El mercado de los ejércitos privados se extiende en el mundo

“Estaban trabajando conmigo. Esos son mis muchachos”, dijo el dueño de la empresa estadounidense Silvercorp, Jordan Goudreau. Se refería al grupo de hombres armados que desembarcó días atrás en Venezuela con el plan de capturar y llevar a Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro. Dijo también que Silvercorp se encargó de idear y llevar adelante ese ataque, la “operación Gedeón”, y que su empresa de “soluciones de seguridad” fue contratada por la oposición venezolana.

Las declaraciones de Goudreau son inusuales, así como las características de la fallida operación Gedeón. Pero las empresas que ofrecen servicios militares, incluso el de mercenarios, han sido contratadas para trabajar en distintos países y situaciones.

En Estados Unidos, ese tipo de servicios son legales, a tal punto que han sido contratados por el Estado para actuar en conflictos y guerras en los que se involucró el país. Durante el gobierno de George W Bush fueron muy utilizados para las guerras de Afganistán y de Irak, lanzadas en 2002 y 2003.

En el caso de Irak, estas empresas “contratistas de seguridad” se encargaron de proteger la llamada zona verde de Bagdad, donde se encontraban los servicios diplomáticos extranjeros, aseguraron el traslado de autoridades estadounidenses por el territorio de ese país, cuidaron la seguridad de empresas petroleras que se beneficiaron con contratos para explotar el petróleo iraquí y actuaron como un ejército tercerizado.

El nombre Blackwater

Fue por su actuación en Irak que se hizo conocida en el mundo una de esas empresas, Blackwater, fundada por Erik Prince, que al igual que Goudreau es un ex militar estadounidense. El 16 de setiembre de 2007 mercenarios de Blackwater atacaron en Bagdad la plaza Nisoor cuando estaba repleta de civiles. Mataron a 14 personas y dejaron varios heridos.

Dijeron que debían garantizar la seguridad de un convoy estadounidense que pasaría por allí y que fueron atacados. No era cierto. Se pudo comprobar en un juicio que no enfrentaban ninguna amenaza cuando dispararon contra esas personas desarmadas. Uno de sus empleados fue condenado a cadena perpetua y otros tres recibieron una sentencia de 30 años de cárcel en un proceso judicial que tuvo idas y vueltas.

Después de ese incidente, Blackwater cambió su nombre a Xe Services, y más tarde pasó a llamarse Academi, pero se mantuvo siempre bajo el liderazgo de Prince. Siguió prestando los mismos servicios y se convirtió en una de las principales empresas de su tipo, con miles de empleados.

Según informó en 2019 el diario The New York Times, Prince se encargó también de otro tipo de servicio. En los últimos años reclutó a ex espías para que utilizaran sus tácticas en Estados Unidos contra organizaciones progresistas, sindicatos y campañas de congresistas del Partido Demócrata. Las operaciones fueron dirigidas en este caso por un grupo conservador, Proyecto Veritas, y el objetivo era conseguir información que permitiera desacreditarlos. Uno de sus blancos, señaló el periódico, fue la Federación Estadounidense de Profesores, y otro, la candidata a congresista demócrata Abigail Spanberger.

Si bien The New York Times no estableció un vínculo entre estas acciones y el gobierno de Donald Trump, a cuya campaña aportó fondos Prince, recordó que la ministra de Educación, Betsy DeVos, es hermana del fundador de Blackwater (DeVos es el apellido de su esposo) y que el creador de Blackwater asesoró a la administración actual durante la transición. También recordó que el Departamento de Justicia investiga si Prince le mintió a la comisión del Congreso que investiga los supuestos vínculos de la campaña electoral de Trump con Rusia.

Debates iniciados

La empresa de Prince es la más conocida, aunque no es la única en su área ni tampoco la única que tuvo incidentes de este tipo, aunque en otros casos no se llegó a una condena judicial.

Otras firmas que ofrecen servicios de seguridad militar son la británica Aegis Defense Services, que también operó en Irak, y las estadounidenses DynCorp, fundada en 1946 y especializada en servicios de aviación militar, y Triple Canopy, formada por ex integrantes de las fuerzas especiales de su país.

Los asesinatos de civiles en la plaza Nisoor no frenaron esta industria ni tampoco a Blackwater, aunque tuvieron repercusiones. El gobierno de Irak le impidió operar en el país y en 2010 el entonces presidente de Afganistán, Hamid Karzai, le prohibió a esta empresa y a otras siete similares actuar en territorio afgano.

Lo ocurrido en Irak también contribuyó al debate sobre la presencia de este tipo de empresas en las guerras. Se ha discutido qué estatus tienen sus empleados como combatientes, porque no integran ejércitos de ningún país pero combaten con armas y equipamiento de guerra. Se puso sobre la mesa que los mecanismos de control que tiene un gobierno –el de otros poderes del Estado, el contrapeso de la oposición y la vigilancia de la opinión pública– no se transfieren a estas empresas, en particular si se tiene en cuenta que actúan en el extranjero, muchas veces en el marco de conflictos que impiden que las autoridades locales puedan incidir, y con escasa transparencia.

Negocios armados

También se debatió hasta qué punto los estados se hacen cargo de sus políticas de defensa cuando se las encargan a privados, y sobre la protección que les brindan a estos combatientes los convenios firmados entre gobiernos.

Empresas contratistas de seguridad actuaron, por ejemplo, en el marco del Plan Colombia, que comenzó en 1999, y en la Iniciativa Mérida, que se puso en marcha en 2008 en México. En los dos casos se trató de acuerdos en los que Estados Unidos transfería recursos –mediante capacitación, armas, logística, inteligencia– para combatir el narcotráfico.

Son numerosos los informes que concluyen que la mayoría de esos recursos fueron a manos de empresas privadas estadounidenses. “Los millones que Estados Unidos dice destinar a ayudar a la guerra contra el narcotráfico no llegan directamente a los gobiernos locales”, decía en 2011 a la BBC el entonces presidente del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado.

Además de habilitar estas prácticas con los recursos destinados a apoyar a otros países, Estados Unidos encuentra otras ventajas en los contratistas. Le permiten tercerizar responsabilidades, y le evitan la necesidad de mantener un ejército permanente más amplio, que responda a situaciones más diversas. Es la empresa la encargada de contratar a las personas que se necesiten, de entrenarlas –aunque es frecuente que recluten ex militares para ahorrarse ese paso– y de lidiar con su muerte en caso de que ocurra. Al Estado sólo le queda encargar la tarea y pagar por los servicios.

En un artículo publicado por El Orden Mundial se estima que las empresas militares y de seguridad privada –incluyendo los servicios más comunes en las ciudades: los de guardias de seguridad, de alarmas, de guardaespaldas– mueven en el mundo 161.000 millones de euros al año, unos 176.000 millones de dólares.

En 2009 se conoció un informe de la Comisión de Contratos de Guerra del Congreso estadounidense. Según sus conclusiones, no se podía establecer cuánto había pagado el Estado a empresas de seguridad privada que actuaron en Irak y Afganistán en 2008, pero los contratos que estudió la comisión equivalían a 45.000 millones de dólares.

Orígenes y destinos

De acuerdo con el informe de la comisión parlamentaria estadounidense de 2009, esos contratos involucraban a 15 empresas y 240.000 personas. Aunque las empresas eran estadounidenses, sólo 20% de los empleados contratados lo eran. El otro 80% se repartía entre quienes fueron reclutados en el lugar donde estaban desplegados y quienes provenían de otros países.

Una subsidiaria de Blackwater, ID Systems, contrató personal en Colombia en varias ocasiones. Con varias décadas de conflicto, y un ejército entrenado con la colaboración de Estados Unidos –y sus contratistas de seguridad–, allí encontraron personas que no requerían entrenamiento para actuar como mercenarios, en muchos casos ex militares. En 2006 la revista Semana publicó el testimonio de un ex capitán y un ex teniente del Ejército de Colombia que denunciaban que fueron estafados por una empresa que los contrató para brindar servicios de seguridad en Irak. Los ex militares dijeron que debieron trabajar más horas de las convenidas, por un sueldo inferior al que les prometieron, y en tareas que no estaban previstas en su contrato. Además, no tenían posibilidad de dejar Irak por su cuenta, explicaron.

Años después, en 2011, un columnista de esa revista, Daniel Coronell, citaba un artículo de The New York Times acerca de la presencia de mercenarios colombianos en Emiratos Árabes. Habían sido reclutados por la misma empresa que antes buscaba personal para enviar a Irak, ID Systems. Pero esta vez los reclutados no eran militares, sino civiles que fueron entrenados por el contratante en Colombia, incluso en instalaciones militares de ese país. “No es política institucional auspiciar empresas, facilitar instalaciones o participar en entrenamientos de contratistas que presten servicios de seguridad en otras naciones”, respondió el Ejército en un comunicado citado por la BBC, pero no negó que esto hubiera ocurrido.

Las empresas de seguridad que requieren personal para combatir en el exterior como mercenarios también han reclutado empleados en Chile, Honduras y El Salvador, entre otros países. Los lugares en los que se despliegan estos ejércitos privados también son variados. Hay reportes sobre su actuación en conflictos como los de Yemen o Libia, por ejemplo.

A la lista de países ahora se sumó Venezuela, y a la de contratantes –que incluye estados, multinacionales que buscan servicios de seguridad (a veces para proteger proyectos extractivos que encuentran resistencia) y grupos políticos como Proyecto Veritas– parece haberse sumado la oposición venezolana. Al menos eso es lo que reconoció Juan José Rendón, que hasta la semana pasada era asesor del dirigente opositor Juan Guaidó y que a raíz de este escándalo se vio obligado a renunciar. Rendón dijo a CNN que contrató a Silvercorp para que explorara formas de sacar del poder a Maduro, aunque aclaró en que no acordó la operación Gedeón.

Rendón dijo que le pagó de su bolsillo 50.000 dólares a Silvercorp. Según un informe publicado por el diario colombiano El Tiempo, cuando los mercenarios que trababan para Goudreau desembarcaron en Venezuela, el titular de Silvercorp y Rendón estaban negociando otro contrato por servicios de la empresa, esta vez por 250 millones de dólares, una cifra muy superior incluso a la recompensa de 15 millones que Estados Unidos ofrece por el presidente venezolano.