Más de 111.000 personas fueron evacuadas de Afganistán por el aeropuerto de Kabul desde que los combatientes del Talibán llegaron a esa ciudad, el 15 de agosto, según informó el viernes el Departamento de Defensa estadounidense. Comunicó también que en 24 horas se concentraron 89 vuelos y que el viernes todavía esperaban en el aeropuerto unas 5.400 personas. En ese lugar, un atentado con explosivos reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico dejó el jueves 170 muertos. Sin embargo, la gente se seguía agolpando allí.
Los gobiernos de Estados Unidos y sus países aliados se han concentrado en negociar las condiciones para la salida de su personal y de trabajadores afganos que podrían sufrir represalias por colaborar con ellos. Está previsto que ese proceso termine el martes. Sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió que “estas evacuaciones bilaterales no deben ensombrecer o sustituir la respuesta humanitaria internacional que necesitan con urgencia” quienes queden en Afganistán después de ese día.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, informó el martes ante el Consejo de Derechos Humanos: “Hemos recibido informes creíbles de graves violaciones del derecho internacional humanitario, y de abusos de los derechos humanos, que tienen lugar en muchas zonas bajo el control efectivo de los talibanes”. De acuerdo con la BBC, Bachelet se refirió a “ejecuciones sumarias”, “restricciones a los derechos de las mujeres”, como el de educarse y el de circular con libertad, “reclutamiento de niños soldados” y “represión de las protestas pacíficas y de la expresión de la disidencia”.
Bachelet agregó que “las minorías étnicas y religiosas de Afganistán también corren el riesgo de sufrir violencia y represión, teniendo en cuenta los patrones anteriores de graves violaciones bajo el gobierno talibán y los informes de asesinatos y ataques selectivos de los últimos meses”. Señaló que están en riesgo periodistas y líderes de la sociedad civil, y afirmó que su oficina “trabajará urgentemente para restablecer los mecanismos de vigilancia de las violaciones de los derechos humanos”.
Sin embargo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, integrado por 47 países, decidió no acceder al pedido que les transmitió por videoconferencia la presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, Shaharzad Akbar, de crear una comisión que haga un seguimiento de la situación en el país.
“Pedimos una comisión investigadora que haga un seguimiento y que informe, que reúna las evidencias de violaciones y abusos, y que promueva la rendición de cuentas”, dijo Akbar. “Los derechos humanos de mujeres y niñas están siendo reprimidos en cada aldea, cada pueblo y cada ciudad en todo Afganistán”, advirtió.
También Bachelet llamó al consejo a que actúe de acuerdo “con la gravedad de esta crisis” y “establezca un mecanismo dedicado a hacer un seguimiento cercano de la evolución de los derechos humanos en Afganistán y de si los talibanes cumplen sus promesas”. Consideró que “una acción unida e inequívoca de los estados miembros” sería “una importante señal para los talibanes de que volver a prácticas pasadas no será aceptable para la comunidad internacional, ni ahora ni en el futuro”.
A su vez, el embajador ante la ONU del gobierno afgano derrotado por el Talibán, Nasir Ahmad Andisha, pidió para su país una comisión “que investigue violaciones pasadas, que contribuya a que se haga justicia y a que se prevengan futuras atrocidades”.
El consejo aprobó hacer un seguimiento de la situación, pero sin un mecanismo específico.
También en ese ámbito, Estados Unidos puso énfasis en la evacuación de las personas que se encuentran en el aeropuerto de Kabul. A su vez, China manifestó que la situación debe ser resuelta por los afganos, sin intervención extranjera.
Bachelet pidió también apoyo para los países vecinos de Afganistán para enfrentar la ola migratoria que esta crisis está generando. A su vez, Acnur insistió el viernes en que los planes de evacuación que llevan adelante algunos países no implican excluir la posibilidad de que los afganos pidan asilo, y llamó a los gobiernos a preservar ese derecho.
Afganistán tiene 38 millones de habitantes. Desde que comenzó 2021, 550.000 afganos fueron desplazados de sus hogares por la violencia, lo que aumentó el total de personas en esa situación dentro del país a 2,9 millones, informó esa oficina de la ONU. Otros 2,6 millones están refugiados en otros países, y más de 80% de los desplazados son mujeres y niños.
Según informó Efe, Kelly Clements, número dos de Acnur, dijo que esa agencia prepara un plan de contingencia según distintos escenarios que se pueden prever, y que “el peor sería el de un flujo de 500.000 personas”.
Dudas sobre lo que viene
El Talibán aseguró, después de tomar Kabul, que esta vez se propone instalar un gobierno “inclusivo”, que las mujeres podrán educarse y trabajar “dentro de la ley islámica” y que habrá una amnistía para evitar más confrontación. Sin embargo, hasta ahora no está claro qué implicarán esos anuncios o la propia palabra “inclusivo”. De acuerdo con fuentes de la cadena Al Jazeera, significa que incluirá a dirigentes de distintas tribus y orígenes étnicos del país.
Actualmente, en el Parlamento afgano hay 69 mujeres en un total de 250 bancas, y 27% de esos cargos están reservados para garantizar ese porcentaje de inclusión. De acuerdo con la BBC, cerca de 3,7 millones de niños y niñas no están escolarizados, en su mayoría niñas, 60%. De todos modos, esas cifras implican un cambio radical con respecto a 1999, cuando el Talibán estaba en el poder. Para entonces, sólo unas 9.000 niñas iban a la escuela y ninguna iba al liceo. Ahora, en las universidades del país, las mujeres son un tercio de los estudiantes.
La subsecretaria general de la ONU, Anita Bhatia, dijo a Efe que los derechos de las niñas y las mujeres tienen que estar en la agenda de las negociaciones internacionales con un nuevo gobierno afgano. “Muchas mujeres y niñas temen volver a un período oscuro en su país. En ese tiempo, se restringió el movimiento de mujeres sin un hombre y tampoco podían trabajar. Los talibanes han dicho que van a dar a las mujeres derechos dentro de la ley islámica, pero hay que ver qué implica eso”, dijo. Señaló que aunque entre las personas que huyen de Afganistán hay mujeres, son muchas más las que quedarán en el país, y se necesita “un acuerdo sobre cómo van a vivir”.
A la militante por el derecho de las niñas a la educación Malala Yousafzai al hablar sobre lo que ocurre hoy en Afganistán le resulta “inevitable” pensar en su infancia. “Cuando los talibanes tomaron mi ciudad natal, en el valle Swat, en Pakistán, en 2007, y poco después prohibieron que las niñas recibieran educación, escondí mis libros bajo mi largo y grueso chaúl [tela de seda] y caminé a la escuela con miedo. Cinco años después, cuando tenía 15 años, los talibanes intentaron matarme por alzar la voz sobre mi derecho a ir a la escuela”, escribió Yousafzai, nobel de la paz, en una columna en The New York Times. En su texto agregó: “Como muchas mujeres, temo por mis hermanas en Afganistán”.