En los últimos meses, las negociaciones para la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) volvieron a convertirse en un callejón sin salida. El 7 de octubre, el Parlamento Europeo resolvió que no aprobará el acuerdo “en su estado actual”, y países como Francia, Holanda y Austria han sido enfáticos en su negativa a ratificar un tratado que arrastra más de 20 años de negociaciones. Cuestionan la política ambiental del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y en particular la deforestación de la Amazonia que se produjo bajo su mandato.
La última carta de salida que manejan los impulsores del acuerdo en ambos bloques es la firma de una declaración conjunta que se anexe al tratado, y en la que los países detallen sus compromisos en materia ambiental. Según la publicación especializada en comercio internacional Borderlex, los representantes de la Comisión Europea tomaron esta iniciativa con la intención de lograr la pronta ratificación del acuerdo, y conversaron sobre esta opción en reuniones con el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourão, y con el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, quien volvió esta semana de una gira por Europa. Uruguay detenta este semestre la presidencia pro témpore del Mercosur.
Según Borderlex, se acordó entre ambos bloques que este documento adjunto al tratado especifique un plan para cumplir con los compromisos ambientales y con los derechos de las poblaciones indígenas, y Uruguay estuvo de acuerdo siempre y cuando el mecanismo sea “recíproco”. Asimismo, se acordó que la UE proveerá ayuda y dinero a los países del Mercosur para combatir la deforestación, y que se establecerá un monitoreo del cumplimiento del acuerdo a cargo del Centro Común de Investigación, un organismo asesor en materia científica y técnica de la Comisión Europea, y de un comité conjunto integrado por ambos bloques.
La idea es tener un proyecto de declaración listo para enero de 2021 y poder ratificarlo a mediados del año próximo, informó Borderlex.
En la información difundida esta semana y la anterior por la cancillería uruguaya no se dan detalles de estas negociaciones, aunque se señala que uno de los principales temas de conversación de Bustillo con los jerarcas europeos fue el TLC entre el Mercosur y la UE, a la vez que se menciona el compromiso del canciller uruguayo y de sus interlocutores con el libre comercio en la actual coyuntura.
Bustillo se reunió, entre otros, con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell; con el vicepresidente ejecutivo y comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis; con miembros del Parlamento Europeo; con Franck Riester, ministro delegado de Comercio Exterior y Promoción en el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia; y con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas. Según informó la cancillería la semana pasada, Dombrovskis se comprometió a tener pronta a principios de 2021 una declaración adicional “para responder a las preocupaciones en materia de desarrollo sostenible, expresada por muchos estados miembros, parlamentarios y la sociedad civil”. Por su parte, Bustillo “afirmó que el tema del medioambiente era una preocupación universal y que el Mercosur estaba dispuesto a cooperar en el diseño de una declaración adicional”, según el comunicado de la cancillería.
“Fuertes impactos”
En tanto, esta semana más de 60 organizaciones sociales del Mercosur –ecologistas, feministas, sindicales y en defensa de los derechos de los pueblos originarios, entre otras– se pronunciaron en contra de la ratificación del TLC entre ambos bloques.
En una declaración, las organizaciones sostienen que el acuerdo “tendrá fuertes impactos económicos, sociales, laborales y ambientales en los países del Mercosur”, y que “provocará el quiebre de cientos de industrias en la región, reemplazando producción industrial local por importaciones, provocando de este modo el aumento del desempleo”. “En un contexto económico crítico ligado a la pandemia de covid-19, esta apertura tendrá efectos sociales incalculables, y aumentará la conflictividad laboral en la región”, advierten.
Citan un estudio elaborado por la London School of Economics que prevé un impacto de -0,1% de retracción del Producto Interno Bruto para los países del Mercosur a raíz de la implementación del acuerdo, así como un aumento del desempleo en el sector automotor en Argentina y Uruguay, y en el sector químico y farmacéutico en Uruguay, Paraguay y Argentina.
Advierten que el capítulo sobre servicios “apunta a la privatización, en especial de servicios postales, telecomunicaciones y a la desregulación del sector financiero”, y que las disposiciones en materia de compras públicas harán que las pequeñas y medianas empresas locales deban competir “de igual a igual con corporaciones multinacionales europeas para lograr ser proveedores estatales en cualquier nivel, sea nacional, provincial o municipal, restringiendo la posibilidad de fomentar el empleo local como política pública”.
Concluyen que del acuerdo sólo se beneficiará el agronegocio, y que la expansión de la frontera agrícola “afecta a los territorios y pueblos indígenas e incentiva el desmonte y la tala ilegal de bosques”. Entienden que las alusiones a los temas ambientales en el acuerdo “son una retórica que ha pretendido maquillar de ‘verde’ los objetivos reales del documento: incrementar el comercio para las grandes empresas exportadoras de bienes, servicios y capitales”.
“Si realmente hay voluntad de enfrentar el cambio climático, el lugar para exigir que los acuerdos al respecto sean de obligado cumplimiento es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, no un acuerdo comercial que generará más emisiones de gases de efecto invernadero dado el incremento de los flujos comerciales. La intención de negociar una carta de intención o un protocolo adjunto que supuestamente impediría los incendios en la Amazonia es hipócrita, ya que solamente persigue el propósito de acallar a la opinión pública de ambas orillas que demanda acciones decididas para frenar la deforestación y las violaciones de derechos humanos. De ningún modo creemos que este acuerdo pueda ser ‘mejorado’ con los protocolos ambientales que actualmente se negocian”, remarcan.
Alberto Villarreal, integrante de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, una de las organizaciones firmantes de la declaración, sostuvo que se quiere imponer la legislación de comercio “como la nueva Constitución global” y enfatizó que no corresponde negociar temas ambientales en el marco de un acuerdo de libre comercio.