El gobierno de Alberto Fernández promueve desde hace más de un año una reforma judicial que todavía no ha logrado convertir en ley. La necesidad de un cambio en el sistema de justicia fue central en el discurso que el presidente argentino dio ante el Congreso el 1º de marzo, y también fue un motivo para la designación del diputado Martín Soria como nuevo ministro de Justicia.

Soria “entiende bien lo que está pasando en la Justicia hoy en día y tiene una mirada absolutamente semejante a la mía”, dijo Fernández, y agregó: “Yo le he planteado con toda claridad que lo único que quiero es que el Estado de derecho funcione como debe funcionar”.

Tal como sucede con la propia reforma judicial, la figura de Soria encuentra una fuerte resistencia en la oposición. Para sus dirigentes, en particular los de la alianza que llevó a Mauricio Macri a la presidencia, Juntos por el Cambio, la reforma que impulsa el gobierno busca controlar a los jueces, y en especial evitar que avancen en los juzgados las investigaciones contra Cristina Fernández. “Todo indica que hay un avance de la vicepresidenta”, dijo al canal TN el jefe de gobierno de Buenos Aires, el macrista Horacio Rodríguez Larreta, que percibe “un proceso de ataque y cuestionamiento a las instituciones y a la división de poderes”. La oposición afirma que si la anterior ministra, Marcela Losardo, era una funcionaria cercana al presidente, Soria responde a la vicepresidenta.

Parte del oficialismo le reclamaba a Losardo que hiciera mayores esfuerzos para impulsar la reforma judicial –que tiene media sanción en el Senado– y dialogara con el sector judicial en busca de consensos que hasta el momento no se alcanzaron. En este marco, Losardo manifestó su decisión de dejar el cargo.

El lawfare y la reforma

En sus primeras declaraciones públicas desde que Alberto Fernández lo designó, Soria se refirió a sus planes para el Ministerio de Justicia. Dijo a Radio 10 que uno de sus objetivos es “es terminar con el lawfare, con las operaciones judiciales”, y “desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de Mauricio Macri”.

Como diputado Soria denunció ante la Justicia que Gustavo Hornos, el presidente de la Cámara Federal de Casación, el principal tribunal penal de Argentina, visitó el despacho de Macri en la Casa Rosada seis veces entre 2015 y 2018. Según recordó el diario Página 12, en febrero Soria tuiteó: “¿Se imaginan a un juez reunido con Alberto Fernández en la Casa Rosada antes de dictar un procesamiento contra Macri? Sería un escándalo, ¿no? Pero el juez Gustavo Hornos [Casación Penal] visitó a Macri antes de procesar a Cristina [Fernández de] Kirchner y nadie se enteró”.

La ONG Poder Ciudadano había analizado el registro de ingresos de personas a la Casa Rosada, y así fue como se conocieron las visitas de Hornos. Una vez que tomaron estado público, los propios integrantes de su tribunal cuestionaron al magistrado.

“Conmigo no van a contar para recibir a escondidas jueces y fiscales, y es un desafío enorme transformar el desastre que hicieron en el gobierno de Mauricio Macri con el Poder Judicial”, advirtió Soria. En referencia a la Corte Suprema de Justicia afirmó: “Tenemos una corte que fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron todo lo que aprendimos en la facultad por la ventana”.

Soria consideró necesario “aclarar también que no todos los jueces y fiscales se prestaron a ese juego perverso de sentarse a escondidas en el despacho de Macri, pero algunos se pasaron y se olvidaron del servicio elemental del servicio de justicia que tienen que cumplir”. Agregó que “los que se sentaban con Macri dicen ahora que el gobierno los va a perseguir”, y aclaró: “Nosotros no vamos a usar las mismas herramientas ni artilugios que utilizó el macrismo. Si no, caeríamos en el mismo razonamiento que tienen ellos”.

También el presidente argentino se refirió a las causas judiciales con motivaciones políticas. Al presentar el proyecto de reforma ante el Congreso, hace un año, dijo que es necesario un “reordenamiento de la Justicia Federal” que “evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”. Agregó que su reforma también busca evitar “la designación de jueces amigos, la manipulación judicial, la utilización política de la Justicia y el nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”.

Para elaborar la reforma se creó un Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, integrado por 11 académicos reconocidos que identificaran cuáles son los puntos a modificar en el sistema de Justicia. De acuerdo con la agencia de noticias estatal Télam, este consejo trabajó de agosto a noviembre y emitió un informe con sus recomendaciones, que Fernández calificó de “un punto de partida”. Una de esas recomendaciones fue la de crear de una ley orgánica que regule el funcionamiento de la Corte Suprema, y otra apuntaba a cambiar la composición del Consejo de la Magistratura, que está integrado por representantes de distintos ámbitos y tiene la tarea de nombrar, promover y sancionar a los jueces.

La norma que recibió media sanción en agosto crea 23 juzgados y cinco tribunales penales federales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, además de unificar el fuero penal económico con el criminal y el correccional, que suman otros 23. Para la oposición, un mayor número de juzgados puede diluir el poder de los jueces y permitir al poder político incidir en la designación de decenas de nuevos magistrados.

Para el presidente, aumentar el número de jueces federales evita que los casos que más se prestan a un uso político, aquellos que involucran a altos funcionarios, queden en manos de unas pocas personas. El proyecto busca evitar “que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”, dijo Alberto Fernández.

Para disipar las sospechas de que la reforma beneficiaría a la vicepresidenta, el presidente aclaró que “la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”. También Soria se refirió a este punto. “La impunidad es el caballito de batalla de ellos [la oposición], pero acá no existe la más mínima posibilidad de cambiar jueces”, dijo. “Es lo que menos quiere [Cristina Fernández], ya que como querría cualquier ciudadano que es acusado, quiere que sea la propia Justicia la que determine que no hizo nada”, agregó.

El gobierno todavía tiene que convencer a los diputados de que voten el proyecto de ley que tiene media sanción, o negociar cambios en la reforma con la cámara baja y los actores del sistema judicial. Parte de esa tarea recaerá en el nuevo ministro.