Por primera vez los peruanos llegarán a las urnas sin tener claro quiénes son los candidatos con mayores posibilidades de llegar a una segunda vuelta. Desde que Perú recuperó la democracia, lo habitual es que las encuestas que se difunden los días previos a los comicios ya perfilen a los dos postulantes que podrían competir en balotaje, cada uno con 20% o más de intención de voto y con una marcada distancia del resto de los candidatos.

Pero en estas elecciones los sondeos muestran un quíntuple empate técnico, con una intención de voto muy baja para dirigentes de derecha, ultraconservadores, populistas y de izquierda, seguidos –por sólo dos puntos de diferencia– por un par de candidatos que hasta hace unas semanas estaban mejor ubicados en los sondeos.

La campaña electoral, atípica por las cuarentenas y restricciones sanitarias, despertó un interés tardío en un país que tiene a sus últimos gobernantes investigados por corrupción y afronta su mayor desplome económico en las últimas tres décadas, desde que fue golpeado por la violencia política y la inflación. Perú atraviesa el peor momento de su segunda ola de infectados por covid-19 y acaba de romper su propio récord de muertes diarias, con más de 300 en 24 horas.

El domingo 4 de abril fue el último día permitido para difundir encuestas en Perú, según su ley electoral, y hasta entonces mostraban candidatos con preferencias que apenas fluctúan entre 7% y 12% cada uno. Los puntos que los separan entre sí coinciden en muchos casos con el margen de error de 2,5% que tiene este tipo de mediciones. Incluso con la obligatoriedad del voto, el grupo de indecisos y de quienes aseguran que anularán o dejarán en blanco su cartilla de votación los supera ampliamente, y llega de 27,2% a 31,5% en los distintos sondeos.

Con esta baja representatividad, parecía que el próximo presidente de Perú se definiría entre el populista Yohny Lescano, la izquierdista Verónika Mendoza, el economista de derecha Hernando de Soto, el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga, la hija del exgobernante Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, y el exfutbolista de centroderecha George Forsyth. Sin embargo, dos recientes encuestas, difundidas por la prensa internacional, añaden un séptimo personaje a la escena: el profesor Pedro Castillo, quien ha desplazado a López Aliaga y Forsyth en la lista de los cinco primeros.

Ninguno de ellos ha tenido un rol predominante en la representación ciudadana de los últimos años. Tampoco han surgido de organizaciones políticas con base social.

Para el politólogo de la Universidad Católica de Perú Fernando Tuesta Soldevilla, la actual oferta electoral es producto del voto fragmentado y del desinterés por la política, y hasta el mismo día de las elecciones no es posible adelantar proyecciones. “La pandemia ha dejado un Estado perforado y una ciudadanía frustrada ante la respuesta de los políticos, por lo que se muestra poco interesada en las elecciones. A eso se agrega una oferta de 18 candidaturas, la más numerosa que se recuerda. Lo único cierto es la incertidumbre, pues las décimas de diferencia entre un postulante y otro impide interpretar las encuestas”, sostiene.

Por su parte, la politóloga Denise Rodríguez Olivari considera que esta fragmentación política es el peor escenario para un país que necesita elevar sus niveles de empleo, reducir la pobreza y enfrentar la crisis sanitaria. “Es inaudito, nunca antes visto, que ningún candidato pase una valla de 20%. Es preocupante porque aquellos que pasen a la segunda vuelta van a tener que pelear por tener una legitimidad en la población”.

Discursos y desinformación

De los cinco postulantes con mayores posibilidades de llegar a una segunda vuelta, quien se mantuvo arriba en las intenciones de voto hasta el domingo 4 de abril es Yonhy Lescano, de Acción Popular, el único partido histórico que se posicionó en la contienda, pero cuya dirigencia está fraccionada en cuatro vertientes, con diferentes líderes y objetivos. Las encuestas de esta semana lo posicionan en el segundo o tercer lugar.

Un partidario del candidato presidencial Hernando De Soto, cuelga pancartas electorales antes de un acto de campaña, en el distrito de Villa El Salvador, el 5 de abril, en las afueras de Lima.

Un partidario del candidato presidencial Hernando De Soto, cuelga pancartas electorales antes de un acto de campaña, en el distrito de Villa El Salvador, el 5 de abril, en las afueras de Lima.

Foto: Ernesto Benavides, AFP

En noviembre de 2020, una de estas ramificaciones promovió la salida del cargo del entonces presidente Martín Vizcarra y logró, junto con otras fuerzas políticas, colocar a su militante Manuel Merino al mando de un fugaz gobierno. Estos hechos derivaron en protestas que fueron reprimidas con violencia y terminaron con la muerte de dos jóvenes, y aunque el ahora candidato se opuso a esa toma de mando, no ha podido evitar que su partido blinde a Merino y sus aliados.

Lescano ha sido congresista por 18 años, tiempo en el que se hizo conocido por sus propuestas para reformar el sistema de pensiones y sus enfrentamientos contra el APRA y Fuerza Popular, agrupaciones políticas vinculadas con actos de corrupción y que tuvieron mayoría en el Parlamento.

Su discurso mezcla propuestas de izquierda en el ámbito económico con una postura conservadora en lo social, por ejemplo en la legalización del aborto y la marihuana. Pero también incluye anuncios populistas respecto de la distribución de la riqueza, su ofrecimiento de traer de regreso el Monitor Huáscar, la embarcación que Perú perdió durante la guerra con Chile, o su afirmación de que la sal y el aguardiente de caña de azúcar sirven para tratar la covid-19.

Por su parte, Rafael López Aliaga es un empresario de extrema derecha que ha recurrido a la polarización y a los discursos de odio como herramientas de campaña electoral. Esto se suma a insultos, mentiras y su negación de la ciencia en las medidas contra la pandemia. Las redes sociales le han servido para amplificar teorías de conspiración en las que vincula a sus opositores con el comunismo global y la corrupción que tejió la constructora brasileña Odebrecht. Pero también para amenazar al periodismo y extender campañas de desinformación sobre la igualdad de género, la comunidad LGBTI y el acceso a derechos sexuales y reproductivos.

La imagen de empresario exitoso que se atribuye a sí mismo no se condice con las pérdidas millonarias en sus negocios y las cuantiosas deudas tributarias que él insiste en negar. Se presenta como un candidato nuevo, pero ha sido regidor de la Municipalidad de Lima cuando la alcaldía estaba en manos de Luis Castañeda Lossio, fundador del partido Solidaridad Nacional, y hoy investigado por la presunción de que recibió dinero de la constructora brasileña OAS.

Precisamente, Solidaridad Nacional es la agrupación política por la que se postula López Aliaga. Le cambió el nombre por Renovación Popular y la vistió con el color celeste de los movimientos ultraconservadores para captar a los grupos provida y profamilia. Su retórica antiderechos y de religiosidad extrema ha logrado sumar a los votantes más radicales que apoyaban a su contendora, Keiko Fujimori. Incluso lleva a pastores y líderes religiosos en su lista al Congreso.

El rápido ascenso que protagonizó en marzo, y que lo colocaba en segundo lugar, se revirtió en las últimas encuestas de abril y ahora aparece en quinto y hasta sexto puesto. Para el politólogo Fernando Tuesta, es difícil determinar si su baja se debe al débil desempeño que demostró en los recientes debates electorales, donde optó por leer respuestas preelaboradas.

“Al candidato Hernando de Soto tampoco le fue bien en el debate, pero es el que más ha crecido en las preferencias electorales. El problema es que estas subidas y bajadas son en realidad décimas de puntos, representan un porcentaje muy pequeño en la intención de voto, así que tampoco nos pueden ayudar a definir quién realmente está liderando el grupo. Son las elecciones con mayor incertidumbre de la historia, nadie está seguro de pasar a la segunda vuelta”, sostiene Tuesta.

Candidatos de derecha e izquierda

En efecto, quien mostró un repunte sorpresivo fue el representante del partido Avanza País, Hernando de Soto. El economista ha construido su imagen por medio de su Instituto Libertad y Democracia y sus proyectos sobre titulación de tierras y promoción del libre mercado. Tiene una larga lista de menciones y reconocimientos internacionales, pero también de asesorías a gobiernos cuestionados, como los de Alberto Fujimori y Alan García en Perú, y de los que lideraron en su momento Hosni Mubarak en Egipto y Muamar Gadafi en Libia.

Su cercanía al fujimorismo lo llevó a respaldar la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011 y a sumarse a su equipo de consultores cuando ella volvió a postularse a la presidencia en 2016. Las encuestas señalan que su principal respaldo proviene de la capital y de los niveles socioeconómicos más pudientes, sobre todo de jóvenes de 18 a 25 años. De Soto ha sido cuestionado por su discurso clasista al subestimar a los sectores más vulnerables respecto de su comprensión sobre la política.

Pese a sus pergaminos, De Soto ha presentado al Jurado Nacional de Elecciones un plan de gobierno de una sola página, en la que no desarrolla ningún eje de acción, y se ha aliado con un personaje de la farándula, el actor y presentador de televisión Andrés Hurtado, para empatizar su discurso con los votantes más pobres. Además, pese a que se vacunó gratuitamente contra la covid-19 en Estados Unidos, anunció que en un eventual mandato suyo, en Perú este proceso sería entregado al sector privado.

La última candidata de derecha es, precisamente, su exaliada Keiko Fujimori, quien por tercera vez intenta llegar a la presidencia de Perú con el partido Fuerza Popular. Desde el año pasado ella se encuentra con libertad restringida por mandato judicial, como parte del proceso que se le sigue por presuntamente recibir dinero de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales.

Acto de campaña de Yonhy Lescano, el 29 de marzo, en Lima.

Acto de campaña de Yonhy Lescano, el 29 de marzo, en Lima.

Foto: Ernesto Benavides, AFP

En marzo, la Fiscalía del Equipo Especial Lava Jato formalizó la acusación en su contra por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción de la Justicia y fraude, y pidió 30 años de prisión para la dirigente. El expediente contiene las confesiones de 14 implicados que brindaron información sobre el esquema que se empleó para ocultar el dinero. Si la Justicia valida las evidencias, es posible que comience un juicio oral.

Pese a que su porcentaje de aceptación se incrementó en las últimas semanas y, según las últimas encuestas, ahora lidera las preferencias, Fujimori se mantiene como la candidata que genera más rechazo: 55%. Su campaña política apuesta por la lucha contra la inseguridad ciudadana bajo el lema “mano dura” e incluye videos y mensajes que rememoran la gestión de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Además, la dirigente nombró jefe del Programa de Reactivación Económica a Jorge Baca Campodónico, un exfuncionario del gobierno fujimorista en los 90 que fue sentenciado por malversación de fondos y soborno.

Otra de las candidatas a la presidencia es Verónika Mendoza, representante de la coalición de izquierda Juntos por el Perú, que fue congresista de 2011 a 2016. Esta es la segunda vez que Mendoza se postula al cargo. Antes lo hizo por el Frente Amplio, agrupación que se quebró tras llegar al Parlamento. Su plan de gobierno es más detallado que el de los otros candidatos mencionados, y su discurso incluye medidas de corto plazo para atender la pandemia. Sus rivales cuestionan este plan de gobierno por observar el rol del Banco Central y contemplar la ampliación del gasto público para dar bonos y generar empleo con proyectos estatales.

Luego de estos cinco postulantes aparecía el exfutbolista de centroderecha George Forsyth, del partido Victoria Nacional. Su imagen política se forjó cuando ejerció como alcalde distrital, encabezando operativos contra la delincuencia y la informalidad. Abandonó ese cargo a menos de dos años de asumirlo, para postularse a la presidencia.

Forsyth, un declarado amante de los vehículos de alta gama, obtuvo casi todo su patrimonio vehicular por donaciones y regalos de empresarios, aun cuando ejercía como autoridad municipal. Su plan de campaña es uno de los más completos entre los 18 partidos que aspiran a la presidencia, y ha sido elaborado por su segundo vicepresidente, Jorge Chávez Álvarez, quien también preparó la hoja de ruta para el gobierno de Alberto Fujimori. En total, 12 de sus postulantes al Congreso fueron militantes o candidatos del fujimorismo en años anteriores.

Fue el candidato que aglutinó la mayor intención de voto en la primera etapa de la contienda; sin embargo, según los últimos sondeos de Datum e Ipsos, Forsyth ha sido desplazado al séptimo lugar, y quien ha dado un salto en intención de voto es el profesor Pedro Castillo, del partido de extrema izquierda Perú Libre, que se posiciona en un segundo y tercer lugar. Fue dirigente de la huelga magisterial de 2017 y su apoyo proviene, principalmente, de la sierra sur del país, cuyas demandas sociales han sido relegadas por años.

En su plan de gobierno propone una nueva Constitución, desactivar el Tribunal Constitucional, revisar los acuerdos comerciales y anular las concesiones viales. También está en contra de la legalización del aborto y de la inclusión del enfoque de género en el currículo escolar. El fundador de su partido es el exgobernador regional Vladimir Cerrón, condenado por corrupción.

El próximo presidente o presidenta de Perú recibirá un país desesperado por medidas ante la crisis económica y la pandemia, pero también un Congreso fraccionado. Estos partidos políticos, de constitución precaria y disímiles entre sí, ocuparán bancas en el nuevo Parlamento junto a otros más pequeños que conseguirán pasar la valla de 5%, y con todos ellos el nuevo gobierno deberá buscar un consenso.

“Ya hemos visto cuáles son las consecuencias de tener un bloque mayoritario obstruccionista y muchos grupos pequeños que pueden promulgar leyes que ni siquiera son constitucionales o, incluso, derivar en una crisis como la vivida en noviembre de 2020. Es preocupante para el próximo presidente y para las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo”, añade Rodríguez Olivari.

El país ha sido testigo de cómo esta falta de respaldo político ha propiciado censuras, renuncias y hasta una vacancia presidencial. Una confrontación que agudizará las necesidades de la ciudadanía.

Elizabeth Salazar Vega, desde Lima.