“Aunque todos podemos estar de acuerdo en que la desigualdad extrema no es deseable, la realidad es que la desigualdad de ingresos va a existir siempre por la propia naturaleza humana, y es justo que así sea. Las personas somos todas distintas, tenemos objetivos de vida diferentes, actitudes y aptitudes diferentes, y actuamos y trabajamos en consecuencia. Las diferencias existen y van a existir siempre entre las personas, y por lo tanto en los ingresos, que no pueden ni deben ser iguales”, dijo este sábado Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), en la clausura de la Expo Prado 2020.
Para el presidente de la ARU desde “el punto de vista político la desigualdad de ingresos es más fácil de atacar que la pobreza, más rápida de lograr resultados y también es más popular, el problema es que si no se actúa con equilibrio en las políticas impositivas que se implementan se puede caer fácilmente en el populismo, desestimulando al que arriesga, al que invierte, al que más se esfuerza y genera riqueza y perpetuando la pobreza y su dependencia del Estado cuando las prestaciones sociales se dan en dinero efectivo y sin contrapartida”.
Capurro dijo que este año es “muy especial, diferente y difícil”, porque la pandemia generada por la covid-19 “esta provocando una emergencia sanitaria global y graves consecuencias sobre la salud de las personas y las economías en todos los países. Tenemos un legítimo orgullo de cómo el país ha enfrentado la pandemia. Tanto el gobierno como todos los uruguayos han actuado con eficacia y responsabilidad, lo cual nos ha permitido estar en una situación relativamente buena”.
El presidente de la ARU aseguró que la pandemia generará “recesión en la economía”, además de agravar la pobreza y la desigualdad, “efectos negativos en la sociedad” que conducen “a una peor distribución de la riqueza”. “Los recursos son siempre insuficientes para atender todas las situaciones y necesidades que se presentan, y adquieren mayor importancia las estrategias que se sigan para superar los problemas y dificultades. Es relevante a la hora de fijar políticas publicas la consideración de la desigualdad y la pobreza, ya que ambas están relacionadas entre sí”, afirmó.
Capurro recordó que la carga impositiva en Uruguay llega a 35% del Producto Bruto Interno y es de las más altas de América Latina, “sin considerar los impuestos encubiertos en las tarifas públicas”. Además, afirmó que, a excepción de las telecomunicaciones, la economía uruguaya está estancada hace cinco años, “la inversión ha caído, también el empleo, muchos sectores de la economía están en recesión y muchas empresas corren el riesgo de quebrar”.
Aseguró que un aumento de impuestos “incidiría negativamente en todos estos indicadores, por lo que buscar atenuar la desigualdad y pobreza por este camino podría tener el efecto inverso. Apoyamos en ese sentido la política del gobierno de no crear ni aumentar impuestos y poner el énfasis en la austeridad y en la baja del gasto”, dijo Capurro frente al presidente, Luis Lacalle Pou, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, quienes asistieron a la ceremonia.
Capurro dijo que esta es la primera vez que se hace un ajuste fiscal sin aumentar impuestos o crear nuevos, haciendo el ajuste en el Estado y no trasladando los costos a los sectores privados de la economía, “como ha sido tradicional en el pasado”.
Sobre la pobreza dijo que mejoró cuando hubo crecimiento, pero en cuanto la economía se enlenteció aumentó: “En 2017 la tasa de pobreza era 7,9%; en 2018, 8,1%; en 2019, 8,8%. Esto quiere decir que cada 1.000 personas, 88 son pobres en nuestro país. Un requisito fundamental para la reducción de la pobreza en forma estructural es una economía que atraiga inversiones, genere empleo genuino y productivo, y produzca un crecimiento que mejore los ingresos y contribuya al bienestar general de la población”, dijo.
Sobre el sector rural, dijo que tiene mecanismos “naturales” de distribución de ingresos, entre actores sociales, proveedores, vendedores de insumos y trabajadores. Estimó que la distribución es de entre 50% y 80% en promedio, e incluso aseguró que “hay ejercicios donde estos porcentajes llegan a 100%”. De todas maneras, agregó: “Los ingresos de las empresas rurales son muy variables, y por ello es muy difícil incorporar a los salarios de los trabajadores en forma permanente el resultado de años buenos, porque luego son imposibles de mantener en años malos”.
Capurro sostuvo que a lo largo de los años las políticas impositivas lo que hicieron fue transferir la riqueza generada por el sector rural a otros sectores de la economía, “en detrimento de la población rural, determinando una injusta distribución de la riqueza”; según él, esa trasferencia es la causa de la falta de desarrollo del país y lo que imposibilitó “una justa distribución de riqueza dentro del propio sector rural”.
“Es imprescindible que las empresas rurales tengan márgenes de rentabilidad razonables para implementar mecanismos de distribución de la riqueza que sean justos con los trabajadores del campo. Sin rentabilidad no hay inversión, sin inversión no hay empleo, no hay proveedores de insumos ni de servicios, no hay mayor producción, no hay generación de valor en las cadenas agroindustriales”, concluyó.