El aparato de vigilancia que financió Estados Unidos y cayó en manos de los talibanes

En 2010, el diplomático Richard Holbrooke tuvo una reunión con el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un año antes, Holbrooke había sido designado asesor honorario para Pakistán y Afganistán, con el objetivo de gestionar el fin de la invasión estadounidense en territorio afgano. Según consta en su diario, Biden le pidió que priorizara el retiro de las tropas estadounidenses, dejando de lado las consecuencias para la población local. “No voy a enviar a mi hijo allí para que arriesgue su vida en nombre de los derechos de las mujeres, simplemente no funcionará, no es para eso que están allí”, dijo.

Holbrooke le planteó que una retirada completa y abrupta podría repercutir en graves consecuencias para los afganos que confiaron en el gobierno estadounidense. “A la mierda, no tenemos que preocuparnos por eso. Lo hicimos en Vietnam, Nixon y Kissinger se salieron con la suya”, le respondió Biden, que diez años después sería electo presidente de Estados Unidos y programaría una retirada de tropas que desencadenó el regreso de los talibanes al poder tras 20 años de ocupación militar estadounidense. Holbrooke murió en diciembre de 2010 y sus últimas palabras antes de someterse a una cirugía de aorta que no logró superar, según indicó The New York Times en su momento, fueron “hay que detener esta guerra”.

El método que utilizó el gobierno estadounidense para dejar Afganistán ya mostró sus consecuencias en el corto plazo: la vuelta de los talibanes y la apropiación por parte de este grupo extremista de grandes cantidades de armamento que Estados Unidos aún no había evacuado. Pero en el mediano y largo plazo también se verán los efectos de otra de estas consecuencias: el aparato de vigilancia afgano, financiado por Estados Unidos, en manos de los talibanes.

Durante los años de ocupación, parte de la inversión militar estadounidense en Afganistán estuvo destinada a que el gobierno local pudiera construir su propio sistema informático con objetivos tales como avanzar en el desarrollo tecnológico, la recopilación de datos y la lucha contra el terrorismo, a través de una mejora en la infraestructura de seguridad y el aumento de la capacidad de vigilancia.

El documento de identidad afgano, el tazkera, tiene desde 2018 una versión digital, que además de nombre, foto, sexo biológico, fecha y lugar de nacimiento de la persona contiene los nombres de su padre y abuelo, lengua materna, estado civil y profesión, además de datos biométricos. Desde 2015 y hasta 2020, el gobierno afgano recibió fondos de Estados Unidos y la Unión Europea, al tiempo que la Organización Internacional de Migraciones y el Banco Mundial también estuvieron involucrados en su implementación, según indicó la organización Privacy International.

A esto hay que sumarle los datos recogidos a través del sistema de registro e identificación de identidad para votar en las elecciones afganas.

Asimismo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha invertido varios millones de dólares en infraestructura de telecomunicaciones en Afganistán. Por ejemplo, sólo en 2004 se gastaron más de 14 millones en la creación del sistema de comunicaciones que conectara al gobierno central con las 34 provincias.

Ahora, la infraestructura, las conexiones, los datos, el sistema para recabarlos y el aparato de vigilancia estatal están en manos de los talibanes y pueden ser utilizados para rastrear a personas de interés y tomar represalias contra ellas, en particular aquellos que trabajaron en conjunto con Estados Unidos o el gobierno democrático afgano.

Thomas Warrick, un exfuncionario de contraterrorismo del Departamento de Seguridad estadounidense, dijo a Político el 24 de agosto que los talibanes han “conseguido un tesoro de información enormemente valioso que pueden explotar en su tiempo libre”.

Borrar con cuidado

Desde hace dos semanas empezó una carrera contrarreloj para los afganos: mientras los talibanes se familiarizan con el sistema que recibieron y comienzan a descubrir cómo utilizarlo para espiar a la población, los demás comienzan a solicitar ayuda a las grandes plataformas de internet para mejorar su seguridad y bloquear o resguardar sus cuentas de redes sociales.

El 19 de agosto, el jefe de políticas de seguridad de Facebook, Nathaniel Gleicher, dijo que se implementó una herramienta para bloquear la cuenta a la vista de personas que no tienen como amigas en Facebook, se eliminó temporalmente la capacidad de ver y buscar cuentas afganas en listas de amigos y se pusieron en marcha alertas emergentes para proteger los perfiles de Instagram.

Twitter, por su parte, empezó a trabajar junto con Internet Archive, el sitio que contiene la plataforma Wayback Machine, que permite acceder a sitios archivados incluso después de que son borrados, para que eliminen de su archivo los tuits de personas de origen afgano, en particular de mujeres y activistas.

La organización Human Rights First, que ya había elaborado documentos para las poblaciones de Irak, Hong Kong y Birmania, que en los últimos años vieron cómo sus perfiles digitales se les volvían en su contra debido al terrorismo yihadista o a la represión del Estado, tradujeron al dari y el pastún, dos de las lenguas principales de Afganistán, algunos manuales para eliminar el pasado digital. En ellos se recomienda tener paciencia y revisar de forma muy metódica las cuentas y plataformas a las que se ha accedido. Se pide revisar mails, publicaciones en redes sociales o mensajes en dispositivos de mensajería, buscar su nombre en Google y pedir a la plataforma que elimine links que puedan resultar perjudiciales para la persona que aparece en ellos.

Esta y otras organizaciones, como Access Now, plantean que lo ideal no es eliminar todas las cuentas o dispositivos, ya que eso puede resultar sospechoso, sino eliminar el contenido potencialmente peligroso. También puede ser útil para esto “crear una breve y no incriminadora vida digital”, según indicó Welton Chang, de Human Rights First, en declaraciones a El País de Madrid.

Los moderadores

La llegada de los talibanes al poder también sirvió para comprobar, una vez más, que los mecanismos de moderación de contenido de las grandes plataformas no estarían funcionando del todo bien.

Días después del golpe talibán, Facebook y Youtube anunciaron que eliminarían las cuentas de uno de los portavoces del grupo extremista, en las que publicaba videos y mensajes difundiendo su pensamiento y acciones del grupo. Tras conocerse la noticia, la gran pregunta fue por qué estaba activa una cuenta de difusión de contenido pro talibán en esas plataformas, cuando este grupo ya era reconocido como una organización terrorista. Y desde el 9 de agosto, según informó The New York Times, se crearon más de 100 cuentas oficiales en Twitter, Facebook y Youtube, incluyendo una del mulá Abdul Ghani Baradar, en la que subió videos felicitando a los combatientes talibanes por la victoria, que llegaron a ser vistos más de 500.000 veces antes de ser eliminados.

Por eso no es de extrañar que, al igual que pasó con las tropas en las últimas semanas, los afganos también se sientan desamparados en el mundo digital.