El 15 de julio es el límite. Esa es la fecha que el Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) fijó para terminar de investigar las denuncias de supuesto fraude electoral y proclamar el resultado final de las elecciones.
En un primer conteo, el JNE dio como ganador al candidato de Perú Libre, el maestro rural Pedro Castillo, por un margen de poco más de 44.000 votos sobre Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular. Sin embargo, la hija del expresidente y exdictador Alberto Fujimori denunció un “fraude sistemático” que no ha probado.
Mientras las investigaciones continúan, Castillo afirmó que los resultados eran válidos y en su biografía de Twitter se presenta como presidente electo. En declaraciones al Canal N de Perú, el vocero del JNE, Luis Alberto Sánchez, dijo que tanto las máximas autoridades como los Jurados Electorales Especiales (JEE) están “trabajando incansablemente” y “sesionando de forma ininterrumpida” para responder a las impugnaciones.
Las denuncias planteadas por el fujimorismo han ido cayendo una a una al llegar al JNE. Por ejemplo, Fuerza Popular había presentado el 9 de junio un total de 887 pedidos de nulidad de actas de votación en áreas donde Castillo resultó triunfador. La mayoría de estas denuncias eran sobre firmas que supuestamente no coincidían con las del padrón del registro civil y por supuesta consanguinidad entre algunos integrantes de las mesas. Para el día 19, todos los recursos fueron declarados improcedentes e infundados en primera instancia.
Esta resolución motivó la renuncia del juez Luis Arce Córdova, bajo el argumento de que el tribunal estaba decidiendo con “clara parcialización”. Sin embargo, la salida de Arce podía producirse en breve, ya que estaba siendo investigado por la Junta Nacional de Justicia por el caso conocido como “Los cuellos blancos del Puerto”, un esquema de corrupción integrado por jueces, fiscales, abogados y empresarios que utilizaron sus influencias para beneficiarse mutuamente. En 2018 se filtraron dos audios de Arce conversando con el presunto líder de la organización criminal, el exjuez César Hinostroza, llamándolo “hermanito” y acordando mantener reuniones con un representante del partido Unión por el Perú y con un amigo que impulsaba un proceso de vacancia en el JNE, según informó El Comercio. Arce también es investigado por la Fiscalía peruana por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito desde 2020.
Keiko Fujimori también intentó anular las elecciones a través del expresidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú Javier Villa Stein, conocido por haber resuelto en 2012 que se rebajaran las penas a los paramilitares vinculados con el fujimorismo que habían sido condenados por asesinar a 15 personas, desaparecer a un periodista y a nueve líderes campesinos. El argumento de Villa Stein para anular la segunda vuelta electoral era que el proceso estaba “viciado por diversos actos que menoscaban la voluntad popular”.
Militares y Montesinos
En medio de esta situación, se filtró una conversación telefónica desde la cárcel entre un militar retirado y Vladimiro Montesinos, mano derecha de Alberto Fujimori durante su presidencia y jefe de facto de la inteligencia peruana en esa época. En la conversación, Montesinos planteó al comandante retirado Pedro Rojas que se sobornara a los integrantes del JNE con un millón de dólares para que resolvieran de forma favorable a Keiko Fujimori y que, al mismo tiempo, presentaran las supuestas pruebas de fraude electoral a la embajada de Estados Unidos para forzar una intervención de la CIA, según indicó La República de Perú. Luis Arce también es investigado por este caso.
Días antes de la reaparición de Montesinos en la escena pública, el 18 de junio, había surgido una carta redactada por militares retirados pidiendo a los actuales jerarcas de las Fuerzas Armadas que no reconociera a Castillo como presidente electo, lo que en la práctica sería un golpe de Estado.
En la carta, al igual que hace el fujimorismo, se acusaba a Castillo de cometer un “fraude sistemático” en la segunda vuelta electoral, según informó AFP. Esta comunicación motivó una declaración pública del actual presidente peruano, el liberal Francisco Sagasti, quien sostuvo que es “inaceptable que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos para que quebranten el Estado de derecho”.