Quienes conocían a Paola Guzmán la describen como una chica alegre, amorosa, a la que le gustaba estar en familia. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2002, cuando celebraba sus 16 años, su ánimo y su sonrisa parecían haberse desvanecido. Había algo que la atormentaba, y pese a que su madre, Petita Albarracín, insistió en preguntarle a qué se debía esa tristeza, la joven prefirió guardar silencio. Tan sólo dos días después, Paola decidió terminar con su vida ingiriendo fósforo blanco, un elemento químico altamente tóxico. Fue la salida que encontró tras sufrir dos años de abusos sexuales por parte del vicerrector del colegio público en el que estudiaba, en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Bolívar Espín, un hombre 50 años mayor que ella.

Las calificaciones de Paola en dos asignaturas habían empeorado y el vicerrector, aprovechando su posición de autoridad, le ofreció su ayuda a cambio de que saliera con él, y así comenzaron los abusos sexuales. Ella tan sólo tenía 14 años y él 64. Abusó de ella durante dos años, hasta que Paola quedó embarazada.

Espín recomendó entonces a la joven acudir al médico del colegio para abortar, pero este también decidió extorsionarla y le propuso mantener relaciones sexuales a cambio de interrumpir el embarazo.

El 12 de diciembre de 2002 Paola tomó en su casa el químico corrosivo y de camino a la escuela se lo contó a sus compañeras, quienes al llegar al centro educativo la llevaron a la enfermería. Allí tampoco hubo suerte, porque en lugar de trasladarla a un hospital y avisar rápidamente a la madre, el personal decidió que lo mejor era rezar. Fueron las compañeras de la adolescente quienes finalmente llamaron a la madre de Paola y ella tuvo que llevar a su hija en taxi hasta un centro hospitalario. Pero ya era demasiado tarde. Murió por intoxicación.

El agresor, por su parte, tan sólo fue destituido en 2004 por “abandono del cargo” y estuvo prófugo hasta que el delito prescribió. Al día de hoy se desconoce su paradero, pero al parecer aún estaría vivo.

A lo largo de estos 17 años Petita Albarracín nunca se rindió y siguió buscando justicia. Y tal vez esa justicia empiece a estar un poco más cerca, o al menos así lo interpretan las organizaciones feministas ecuatorianas que la han acompañado durante estos angustiosos años, ya que el martes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el proceso contra el Estado de Ecuador por el caso de Paola, el primero sobre violencia sexual en el ámbito educativo que llega a esta instancia y que podría sentar un precedente en América Latina.

“Nos hemos encontrado con una Corte muy consciente de que debe hacerse justicia para que ningún caso de este tipo quede en la impunidad”, dijo a la diaria tras la audiencia la abogada Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) de Guayaquil, parte del equipo de la defensa de la familia de Paola.

En esa audiencia celebrada en Costa Rica, el Estado ecuatoriano pidió perdón a la familia de Paola por su muerte, pero no reconoció su responsabilidad en lo ocurrido. La defensa de la familia, por su parte, consideró que las disculpas no son suficientes y que el Estado debe reparar tanto a la madre como a la hermana de la joven fallecida en 2002.

Tampoco fueron suficientes esas disculpas para Albarracín, quien aseguró en la audiencia que fue humillada por las instituciones a las que acudió para conseguir ayuda. “Tenía que buscar un abogado y fue una lucha terrible. Hice lo posible para que Bolívar Espín fuera preso. Fui a la Fiscalía, al juzgado... nadie me atendió y me humillaron”, relató la mujer, quien lamentó que en el centro educativo tanto el rector como el profesorado y los alumnados estuvieran al tanto de los abusos sexuales que sufrió Paola “y nadie dijera nada”.

Entre lágrimas, Albarracín también contó cómo el forense la obligó a ver el cuerpo abierto de su hija sobre una camilla después de que advirtiera a los peritos que Paola podía estar embarazada, o al menos así se lo habría comunicado a una amiga, a la que además le enseñó la prueba del embarazo producto de los abusos del vicerrector.

“Ese hombre destruyó la vida de mi hija y la de mi familia, él la indujo al suicidio. El Estado debe reparar y limpiar el nombre de mi hija, porque ella fue la víctima, y ninguna niña debería pasar por esto”, añadió.

Ecuador es “responsable”

Cepam y el Centro de Derechos Reproductivos fueron las organizaciones que en 2006 presentaron este caso ante la CIDH al considerar que el Estado ecuatoriano es responsable del acoso y abuso sexual que sufrió Paola, además de la falta de atención médica y los retrasos en el proceso penal.

Asimismo, sostienen que Ecuador no implementó las medidas adecuadas para investigar lo sucedido ni adoptó una política pública para prevenir este tipo de situaciones.

“El Estado no tomó medidas para prevenir y no actuó con la debida diligencia para que este caso fuera sancionado en la Justicia local. Si hubiera sido sancionado, eso habría dejado un mensaje a las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual de que pueden encontrar justicia en su país y que van a ser protegidas, pero lastimosamente en Ecuador aún no es así”, indicó la abogada Martínez.

En el escrito que estas organizaciones presentaron ante la CIDH plantearon medidas de reparación simbólica y de investigación que permitan determinar con claridad qué ocurrió y quiénes son los responsables, así como reivindicar el nombre de Paola como víctima de violencia sexual y no como la responsable, “que es como quedó en el imaginario”, continuó.

“Es preciso revisar la actuación de los peritos médicos, del ámbito educativo y del sistema de justicia para garantizar que todos los obstáculos que existieron en ese momento no sigan vigentes ahora para las chicas que piden ayuda”, añadió.

El proceso aún se prolongará un tiempo más, pues la CIDH dio un mes de plazo a las partes para que presenten los alegatos finales por escrito y a partir de ahí el organismo dictará sentencia en los próximos meses.

Numerosos casos

El caso de Paola no es una excepción en Ecuador, pues el suicidio es una de las principales causas de muerte entre las jóvenes embarazadas en el país andino. Según datos de la organización feminista ecuatoriana Surkuna, en 2016 fueron 20.632 los abortos registrados en adolescentes de 15 a 19 años en el país, es decir, 56 jóvenes interrumpen su embarazo cada día, poniendo en riesgo su salud, pues en su mayoría se someten a prácticas inseguras.

Cabe recordar, además, que en setiembre pasado el parlamento ecuatoriano rechazó la reforma legislativa para permitir la interrupción del embarazo en caso de violación. Actualmente abortar es legal en el país sólo cuando la vida de la mujer corre peligro o si una mujer con discapacidad mental fue violada.

“Acceder a un aborto libre, legal y seguro sigue siendo una tarea pendiente en Ecuador”, recordó Martínez a la diaria.

Los casos de abuso sexual en el ámbito educativo también son frecuentes en Ecuador. Según datos del Ministerio de Educación, entre 2014 y 2018 las denuncias por violencia sexual detectadas o cometidas dentro del sistema educativo fueron 1.623, y 74% de los supuestos agresores serían docentes, mientras que fuera de ese sistema hubo 1.677 denuncias.

Por su parte, la dirección nacional de la Policía judicial dijo el año pasado que en el país se registran diariamente un promedio de 42 denuncias por violación, abuso y acoso sexual.