La publicación de un video en el que se muestra el pago de supuestos sobornos a senadores, así como la filtración de la declaración íntegra que el ex director de Pemex Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), generaron un enorme impacto en la política mexicana, y también en el ámbito judicial. Esa declaración refiere a hechos de corrupción durante distintos gobiernos.

El ex titular de la empresa petrolera estatal, que fue detenido en España en febrero y deportado a México en julio, afronta múltiples cargos por corrupción. En un acuerdo para mejorar su situación judicial, Lozoya está brindando información a la fiscalía. Acusó a ex presidentes, ex ministros, gobernadores y varios diputados de haber recibido millonarios sobornos para aprobar la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue presidente desde 2012 hasta 2018.

Lozoya negoció información a cambio de quedar en libertad, y así fue que le entregó a la fiscalía 63 páginas en las que se especifica en detalle horas, fechas y lugares en que se repartieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht destinados a financiar la campaña electoral de Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a cambio de contratos de obra durante su mandato. También describe la compra de votos de legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Su testimonio se hizo público antes de tiempo, porque este documento, de carácter reservado, se filtró a los medios en la noche del miércoles. La fiscalía, que está siendo investigada por esto, se desmarcó de esa filtración.

Consultado durante una conferencia de prensa, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que leyó el documento en el que Lozoya detalló la larga serie de ilícitos, y dijo: “Es ahora o nunca, es la historia. Si no se limpia el país ahora va a ser muy difícil, y estoy seguro de que él lo sabe y no se va a prestar a ninguna jugada. Desde luego, [hay que] hacerlo con responsabilidad, sin persecución, sin venganzas, pero aplicando la ley con la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, un auténtico Estado de derecho”, apuntó.

El mandatario recomendó a todos los ciudadanos que lean el texto de Lozoya para que conozcan cómo se hicieron desfalcos en administraciones anteriores, “ya que el pueblo se cansa de tanta pinche transa”. Según informó el diario La Jornada, tras calificar el caso de tragicomedia, el presidente mexicano dijo que el documento es auténtico, pero que esto no significa que todo sea cierto, por lo que la Fiscalía General de la República debe investigar lo que allí se afirma y llamar a declarar a todos los involucrados.

Lozoya acusó a Peña Nieto y a su ex ministro de Economía, Luis Videgaray, de haberle ordenado que pagara sobornos con fines electorales y para comprar votos de legisladores en el Congreso. Según explicó, aunque el encargado de repartirlos era él mismo, actuó bajo las órdenes directas de Peña Nieto y Videgaray. Afirmó que fueron ellos dos quienes lograron crear “un aparato organizado de poder que –desde las más altas esferas del régimen– instrumentó lo necesario para obtener beneficios”.

Peña Nieto no es el único ex mandatario nombrado por Lozoya. La denuncia también alcanza a Felipe Calderón, del PAN, que gobernó de 2006 a 2012 y a quien le atribuye maniobras de corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex. También incluye a Carlos Salinas de Gortari, del PRI, presidente de 1988 a 1994, quien según la denuncia habría utilizado sus influencias para lograr contratos para empresas que pertenecían a uno de sus hijos.

De acuerdo con lo que informó el sitio web de investigación mexicano Animal Político, estas filtraciones, si bien no impiden la apertura de eventuales acciones judiciales contra los involucrados, pueden generar riesgos. Algunos juristas señalan que se habría afectado el principio de presunción de inocencia, sobre todo si se confirma que la filtración fue resultado de una omisión de la autoridad judicial, lo que además puede generar demandas. Otros expertos en leyes difieren, pero señalan que existe otro tipo de riesgo: el de una advertencia prematura que complique la localización de posibles implicados o que facilite la destrucción de evidencia.