercusiones que estas nuevas funciones otorgadas a las fuerzas armadas pueden tener para la democracia. Además, la región debe evitar ver este nuevo papel como parte de la ‘nueva normalidad’ una vez superada la pandemia. Es necesario establecer límites claros al rol de las fuerzas armadas, asegurando su obediencia a los mandos civiles y el estricto apego al Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos –otorgar poderes a las fuerzas armadas para hacer cumplir la ley– abre la puerta a graves abusos”.

Crimen organizado y vigilancia

El documento también advierte sobre la persistencia del narcotráfico y el crimen organizado en la región. Señala que en algunos países, como El Salvador o Colombia, la crisis sanitaria favoreció que grupos ilegales sustituyan al Estado en aquellos territorios a los que este no llega. Menciona casos en que esos grupos se han encargado de entregar asistencia humanitaria en México o de imponer cuarentenas a la fuerza en Brasil.

De acuerdo con el informe, otro desafío tiene que ver con el derecho a la privacidad de los datos y el uso de aplicaciones de rastreo de contactos. “En Ecuador, a mediados de marzo de 2020, la declaración de estado de emergencia permitió al gobierno utilizar herramientas digitales para monitorear a las personas bajo aislamiento obligatorio o cuarentena, lo que generó preocupaciones sobre la proporcionalidad de la medida y los posibles usos abusivos de esas herramientas”, señala, a modo de ejemplo. Menciona que Argentina dispuso en cierto momento el uso obligatorio de una aplicación de este tipo, y que en Guatemala, donde faltan leyes específicas de protección de datos –al igual que en varios otros países– “se filtró información privada de personas en cuarentena desde el Ministerio de Salud, lo que llevó a las personas a dejar de usar la aplicación vigente en ese momento, la cual luego fue desactivada”.

Más riesgos y retrocesos

Otros problemas vinculados con las situaciones de emergencia son los riesgos para la libertad de expresión y de información, que a veces pueden verse afectados por medidas para perseguir la desinformación. Como ejemplo, el informe menciona sanciones a médicos e investigadores en Venezuela y Cuba, y persecución a periodistas.

También destaca el aumento de la violencia de género y doméstica, así como de la desigualdad de género. Afirma que es probable que esta crisis “afecte la capacidad de las mujeres para permanecer en el mercado laboral, postularse a cargos públicos y participar en igualdad de condiciones en las esferas económica y política”, y agrega que la mayor demanda de servicios de salud también recae sobre las mujeres, que representan 72,8% de ese sector, de acuerdo con datos de la CEPAL.

Del mismo modo, el trabajo doméstico, que en el Caribe supera el 90% de informalidad en promedio, deja desprotegidas en mayor medida a las mujeres, para las cuales ese sector significa allí entre 10,5% y 14,3% del total del empleo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, más de 70% de las personas que se dedican al trabajo doméstico se vieron afectadas por las medidas de cuarentena. Algunas perdieron el empleo y otras vieron reducidos sus horas de trabajo o sus salarios.

Indígenas, migrantes, afrodescendientes y personas LGBTI también sufrieron un mayor impacto de la crisis generada por el coronavirus, afirma el documento. “Dada la magnitud de la emergencia de salud pública y la consiguiente crisis económica, si no se tienen en cuenta las condiciones y necesidades especiales de estos grupos, es probable que ‘caigan entre las grietas’ de los programas de asistencia sanitaria y humanitaria, así como de las medidas para contener la propagación del coronavirus y para adaptarse a la ‘nueva normalidad’”, advierte.

Menciona que “las medidas implementadas por algunos gobiernos de la región para combatir la pandemia han vulnerado los derechos de las personas LGBTI”, y entre los ejemplos cita el caso de Panamá, donde se establecieron restricciones de circulación basadas en género que “han afectado a las personas transgénero y se ha informado de un aumento en casos de hostigamiento durante la pandemia”.

Desbalance en los poderes del Estado

En otro aspecto, señala que el acceso a la Justicia, “–tradicionalmente limitado en la región— es otro de los derechos fundamentales que se ha visto afectado durante la pandemia”. Cerca de 70% de los países de América Latina y el Caribe experimentaron interrupciones en sus sistemas judiciales vinculadas con la pandemia. “Esto es particularmente problemático en un momento en el que los gobiernos están implementando medidas de acatamiento obligatorio” y cuando aumenta la violencia doméstica, agregó.

Mientras que el Poder Judicial interrumpió sus funciones debido a las medidas restrictivas, y también se dificultó el funcionamiento de los parlamentos, los estados de emergencia “por su naturaleza” ampliaron las competencias del Poder Ejecutivo y debilitaron los mecanismos de control a los que está sometido, señaló IDEA Internacional. Una situación como esta puede propiciar abusos, gobierno por decreto y corrupción, así como enfrentamientos entre poderes, y también entre el gobierno nacional y las administraciones regionales, advierte la organización. Como muestra de este riesgo, menciona varios casos de confrontación entre parlamentos y poderes ejecutivos, con leyes vetadas y vetos levantados por el Poder Legislativo.

Señala también que se registraron casos de corrupción vinculados específicamente con la pandemia en ocho países latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, “la mayoría de ellos por irregularidades en procesos de contratación pública y pago por equipo médico sobrevalorado”. Este tipo de corrupción “pone en riesgo vidas humanas, al mismo tiempo que distrae a las autoridades de sus esfuerzos por controlar la crisis de salud pública”. IDEA Internacional advierte que “controlar la pandemia e iniciar los esfuerzos de recuperación económica serán tareas titánicas si la ciudadanía no confía en las autoridades de gobierno”.

Otro dato que releva es que “los 23 países de la región han experimentado protestas durante la pandemia a pesar de las restricciones. Es la única región, además de Europa, donde todos los países han registrado protestas” en este período. Algunas de esas manifestaciones surgen a partir de situaciones generadas por la crisis sanitaria y económica y las medidas dispuestas por los gobiernos.

Elecciones pese a todo

A pesar de todo esto, el informe destaca elementos positivos, entre ellos que “muchos países han mostrado la capacidad de celebrar elecciones justas durante la pandemia”. Señala que 12 elecciones mantuvieron su fecha programada, mientras que ocho fueron pospuestas, tres de las cuales ya tuvieron lugar. Entre estas últimas se encuentran las municipales uruguayas, las presidenciales bolivianas y el plebiscito constitucional de Chile. En cambio, otras votaciones –todas elecciones locales o primarias– siguen pendientes.

El documento señala que “procesos electorales como los de Bolivia y Chile representaron una posibilidad concreta para actuar ante las demandas sociales y profundas crisis de legitimidad”. Sin embargo, recuerda que el Servicio Electoral de Chile (conocido como Servel) definió en agosto que las personas con covid-19 no podrían votar, y esto generó reacciones de rechazo de parte de la sociedad civil y del gobierno. “La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de contar con mecanismos especiales de votación y protocolos sanitarios para responder a la crisis”, concluye. También se destaca en el informe la velocidad con la que gobiernos, empresas y ciudadanos se adaptaron al uso de tecnologías digitales. “La agilidad con la que estos actores han podido adoptar estas tecnologías e implementar estrategias de digitalización tiene implicaciones directas para la democracia. En los casos en los que la respuesta ha sido ágil, más ciudadanos han podido trabajar desde su casa, lo que ha facilitado el cumplimiento de las medidas de cuarentena y confinamiento. Asimismo, los gobiernos han podido continuar brindando algunos servicios públicos básicos y, aunque con algunas limitaciones, los parlamentos y tribunales han podido continuar con sus atribuciones de elaborar las leyes y aplicarlas”, afirma.

También hace algunas recomendaciones, entre ellas “evitar el abuso de poderes de emergencia”; proteger tanto al Poder Legislativo como al Judicial y a la libertad de expresión y de prensa; limitar el uso de la fuerza policial; o garantizar que las restricciones a la libertad de circulación sean proporcionales, dispuestas en beneficio de la gente y su salud, y que se apliquen por un tiempo limitado.

La organización recomienda además “abrir nuevos espacios de diálogo e inclusión social”. Afirma que “la región carece de mecanismos efectivos de diálogo político y social que puedan ayudar a canalizar el descontento ciudadano y hacer posible amplios acuerdos nacionales”, y que por eso “será necesario abrir espacios nuevos, inclusivos e institucionalizados para incentivar la participación ciudadana, orientar las decisiones de política pública y reducir las desigualdades en la participación política”. Agrega que “la creación de consejos socioeconómicos y medioambientales, tanto a nivel nacional como local, puede facilitar la toma de decisiones democráticas, reducir la polarización política y contrarrestar las tentaciones autoritarias”.

Destaca además que “los estados han gastado grandes sumas de dinero para contener el desempleo, equipar hospitales y proporcionar dispositivos sanitarios, lo que también ha provocado un renovado debate sobre la importancia de una atención médica pública y universal en la región”.