Al GACH le faltó una pata, dijo el cardiólogo Alejandro Cuesta el 6 de junio en una conferencia por Zoom. En esa misma instancia, el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) Julio Trostchansky propuso responsabilizar al gobierno por las muertes en la pandemia, lo que generó una polémica subida de tono con el senador nacionalista Sebastián da Silva. El planteo de Cuesta, en cambio, pasó casi desapercibido.

“El GACH tiene una pata que no está, y de la que yo no escucho hablar nunca, que es la ausencia de expertos económicos”, dijo Cuesta en el Zoom. “En ningún momento en el GACH se integra un equipo que determine, desde el punto de vista económico, qué es lo más costo-efectivo para el país. Porque se les está exigiendo a la ciencia y a la medicina que demuestre sus acciones, pero en ningún momento se les está pidiendo a los economistas que demuestren la bondad de hacer cierres, no hacer cierres, hacer cuarentenas, no hacer cuarentenas, subsidiar, no subsidiar”. “Eso se resuelve en un ámbito cerrado dentro del gobierno, del cual nosotros no sabemos más nada, y realmente hay muy poca literatura y muy poca evidencia a nivel internacional”, agregó.

Para cuando Cuesta hizo su planteo, el GACH ya estaba cerca de terminar su existencia. Pero su idea podría servir para futuras crisis y futuros grupos asesores científicos honorarios.

Idea original

El planteo de Cuesta no estuvo muy alejado de lo que pudo haber ocurrido. En marzo de 2020, cuando la pandemia recién había llegado al país, el entonces director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Hugo Odizzio, le ofreció a Rafael Radi que coordinara un equipo de científicos para definir rumbos de acción en base a evidencias empíricas. El nombre de Radi le había sido sugerido por Carlos Batthyány, director ejecutivo del Institut Pasteur.

Eso se cuenta en un trabajo académico titulado “El GACH en perspectiva: una mirada desde la historia reciente al desarrollo institucional en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Uruguay”, escrito por Laura Gatti, Verónica Núñez y Paula Santos como trabajo final de seminario en la maestría en Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Para escribir ese informe académico las autoras entrevistaron a Odizzio y a Radi.

Radi relató a Gatti, Núñez y Santos que su idea original era que el GACH tuviera esa “pata económica” que hoy reclama el cardiólogo Cuesta.

Cuenta el trabajo académico que a Radi la propuesta de Odizzio lo tomó por sorpresa. “Habiendo solicitado reflexionar al respecto, tomó contacto con el ingeniero Hugo Odizzio el día 5 de abril, para proponer, entre otras condiciones de aceptación, incorporar al menos cuatro dimensiones al análisis del problema, que eran: 1. la dimensión sanitaria, 2. la dimensión económica, 3. la dimensión socioeducativa y 4. la dimensión relacionada a la ciencia de datos y modelos predictivos”.

Según el citado trabajo académico, Odizzio coincidió “en el enfoque”.

El hoy presidente del Banco de Previsión Social (BPS), dice el texto, “se encargó de diseñar un organigrama posible, basado en estas cuatro dimensiones. El equipo integraría al economista Isaac Alfie en el área económica y la articulación científica hacia el gobierno; el economista Gonzalo Baroni –actual director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura– en el área socioeducativa. Dos personas del área científico-académico serían nombrados directamente por el doctor Rafael Radi para el área de salud y el otro para ciencia de datos y modelos respectivamente (que fueron el doctor Henry Cohen y el doctor Fernando Paganini)”.

Odizzio, sin embargo, dijo a la diaria que el equipo referido a la economía (y también el de la educación) siempre se pensó por fuera del GACH, en la órbita del gobierno y con un rol acotado a analizar las posibles reaperturas de los distintos sectores de la economía. “No se lo pensaba como un grupo que hiciera un análisis macroeconómico, que analizara el impacto de tal o cual medida en la población”, señaló. “Su función era analizar qué pasaba en términos de la pandemia cuando se reactivaba tal o cual sector de la economía, como la construcción, que fue el primero. Qué riesgo de contagios había si tal sector se abría”.

Odizzio afirmó que cada sector que reclamaba su reapertura era analizado primero por Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y luego se conversaba en Transición Uy, un grupo que hizo de nexo entre el GACH y el presidente, y que integraban Alfie, Baroni, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el propio Odizzio.

“Economía nunca estuvo dentro del GACH. Lo del GACH quedó circunscrito como un asesoramiento en dos áreas específicas: salud y datos”, agregó el hoy presidente del BPS. “No olvidemos que todo se hizo con cero modelo de referencia. No había un lugar donde mirar cómo se organizaba esto”.

Respecto de por qué no se creó un grupo de economistas que evaluara las medidas desde una perspectiva macroeconómica, Odizzio dijo: “No lo vimos en un comienzo, porque lo abordamos como un tema de salud y no como un balance social multidimensional”.

35 millones diarios

Alfie dijo desconocer que en algún momento se planteó que el GACH pudiera tener un equipo de economistas y que su nombre estuvo sobre la mesa.

Para el director de la OPP, es lógico que el manejo de la economía haya quedado en manos del gobierno. “El Poder Ejecutivo es quien debe manejar la administración, y quienes estamos allí tenemos nuestros asesores, nuestro propio GACH. Pensar en haber creado algo como si la economía fuera biología no hubiera funcionado”, dijo Alfie a la diaria. “El asesoramiento del GACH era científico, para un tema muy específico en el que el sector público no tiene esa capacidad”, añadió.

Alfie afirmó que el cálculo de cuánto costaría cerrar la economía está hecho en función de lo que ocurrió en 2020, en el momento de mayor cumplimiento del “quedate en casa” voluntario. “Un cierre total nunca es posible, porque hay actividades que continúan siempre. Pero algo como lo que pasó en Uruguay entre el 19 o 20 de marzo de 2020 y fines de abril, o primeros días de mayo, eso cuesta entre 35 y 38 millones de dólares por día, porque implica una caída del PIB de 25%, en números gruesos”, dijo el director de la OPP.

Alfie señaló que la economía también depende del comportamiento de la gente. Desde su punto de vista, los cierres totales no tienen un buen efecto sanitario porque, una vez que terminan, las personas relajan su comportamiento por partida doble. “Un cierre total es peor para la gente, se muere más de hambre, la pobreza aumenta más y terminás sin lograr nada desde el punto de vista sanitario”, estimó.

Los integrantes del GACH han reclamado insistentemente una baja en la movilidad para controlar mejor la pandemia.

Ideal, pero no recomendable

Si se hubiera creado un GACH económico como pretendió Radi en un primer momento, dos figuras de referencia podrían haber sido los economistas Javier de Haedo y Gabriel Oddone.

Ante la consulta de la diaria, De Haedo se limitó a decir que la idea de dotar al GACH de un equipo que midiera los escenarios económicos es buena y necesaria, pero estimó que hoy seguramente la cumple Alfie en la OPP.

Oddone, por su parte, le vio ventajas y desventajas. “No es mala idea, pero en una sociedad donde los temas económicos suelen estar muy politizados y donde mucha gente tiene opinión acerca de ellos, no sé si habría sido conveniente. Si alguien me lo hubiera preguntado, habría dicho: ‘Es una buena idea, pero no sé si recomiendo llevarla adelante’”, dijo a la diaria.

Para el economista, ante un problema mundial inesperado, disruptivo y tan desafiante como una pandemia, “armar un comité de científicos que orientara a los gobernantes sobre las diversas dimensiones requeridas para gestionar una crisis sanitaria grave era algo muy razonable. Entre otras cosas, porque no es frecuente que los políticos tengan acumulación sobre esos temas. En cambio, en materia económica los políticos sí suelen tener experiencia y conocimientos, al tiempo que el Estado tiene profesionales especializados para gestionar situaciones graves e inesperadas. Además, en la disciplina económica, la ideología, las preferencias y orientaciones personales pesan más”.

Oddone estimó que “tampoco era fácil para un gobierno recién asumido dejar la sensación de que necesitaba asesoramiento en una materia que es un cometido sustantivo de su gestión. Habría podido entenderse como una desautorización a su equipo”.

1% del PIB

Sin esa pata económica del GACH, el costo de tomar o no medidas ha estado envuelto en la polémica y al mismo tiempo en la incertidumbre, tal como anotó el cardiólogo Cuesta.

El senador del Frente Amplio Daniel Olesker dijo a la diaria en una entrevista publicada el 12 de junio que con 175 millones de dólares –0,3% del PIB– se podía financiar una detención económica de un mes. De acuerdo a los cálculos del economista, 70 millones de dólares servirían para pagarle el seguro de paro y un complemento a la misma cantidad de trabajadores que estuvo en ese régimen en mayo de 2020, otros 80 millones se emplearían para pagar una renta básica para trabajadores informales, y 25 millones servirían para subsidiar las tarifas de las empresas privadas y pagarles a sus dueños una partida equivalente a lo que recibe un trabajador.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó en el programa Desayunos informales que el costo del plan de Olesker “no cierra acá, en Alemania, en ningún lado”. Consultado para esta nota manifestó que no se calculó el costo de un plan como el reclamado por el senador frenteamplista por considerárselo inviable.

Otra fuente del Poder Ejecutivo relató que una idea de estimar cuánto dinero se necesitaría para financiar que todo el sector gastronómico pasara a trabajar sólo entregando a domicilio fue rápidamente descartada porque se entendió que era inabordable.

Oddone, en cambio, sí hizo algunos cálculos para la diaria respecto de los costos de las restricciones a la actividad. El economista compartió apreciaciones hechas a partir de datos del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de Covid-19. Según esas mediciones, en abril de 2020 la movilidad promedio se ubicó aproximadamente en 40% del nivel normal, mientras que en junio lo hizo en 70% y hoy está cercana a 80%. “Una reducción de la movilidad de magnitud y extensión similar a la de 2020 podría provocar una contracción anual del PIB de 2%”, señaló Oddone.

El socio de CPA Ferrere estimó que si hoy se registrara el escenario del segundo trimestre de 2020, “la caída del PIB sería menor porque no estarían jugando factores que estuvieron presentes el año pasado, como la caída de la demanda externa, la fuerte depreciación del peso y la afectación severa de las expectativas”. “Por ejemplo”, agregó, “si la movilidad se mantuviera durante todo un trimestre en 50% del nivel normal y, asumiendo una recuperación rápida que convergiera a niveles como los actuales, el impacto negativo sobre el crecimiento del PIB podría ser de aproximadamente 1,4%”.

En base a ello, Oddone sostuvo que “un cálculo grosero permitiría estimar que tres semanas de reducción de la movilidad podrían traducirse en una contracción del PIB anual de a lo sumo 0,4%, lo que supondría un costo equivalente de algo más de 200 millones de dólares. Naturalmente, la distribución de este costo no es homogénea entre actividades y grupos de población, lo que hace que, en ausencia de compensaciones especiales, los sectores más comprometidos y las personas más vulnerables deban afrontar una mayor parte de este costo”.

En cuanto a los efectos sobre el empleo, Oddone dijo que bajo iguales condiciones, la pérdida de puestos laborales debería ser menor a la experimentada en 2020, ya que entonces una parte de esa caída “estuvo asociada a un ajuste de la plantillas por motivos no exclusivamente asociados a la pandemia”.