El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tomará posesión del cargo el miércoles, en una ceremonia que tiene como sede el Capitolio, el mismo lugar donde unos días antes cientos de partidarios de Donald Trump intentaron impedir que el Congreso ratificara los resultados de las elecciones. Después de ese episodio del 6 de enero las medidas de seguridad se dispararon en Washington.

Se dispuso el acuartelamiento de cientos de soldados, que desde hace días están instalados en el Capitolio, durmiendo en los pisos como en un campamento militar. Hasta el día de la asunción, protegerán el edificio y sus alrededores unos 20.000 militares provenientes de distintos estados, en su mayoría integrantes de la reserva de la Guardia Nacional, y el operativo contará también con la Policía de Washington, la del Capitolio y la de Parques Nacionales.

Para reducir los riesgos se bloqueará el acceso al National Mall, el parque en el que se encuentran los monumentos a George Washington y Abraham Lincoln, y la explanada en la que suele reunirse una multitud para ver la ceremonia, informó el diario The Washington Post. La nueva encargada de la Policía del Capitolio, Yogananda Pittman, dijo en un comunicado que “no habrá acceso público a los terrenos del Capitolio durante la asunción presidencial, y el evento continuará según lo programado”. Además, las autoridades están atentas a las amenazas de protestas armadas en las sedes de los gobiernos departamentales de los 50 estados del país.

Todas estas medidas se dispusieron después de que los responsables de seguridad del Capitolio tomaron una serie de decisiones muy cuestionadas durante el asalto a ese edificio. Cinco personas murieron ese día, hubo decenas de heridos, además de destrozos y robos, y fue necesario evacuar a los senadores y diputados que sesionaban allí, así como al vicepresidente, Mike Pence, que lideraba la sesión.

Un día antes de que todo eso ocurriera, la oficina del FBI de Norfolk, en Virginia, advirtió que un grupo de extremistas quería lanzar una “guerra” en Washington y en particular atacar de algún modo el Congreso, informó el martes The Washington Post.

Ese informe, según citó la agencia Efe, advertía, entre otras cosas, que “un hilo publicado en internet menciona llamadas específicas a la violencia que incluyen esta: ‘Estén preparados para luchar. El Congreso tiene que escuchar cristales que se rompen, puertas que se abren a patadas y sangre que se derrama de sus soldados esclavos de BLM [el movimiento Black Lives Matter] y Pantifa’ [por Antifa]”. Y continuaba: “Sean violentos. Dejen de llamar a esto ‘acto’ o ‘protesta’. Vayan allí preparados para la guerra. Conseguimos a nuestro presidente o nos morimos. NADA más nos hará conseguir este objetivo”. La oficina del FBI aclaró entonces que esto no era una información “definitiva” y que no se conocían las identidades de quienes publicaron ese hilo, pero la transmitió para que se la tuviera en cuenta.

El jefe de seguridad de la Cámara de Representantes, Paul Irving, y el de la Policía del Capitolio, Steven Sund, renunciaron a sus cargos el 7 de enero, al otro día del asalto. En una entrevista, Sund dijo a The Washington Post que varios jerarcas mostraron renuencia a tomar medidas antes y durante la protesta. Afirmó que Irving no estaba de acuerdo con la “óptica” de declarar la emergencia y pedir ayuda, y que Michael Stenger, responsable de la seguridad del Senado, opinó que sólo había que intentar, de manera informal, que la guardia nacional estuviera alerta. “Si hubiéramos tenido la guardia nacional [disponible] podríamos haberlos mantenido a raya por más tiempo, hasta que pudieran llegar más oficiales de nuestras agencias”, dijo Sund.

También Stenger renunció a su cargo, y lo mismo hizo el secretario interino del Departamento de Seguridad Interior, Chad Wolf, cuya cartera se debe encargar de la seguridad durante la asunción de Biden. Varios policías fueron suspendidos de manera preventiva mientras se investiga lo ocurrido.

Para la asunción de Biden, el director del FBI, Christopher Wray, y el director interino del Servicio de Ciudadanía y de Inmigración, Kenneth Cuccinelli, conversaron con los responsables de la Policía de las principales ciudades estadounidenses, informó The New York Times. Les dijeron que deben estar en “alerta roja” por la posibilidad de ataques violentos de parte de extremistas partidarios del presidente saliente.