Creció Montevideo y, en consecuencia, también la zona metropolitana, en particular la llamada Costa de Oro; aumentó la densidad poblacional, y con esta la demanda de agua –entre otras–. Al tiempo que se incrementaba la demanda, también aumentaba la frecuencia de exposición a El Niño y La Niña, fenómenos que incidían en el abastecimiento de agua: uno por la contaminación por cianobacterias, otro por las sequías. La necesidad de una fuerza adicional al bastardeado río Santa Lucía, que proveía de agua para potabilizar a la capital, era imperiosa.
Si bien esto sucede desde los años 90, en la última década varios episodios dieron cuenta al directorio de OSE de que era necesario avanzar en un plan B. Las alternativas que se manejaban eran varias: desde desalinizar el agua del océano hasta buscar una cuenca en el Río de la Plata, pasando también por la construcción de nuevos lugares de acopio. Esta última fue la que primó en los últimos años.
En los planes de OSE ya casi estaba en marcha la construcción de una represa sobre el arroyo Casupá: el informe ambiental estaba aprobado, el proyecto ejecutivo estaba realizado y se estaba por lanzar el llamado a licitación por un monto de 80 millones de dólares cuando cambió el gobierno. El proyecto entró en suspensión. Más allá de la dirección política, el doctor en Biología e investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República Luis Aubriot explicó a la diaria que esto “implicaba un gran impacto en el territorio: expropiar tierras e inundar monte nativo, por lo que no iba a ser una buena cuenca”.
Implantación de la necesidad, nacimiento de la idea; o al revés
Si bien la idea de sacar el agua para potabilizar del Río de la Plata data de largo tiempo, no fue hasta el año pasado, concretamente, el 23 de octubre, que las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, reunidas en el Consorcio Aguas de Montevideo, presentaron a Presidencia el proyecto Neptuno. Hace poco más de dos semanas, el presidente Luis Lacalle Pou lo describió en su comparecencia ante la Asamblea General a un año de su asunción como un bloque que implicaba la construcción de una nueva toma de captación de agua en la zona de Arazatí y Bocas de Cufré, en San José, una nueva planta potabilizadora, una estación de bombeo y una nueva tubería aductora de 80 kilómetros hasta Montevideo.
El proyecto fue remitido e ingresado a OSE el 13 de noviembre, y el organismo cuenta con un plazo de 90 días para expedirse al respecto. “Luego de muchos avisos, consideramos que era una opción que tenía ventajas sobre Casupá”, sostuvo en diálogo con la diaria el presidente de OSE, Raúl Montero. “Cuando asumimos, el año pasado, Montevideo tenía agua para unos 30, 40 días. Había unos 30 millones de metros cúbicos en Paso Severino y el río Santa Lucía traía mucho menos de lo suficiente para un día de Montevideo, que eran unos 650.000 metros cúbicos. Si no hubiera llovido en junio del año pasado, la situación hubiera sido bastante crítica. Ahí comenzó a correr en el río Santa Lucía un caudal suficiente para abastecer Montevideo, lo que permitió que, además de llenarse, Paso Severino pasara a tener reserva. Este verano de vuelta se nos planteó de forma muy parecida: desde noviembre tuvimos escasez hasta febrero, cuando se dio un régimen de lluvias muy favorable. Esos son los avisos que hacen que pensemos que Montevideo necesita una fuente extra. Una opción sería duplicar Paso Severino y otra es apelar a una cuenca diferente a Santa Lucía y a una planta diferente a Aguas Corrientes. Si estamos con una cuenca diferente aumentan las posibilidades de que no se den fenómenos de proliferación de algas a la vez, y estratégicamente implica distribuir la dependencia en dos plantas”, agregó.
Ubicación tóxica
Así, a mediados de febrero y con el voto positivo de sus tres integrantes –Montero, Susana Montaner, del Partido Colorado, y Edgardo Ortuño en representación del Frente Amplio, quien añadió sus reparos–, el directorio de OSE aprobó avanzar en estudios de factibilidad para la nueva planta potabilizadora que se ubicaría en Bocas de Cufré y Arazatí, en la costa de San José.
El estudio comprenderá los planos técnico, económico y ambiental. Respecto de esto último, Aubriot sostuvo que la situación genera preocupación. Si bien Buenos Aires y Colonia han utilizado el Río de la Plata como fuente, fue en momentos en los que el agua tenía otras características, y por no contar con una alternativa. “En este caso es una zona con una alta ocurrencia de floraciones de cianobacterias tóxicas, que van desde la costa de Colonia hasta la costa de San José, por donde circula lo que se llama ‘el corredor Uruguay’, que es agua que circula muy fluida y contiene floraciones generadas en el propio Río de la Plata que se acumulan en nuestra costa por los vientos y las corrientes y por el gran arrastre de los ríos Uruguay y Negro, que descargan sobre esa zona también grandes biomasas de cianobacterias. Asumiendo que la toma de agua va a ser relativamente costera, es seguro que va a tener una importante afluencia de cianobacterias, a las que en todo caso habría que realizarles un tratamiento especial, con descontaminación y chequeos de si existe o no toxicidad final en el agua tratada”, explicó.
Imagen extraída de la plataforma Sentiner-2 Agencia Espacial Europea (ESA)
En este sentido, cuestionó la elección del sitio: “Una cosa es que uno tenga una planta funcionando en un lugar y el fenómeno comience a ocurrir luego de un tiempo, y ahí hay que pasar a adecuar las formas de potabilizar el agua a partir de lo que está sucediendo. Pero acá, otra vez, planificaron en un lugar donde sabemos que el problema de por sí existe. Desde el vamos esa planta va a tener un problema en la gestión de la potabilización del agua, desde la parte operativa, los métodos de tratamiento y los costos que va a implicar eso”.
Interpretaciones jurídicas
El 2 de febrero del año que corre se expidió favorablemente la secretaría jurídica de Presidencia sobre el proyecto, que en el mismo informe declara que ingresó no el 23 de octubre, sino el 19. Quizás lo más importante, sobre lo que se argumenta en gran parte del informe, es sobre la interpretación del artículo 47 de la Constitución, que en su numeral 3 establece que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. En concreto, sostiene que “no se advierte que la presente propuesta colida el artículo” y alega que “servicio público es un término polémico y polisémico” y que “servicios de interés económico general o servicios económicos de interés general es una terminología que tiende a imponerse en Europa en lugar de la clásica expresión de servicio público”. Así, “se desprende que estos servicios responden a necesidades colectivas que deben ser satisfechas mediante prestaciones uti singuli, y que actúan en el mercado, sin que importe si el prestador posee o no ánimo de lucro y cuál es el titular de la actividad”.
La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) rechazó el informe jurídico. “Se quiere reinterpretar el artículo 47, dar una relectura de lo que establece, que es el interés general en materia de agua y saneamiento como un derecho humano, y hacer que las empresas públicas puedan permanecer como persona jurídica pública estatal, pero todo lo demás lo hacen los privados. También dan a entender que si es necesario modificar la ley orgánica de OSE lo pueden hacer, porque tienen mayoría parlamentaria, y en la ley orgánica de OSE hay una cosa que es esencial y es que el interés social está por encima del interés económico”, explicó a la diaria el secretario general de FFOSE, Nicolás Ferreira.
“Las obras son necesarias, pero deben ser como se venían haciendo hasta ahora: los privados hacen la obra porque OSE y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tienen la capacidad de hacer obras de esta magnitud y le entregan a OSE la obra para que esta opere, gestione, haga el mantenimiento y la logística, sin aumentar las tarifas. Pero este consorcio se propone construir, gestionar y operar, entonces nos cuestionamos el contrato y el tipo de financiamiento y el eventual canon que pueda requerir la empresa a OSE para asegurar los márgenes de ganancia. ¿Cuál es el beneficio, si es que los privados hacen dinero?”, se preguntó Ferreira. También alertó sobre el eventual uso de un excedente de agua, una vez que sean construidas las tres obras –el embalse de Paso Severino, Casupá y Bocas de Cufré–: “Que OSE haga un acuerdo público-privado, como establecía la ley de riego, para que los privados hagan dinero con las reservas de agua que OSE tiene para la población. El mensaje político detrás es jodido”.
Un estudio de factibilidad del tipo de planta potabilizadora que se propone el flamante consorcio privado se realiza en seis meses, pero, de acuerdo con lo informado por el presidente de OSE, las empresas se comprometieron a tenerlo pronto en cuatro. En tanto, una comisión conformada por delegados de los tres directores –Montero, Montaner y Ortuño– y responsables técnicos de áreas de ingeniería –calidad de agua y redes de Montevideo–, económica y jurídica suministrarán la información e intercambiarán en el proceso con las empresas. Luego, la decisión quedará en manos del directorio del ente, previa autorización del Poder Ejecutivo.