Durante las primeras décadas del siglo XX, Uruguay fue pionero en otorgar derechos ciudadanos plenos y políticos a las mujeres. En este sentido, se lo veía internacionalmente como “país modelo”, especialmente frente a sus pares latinoamericanos. Hoy, sin embargo, esto no se traduce en materia de representatividad política de las mujeres.

El martes se lanzó en Uruguay la campaña “Democracia paritaria”, una iniciativa impulsada por el colectivo feminista Cotidiano Mujer y apoyada por ONU Mujeres, que busca generar un debate público sobre las dificultades que tienen las mujeres para acceder a los espacios de decisión en diferentes ámbitos, especialmente en el político.

“Sin paridad, la democracia es democracia a medias”, reza la consigna, y apunta a una de las deudas más importantes en materia política que tiene nuestro país: aunque la Ley de Cuotas existe desde 2009, la representación femenina en el Parlamento no alcanza siquiera al tercio.

Pero la paridad democrática va más allá de lo parlamentario. “La paridad implica repensar y reconfigurar las bases de la ciudadanía en términos paritarios; esto es aplicable para todos los espacios de la vida social, política y económica de un país”, define en diálogo con la diaria Niki Johnson, doctora en Ciencias Políticas especializada en género y docente de la Universidad de la República (Udelar).

Sin embargo, el abordaje de este tema con un énfasis en la representatividad femenina no es antojadizo. Son precisamente las mujeres, una vez que acceden a los espacios de decisión política, las que ponen en discusión “las temáticas que implican situaciones de discriminación o sesgos”, en términos de género y en muchos otros, asegura.

Pone como ejemplo la violencia de género y la discusión sobre los cuidados. “Se ponen en agenda porque son temas que llevan las mujeres a la agenda política; sin la incidencia del movimiento feminista y de las mujeres políticas no hubieran ingresado. En ese sentido, la paridad (política) es una condición necesaria para alcanzar la paridad en otras esferas de la vida”, sostiene.

“La paridad implica repensar y reconfigurar las bases de la ciudadanía en términos paritarios; esto es aplicable para todos los espacios de la vida social, política y económica de un país”.

Democracia paritaria en América Latina

En 1991 Argentina se volvió el primer país de la región en incorporar una ley de cuotas a su legislación. La medida provocó una ola de contagios en la región, una primera etapa que propició la “vía legal como acelerador del acceso de las mujeres a los espacios de decisión pública”, según consta en el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “Hacia una participación paritaria e inclusiva en América Latina y el Caribe”, de 2021.

“Es un caso interesante, fue muy avanzado”, sobre todo por cómo se fue ajustando progresivamente a lo largo de los años para hacer más efectiva la representación de las mujeres en el Congreso, un proceso que concluyó con la aprobación de la ley de paridad en 2018, repasa Johnson.

De acuerdo al balance que se hace de la situación regional en el informe, “la paridad ha sido en la mayoría de los casos –bajo ciertos requisitos de diseño– la política más exitosa para incrementar el número de mujeres electas en instancias colegiadas, entre ellas los parlamentos”.

Ecuador y Bolivia fueron los países pioneros en aplicar la paridad en sus constituciones en 2008, junto a Costa Rica, que la estableció en su legislación electoral. En la actualidad, la ONU divide a los países latinoamericanos en tres niveles. En el primer grupo están los que han regulado la paridad en cargos de elección popular: a los tres mencionados se suman Bolivia, Nicaragua, Colombia, Honduras, Panamá, Argentina, Perú y México.

Bolivia ocupa el décimo lugar mundial –segundo de América Latina y el Caribe– en la Clasificación Mundial de Mujeres en el Parlamento en 2021 de la Unión Interparlamentaria, en una lista de 193 países. El primero de la región, si bien no tiene medidas de esta índole legisladas, es Cuba, que está segundo a nivel mundial.

En este sentido, la politóloga enfatiza que “el diseño de las leyes de cuota y paridad necesariamente tiene que tomar en cuenta las características del sistema electoral”. Por ello, una legislación que pueda ser efectiva para Argentina, por ejemplo, puede quizá no serlo para Uruguay, puntualiza.

Recuerda el caso de las Juanitas en México. México había sido uno de esos países “contagiados” por la legislación argentina. En 1997 el Congreso adoptó como sugerencia la cuota de género, y para 2003 se volvió obligatoria. Tras las elecciones del Congreso de la Unión de 2009, máximo órgano del Poder Legislativo mexicano, diez diputados electos solicitaron la renuncia a sus bancas: ocho eran mujeres. De forma repentina, y sin que ninguna diera motivos concretos para el pedido de renuncia, fueron reemplazadas por sus suplentes designados, todos varones.

El fenómeno se volvió la viva prueba de las estrategias partidarias que pueden adoptarse –y de hecho se adoptan– para cumplir con la cuota legal sin resignar lugares efectivos para la representatividad femenina. Este fenómeno se conoció como las Juanitas, porque recordó al caso del excandidato a jefe delegacional de Iztapalapa por el Partido del Trabajo Rafael Acosta Ángeles, apodado Juanito, que generó controversia cuando se descubrió que en las elecciones de 2006 había prometido renunciar a su banca en caso de ganar, con el fin de cederla a su suplente Clara Brugada.

Después de este caso se fue buscando otras medidas para perfeccionar el sistema electoral y evitar este tipo de mecanismos, y aplicó que el sexo del suplente sea el mismo del titular, lo que se entiende como paridad transversal. Hoy, México está, con cerca de 50% de representatividad, en el sexto lugar mundial del ranking de la Unión Interparlamentaria.

Uruguay, bastante más atrás, ocupa el puesto 90. Junto con Brasil, Chile, El Salvador, Haití, Paraguay, República Dominicana y Guyana, integra el segundo grupo: aquellos países que han tomado iniciativas en pos de una paridad efectiva, como leyes de cuota con porcentajes que oscilan entre 20% y 40%.

En el último nivel están el resto de los países latinoamericanos, aquellos cuyas legislaturas “no cuentan ni con medidas de cuota ni con medidas de paridad”, el grupo “más rezagado en el avance hacia la democracia paritaria”, según el informe.

Si se mira la situación chilena, pueden encontrarse muchos paralelismos con la de nuestro país, analiza Johnson. Chile aprobó su ley de cuotas en 2015, seis años después que Uruguay. Al igual que este, “durante muchos años no tuvo cuota, tenía niveles de representación femenina en el Parlamento y en el Congreso muy parecidas a las de Uruguay, y las reglas de juego electoral” eran bastante similares, sobre todo por tener un sistema de partidos de “mucho arraigo”, subraya.

Ya un año antes de que comenzara el estallido social contra el gobierno de Sebastián Piñera en octubre de 2019, el banco de datos Latinobarómetro reportaba que 80% de la ciudadanía chilena sentía “poca o ninguna confianza” hacia los partidos políticos y el Congreso.

Los criterios de paridad adoptados en el plebiscito que llevó a la creación de la Convención Constituyente son “radicalmente” distintos a las normas del sistema electoral chileno. Su composición está integrada mitad y mitad por mujeres y hombres. “De hecho, la aplicación de la paridad implicó sacar mujeres y poner hombres”, ya que la ciudadanía eligió en mayor cantidad a mujeres, lo que desniveló a su favor la paridad.

“La gente chilena votó por que se conformara de esta manera la Constituyente, y después la gente chilena votó a más mujeres que a hombres”, remarca la politóloga. Por un lado, dice, es un ejemplo ideal de la buena aplicación paritaria, ya que no sólo está “en la oferta sino también en el resultado”, que debió ajustarse “para garantizar esa paridad en la integración final de la Convención”.

“El sistema político partidario uruguayo se debe una discusión mucho más profunda sobre sus formas de representación. Uno de los argumentos que se manejó cuando se puso en discusión la cuota es que dificulta el armado de listas. Quisiera invertir esto: ¿es adecuada para Uruguay la forma de conformar sus listas?”.

Sin embargo, a su entender, del caso chileno se pueden ver otros aspectos centrales. Por un lado, que fue, “claramente, toda la movilización social, las actoras feministas y las mujeres partidistas no feministas” las que llevaron adelante la reivindicación de una propuesta paritaria para la Convención Constituyente. Y después, el dato de que buena parte de los convencionales –65 de los 155– electos eran candidatos independientes a los partidos políticos. En esto, a su entender, entra el tema de la desconfianza partidaria, y adelanta que esto también puede verse en paralelo con nuestro país.

Corriendo de atrás: desafíos para Uruguay

La coordinadora de Cotidiano Mujer, Lucy Garrido, dijo días atrás a la diaria que la campaña de democracia paritaria surge porque “no nos dieron ni siquiera la cuota, entonces ahora queremos la mitad y no admitimos menos”. Agregó que en este tema Uruguay “siempre está corriendo de atrás” respecto de la región.

Johnson coincide. “Uruguay está muy lejos de alcanzar la paridad en todos los planos. Ha habido avances, pero en el ámbito político claramente hay una situación de estancamiento”, observa. Para ella, el porqué “más importante es el cuello de botella que representan las estructuras partidarias uruguayas”.

La ley uruguaya establece la cuota en ternas: de cada tres personas en una lista, al menos una debe ser del otro sexo, lo que aplica también para los suplentes. Esto, con la gran cantidad de listas que presenta cada partido, y con la fraccionalización de los votos que ello genera, vuelve aún más difícil el acceso de las mujeres a las bancas.

En los hechos, no hay “incumplimiento porque la ley actual de cuotas uruguaya incluye sanciones: una lista que no cumple con la cuota no será registrada por la Corte Electoral”, pero “el problema es que se cumple de forma minimalista”. “Se pone a las mujeres en el mínimo lugar posible para cumplir con la ley, y no es un lugar que en general vaya a resultar electo”, amplía. Algo así como las Juanitas de las listas, que ni siquiera llegan a los votos para poder renunciar.

Esto se traduce en que, en muchos casos, “la suerte política de una mujer depende de la voluntad de un hombre” o del partido al que pertenece y no “de su trayectoria de militancia en el partido, de su formación o de su perfil”.

Ante esto, vuelve al caso chileno. La “poca o ninguna confianza” de los uruguayos hacia los partidos políticos según el Latinobarómetro en el mismo año es parecida a la de Chile: 76%.

“La tradición político partidaria uruguaya no admite una discusión más profunda sobre mecanismos alternativos de representación. Sobre todo en los sectores de nivel educativo más bajo, la gente cada vez tiene menos identificación partidaria, porque siente que no la representan”, dice en este sentido.

A su entender, “el sistema político partidario uruguayo se debe una discusión mucho más profunda sobre sus formas de representación. Uno de los argumentos que se manejó cuando se puso en discusión la cuota es que dificulta el armado de listas. Quisiera invertir esto: ¿es adecuada para Uruguay la forma de conformar sus listas?”.

Por ello, celebró la campaña de Cotidiano Mujer, ya que muestra “la necesidad de cuestionar y poner en discusión cuáles son y cuáles deben ser las bases de la representación política democrática”. Y “esta discusión no puede quedar limitada a cuestiones de lo que es conveniente o no a los partidos políticos, porque los partidos políticos y sus estructuras internas y sus formas de discusión siguen siendo patriarcales, excluyentes, no transparentes, y muy poco democráticas en la mayoría de los casos”, concluye.