Jorge Chediak: “Los niveles de lavado de activos son muy bajos” en Uruguay

En setiembre de 2019, Jorge Chediak cesó como ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Pocos meses después, el presidente Luis Lacalle Pou lo designaría como titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). En entrevista con la diaria, Chediak se refirió al sistema de análisis de riesgo de lavado que desarrolla su administración y anunció que las próximas inspecciones serán en zonas francas y en más de 600 organizaciones no gubernamentales, clubes de fútbol e iglesias. También habló sobre la actuación de los profesionales uruguayos en materia de reporte de operaciones sospechosas. Desde que comenzó a regir la ley integral contra el lavado de activos sólo hubo nueve multas, ocho de ellas menores a 50.000 pesos.

En la redacción original de la ley de urgente consideración (LUC) se preveía un proceso de simplificación de la debida diligencia en el caso de los sujetos no financieros obligados a hacer reportes de actividades sospechosas (escribanos, contadores, etcétera). Luego se modificó la redacción y la simplificación sólo se aplica a los casos en que los clientes provengan de países que cumplen con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos o cuando las transacciones se realizan con medios electrónicos de pago. ¿Quedó conforme con el cambio, o hubiera preferido la redacción original?

Tuvimos el honor de colaborar con la redacción a efectos de aclarar los alcances que podían ser pasibles de más de una lectura en aquella sucinta redacción original a la que usted refiere. En la primera presentación que habíamos hecho, nosotros señalábamos que la única forma de leer ese agregado que se estaba haciendo en el proyecto era en el contexto general de la ley integral de lavado de activos y del decreto reglamentario. Quedó claro que sigue siendo una categoría residual la del bajo riesgo presumido que permite una diligencia simplificada. Cualquier otra situación o indicador de riesgo mayor ya impide quedarse en ese primer análisis y hay que escalar hacia una debida diligencia intensiva, y sí hay que preguntar y asegurarse con documentación relevante cuál es el origen del dinero y cuáles son los beneficiarios finales de la operación. Esta presunción no exime a nadie de hacer el análisis de riesgo. El sujeto obligado tiene que hacer el análisis de riesgo de su cliente y de la operación. Puede tener este indicio de bajo riesgo, pero debe considerar todo lo otro: las personas políticamente expuestas y todas las otras categorías que indican un riesgo más elevado.

El experto en prevención del lavado de activos Leonardo Costa sostuvo que, con la redacción original de la LUC, Uruguay iba “directo a la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”, aunque ahora, con los nuevos ajustes, entiende que no es así. ¿Usted coincidía con esa percepción original de Costa?

A mí me parecía que era muy difícil hacer análisis prospectivos sobre qué tipo de respuestas podía haber de los organismos internacionales el GAFILAT [Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica] y el GAFI en relación a la nueva propuesta. Como la leímos, en lo personal, integrada a toda la normativa, nos parecía que no quedábamos en esa situación de exposición que un especialista como el doctor Costa había señalado. Sí acompañamos, y nos pareció extremadamente acertada, esta última redacción. Nos parece que ha quedado muchísimo más claro. Y es la posición que los especialistas han reflejado.

El gobierno anterior estuvo muy atento a la opinión del GAFI. ¿Usted está en la misma línea respecto de la preocupación de cumplir con las exigencias de este organismo internacional?

Nosotros hemos dicho que somos una continuidad evolutiva. Por supuesto que mantenemos la misma posición básica de preservar al país de cualquier tipo de observaciones a nivel internacional, y no sólo ello. Queremos mejorar el cumplimiento de las recomendaciones de Uruguay para la próxima evaluación, para las evaluaciones anuales y la quinquenal, y por eso estamos tratando de mejorar las debilidades que nos fueron planteadas. Estas debilidades no estaban concentradas en la normativa, que tuvo una valoración buena en su conjunto, sino en la ejecución, en el aterrizaje de esa normativa, básicamente en los deberes de gerenciamiento que tenemos por delante tanto en la UIAF [Unidad de Información y Análisis Financiero] como en la Senaclaft. De ahí todas estas mejoras que estamos tratando de implementar: la continuación de la capacitación de los sujetos obligados, las guías de cumplimiento que estamos redactando para cada colectivo. Son tres guías básicas: la guía de la debida diligencia simplificada, la guía de la diligencia normal y la guía de la debida diligencia intensiva. Tratamos de que sean autosustentables, es decir, que sean lo suficientemente detalladas y claras como para permitir que se vaya cumpliendo con todos los pasos que esas guías establecen y para que el sujeto obligado tenga la tranquilidad de que con ello, en base al análisis de riesgo que haya hecho, está cumpliendo con la debida diligencia. Además, esas guías van a ser también la línea que van a llevar nuestros servicios inspectivos.

Una de las observaciones que realizó el GAFILAT a Uruguay tenía que ver con los reportes de operaciones sospechosas, que ellos consideraban escasos, sobre todo en el caso de los sujetos obligados no financieros. ¿Le parece que esa escasez de reportes tiene que ver con falta de capacitación o con algún otro elemento?

En el corto período que he estado, pero con base en centenares de expedientes que hemos tenido la oportunidad de resolver en estos meses, mi impresión es que estamos ante sujetos obligados que mayoritariamente cumplen con la normativa, y que hay una situación de escaso o muy moderado nivel de lavado de activos en Uruguay. No está tan vinculado a que no lo detectemos, sino a que los niveles de lavado de activos son muy bajos. Por ende, tiene coherencia que los reportes de operaciones sospechosas tengan números que puedan sorprender por lo bajos a los observadores internacionales.

Sin embargo, hay sociedades uruguayas, administradas por estudios jurídicos, que han sido señaladas en la Justicia de otros países –en Brasil, en Argentina– como responsables de operaciones de triangulación para facilitar el lavado de activos o para el pago de coimas en maniobras internacionales. ¿Esa situación les preocupa como secretaría, qué acciones piensan tomar?

Nosotros estamos, por supuesto, mejorando nuestro propio análisis de riesgo de los sujetos obligados. Tenemos dos categorías: el análisis de riesgo del que estábamos hablando, el que el sujeto obligado tiene que hacer respecto de su cliente y de la operación, pero además, sin duda que una oficina de esta naturaleza tiene que tener muy afiatado el análisis de riesgo de los propios sujetos obligados. Es decir, hay que tener un conocimiento de cuáles son las operaciones que se realizan por sector, y dentro de cada sector, individualizar quiénes son aquellos profesionales o empresas que participan en mayor medida en operaciones riesgosas, y por una cantidad de indicadores, llegar a tener un listado por análisis de riesgo. En un nivel de riesgo que va hasta 10, vamos a focalizar las inspecciones, seguramente en el mes de agosto, en los niveles de riesgo 10, 9, 8 y 7. Estos niveles se determinan en función de una cantidad de indicadores que no son sólo el monto de las operaciones. Pero sí nos preocupa y queremos focalizar todas las herramientas de la oficina, que son limitadas, en aquellos sujetos que sean más interesantes de visitar, o sea, que presenten indicadores de riesgo mayores que los otros. Por ejemplo, una cosa es un estudio jurídico notarial de gran envergadura y relevancia, que trabaja internacionalmente, y otra cosa es un escribano recién recibido con operaciones muy acotadas en el interior de la República.

Hay estudios de mucho renombre, como Posadas, Posadas & Vecino, que han sido de forma reiterada involucrados en causas judiciales vinculadas al lavado de activos. Usted informó a El Observador recientemente que la Senaclaft archivó una denuncia contra Posadas, Posadas & Vecino, ¿qué nivel de riesgo considera que presenta este estudio jurídico?

Hay que tener claro que el análisis de riesgo no lo realiza el secretario nacional, lo realizan nuestro observatorio estratégico y los profesionales. Ellos son los que determinan, con base en una cantidad de indicadores objetivos, o por lo menos lo más ponderados y objetivos posibles, cuál es el nivel de riesgo de cada uno de los sujetos obligados de cada sector. Así que allí no tengo apreciación personal ninguna.

Usted mencionó el monto de las transacciones como indicador de riesgo. ¿Qué otros indicadores manejan?

Todos estos temas deben ser manejados con gran discreción, pero, por ejemplo, la nacionalidad, el origen de los clientes, si se manejan frecuentemente o no con dinero proveniente de jurisdicciones de baja tributación o de bajo contralor, y la complejidad inusual de determinadas operaciones. Por supuesto, las operaciones claras y simples –como la compraventa a través del sistema bancario de un apartamento en Punta del Este– es una cosa. Hay, como usted señalaba, operaciones más complejas, que implican triangulación o incluso más complicadas, que sí implican indicadores de riesgo más altos. Por supuesto, la ponderación puede tener cierta subjetividad, porque una cosa es la existencia objetiva de los indicadores y otra cosa es qué nivel de riesgo se le da a cada uno de esos indicadores.

Usted decía que en agosto van a empezar las inspecciones teniendo en cuenta el nivel de riesgo. Ya ha anunciado públicamente que comenzarán por las zonas francas. ¿Qué otro sector de actividad consideran prioritario?

Como en los sectores profesionales fue por donde se comenzó el trabajo de la Senaclaft, que está por cumplir cinco años, se ha trabajado mucho en la mitad de nuestros sujetos obligados, que son los escribanos, en los estudios jurídicos también, en Casinos. Y hay sectores en los que se ha trabajado menos, porque, por supuesto, hay que empezar por algo. El año pasado se había empezado a trabajar con las zonas francas; nosotros queremos retomar el colectivo de zonas francas y hacer un análisis de riesgo mucho más ajustado, para conocer mejor la variadísima naturaleza de las operaciones que en zona franca se realizan. Luego, tenemos pendiente todo el tema de las organizaciones sin fines de lucro: las iglesias de todas las denominaciones, los partidos políticos, los sindicatos, los clubes de fútbol y las organizaciones no gubernamentales [ONG] de todo tipo. Incluso estamos haciendo la limpieza, la depuración de esas miles de ONG que tenemos en las bases de datos, porque muchas de ellas ya no funcionan o tienen actividades extremadamente restringidas. La gran mayoría no supera los umbrales de movimiento de dinero anual ni de patrimonio para formalmente transformarse en sujetos obligados, pero sí ya tenemos, de esas miles, más de 600 que será el universo sobre el que comenzaremos a hacer inspecciones, esperemos que antes de fin de año, o si no, a comienzos del año que viene. Sí vamos a tratar de avanzar en los contactos con los representantes de los distintos subcolectivos: autoridades de las iglesias, del fútbol, etcétera, a efectos de pautar cómo serán los controles. Porque la oficina ha decidido tener un perfil pedagógico y de contralor, y no de fiscalización y persecución, sino básicamente de prevención. La idea es mantener a Uruguay con un riesgo bajo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

De esas 600 organizaciones que identificaron, además de clubes de fútbol e iglesias, ¿hay algún sindicato o alguna ONG dedicada al activismo social en cualquier área?

Le diría que seguramente sí, pero incluso si quisiera, no le podría dar los nombres porque no he visto el detalle de esas organizaciones. Porque no es el secretario quien decide la lista de las organizaciones que terminarán siendo objeto de las inspecciones, sino el análisis de riesgo, y no lo estoy haciendo yo.

¿Su secretaría identifica vacíos informativos para realizar esos análisis de riesgo, o la información que tienen es suficiente?

La realidad es que la autorización que la ley le da a la Senaclaft para acceder a los datos es la más amplia. Tengo entendido, por lo menos de la lectura de la LUC, que a la Secretaría de Inteligencia del Estado se le dio nuestra propia normativa, es decir, a quien por definición en cualquier país debe tener el mayor acceso a todos los datos que existan en poder del Estado se le da nuestra normativa. Tenemos el más alto nivel de acceso a toda la información que exista. No sólo podemos preguntar a cualquier organismo lo que nos interesa, sino que los organismos tienen la obligación de respondernos.