El Comité de Articulación Interinstitucional (CAI), organismo técnico encargado de valorar el riesgo de la introducción de nuevos eventos transgénicos al país, funciona desde el año pasado sin la participación del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) ni de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). El Ministerio de Salud Pública (MSP) ya se había retirado hace cuatro años, y la Universidad de la República (Udelar), hace siete. Un grupo de científicos nucleados en el colectivo Tá reclama por esta “irregularidad institucional” y exige que se deje sin efecto la suspensión de la participación de la científica del IIBCE Natalia Bajsa en el CAI, resuelta por el gobierno anterior, bajo el argumento de que Bajsa violó un acuerdo de confidencialidad. En marzo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) le dio la razón a la científica, y las actuales autoridades pretenden revisar su caso.
Uruguay no aprueba nuevos eventos transgénicos desde 2017. Ese año, la autorización de cuatro nuevos eventos de soja y maíz se dio con la oposición expresa del MSP y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), por intermedio de la Dinama. Por otra parte, el Decreto 353 de 2008, que creó la actual institucionalidad de bioseguridad en el país, dispuso que en el plazo de un año debía redactarse una Ley Nacional de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, pero esto nunca llegó a cumplirse.
En el país sólo están autorizados eventos de soja y maíz. Los transgénicos que ya están aprobados se utilizan sin que exista un seguimiento y evaluación de sus consecuencias, dice Bajsa a la diaria. “El decreto dice que es necesario un monitoreo, un seguimiento de los eventos, y eso nunca se hizo. Hace 20 años que se utilizan transgénicos en Uruguay y ha surgido información nueva, estudios científicos independientes, y no se revisan los eventos viejos”, cuestiona.
Bajsa, doctora en Ciencias Biológicas, fue suspendida en julio de 2019 del CAI, en el que participaba como representante del IIBCE. Relata que un día no recibió la citación a la reunión y pensó que había habido un error; averiguó el lugar de encuentro y fue. Al llegar, la coordinadora del comité le comunicó que no la habían citado por solicitud del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de aquel entonces, Enzo Benech, y que no podía seguir participando en ese ámbito.
Junto con el resto de los integrantes del CAI, pidió una explicación sobre la situación. Finalmente, días después, Bajsa recibió una notificación de que le habían abierto un expediente en el MGAP porque se entendía que sus declaraciones a la prensa sobre trigo transgénico –un evento que el CAI recomendó no aprobar– podían violar el denominado “Acuerdo de manejo de información” firmado por quienes participan en el comité.
Este acuerdo sostiene que la información a la que se tendrá acceso en el proceso de análisis de nuevos eventos transgénicos es de carácter confidencial. Exige el “compromiso bajo juramento” de la persona de que manejará como “confidencial toda la información que reciba” que esté “relacionada con los eventos que se presenten”, “evitando su divulgación y protegiéndola con las precauciones y diligencias de un buen padre de familia”.
El expediente que se le inició a Bajsa contenía una propuesta de resolución que sugería al ministro de Ganadería la suspensión “preventiva” de la científica. El proyecto de decisión estaba firmado por el entonces presidente de la Comisión para la Gestión del Riesgo (CGR, instancia técnico-política integrada por delegados de los ministerios) y delegado del Ministerio de Industria, Energía y Minería, José Luis Heijo. “Revelar información técnica sensible de quienes solicitan la introducción de un vegetal genéticamente modificado” puede “implicar un perjuicio para el solicitante, una violación de sus derechos de propiedad intelectual” y “consecuentemente una demanda contra el Estado solicitando la correspondiente reparación”, señalaba el proyecto de resolución. En sus considerandos, planteaba que la científica dio “a publicidad información en contravención de los compromisos de confidencialidad asumidos” y, por tanto, se entendía necesario “adoptar medidas preventivas inmediatas, sin perjuicio de las ulteriores actuaciones, para impedir que persista la situación”, “con los consiguientes riesgos para el interés del Estado que podría verse sujeto a reclamaciones por parte de los particulares afectados”.
La resolución nunca llegó a firmarse y el expediente permanece abierto. El IIBCE respaldó la actuación de Bajsa y se retiró del CAI. En sus descargos, integrados al expediente del proceso, el IIBCE sostiene que la resolución de suspensión se tomó con anterioridad al inicio de las actuaciones administrativas y, por tanto, el procedimiento es “por demás irregular” y las decisiones están “viciadas de arbitrariedad”.
Por esta situación también se retiró del CAI la Dinama. El ex titular de esa dirección Alejandro Nario dijo a la diaria que la decisión se tomó a raíz de la “decisión arbitraria del MGAP” respecto de Bajsa “y ante la falta de respuesta por parte de la Comisión de Gestión del Riesgo”. “Se dejó de participar también en el CAI y los grupos ad hoc por considerar que estos no estaban funcionando adecuadamente ni con las debidas garantías”, explicó Nario.
El motivo de la suspensión y la posición de la INDDHH
Entrevistada por Brecha el 21 de junio de 2019, Bajsa sostuvo que desde el punto de vista molecular, el evento en discusión, el Trigo HB4-PAT, tiene genes con resistencia a antibióticos, por lo que existiría “riesgo de que ese gen pase a otro organismo, por ejemplo a una bacteria, y que la resistencia se manifieste”.
La científica alega que lo único que hizo en esa nota fue explicar un informe que realizó por unanimidad el CAI, que concluía que el trigo “tenía demasiados riesgos”. “Y ese informe ya era público, estaba colgado en la página del MGAP”, añade. Por otra parte, sostiene que “los aspectos de análisis de riesgo en ambiente y en salud no pueden ser confidenciales” y que el informe citado “no es información privada de la empresa”.
La científica denunció la situación ante la INDDHH en diciembre de 2019. El 12 de diciembre, por oficio, la institución le solicitó al MGAP como medida provisional urgente el cese de la suspensión de Bajsa y le pidió informes sobre la situación. La respuesta llegó el 9 de enero de 2020: las autoridades del MGAP proporcionaron el expediente, sin ninguna otra información adicional. El 19 de marzo de 2020, la INDDHH emitió una resolución dirigida al actual titular del MGAP, Carlos Uriarte, en la que exige la inmediata restitución de Bajsa y concluye que la actuación del MGAP constituyó “una vulneración al derecho de debido procedimiento administrativo”.
“Los estándares internacionales de derechos humanos establecen la obligación de los Estados de garantizar al público el derecho de acceso a la información ambiental bajo el principio de máxima publicidad”, le recuerda la INDDHH al Estado. “Los organismos competentes deben difundir la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible”, añade. Concuerda con Bajsa respecto de que la información brindada a Brecha “ya se encontraba disponible públicamente” y, por tanto, no se trata de información confidencial. Asimismo, recuerda que la información “relevante para prevenir posibles vulneraciones de derechos humanos fundamentales, como son el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano, no puede ser clasificada por los organismos públicos como confidencial”. Por otra parte, la INDDHH le recuerda al MGAP que Bajsa es funcionaria del IIBCE del Ministerio de Educación y Cultura, y por lo tanto no corresponde que otro ministerio inicie investigaciones administrativas o aplique sanciones.
Respaldo científico y exigencia de información
Esta semana, el colectivo Tá, integrado por científicos de las facultades de Química, Agronomía, Ciencias, Medicina, Humanidades y Derecho, y por personas de otras instituciones académicas y organizaciones sociales, también exigió la restitución de la científica y denunció que esta situación “pone de manifiesto la irregularidad institucional en la que se enmarca la autorización de eventos genéticamente modificados en Uruguay”.
“En primer lugar, el episodio trasluce la tendencia del Sistema Nacional de Bioseguridad a excluir toda perspectiva crítica con relación a un nuevo evento que se pretenda autorizar. En segundo lugar, la normativa que regula la autorización de nuevos eventos y la manera en que se instrumenta por las autoridades competentes no se condice con uno de los pilares o principios de la bioseguridad, es decir, la transparencia y la información pública que debe brindarse a la comunidad con relación a la posible autorización de nuevos eventos”, denuncia el colectivo.
Los científicos sostienen que el mecanismo de consulta pública sobre eventos transgénicos “no solamente no se cumple de manera real y efectiva en Uruguay, sino que a su vez se pretende limitar el conocimiento de información pública hacia la comunidad mediante acuerdos de confidencialidad” sobre cuestiones “que no pueden ser calificadas como confidenciales: nada más y nada menos que temas atinentes al derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano”.
Bajsa afirma que la consulta pública consiste en colgar en el sitio en internet del Sistema Nacional de Bioseguridad “todos los informes técnicos de todas las instituciones”, que son “muy complicados” de entender, y además no hay suficiente difusión. “Tendría que haber un informe más dirigido a la población”, considera. Los comentarios de la población se reciben, pero no está previsto que haya respuesta y no se incorporan al proceso. “Ellos [las autoridades] dicen que [la consulta] es para ver si aparece alguna información adicional que no esté contenida en los informes técnicos; no es una valoración de qué piensa la población”, indica la científica. Agrega que hay organizaciones “que hace años que vienen haciendo comentarios y están desencantadas, porque saben que no tiene ningún peso”.
Bajsa indica que hay tres instituciones de las que participaban el año pasado en el CAI que tienen “una posición más crítica respecto de la aprobación de los eventos”, que son la Dinama, el MSP y el IIBCE. Esta posición consiste “básicamente en cuestionar la información que llega de la empresa, porque los dossiers que llegan de las empresas son elaborados por técnicos de la propia empresa”. “Nosotros lo que hacemos es buscar en la bibliografía internacional de ciencia independiente otras investigaciones, y acercar eso a los informes. Y eso está visto como que tranca el proceso, como que se demora. Y esto que me pasó fue como el cierre, pero me había pasado otras veces que me cuestionaban la forma de actuar”, afirmó. El MSP se retiró del CAI en abril de 2016, porque no consideraron sus recomendaciones.
La científica sostiene que muchas veces se maneja el argumento de que los transgénicos son seguros “porque no ha pasado nada malo, pero tampoco se estudia”. “En general en ambiente y en salud se utiliza lo que se denomina principio precautorio: si no hay información científica certera de un posible daño igual se pueden tomar medidas para evitar ese daño”, añadió. Considera que ante la opinión de la empresa, que sostiene que el evento es inocuo, y la opinión de científicos independientes que afirman lo contrario, existe “incerteza científica”, pero “de todos modos se podría no aprobar un evento para cubrir ese posible daño, aunque no se esté seguro de que vaya a ocurrir”.
Bajsa también cuestiona que se pretenda dividir los términos de la evaluación, separando el efecto de los plaguicidas del efecto del transgénico, cuando en realidad forman parte del mismo paquete tecnológico y “es muy difícil” valorar las consecuencias en forma aislada. “La mayoría de los transgénicos que tenemos en Uruguay son resistentes al glifosato, se desarrollan para que el productor pueda aplicar glifosato en el cultivo para que mueran las malezas y el cultivo no. En el caso de los transgénicos, el herbicida se aplica a la planta, la planta es resistente y ese herbicida queda dentro de la planta, lo consume el organismo que lo come, lo consumimos nosotros cuando lo comemos, llega al ambiente, llega a las aguas, y eso está medido, entonces no se puede disociar. Eso es una eterna lucha: dicen que nuestros informes no son tenidos en cuenta porque opinan sobre el paquete tecnológico y no deberían opinar”, afirma Bajsa.
En Uruguay existen estudios científicos sobre la contaminación con maíz transgénico, que ocasiona perjuicios económicos para los productores orgánicos y para quienes quieren preservar el maíz criollo. “Este año en Uruguay no hay harina de maíz orgánica porque se contaminaron todos los cultivos; dos por tres los productores tienen que eliminar un cultivo porque no lo pueden certificar, eso pasa todos los años”, apunta la científica.
La visión del gobierno anterior
“De ese tema, y de algunos temas en los que hay opiniones distintas, no voy a opinar”, dijo a la diaria el ex ministro de Ganadería Enzo Benech, consultado sobre el caso de Bajsa. “Ahora no soy más ministro, hay un ministro nuevo y él es el que tiene que responder, creo que no aporto respondiendo yo. Yo hice lo que entendí correcto”, se limitó a señalar.
En tanto, el presidente de la CGR que firmó el proyecto de resolución sobre Bajsa, José Luis Heijo, dijo a la diaria que lo que buscaba la resolución era “iniciar el proceso administrativo, amparado en el debido proceso y con todas las garantías para la involucrada”. Considera que la científica violó el acuerdo de confidencialidad porque se refirió a la documentación de la empresa. “Creo que sí se refirió a los informes de las empresas, se refirió a los mecanismos por los cuales fue desarrollado el transgénico, y eso sí es sensible para las empresas”, manifestó.
Consultado sobre las críticas de Bajsa al mecanismo de consulta pública sobre nuevos eventos transgénicos, Heijo señaló que ha visto los comentarios de la población que llegan en el proceso de consulta pública, “y a veces no tienen conceptualidad como para aportar al proceso de decisión, son simplemente rechazo ideológico a los transgénicos”. “Si uno hace una publicación esquemática, sin fundamentos técnicos, está trampeando el sistema de consulta pública”, valoró. Por otra parte, consideró que la objeción sobre el uso de lenguaje técnico no es “una objeción válida”.
La posición de las autoridades actuales
Según supo la diaria de fuentes de la CGR, la intención de las autoridades actuales del MGAP es restituir a Bajsa al CAI y lograr además que se incorporen las instituciones que se habían alejado del organismo, como el propio IIBCE y la Udelar.
Pablo Zunino, presidente del IIBCE, dijo a la diaria que hace pocos días lo llamó el propio ministro Carlos Uriarte y conversaron “en un buen tono”. Dijo que interpreta de la conversación que “la intención es retomar el diálogo y que el instituto vuelva a integrar los comités”, pero aclaró que el IIBCE aguardará una resolución oficial para retomar su participación en el CAI.
Además, la actual presidenta de la CGR y delegada del MGAP, Daniela Alfaro, le transmitió a la Udelar que las nuevas autoridades están dispuestas a modificar el acuerdo de confidencialidad. El lunes pasado hubo una reunión entre Alfaro y el decano de la Facultad de Agronomía, Ariel Castro, para conversar sobre este y otros temas.
La Udelar se había retirado del CAI en 2013, por entender que la autorización de algunos eventos transgénicos no consideraba el principio de precaución, ya que estos eventos generaban resistencia a plagas que no existían en Uruguay. Según contó Castro a la diaria, en el gobierno anterior y durante el rectorado de Roberto Markarian, la Udelar hizo un intento por volver al CAI y propuso modificaciones al acuerdo de confidencialidad. Básicamente, planteó precisar los términos del acuerdo, porque la actual redacción permite interpretar “que prácticamente no se podía hablar de estos temas”. “Podría considerarse una actitud mordaza”, considera Castro. A su vez, la Udelar sugería modificar otro punto del acuerdo de confidencialidad que planteaba que la persona se comprometía a no intervenir cuando su imparcialidad se viera afectada por razones “ideológicas”, entre otras. “Lo de las razones ideológicas o filosóficas es muy gris. Siempre se habla de la oposición a los transgénicos por cuestiones ideológicas, pero si arrancás diciendo que los transgénicos van a resolver el hambre en el mundo, lo cual es un disparate, ¿eso no es una postura ideológica?”, inquiere Castro. Añadió que lo que se debe garantizar es la imparcialidad del análisis técnico.
Los cambios propuestos por la Udelar fueron rechazados por el MGAP, pero no se dio ninguna explicación sobre los motivos.
Tras la asunción del nuevo gobierno, en mayo de 2020 el MGAP comunicó que mandaría los planteos de la Udelar al área jurídica del ministerio. A fines de junio Alfaro se contactó con Castro y el lunes pasado se concretó un encuentro. “Me planteó que había estudiado lo que había planteado [la Udelar], que con dos de las objeciones estaba de acuerdo”, cuenta Castro. Alfaro asegura que se redactará un nuevo compromiso de confidencialidad, y si el nuevo texto no recibe observaciones del área jurídica de la Udelar, la institución retomará su participación, afirmó Castro, y aseguró que ya lo acordó así con el actual rector, Rodrigo Arim.
Según Castro, Alfaro mostró una “actitud abierta, autocrítica, consciente de que el MGAP no había obrado bien en el proceso”. “La forma en que se procedió con la Udelar no estuvo bien, la Udelar como institución no mereció eso que puede considerarse un destrato”, declaró.