Ricardo Gil Iribarne considera que en la etapa que estuvo al frente de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), entre 2005 y 2010, se “alinearon todos los astros”. En la Brigada Antidrogas estaban Julio Guarteche y Mario Layera, en los juzgados penales sobresalían Jorge Díaz, Graciela Gatti y Mariana Mota, y en Fiscalía se destacaban Mónica Ferrero, Mirtha Guianze y Ricardo Perciballe. Dos funcionarios que luego lo sucederían en la Senaclaft ya trabajaban en el tema: Carlos Díaz en la DGI y Daniel Espinosa en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central.
Durante la entrevista, Gil Iribarne destacó varias veces que ese período tan exitoso en el combate al narcotráfico y al lavado de activos tiene “aire de transición”. “Teníamos muy buena relación con la gente que venía del gobierno de [Jorge] Batlle. Para mí fue fundamental la ayuda de Alejandro Montes de Oca, que había estado en el gobierno colorado y después fue secretario ejecutivo de Gafisud. Éramos designados por dos partidos distintos, pero no hubo ningún problema, y creo que así hay que encarar estos temas”, señaló. Doce años después, la visión de Gil Iribarne es más crítica y pesimista. Entre otras cosas, considera que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que presidió desde 2017 hasta su renuncia en 2020, atraviesa un momento delicado en términos de credibilidad y advierte que el sistema político “tiene muy poca conciencia de los riesgos” que enfrenta Uruguay ante el avance del narcotráfico y el crimen organizado.
¿Cuáles son sus primeras impresiones del caso Astesiano?
Primero, que es un claro hecho de corrupción, porque Astesiano es funcionario público. Si bien surgieron dudas a nivel penal sobre el tipo de contrato que tenía, hoy no quedan dudas de que era un funcionario público. Por lo tanto, todo lo que hizo desde la Torre Ejecutiva configura hechos de corrupción. En la medida que está judicializado, estaría encaminado y resuelto. Si fuera exonerado penalmente, quizás habría algo para hacer desde la Jutep. También está claro que hubo omisiones y errores graves de Presidencia, pero con lo que conocemos hasta ahora no veo elementos de corrupción. Hay que ver cómo avanza la investigación.
En este caso, la participación de la “parte privada” es muy gráfica; ellos iban a juntarse al piso 4 de la Torre Ejecutiva.
Lo que pasa es que ahí seguimos teniendo un agujero legal, porque Uruguay no tiene tipificada la corrupción privada. Sería importante que incluso las coimas entre privados se puedan tipificar como delitos de corrupción. La ley de 2019 sobre declaraciones juradas le encomienda a la Jutep que presente en 180 días un anteproyecto de ley sobre corrupción privada. Pasaron dos años y medio y no lo ha hecho. Es una omisión importante, porque se ha necesitado.
¿En qué casos?
Claramente en el caso de [Eugenio] Figueredo. Fue coimeado pero, como no participaba ningún actor público, lo procesan por estafa y lavado de activos, no por corrupción. A nivel mundial es algo que está fuerte y la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] está haciendo mucho hincapié en el tema de las coimas entre privados. En el caso Odebrecht, quedaron claras las coimas a presidentes y ministros en un montón de países, pero también hubo coimas a privados. Otro punto que internacionalmente avanza muchísimo es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o sea, cómo se puede sancionar penalmente a las empresas que cometen actos de corrupción. Eso siempre fue muy resistido, porque las empresas no van a ir presas, pero sí se puede castigar penalmente a las empresas que incumplen normas y premiar a las que las respetan. Algunos países que antes se resistían, como Argentina o Chile, han implementado normas de este tipo. Uruguay está muy atrasado en eso.
¿A qué lo atribuye?
A nivel internacional, Uruguay tiene buena imagen y está bien ganada, pero desde el punto de vista normativo tiene atrasos. Y además tiene muy poca conciencia de los riesgos, en particular, el sistema político. Hasta que no venga –que seguramente va a venir– alguna presión internacional, vamos a seguir navegando tranquilamente, sin darles mucha pelota a estos temas. Hay cosas más urgentes que otras; esto de la corrupción privada sería importante sacarlo.
Pero está todo muy tranquilo y lamentablemente parecería que la historia se va a volver a repetir. A pocos meses de las elecciones de 2019 aprobamos varias leyes supuestamente contra la corrupción. Pero pasaron las elecciones y se dejaron de aplicar. Parecería que va a suceder lo mismo. Si me decís: ¿hoy es crucial aprobar leyes nuevas? La respuesta es no, lo crucial es aplicar las que ya tenemos. Mientras no apliquemos las que tenemos, no hay que pensar que una ley nueva va a solucionar nuestros problemas.
¿Cuáles son los incumplimientos que más le preocupan?
La ley de declaraciones juradas se aprobó en 2019 con el voto de todos los partidos, pero hoy tenemos un senador que hace dos años y medio que no declara lo que está obligado a declarar. Y no me refiero sólo a lo de su esposa, que está absolutamente omiso, sino a sus propios ingresos. ¿Para qué aprobamos leyes si después no las vamos a cumplir? No hay ningún verso que explique esa situación, salvo la poca voluntad de cumplir con las leyes, que encima se aprueban en año electoral para que luego el sistema político no las cumpla.
La señal es malísima. Y no es sólo Sartori; la vicecanciller [Carolina Ache] tampoco cumple con la declaración jurada del cónyuge. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía? Los sistemas de declaraciones juradas, además de prevenir situaciones, buscan generar confianza en la ciudadanía. Si el Estado aprueba leyes y después no garantiza su cumplimiento, el mensaje a la ciudadanía es que no quiere controlar. Termina siendo un retroceso.
El semanario Búsqueda informó que la Jutep decidió contratar al abogado constitucionalista Martín Risso para que elabore un informe sobre esta ley, a pesar de que había hecho otro a pedido de Sartori. ¿Cómo tomó la noticia?
La sesión del directorio de la Jutep del jueves 6 es uno de los momentos más tristes en sus 20 años de existencia. Se sumaron tres hechos que implican una fuerte pérdida de credibilidad en el organismo. Primero, se aprobó por mayoría un informe a la Fiscalía sobre el caso del puerto de Montevideo, que le llegó a la vocal del Frente Amplio [Ana Ferraris] dos días antes de la sesión. Segundo, ese informe reservado se filtró en la prensa, incluso antes de que lo pudiera leer el fiscal y eso no puede pasar. Y el tercero es esta contratación de Risso. La Jutep tiene un asesoramiento externo que pidió hace más de un año y su propia asesoría jurídica. Ambos concluyen que presentar y publicar los datos es legal, pero, como a la mayoría del directorio no le gusta lo que dicen los expertos, piden otro informe. Y piden ese informe al abogado que asesoró a uno de los implicados, Sartori, que ya se sabe lo que opina. Es como que un juez penal le pida asesoramiento al abogado del acusado para tomar una decisión. El daño que le hacen con esto a la institución Jutep es muy fuerte. Confiemos en que el profesional implicado se dé cuenta de la barbaridad que le proponen y se abstenga. Pero el daño ya está hecho. Seguimos en la línea de tener un organismo anticorrupción que no moleste, que no haga nada que complique a los altos cargos del Estado.
¿Qué otras normas no se están cumpliendo?
En 2019 aprobamos una ley para que todos los funcionarios públicos justifiquen el uso de viáticos. Pasaron las elecciones y el Parlamento suspendió la aplicación por un año. Y después la derogó. O sea que hoy sigue habiendo viáticos que nadie rinde y que nadie controla. La sensación para el ciudadano es que es una joda. Son cosas que deterioran la confianza en el sistema político, porque generan calentura. Lo digo así porque es peligroso que haya desconfianza en todo el sistema político, porque eso lleva a desconfiar en la democracia. Con eso aparecen los paracaidistas y las soluciones mágicas, como pasa en la región y en el mundo. Cuando la gente no está satisfecha con el sistema de convivencia, que incluye aspectos institucionales, tiende a buscar soluciones fáciles. Es muy peligroso.
Ahí es cuando se empieza a hablar de la “casta”.
Claramente, porque a partir de sentimientos legítimos de la gente aparecen actores que empiezan a dar manija y levantan las maneras políticas más retrógradas. Eso nunca es bueno para el desarrollo que tenemos como colectividad.
La Rendición de Cuentas prevé la creación de una Fiscalía especializada en lavado de activos. ¿Qué opina?
Puede ser parte de una solución, pero no va a ser la solución mágica a los problemas que tenemos. Hoy el problema más importante es que hace años que no hay ningún procesamiento serio, de gente importante, por temas de lavado. Y no es porque no se lave en Uruguay, es porque no los agarramos. No hablo del narco chico que se compró una moto, hablo del grande, de los que operan con el exterior, los que operan con sociedades, los que han movido plata de Odebrecht en Uruguay, los que mueven plata de los narcos. Si no hay resultados en eso no es porque falta la figura del fiscal especializado, es mucho más complejo que eso. En estos temas el indicador principal es el resultado: si no agarraste a nadie, si no detectaste nada, no hay razones para estar contento.
¿Piensa que algunas normas de la ley de urgente consideración (LUC) provocaron esta situación?
Las señales son varias. Creo que la principal es la poca percepción de riesgo que se transmite. He visto declaraciones como “en Uruguay se lava poco” o “lavado hay en todo el mundo”. Eso es un paso atrás en una toma de conciencia que empezó en Uruguay allá por principios del 2000, a finales del gobierno de Jorge Batlle, y que después siguió. Se tomaron medidas porque todos sabíamos que en Uruguay se lavaba plata. Cuando empecé en la Senaclaft, en 2005, lo primero que decía en los eventos era que acá se lava. “No, cómo vas a decir eso, hay que cuidar la imagen del país”, me decían. Reconocer el problema era la única manera de decirle al mundo que íbamos a mejorar y así pudimos avanzar. Hoy estamos dando pasos atrás. Mi impresión es que Uruguay bajó la guardia en los temas de lucha contra el lavado.
Con la LUC desandamos un camino importante en el plano de la prevención, como la bancarización. También veo que se bajó la exigencia ante distintos actores y a veces el mensaje termina siendo “que controlen los bancos”. Eso está mal, porque pensar que en los bancos no se lava plata es de una ingenuidad monstruosa. En los principales casos de lavado a nivel mundial las entidades bancarias tienen una participación importante. Es más, no hay casos de lavado grande en los que la plata no se mueva por el sistema financiero. Como tampoco hay casos grandes de lavado sin la participación de escribanos, contadores, inmobiliarias y todos los fulanos que se dedican a vender las herramientas societarias para hacer los chanchullos.
¿Cómo visualiza la discusión de estos temas en los próximos años?
Uruguay tiene una fortaleza y es que la gente se enoja con estos temas. En otros países ya no se enojan, hay una especie de resignación. Uruguay tiene esa fortaleza pero la debilidad es que no hay organizaciones fuertes de la sociedad civil que apoyen cuando hay que apoyar y critiquen cuando hay que criticar en temas de corrupción. No tenemos un capítulo uruguayo de Transparencia Internacional. La otra fortaleza es la prensa; Uruguay históricamente mantiene una fuerte libertad de prensa y la prensa en Uruguay ha tenido un rol importante investigando, denunciando y planteando muchos de estos temas. Pero lo principal sería que el sistema político asuma que estos también hacen al futuro del país. Para pelear hay un montón de temas, pero deberíamos asumir que hay gente sana en todos los partidos y que sería bueno que se unieran para cambiar en serio estas cuestiones vinculadas a la transparencia.
Foto: Alessandro Maradei
En Uruguay preferimos escudarnos en la teoría de “excepcionalidad” y nos cuesta ver los problemas. Pasó con la corrupción, los homicidios, el sicariato. ¿Sucede algo parecido cuando hoy hablamos de la penetración del narcotráfico en las instituciones?
Lo parecido es la pregunta que hay que hacer. Si a todo el mundo le pasa, ¿por qué no le va a pasar a Uruguay? ¿Estamos vacunados, somos maravillosos, nos bendijo un hada madrina? Uruguay es un país más, como cualquier otro, con virtudes y dificultades. Con muchas fortalezas en el plano institucional, pero también con problemas. Si hay corrupción, si hay gente dispuesta a hacer cosas incorrectas para beneficio propio, ¿por qué debería pasar que el narcotráfico, que mueve muchísima plata, no toque nada? Yo no tengo elementos para decir “pasó tal cosa”, pero me tengo que preocupar para que no me pase. El riesgo está y, si no hago nada, va a pasar. Allá por 2006, 2007, algunos actores hablaban sobre el sicariato y decían “hoy no está pasando pero pasa en todos lados, hay que prevenir”. Me acuerdo que Jorge Díaz, que era juez en aquel momento, decía que lo único que faltaba era que se juntaran la oferta y la demanda. Y se juntaron.
Hoy tenemos sicariato por 10.000 pesos, pero la discusión es cómo contamos los muertos o qué gobierno tuvo más homicidios. No sirve para nada eso. Está claro que nadie lo ha podido resolver. ¿Cómo vas a decir que los narcos no se van a meter en la política? Claro que te puede pasar y, si no hacés nada, es seguro que te va a pasar, porque ya pasó en todos lados. ¿Cuándo? No sé, ojalá que se dilate en el tiempo y que tomemos medidas preventivas razonables. Pero si no las tomamos, nos va a pasar. El peor argumento es decir que el riesgo no existe.
¿Cuáles serían las medidas razonables? La primera que viene a la mente es una ley de financiamiento de los partidos.
Esa sería muy importante. Pero antes hay que cumplir las que tenemos, como el sistema de declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Que el senador Sartori es un empresario exitoso lo sabemos todos, pero si me decís que tenés un incremento patrimonial de 40 millones de dólares y tu sueldo es de 160.000 pesos, hay algo que no me cierra. ¿De dónde sacaste la plata? Yo no digo que sea del narcotráfico, diría que es un empresario exitoso que está metido en todo el mundo. Pero tiene que declarar sus ingresos y no lo ha hecho. Tres declaraciones y nadie hace nada. Son faltas graves previstas por la ley. Si la vicecanciller dice que presenta la declaración jurada del esposo pero sólo si no la publican, está incumpliendo la ley. Entonces estamos generando las condiciones para que cualquier político pueda ocultar lo que quiere ocultar.
¿Por qué en Uruguay no está tipificado el enriquecimiento ilícito? ¿Qué referencias internacionales deberíamos mirar?
Referencias internacionales hay muchas, porque Uruguay es de los pocos que no tiene tipificado ese delito, a pesar de que firmó una convención internacional que lo considera obligatorio. Es un delito que siempre generó resistencias, porque se considera que si tengo que demostrar que soy inocente, puede haber una inversión de la carga de la prueba. En 2019 se avanzó en un proyecto de ley que era bueno, llegó a salir del Senado. Establecía que si el Estado demuestra que el patrimonio de un funcionario público aumentó de forma desproporcionada a los ingresos, este tiene la obligación de dar una explicación. Vuelvo al caso de Sartori: su patrimonio entre 2021 y 2022 se incrementó por 40 millones de dólares y él declara ingresos por 167.000 pesos. No cierra. Señor, venga y denos una explicación razonable. Seguramente la tenga, pero si alguien no puede explicarlo, actuaría la justicia penal, porque no pudo justificar lo que el Estado demostró.
Mientras no esté tipificado el enriquecimiento ilícito, ¿hay algún margen de maniobra desde el punto de vista legal?
En Uruguay tenemos alguna sentencia interesante de lo que se conoce como ceguera intencional. En el caso de Curbelo Tammaro, un fallo del Tribunal de Apelaciones termina diciendo algo así como “usted no sabía porque no quiso saber, porque miró para el costado”. En corrupción y lavado se usa mucho la prueba indiciaria, porque nunca un lavador va a confesar que lavó, la prueba directa es muy difícil. En un robo de banco, tenés la filmación del ladrón con un fierro en la mano. Pero para lavar, comprás una casa o transferís dinero, que son cosas legales. Lo ilegal es hacerlo con plata que viene de delitos precedentes. Los españoles tienen mucha jurisprudencia con la prueba indiciaria, que no es una prueba directa pero sirve para mostrar que tenés esto, esto, esto y esto otro. Una escucha por acá, un movimiento bancario por allá. Tenés cabos sueltos y al final armás el rompecabezas. Eso lo fundamentó muy bien Jorge Díaz en uno de los primeros fallos, antes de ser juez de Crimen Organizado. Era un caso menor, pero ahí cita esa jurisprudencia española: un conjunto de indicios, coherentes entre sí, no desmentidos por otras pruebas. Ahí hay algo parecido al enriquecimiento ilícito. Hay un enriquecimiento patrimonial, hay ingresos legales sin justificar, hay un vínculo demostrado con un delito precedente. Si a un narco lo agarrás con droga, no tiene una actividad legal que le genere ingresos y se compró cinco casas, podés hacer este razonamiento y concluir que es un caso de lavado.
¿A nivel internacional cuánto se utiliza la figura legal del enriquecimiento ilícito en el combate al crimen organizado?
Es una herramienta muy importante, porque la corrupción es un delito difícil de probar e investigar. Nadie ostenta pagar o recibir coimas. En el combate al lavado son importantes las llamadas “técnicas especiales de investigación”, como el agente encubierto o las escuchas telefónicas. Pero hay otras dos herramientas fundamentales. Una son los colaboradores y las delaciones premiadas, el tipo de la organización que se da vuelta y, a cambio de ciertas ventajas personales, te da información para desarticular una organización. Es tal vez el elemento más importante en los últimos casos grandes. La segunda es el enriquecimiento ilícito. Hoy me encontrás un millón de dólares en ese cajón, te puedo asegurar que no voy preso. El Estado debería demostrar quién me coimeó, cuánto me pagó y por qué me pagó. No lo va a demostrar, porque es imposible, por más que me encuentres diez millones de dólares o todas las valijas que tiró aquel señor López en un convento. Si me coimearon hace dos años, cuando era funcionario de la Jutep, ¿como demostrás de dónde viene la plata? Ahora, sí podés decirme “señor, usted tiene diez millones de dólares y es un jubilado que gana tanto, y antes como funcionario público ganaba tanto, ¿de dónde sacó estos diez millones de dólares?”. Ahí sí me apretás, porque si no lo puedo justificar, voy preso.
O sea que es muy importante.
Muy importante. ¿Cómo llegás a eso? Bueno, si me coimean grande no lo voy a poner en una declaración jurada. Pero si agarrás a alguien como a López tirando esa guita en el convento, es sólo por esta vía que lo podés llevar preso. Lamentablemente, estamos lejos de avanzar por acá, pero sería una herramienta importante.
¿Qué pasa con la responsabilidad de otros actores del sistema? Entre algunos abogados está “consensuado” que a un narco se le puede cobrar más caro. ¿No hay un problema con eso?
Esa discusión surgió en algún momento. Lo primero es que todo ciudadano tiene derecho a la defensa; si un abogado elige ese nicho de mercado, puede haber un tema ético, pero no un tema legal. En algunos países se discutió si el narco no lava plata también cuando contrata abogados, porque esa plata viene de un delito precedente. Eso se saldó diciendo que los honorarios no pueden estar manchados por el origen de la plata. No se tipifica lavado porque sino el tipo no tendría derecho a la defensa. Así que el tema es meramente ético. Es notorio que hay abogados que se especializan en este tipo de clientes. Allá ellos. En Uruguay teníamos un abogado que siempre despotricaba contra los famosos delitos de cuello blanco, hablaba despectivamente de esos delitos nuevos, que antes no se perseguían. Ese abogado era Carlos Curbelo Tammaro, que después terminó preso por lavado.
¿Pero eso no refleja también la capacidad de penetración que puede tener el narco?
Una cosa es que seas el abogado defensor y otra cosa es que seas el operador del narco. En algún procedimiento de la Senaclaft detectamos a una abogada que manejaba dinero de su cliente, preso por narcotráfico. Curbelo Tammaro fue preso por hacer inversiones de un cliente que estaba preso por lavado, compraban juntos propiedades en Punta del Este.
¿Qué pasa con la responsabilidad de los estudios jurídicos y contables?
Los estudios que proveen las herramientas societarias son importantes en esto; los “protectores del capital”, como dice [Gabriel] Tenenbaum. Hay una película que se llama Así habló el cambista, basada en un libro, que muestra cómo jugaban ya en la década del 70. En esos años, se decía aquello de “vender cuchillos”, que se pueden usar para cortar pan o para matar, pero el problema siempre estaba en el otro. Con ese argumento les vendían sociedades a los narcos, a los terroristas, a quien fuera. Los estudios que se especializaron en las SAFI acumularon mucho poder, son de alto vuelo. Por eso ha sido tan difícil meterse con ellos. Lo vivo como una derrota del sistema uruguayo, que no ha sido capaz de enjuiciar a algunos estudios jurídicos grandes que han estado, no en uno, sino en 20 casos de movimientos de plata de origen delictivo. Hay impunidad, no tengo duda. Hay muchos estudios grandes en Uruguay que han zafado de la responsabilidad penal y la omisión queda clara cuando te lo hacen ver de afuera. Ahora están todos los casos en Panamá. Habla mucho y mal de Uruguay que vengan a mostrarte desde afuera los problemas que tenemos acá. En la última evaluación de Gafilat de 2019 dicen de Uruguay que llama la atención que hay poco, y que lo poco que hay vino de afuera.
Una de las primeras noticias vinculadas con las autoridades actuales de la Senaclaft, en junio de 2020, fue que se archivó una investigación sobre el estudio Posadas, Posadas & Vecino. ¿Qué opina de esa señal?
Es cierto, pero no conozco ese expediente como para opinar. Ese expediente se inició en la Senaclaft anterior y se archivó en la actual. No tengo detalles, no puedo decir mucho... Sí puedo decir que en Uruguay hay varios estudios grandes que han estado implicados. Antes de entrar en la Jutep seguí de cerca la causa Figueredo-FIFA, porque me nombró la jueza Adriana de los Santos. Ahí había otro estudio muy conocido [el de Juan Pedro Damiani] que aparecía vinculado al caso y moviendo plata de Figueredo. Evidentemente, la justicia no llegó a ninguna conclusión de actos sancionables. En los últimos años, y hablo incluso antes de este período, no tenemos casos de actores importantes, abogados, contadores o escribanos, sancionados penalmente por cooperar con el lavado. Y no tengo dudas de que hubo casos. No estamos logrando la efectividad necesaria. El otro día vi una formalización por lavado de unos tipos que iban en una moto con 15.000 dólares. Está bien, seguramente era plata del narcotráfico. Ahora, si siempre pegás abajo en la escala delictiva y nunca pegás arriba, es una señal complicada.
¿En Uruguay se lava más que en otros países?
Todos los cálculos que conozco de cuánto se lava son para tomar con pinzas. Se dice que se lava entre 3% y 5% del PIB [producto interno bruto] mundial. El tema es que hay una diferencia de muchos millones entre 3% y 5%. Lo que sí se puede decir es que en Uruguay existen y existieron condiciones para que se lavara. No hay dudas. Y si hubo condiciones, se lavó, porque para estos tipos la cancha es el mundo y siempre están detectando dónde están las mejores condiciones. Desde la época de la dictadura nos vendimos como una plaza financiera, donde podés venir y no te vamos a pedir mucha cosa, con secreto bancario y tributario, donde el anonimato es fundamental, donde no te vamos a mirar mucho. Si con todo eso no te lavan es porque son tarados y, como tarados no son, te lavaron muchísimo. Para un país chico, con limitaciones en la industria, en materia prima, fue una opción de proyecto país. La otra cara de eso es que te lavaron, no hay vuelta, y tuviste una imagen muy jodida a nivel mundial, donde te veían como el lavadero. Y es cierto, chau.
A partir de los 2000 empiezan a haber más controles, se crea el GAFI [Grupo de Acción Financiera Internacional], Uruguay empieza a corregir. De 2005 en adelante se hizo muchísimo y se logró un cambio en la imagen internacional. Primero, definiste que tu proyecto de país no es ser una plaza financiera. Ya en 2009 tuvimos una evaluación que fue buena. ¿Era porque éramos maravillosos? No, pero cambiaron los prejuicios de los evaluadores, y ellos se quedaron con la idea de que Uruguay era un país serio que quería cambiar. Las percepciones en estos temas son importantes.
Hablando de percepciones y cegueras, ¿no deberíamos mirar más a Punta del Este para entender estos fenómenos?
Es cierto. Ojo, el ciudadano común uruguayo tampoco tiene la obligación de verlo. Los que deben verlo son los que tienen responsabilidad política y de conducción, y quienes tienen la obligación de perseguir ciertos delitos. Preocupante es que una autoridad diga que en Uruguay se lava poco o que no hay riesgos con el narcotráfico. Eso es una barbaridad que muestra que el sistema hoy no está tomando los riesgos del lavado con la preocupación necesaria. No atribuyo intenciones, pero si algo no te preocupa, no vas a hacer nada. Los tipos lo tienen clarísimo: van a donde no los joden. A veces a lavar, a veces a vivir. En Punta del Este vivían narcos pesados, de escala internacional, a pocas cuadras. En 2008 tuvimos el caso de un griego [Christos Karavelas] coimeado por Siemens que trajo tres millones de dólares y tres millones de euros. Se había comprado un apartamento en Punta del Este y lo asesoraba el mismo escribano de Operación Campanita.
Otro fenómeno que se va a empezar a ver en el corto plazo es la plata del lavado que se mete en actividades productivas. En el caso de [Sebastián] Marset un factor nuevo son las inversiones ganaderas y acá ya tuvimos colombianos que ponían plata en un tema de embriones de ganado. Se van a empezar a meter en actividades de producción real y van a competir con gente sana, pero en condiciones más beneficiosas. Ellos no tienen problema de perder. Un empresario hace una inversión y tiene que ver cuánto paga de salarios, costos de materia prima, porque invierte para ganar o para sobrevivir. A ellos esas cosas les importan poco, entonces van a competir contra productores normales y los van a hacer bolsa. Hay gente en Uruguay que ya lo está viendo y está preocupada, porque sospechan que hay competidores que se manejan con reglas distintas. Le hacen dumping con los precios, pero no para excluirlos, sino para poder lavar. Es cierto lo que decís de la inversión inmobiliaria en Punta del Este, pero esto también hay que empezar a mirarlo. ¿Cómo afecta a la economía real y a los empresarios sanos la presencia de capitales voluminosos que se manejan con otras normas? Hay que poner el ojo en eso.