En 1890 Canadá lanzó una política para obligar a la población indígena a asimilarse a las costumbres impuestas por las autoridades. Creó un sistema de unos 130 internados que funcionó por décadas y por el cual pasaron cerca de 150.000 niños y niñas que habían sido separados de sus padres por la fuerza. Además de esa violencia inicial, en esos internados, muchos de los cuales estaban a cargo de la iglesia católica, los niños sufrían todo tipo de abusos.

En el lugar donde funcionó una de estas instituciones, el internado Kamloops, se descubrió días atrás una fosa común con restos de 215 niños. El hallazgo fue posible gracias al uso de un radar, y fue anunciado a fines de mayo por Rosanne Casimir, jefa de los indígenas tk’emlúps te secwépemc, del oeste de Canadá. “En nuestra comunidad teníamos sospechas que hemos podido verificar. Por lo que sabemos, estos niños desaparecidos son muertes no documentadas”, dijo Casimir. Algunos de ellos tenían apenas tres años, agregó.

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos los relatores especiales sobre verdad, justicia y reparación, Fabián Salvioli, para los derechos de los indígenas, Francisco Cali Tzay, y contra la explotación infantil, Mama Fatima Singhateh, pidieron ayer a Canadá y al Vaticano que investiguen estos casos. El internado Kamloops fue uno de los que gestionó la iglesia católica. “Las autoridades deben investigar las circunstancias y responsabilidades que rodean estas muertes, lo que incluye exámenes forenses de los restos y la identificación y registro de los niños desaparecidos”, manifestaron. En esos internados “se cometieron violaciones de los derechos humanos a gran escala contra niños de comunidades indígenas, y es inconcebible que Canadá y la Santa Sede ignoren estos terribles crímenes sin establecimiento de responsabilidades y reparaciones”, agregaron.

Días atrás, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se refirió al hallazgo de esta fosa común. “Creo que todos los canadienses están conmocionados por las noticias de Kamloops. No podemos ni imaginar que 215 niños fueran arrancados de sus familias o que no se comunicara a las familias que sus hijos habían muerto. No sólo en Kamloops, sino en otras parte del país”, dijo. Prometió “acciones concretas”, pero consultado por periodistas no supo especificar cuáles serán. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a cargo de Michelle Bachelet, señaló que “el grado de la planeada respuesta todavía no está claro”.

Por su parte, el ministro de Servicios Indígenas, Marc Miller, dijo que se entregarían con urgencia unos 22 millones de dólares que ya habían sido prometidos en 2019 para buscar fosas comunes en instituciones similares a la de Kamloops.

El Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación de la Universidad de Manitoba creó un registro en línea de los más de 4.000 niños que nunca volvieron a su casa después de haber sido ingresados a la fuerza en los internados. A su vez, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que publicó su informe en 2015, concluyó que la política de Canadá contra los pueblos originarios fue un “genocidio cultural”.

Según informó la Deutsche Welle, Perry Bellegarde, jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones, organización que representa a los grupos indígenas del país, dijo que “una investigación exhaustiva de todos los antiguos predios de escuelas residenciales podría conducir a más verdades del genocidio” cometido, y afirmó que los pueblos indígenas y las personas que pasaron por esos centros merecen conocer lo que sucedió.